miércoles, 28 de septiembre de 2011

La muerte debe transitarse con la dignidad de la vida


La muerte forma parte de la vida, tanto que es el último acto de la misma y requiere poder transitarlo con la misma dignidad que debe exigirse para la vida de todos los seres humanos.
Los adelantos biotecnológicos que permiten hoy salvar vidas, muchas veces, si no son usados adecuadamente, pueden diferir artificialmente en ese último paso y prolongar una agonía que termina desconociendo la dignidad del muriente. El respeto por la autonomía del paciente es el nuevo paradigma de la Bioética, y es la expresión de la libertad de la persona y de su posibilidad de autogobierno en cuanto a proyecto de vida y cuidado de su salud. Si una persona solicita no prolongar una situación que resulta irrecuperable, insistir en la aplicación de medidas implicaría incurrir en violación del principio de no maleficencia, y desvirtuaría la “buena práctica clínica”.
No se trataría, en efecto, de aliviar el sufrimiento ni de recuperar la salud, sino de prolongar un sufrimiento. Lo expuesto no significa el abandono del paciente, sino la posibilidad de aplicar los cuidados paliativos si fuera necesario, aliviando el sufrimiento y mejorando la calidad de vida remanente, con respeto por la dignidad de la persona y la aceptación de la finitud de la condición humana. La dinámica de la actuación médica debe basarse en un intercambio dialógico que incluya la información adecuada y la certeza de la comprensión del paciente y sus familiares. Esa buena relación evitará la judicialización del acto médico y contribuirá al mayor respeto por la dignidad del ser humano.<

martes, 27 de septiembre de 2011

FEMINICIDIO - UN FALLO MAS QUE CUESTIONABLE

La Cámara Multifueros de Cutral Có absolvió esta tarde a Ángel Tobares tras considerar que pese a que estuvieron acreditados los hechos –el asesinato de Sandra Burgos de 16 puñaladas-, el autor es penalmente inimputable. Como medida de seguridad dispuso su internación en una institución psiquiátrica.
La diputada provincial de Libres del Sur Paula Sánchez -presente en la lectura junto a Las Juanas de Cutral Có- consideró que el fallo “puede ser jurídicamente correcto pero socialmente es repudiable” y se lamentó de que “a veces por emoción violenta, a veces por falta de pruebas, a veces –como en este caso- por esquizofrenia con delirios paranoicos, las mujeres somos muertas y no hay condenas”.
En la sentencia leída hoy, el tribunal encabezado por la Dra. Barroso entendió que Tobares sufre un desequilibrio mental que lo hace inimputable. Previamente había descartado el agravante de alevosía por el crimen de Sandra y la tentativa de homicidio de Carlos Tobares, pareja de Sandra y hermano del imputado, quien esa noche recibió un puntazo en el torso que lo mandó al hospital.
“Salimos de acá convencidas de que la justicia debe entender que la violencia hacia las mujeres es distinta de otros hechos de violencia. Las mujeres estamos en distinta situación con respecto a la violencia física y psicológica de los hombres”, analizó Sánchez, “y hasta tanto no se entienda con claridad de qué hablamos cuando decimos violencia de género, las muertes de mujeres van a seguir siendo tratadas como cualquier muerte: y no son cualquier muerte”.
La legisladora de Libres del Sur insistió en “la necesidad de modificar el Código Penal e incorporar la figura del femicidio. Es imperioso que se cambie la mirada, inclusive en los ámbitos judiciales, de manera de hacer visible el flagelo de la violencia de género”.
Sandra Viviana Burgos fue asesinada por su cuñado Ángel Tobares en la madrugada del 5 de julio de 2008. Recibió 16 puñaladas en total (6 de ellas en zonas vitales de su cuerpo), en 3 tandas de ataques y con 4 diferentes cuchillo

LEY DE IDENTIDAD DE GENERO

Realizaron un amparo conjunto ante la justicia porteña, que hizo lugar a la medida cautelar y ordenó emitir nuevas partidas de nacimiento y DNI con sus nombres y sexos rectificados. Además, no les pide intervenciones quirúrgicas.
Mientras en el Congreso de la Nación avanza el debate por la Ley de Identidad de Género, la justicia porteña sigue un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de travestis y transexuales.

