LEY DE IDENTIDAD DE GENERO

Las comisiones de Legislación General y Justicia aprobaron ayer un dictamen para que la ley de identidad de género sea tratada en el recinto. El proyecto resultó del consenso entre las iniciativas presentadas por diferentes bloques parlamentarios, como el Frente para la Victoria, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, entre otros.

La normativa busca reconocer la identidad de género en los documentos y garantizar el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema público de salud. En diálogo con ElArgentino.com, la especialista Carolina Von Opiela accedió a detallar los puntos clave de la iniciativa.

Abogada y docente de la UBA, asesora de organizaciones de la sociedad civil y especialista en temas de diversidad, Von Opiela explica en esta nota la importancia de esta ley para volver a Argentina un país cada vez más igualitario.

ElArgentino.com: ¿Por qué es importante que la identidad de género sea reconocida legalmente? ¿Qué derechos se reconocerían a partir de ese hecho?

Carolina Von Opiela: Porque el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, consustancial a los atributos y a la dignidad humana.

El derecho a la identidad civil de las personas puede pensarse como una llave de acceso a derechos garantizados a partir de la vinculación formal de las personas con los Estados (son múltiples: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales; tales como acceder a la educación, a un empleo registrado, a una tarjeta de crédito, a un régimen de previsión social, a una vivienda digna y adquirir un contrato de locación formal, a salir y entrar del país, a contraer matrimonio, a reconocer y/o adoptar hijos, a elegir y ser elegido para ocupar cargos políticos, a participar en la toma de decisiones y adquirir personalidad jurídica, a ser usuario/a de servicios públicos, entre muchos otros).

A su vez, los documentos de identidad acreditan la condición de “ciudadano/a” y tienen como función servir de vehículo para la protección de los derechos fundamentales de toda persona. Por ello, es común asociar la carencia de documentos con la pobreza, inequidad y exclusión social. La identidad/identificación permite que las personas sean visibles para las políticas públicas diseñadas con el fin de superar la vulneración de DDHH.

EA: ¿Qué le dirías a alguien que dice que esta ley es importante pero no prioritaria en el actual contexto de la sociedad?

Le re-preguntaría: ¿a qué personas comprende como parte de la sociedad?, ¿cuáles son las personas cuya tutela imprimen prioridad sobre otras?, ¿cuál es su motivación para excluir a las personas trans sobre las prioridades de agenda que deben impulsar nuestras instituciones?, y ¿cuáles son sus argumentos para sostener que este colectivo debe seguir postergado?

Luego le diría que esta ley que hoy se debate, contempla: el reconocimiento de la identidad de las personas trans en su registración y documentación personal, así como el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema de Salud; y que ello es una herramienta fundamental para combatir la discriminación y la exclusión social.

EA: ¿Cuál creés que va a ser el principal argumento a rebatir en este debate? ¿Creés que la sociedad se mostrará receptiva frente a esto?

CVO: Confío en la sociedad argentina. Nuestra sociedad está madurando y tiene una mirada mucho más sensible a las diversas realidades en las que vive la otredad. Nuestro país está dando pasos muy interesantes para avanzar conforme a un mejorado estándar jurídico de protección de derechos en la región.

Lo más importante es que el debate ya se echó a andar, está instalado en la opinión pública y canalizado en las instituciones de la democracia.

Claro que soy conciente de que vamos a escuchar opiniones contrarias, con un fuerte arraigo a prejuicios estigmatizantes, patologizadores e incluso intolerantes… Presumo que sólo tendremos que tener paciencia y seguir replicando buenos argumentos jurídicos; y que éstos al ser entendidos junto al sentido común, captarán las voluntades políticas que son precisas. Creo que el desafío será lograr un renovado corrimiento, potenciar el principio de igualdad y replantearnos la percepción que tenemos sobre la recodificación de la sexualidad y la asignación cultural al género.

EA: Argentina es un país más igualitario después de la sanción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿El reconocimiento de la identidad de género iría en el mismo sentido?

CVO: Sin dudas. Si nuestras instituciones reconocen el derecho a la identidad de género de las personas trans: les estarían expresando que las considera con la misma dignidad y derechos que otros/as ciudadanos/as en condiciones de igualdad, para que puedan apartarse definitivamente de la categoría de poblaciones invisibles/invisibilizadas y tengan mejores oportunidades de acceso a sus derechos, lo que contribuye al alcance de una ciudadanía plena.

LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS

Desde 1933, numerosas leyes habían sido dictadas para restringir la actividad económica y ocupacional de los judíos. El 7 de noviembre, un joven judío disparó a un diplomático en la embajada alemana en Paris. Para Goebbels, el tiroteo en París fue una oportunidad para incitar a la población alemana contra los judíos y lanzar un pogromo, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. En la noche del 9 de noviembre, por todo el Reich, los comercios judíos fueron victimas de la S.A. Los cristales fueron rotos y sus contenidos arrojados a la calle. Decenas de sinagogas fueron quemadas y miles de judíos fueron recluidos en campos de concentración. La brutalidad de los sucesos fue el primer paso hacia la Solución Final.

Daniel Goldhagen, refiriéndose a esta noche que " la magnitud de la violencia y la destrucción, la enormidad de aquella noche, fue un verdadero cruce del Rubicón

Esa cacería tuvo su antecedente en la noche del 28 de octubre de 1938, cuando el gobierno alemán nazi mandó secuestrar a unos 20.000 judíos de origen polaco, que fueron deportados en condiciones brutales a Polonia.
En ese contexto, el 7 de noviembre, Herschel Grynszpan, un judío alemán que había huido a Francia, baleó a Ernst vom Rath, secretario de la embajada alemana en París, a quien había pedido ayuda para su familia. Vom Rath murió el 9, y esa misma noche se desató una revuelta contra la población judía de Alemania y Austria, orquestada por el gobierno de Hitler a través del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y coordinada por el Ministerio de Propaganda, a cargo