“Resulta alarmante que en el contexto de la plena institucionalidad democrática del que nuestro país actualmente disfruta, haya un colectivo de personas a quienes les está vedado ser ellos mismos”, argumentó la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, al hacer lugar a una medida cautelar conjunta, que presentó la organización 100% Diversidad y Derechos contra el gobierno de la Ciudad y en reclamo por la identidad de ocho personas trans.

LA PRIMERA NIETA RECUPERADA EN LA ARGENTINA

Tatiana Sfiligoy
A los tres años, con su hermana de dos meses en brazos, vio cómo un grupo de tareas encapuchaba y se llevaba a su madre. Fue anotada como NN y entregada en adopción. La lucha de Abuelas de Plaza de Mayo le permitió recuperar su historia.
Por Natalia Gelós

Quedaron solitas, las dos hermanas, mientras los hombres de verde desguazaban su vida. Tatiana tenía tres años cuando los militares entraron en su casa de Villa Ballester y se llevaron a Alberto Jotar, compañero de su madre, Mirta Graciela Britos, y padre de Laura Malena, su hermana de dos meses. Era el 24 de octubre de 1977. A Oscar Ruarte, su propio papá, lo habían secuestrado en Córdoba, en 1976. Mirta trató de escapar con las nenas pero al ver que los captores la cercaban, las dejó junto a un cantero, en la plaza del barrio, y enfiló hacia la esquina contraria para despistarlos. Tatiana, con su hermana en brazos, miró cómo esos hombres encapuchaban a su mamá y se la llevaban. Horas después, un oficial que andaba de ronda las encontró. Fueron llevadas al Juzgado de Menores Nº 2 de San Martín, a cargo del juez Basso. Le preguntaron a Tatiana si sabía su nombre. "Tatiana Duate –dijo, la erre se le hacía difícil–. Y esa es mi hermanita." El juez ignoró los datos. Las anotó como NN y las separó. Tatiana fue a un hogar de niños, en Villa Elisa. Laura, a la Casa Cuna.

Ese mismo año, un grupo de mujeres se organizaba para reclamar por sus desaparecidos. Eran las Madres de Plaza de Mayo. Entre ellas surgió, en unos meses, otro grupo, el de las Abuelas que buscaban nietos nacidos en cautiverio o secuestrados en allanamientos. Por sugerencia de un médico amigo, hasta ellas llegó María Laura Jotar en busca de Tatiana y Laura, con quienes había jugado una semana antes de que desaparecieran. "Era una mujer muy tímida, con grandes miedos, gran dolor, poco expresiva", recuerda Estela de Carlotto.

El 20 de marzo de 1978, las nenas se volvieron a encontrar en un juzgado. "Mi hermana, después de seis meses, tenía hospitalismo", cuenta hoy Tatiana. Inés Tancar Ravbar y su marido, Carlos Sfiligoy, habían concurrido a ver otro bebé, para una posible adopción. Esperaban en el mismo pasillo en el que una mujer tenía en brazos a Laura. Inés preguntó por la niña y pidió cargarla. Ya nunca la dejó. Ni a Tatiana, sentada a pocos metros de la escena. El matrimonio Sfiligoy empezó los trámites de adopción de las dos niñas. Las hermanas comenzaban su nueva vida.

–Mañana vamos a tomar el té. ¿Qué te parece si nos encontramos donde venden esas flores?

Las Abuelas de Plaza de Mayo hablaban por teléfono en clave para citarse en la confitería Las Violetas, de Rivadavia y Medrano. Mientras fingían festejar un cumpleaños, firmaban cartas para el Papa y cotejaban datos. Se reunían también en las estaciones de tren, donde el tumulto de gente les servía de cortina.

Hacia 1979, la organización Clamor, orientada por el obispo brasileño Evaristo Arns, ubicó en Chile a dos chicos argentinos adoptados. Abuelas pudo constatar que eran Anatole Boris y Eva Lucía Julien Grisonas y ese logro en el exterior intensificó la búsqueda local.

Una abogada, Lidia Pegenaute, asesora de menores en La Plata, aconsejó a la abuela Jotar buscar en el juzgado de San Martín, con jurisdicción sobre la zona en la que habían desaparecido sus nietas. El 19 de marzo de 1980, Jotar y Carlotto –que siempre la acompañaba– se sentaron frente al juez Basso, quien las esperaba con un expediente sobre su escritorio. En una habitación contigua, Inés, la mamá adoptiva, aguardaba con Laura –rebautizada Mara– en brazos, y Tatiana sentada en una especie de camilla. Los Sfiligoy tenían buena voluntad. Habían optado por la verdad.

–No les hable a las nenas, porque es muy traumático. Hable con el personal que está con ellas –ordenó el juez.

Pero Jotar no se aguantó.

–¿Vos me conocés a mí? –preguntó con su voz gutural.

–No –Tatiana bajó la cabeza.

A los 15 días hubo una segunda audiencia. Y ahí sí, recordó.

A las Abuelas les bastó con que las nenas recuperaran su historia. No quisieron que sufrieran una nueva pérdida. Tatiana y Laura mantuvieron el apellido Sfiligoy. "Mi mamá adoptiva pudo sostener su maternidad y sostenernos a nosotras con esta historia tan fuerte", valora Tatiana.

Al principio fue difícil. El miedo habitaba en la Argentina. En la escuela, la maestra le pedía a los Sfiligoy que no contaran la historia de las nenas. Cambiaron de colegio.

En septiembre de 1983, en plena euforia electoral y con la dictadura militar en retirada, la abuela Jotar murió.

Tatiana cuenta que durante años trató de esquivar los recuerdos. Pero cuando cumplió los 18 recortó una solicitada de actores en la que figuraban sus padres, que alternaban la militancia con el teatro y los títeres. Y decidió buscar ex compañeros de Mirta y Oscar. Se abrió a la memoria. Colaboró en Abuelas. Desde el 2000 asiste en el Área de Presentación Espontánea. Se recibió de psicóloga. Tiene dos hijas. Todos los 24 de marzo las lleva a la Plaza de Mayo. Su hermana eligió otro perfil, más lejano y sin militancia, pero conoció y asumió su verdad.

lunes, 26 de septiembre de 2011

VIOLENCIA DE GENERO - NUMEROS OCULTOS

La instalación del tema de la violencia contra las mujeres en la agenda pública argentina generó avances interesantes en las políticas e iniciativas de algunos organismos públicos e instituciones privadas. La presencia del tema en los medios de comunicación nos permite dar a conocer y difundir algunos datos.

Sabemos que durante el año 2010 el Observatorio Regional de Medios de ELA registró la publicación de un promedio de 227 noticias por mes referidas a diferentes manifestaciones de violencia sobre las mujeres ; más de la mitad de ellas publicadas en la sección Policiales de los 15 diarios de circulación nacional y local relevados en Argentina.

Sabemos que la organización civil La Casa del Encuentro contabilizó 260 feminicidios (muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas) , ocurridos en el país durante el año 2010, según su relevamiento de las noticias aparecidas en agencias de noticias y 120 diarios de distribución nacional y provincial.

Es conocida también la existencia de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recibe denuncias sobre violencia en la Ciudad de Buenos Aires, durante las 24 horas. Gracias a sus registros, sabemos que en sus primeros 25 meses de funcionamiento atendieron 13.906 casos, con un promedio de 18 denuncias diarias recibidas en su sede ubicada frente al palacio de Tribunales.

Pero, más allá de los registros administrativos que existen en algunos otros servicios locales en la Ciudad de Buenos Aires o en las provincias, esto es todo lo que sabemos . A diferencia de lo que sucede en otros países de la región como Chile, Perú, Paraguay o México, seguimos sin saber cuál es la base de la pirámide: no hay en Argentina ni una sola encuesta de población de alcance nacional que pueda dar cuenta de la incidencia y prevalencia de la violencia contra las mujeres en el país.

Sin esa información básica es imposible determinar la suficiencia de los servicios disponibles . ¿Cómo saber si las respuestas institucionales (de la justicia, el sistema de salud o asistencia social) son suficientes y a qué porcentaje de población afectada sirven? ¿Cómo saber si las denuncias que llegan a formularse son muchas o son pocas, en relación con el problema general? ¿Cómo saber si las noticias publicadas sobre las diversas manifestaciones de la violencia son algo más que la punta del iceberg? La Argentina ha aplicado encuestas de población respecto de otros temas sensibles para la opinión pública que también requieren de políticas de intervención efectivas: la preocupación por “problemas de seguridad” llevó a aplicar encuestas de victimización en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario (entre los años 1997 y 2003) y más recientemente otra vez en la Ciudad de Buenos Aires (en 2007).

Nunca se hizo un esfuerzo similar para conocer la dimensión real de la problemática de la violencia contra las mujeres , por lo que se sabe, mayormente perpetrada en el “espacio privado” del hogar.

Es imperioso aprovechar el genuino interés de varias instituciones públicas por hacer operativas las promesas que nos hacen las normas vigentes en Argentina y discutir seriamente la necesidad de conocer la dimensión real del problema, analizando las capacidades institucionales con las que contamos en Argentina, las experiencias de otros países y las iniciativas que impulsan las Naciones Unidas a través de su División de Estadística y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Es tiempo de demandar la producción de información oficial de alcance nacional sobre la cual se puedan evaluar las políticas concretas. Es tiempo de saber de qué se trata.

viernes, 23 de septiembre de 2011

EL DEBATE SOBRE UNA LEY DE CAMBIO DE SEXO

a sanción de una ley que reconoce el derecho a cambiar la identidad de género a las personas que así lo deseen tiene por estas horas el camino allanado en el Congreso Nacional, donde los bloques mayoritarios sostienen posturas coincidentes en cuanto a reconocer esa facultad personal aun cuando en todas las fuerzas políticas existen posiciones contrarias a las iniciativas que discute la Cámara de Diputados.

Por lo pronto, en las comisiones de Legislación General y Justicia ya existe un amplio acuerdo para emitir dictamen en cuanto se llegue a un texto de consenso, que estaría listo en los próximos días y podría obtener dictamen de comisión la semana próxima.

Esto dejará el camino allanado para su tratamiento en el recinto de la Cámara baja, aunque la fecha en que se producirá ese debate no fue aún precisada, máxime teniendo en cuenta que resta un mes para las elecciones presidenciales.

Más difuso aparece todavía el horizonte de la discusión del proyecto en el Senado, en el que el tema no forma parte hoy de la agenda legislativa y las resistencias se anticipan más fuertes, tal como ocurrió cuando se trató la ley que reconoció el matrimonio igualitario.

En aquella oportunidad, no fueron pocos los senadores que se opusieron a la ley alentada desde el Poder Ejecutivo. De hecho, en la Cámara alta, fue sancionada por 33 votos a favor, 27 en contra, tres abstenciones y se registraron nueve ausencias. En cada bloque hubo tanto legisladores que la apoyaban como legisladores que la criticaban. Algo muy similar a lo que se espera que ocurra con este nuevo proyecto.

Tal como anticipó LA NACION en su edición del domingo pasado, la base de la iniciativa será el reconocimiento del derecho a cambiar la identidad de género, mediante la modificación del nombre en el DNI, y a acceder a la intervención quirúrgica de cambio de sexo sin autorización judicial.

"La idea es reconocer el derecho y garantizarlo, no vamos a entrar en mayores detalles", precisó a LA NACION Diana Conti, autora de una de las iniciativas en debate.

En otras palabras, esto significa que la cuestión de las operaciones, su gratuidad o inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de obras sociales y empresas de medicina prepaga quedará supeditado a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

El único bloque que promete resistir con fuerza la iniciativa es Pro, en el que el diputado Julián Obiglio reconoció que el proyecto divide opiniones, pero, aclaró, "la mayoría está en contra". La disparidad está dada porque su compañera de bloque, Laura Alonso, apoya la medida.

"El cambio de género debe darse únicamente en casos en que haya composición genética de otro sexo, que son casos científicos y muy rigurosos, si no habría que mantener el género que la naturaleza dio a cada persona", afirmó Obiglio, anticipando los límites de Pro en la materia.

Desde GEN, el diputado Gerardo Millman, integrante de la Comisión de Legislación General, apoyó la medida, aunque cuestionó las "prioridades" del Poder Ejecutivo y del kirchnerismo a la hora de impulsar iniciativas relacionadas con políticas de salud.

"En principio, estoy de acuerdo con que se pueda habilitar el cambio de sexo porque es un derecho que tienen todos los individuos", aseguró el legislador, tras lo cual señaló su rechazo a la consagración de las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo gratuitas porque "debe haber prioridades. Hay muchos problemas de salud -dijo- que tienen que resolverse antes, como que en muchos hospitales no hay tomógrafos". Millman integra el interbloque del Frente Amplio Progresista.

El radicalismo también apoya el proyecto, por lo menos en las comisiones legislativas. "El punto más controversial es el de la autorización judicial, pero, como se entiende que es un derecho personal, no se va a requerir autorización", expresó Juan Tunessi, presidente de la Comisión de Justicia y uno de los impulsores de la iniciativa, que no es propiedad del oficialismo.

Tanto es así que el diputado cuestionó a su par de Legislación General, la kirchnerista Vilma Ibarra, porque "trabaja a control remoto de la Casa Rosada y había dejado olvidado el tema de identidad de género para discutir la ley de tierras que pide el Poder Ejecutivo".

De todas maneras, la cuestión sobre la suerte del proyecto radica en las bancadas. "No creo que se haya discutido en los bloques", admitió Conti (FpV). "La resistencia es minoritaria en el bloque, que, en su mayoría, va a acompañar el proyecto", tranquilizó Tunessi sobre la UCR.

En el Senado, en tanto, la iniciativa sobre cambio de identidad de género no se encuentra en la agenda de ninguna bancada. Incluso en el oficialismo declinaron dar alguna opinión sobre el tema. "Se va a votar lo que pida el Poder Ejecutivo. Hasta ahora no tuvimos ninguna señal", precisó una fuente kirchnerista consultada por LA NACION. Como se dijo, el impulso presidencial fue clave para alinear a la bancada oficialista a la hora de sancionar el matrimonio igualitario.

En este escenario, salvo que medie alguna orden de la Casa Rosada, el tema no entraría en la agenda próxima, por lo menos en el plazo que media hasta las elecciones del 23 de octubre.
Voces legislativas

viernes, 16 de septiembre de 2011

VIVIENDA DIGNA - CORTE SUPREMA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó en el día de ayer una audiencia pública en una causa donde se discute el derecho a la vivienda digna a partir de una acción de amparo presentada en 2008 contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la Sala de Audiencias del Tribunal se llevó a cabo la audiencia sobre la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”, la que contó con la presencia de todos los integrantes de la Corte Suprema y los representantes de las partes.

Por la parte actora comparecieron la defensora general adjunta que integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Christe y Julián Horacio Lavengin, el defensor oficial ante la Corte Suprema, mientras que en nombre de la demandada se presentaron Ramiro Ricardo Monners Sans, Procurador General del Gobierno de la Ciudad y María Eugenia Vidal, la ministra de desarrollo social porteño.

Es importante destacar que en la causa que se trató en el debate, los jueces del Máximo Tribunal evalúan la invocación del derecho a obtener una vivienda digna realizado por una señora que vive en situación de calle y su hijo discapacitado que padece una afección derivada de una encefalopatía crónica. Ambos recibían un subsidio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) dentro del marco normativo vigente por el cual se otorgan planes sociales con un tope de $450 por un máximo de 10 meses, una medida que en este caso se prorrogó hasta la fecha.

En el presente caso, la peticionaria obtuvo una sentencia favorable en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual fue confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, motivando así la apelación del GCBA el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo revocó motivando que el pedido buscara su curso hacia la Corte por vía de recurso extraordinario.

Cabe recordar que la actora había solicitado para sí y para su hijo que se les garantice su derecho a la vivienda digna, o bien un la concesión de importe que les permita abonar íntegramente el costo de una morada adecuada con este fin, ha impugnado la validez de las limitaciones temporales y cuantitativas del plan social vigente, Atención a las Familias en Situación de Calle

jueves, 15 de septiembre de 2011

VIOLENCIA DE GENERO

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumple este jueves tres años de funcionamiento.

En ese marco, la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, a cargo de aquella dependencia, aseguró que “hay mayor visibilidad de que la violencia doméstica es un problema público y no privado. No es una vergüenza que a alguien le suceda. Pero debe salir a la luz, y la familia no debe ayudar a ocultar el caso, sino que debe ayudar a la víctima, que es una persona muy vulnerable”.

Asimismo, la magistrada destacó que “también hay una gran visibilidad y conciencia de los jueces penales, que han empezado a investigar y a procesar. Ahora dictan medidas, como las de no acercamiento u otras. Antes lo único que hacían, cuando llegaba el caso, era mandarlo al juzgado de familia”.

Con respecto al funcionamiento de la OVD, la vicepresidenta de la Corte remarcó que “hemos atendido 21 mil casos en tres años. Es la única Corte del mundo que tiene esta oficina, somos pioneros y estamos orgullosos de serlo, en el marco de una política pública de acceso a Justicia”.

En relación con los casos atendidos, Highton dijo que “las víctimas son en su mayoría mujeres, y cuando son varones, se trata mayormente de niños. Sólo un 6 por ciento de las denuncias corresponden a varones mayores y capaces”.

Asimismo, aseguró que “el 85 por ciento de los casos están vinculados con relaciones de pareja. Y además, la violencia no termina cuando finaliza la relación de pareja”.

Sobre el trabajo de la OVD con el resto de los tribunales del país, la jueza dijo que “nosotros ya tenemos convenio con las 23 provincias, y ya se abrieron oficinas similares en Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Nosotros colaboramos y aportamos software y capacitación".

Finalmente, expresó que “todo el cuadro de violencia doméstica es muy triste. Lo que sí es para celebrar es el tercer cumpleaños de la OVD, que va creciendo por la confianza de la gente en la confidencialidad de la información”.

lunes, 12 de septiembre de 2011

JUICIOS CON TODAS LAS GARANTIAS

Por Félix Crous
Fiscal - Unidad de asistencia en causas por violación a los Derechos Humanos.


Los crímenes de lesa humanidad que se juzgan en la Argentina son tales desde la posguerra. Lo son del derecho nacional y por su gravedad, autoría estatal o paraestatal, y masividad, adquieren esa categoría.

La condición de lesa humanidad hace que esos crímenes sean considerados imprescriptibles: es decir que no caduca la posibilidad de perseguirlos.

Nunca fueron juzgados. Los procesos fueron interrumpidos por las normas de impunidad, que no causan efecto alguno porque fueron declaradas nulas por el Congreso de la Nación y la Corte federal, es decir, inexistentes. Por eso no pueden ser más benignas que ninguna otra ley. Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia: es un tema terminado.

Otra vez se vuelve con la cantinela de que al fulminarlos se han atacado instrumentos pacificadores de la sociedad.

Verdadera inquietud social y mortificación causaron esas normas que frustraron precozmente los incipientes intentos de justicia.

Hay que recordar que la gestación de estas aberraciones éticas y jurídicas incluyó alzamientos armados que causaron muertes en la población.

Las invocaciones de los objetivos pacificadores de esas normas, dictadas contra el interés de una sociedad en paz y a favor de un colectivo que la amenazaba extorsionando, encierra hoy la velada amenaza de regresar a ese escenario de chantaje.

Los juicios tardan en comenzar y demoran su conclusión conforme su magnitud y complejidad, correspondiente a la extrema gravedad de las imputaciones.

Ningún acusado ha permanecido en prisión un plazo irrazonable. Los reclamos van en el sentido inverso: excarcelaciones a mano suelta dictadas por tribunales sospechados de simpatía con los acusados. Y ya dictadas las sentencias, las munificentes prisiones domiciliarias, que desdibujan la pena impuesta.

Esos son los verdaderos desafíos de estos procesos hoy.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

CONDENA POR TRATA EN UN TALLER

La sentencia recayó sobre el dueño de un taller de costura clandestino de La Matanza. Allí eran explotadas tres mujeres, una de ellas menor de edad, traídas con engaños desde Bolivia.

En la habitación donde dormían había un par de esposas.
Un ciudadano boliviano, dueño de un taller textil clandestino en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, se convirtió en el primer condenado por trata de personas para trabajo forzoso, desde que se tipificó el delito en 2008. El hombre recibió una pena de cuatro años de prisión. El fallo fue dictado por la Cámara Federal N0 2 de San Martín. A sus víctimas, tres mujeres, una de ellas adolescente, las fue a buscar a su pueblo natal, en el departamento de Cochabamba, y las trajo a la Argentina “bajo engaño”, aprovechándose de su “situación de vulnerabilidad social”, destaca la sentencia. Como suele suceder en estos casos, originalmente les ofreció un puesto como costureras pero luego las obligó a trabajar más de quince horas por día en tareas de limpieza y con el pretexto de que le debían el costo del pasaje no les pagó nada. Cuando se produjo el allanamiento a la vivienda-taller se encontró un par de esposas colgadas en la habitación donde dormían.

Tampoco les permitía salir a la calle, si no era con un permiso o acompañadas de un familiar de él. “Esto es claramente una situación objetiva de maltrato y reducción a condiciones inhumanas de trabajo, situación que también aparece en los dichos de las víctimas que refieren maltrato verbal y hasta en el plano simbólico, pues ese carácter presentan las esposas colgadas en la habitación donde dormían las víctimas. Qué mensaje más claro que ése. No es necesaria palabra alguna”, dice la sentencia del Tribunal Federal N0 2 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Alberto Cisneros, Marcelo Díaz Cabral y Víctor Horacio Bianco. El fallo tiene fecha del 5 de agosto pero recién trasciende ahora. El dueño del taller textil clandestino fue identificado por sus iniciales como RCV. El hombre acordó someterse a un juicio abreviado para lo cual reconoció su culpabilidad y se acordó la pena leve, de cuatro años. Su defensor oficial fue Sergio Moreno. Quedó probado en la causa que RCV viajó a su pueblo natal, Punata, en Bolivia, entre agosto y principios de septiembre de 2009, para localizar personal para trabajar en su taller textil. Contactó así a sus víctimas: ESC, a su tía SC y a la hija de ella, DC, de 17 años. “Las convenció de ir a trabajar a su taller, aprovechándose de sus necesidades económicas, prometiéndoles engañosamente un ingreso que nunca iba a cumplir. Para ello las trasladó de manera irregular a nuestro país, al ingresar el 8 de septiembre de ese año como turistas cuando su finalidad era otra”, detalla la sentencia. Las llevó a su domicilio, ubicado en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, donde también funcionaba el taller clandestino. Ahí “las sometió a trabajos forzosos” hasta que ESC, aprovechando un permiso para ver a su marido, se alejó del lugar y realizó la denuncia que originó la causa judicial.

El 12 de noviembre de 2009 se produjo un allanamiento al taller, en el que participaron además de fuerzas de seguridad, inspectores de Trabajo, de Migraciones, de la AFIP y de la municipalidad de La Matanza. Detectaron que se encontraba “fuera de todas las reglamentaciones y control estatal, y que las víctimas estaban en situación migratoria irregular”. En ese procedimiento se encontró que RCV tenía sin autorización legal una pistola Bersa calibre 45, sin número visible que resultó apta para disparar.

La sentencia destaca que se probó que el reclutamiento fue “mediante engaño” y con “aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”. Una de las mujeres tenía una deuda por un crédito bancario. Les ofrecieron 40 centavos por pieza. Pero ni siquiera cumplió con esa miserable propuesta laboral. En cuanto a la forma en que se desarrolló el trabajo dentro del taller “la voz de las víctimas fue concluyente”, indica el fallo. ESC contó que cuando llegaron le dieron solamente tareas de limpieza, luego las de costura, y pese a la promesa de 40 centavos por persona y por pieza, la paga debía ser dividida entre las tres. “Esto por cierto era meramente declarativo, pues a pesar de haber excedido largamente el mes de trabajo, nada de dinero les dio. Que siempre les decía que tenían una deuda con él. El trabajo comenzaba entre las 5 y las 6 de la mañana y seguía hasta las 23, diciéndoles siempre el imputado que debían trabajar por lo menos una temporada –ocho meses– para cobrar, si no les iba a dar la mitad”, describe la sentencia.

RCV fue condenado por ser autor del delito de trata de personas “con fines de explotación para trabajo forzoso, por haber mediado engaño y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, agravado por el número de víctimas y por ser una de ellas menor de edad, en concurso ideal con facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en el territorio nacional agravado por el abuso de necesidad e inexperiencia de las víctimas, todo en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra”.

lunes, 5 de septiembre de 2011

TRABAJO ESCLAVO

En el marco de una causa iniciada por un grupo de ciudadanos peruanos, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ratificó el procesamiento que había sido dispuesto sobre un hombre y una mujer acusados por los delitos de reducción a la servidumbre y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros.

En la causa “L. H. E. J. y otro s/ procesamiento y embargo”, la Sala I confirmó el procesamiento que había sido dispuesto sobre los acusados por encontrarlos prima facie autores penalmente responsables de los delitos de reducción a la servidumbre en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros previsto y reprimido en los artículos 45 y 140 del Código Penal, artículo 117 de la ley 25.871 y además, mandó trabar embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de dos mil pesos.

En la resolución del pasado 23 de agosto, los magistrados explicaron que “el a quo entendió que se encontraban reunidos en autos los elementos necesarios para atribuir a los incusos responsabilidad por los hechos endilgados, razón por la que decidió dictar sus procesamientos como autor de los delitos de reducción a la servidumbre en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros, decisión cuyo cuestionamiento por parte de la defensa ha habilitado la intervención de esta Sala”.

Cabe remarcar que la presente causa había sido iniciada por una denuncia efectuada por un grupo de ciudadanos peruanos, quienes señalaron que habían recibido ofertas de trabajo en su país de origen para trabajar en el país. Según lo expuesto en la denuncia, el trabajo ofertado se llevaría a cabo en una verdulería, a cambio de un sueldo promedio de mil pesos, alojamiento y comida.

En relación a ello, los magistrados remarcaron en su resolución que “cuando llegaron al país fueron alojados en la casa de los imputados junto con otros trabajadores, aclarando que trabajaban diecisiete horas diarias aproximadamente, no podían descansar, con alimentación insuficiente y una remuneración que no se ajustaba a lo acordado, ni proporcional a las horas trabajadas y cuando decidieron abandonar el trabajo no les abonaron el efectivo que se les adeudaba”.

Los jueces determinaron que “ni los argumentos de la defensa, ni las afirmaciones de los encausados en sus declaraciones indagatorias logran desvirtuar las medidas probatorias aunadas, el que analizado a la luz de la sana crítica, conforman un cuadro suficiente para confirmar el auto de mérito nuestro en crisis previsto en el artículo 306 del C.P.P.N. al menos con el grado de probabilidad requerido en la etapa procesal que se transita”, por lo que confirmaron la resolución apelada.

MOBBING

El mercado laboral ha sufrido en los últimos tiempos grandes transformaciones a partir de la flexibilización ocurrida de la década de los noventa, donde se cambiaron las condiciones laborales de los trabajadores y se instauraron nuevas modalidades contractuales.

Ahí comienza un tiempo distinto para el trabajador, ya que empieza a sentirse más desprotegido con leyes y normas laborales mas favorables al empresario, que le otorgan a éste más potestad de imperio en el marco de la organización y delegación de tareas.

Además aparecen nuevas formas de monopolio en el mercado laboral concentrando a los trabajadores en mayor medida pero con salarios bajos, condiciones precarias, informalidad y desprotección en el ámbito contractual.

En este escenario, surgen nuevas figuras como el mobbing o acoso moral, el estrés laboral, el burnout, la discriminación laboral entre otras, siendo invocadas en los reclamos los trabajadores cuando entablan acciones legales ya sea contra el empleador o contra las empresas, debido a los daños y perjuicios que sufre durante la relación laboral.

El mobbing o acoso moral es un fenómeno que comienza a desarrollarse lentamente, en forma progresiva y que tiene su duración en el transcurso del tiempo, provocando en la víctima un desgaste psicofísico importante e irreparable.

Su punto de partida es la existencia de conflictos insignificantes pero que sirven como posibles estrategias tendientes a dar comienzo a lo que comúnmente denominamos como acoso moral o bien acoso laboral.

Dentro del mobbing está la figura del hostigador quien lleva adelante el conjunto de estrategias que -si bien al principio son aisladas-, se irán coordinando hasta poder consumarlos y obtener la exclusión de la empresa a la víctima.

El estrés laboral es evaluado como un factor de riesgo psicosocial teniendo como elemento a los estresores que revisten el carácter de estimulativos ante los cuales los trabajadores experimentan consecuencias negativas.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) define a estos factores estresantes del trabajo como aquellas interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización por una parte y por la otra las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud y en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo".

Algunas características del trabajo como fuente de estrés son las siguientes:

1-Ambiente y equipos de trabajo: entorno físico, exposición a elementos nocivos, problemas relativos a la confiabilidad.

2-Carga y ritmos de trabajo: Sobrecarga de trabajo, imposibilidad de control de los tiempos, altos niveles de presión temporal.

3-Programación del trabajo: Trabajo por turnos, programación rígida del trabajo, horarios imprevisibles.

4-Relaciones interpersonales en el trabajo: Aislamiento social o físico, escasas relaciones con los superiores o conflictos interpersonales.

El estrés laboral origina al igual que el mobbing serios costos económicos y sociales a los trabajadores no sólo en Argentina sino en el mundo laboral y a las empresas provocando bajo rendimiento en la productividad, baja motivación de los trabajadores en sus tareas y mayor nivel de ausentismo por enfermedades derivadas de las mismas.

Ello nos lleva a la conclusión que las relaciones laborales cada día están expuestas a diversos daños originados en su mayor parte por las empresas y por la aplicación de políticas de organización inadecuadas tendientes a crear un ambiente hostil en los lugares de trabajo.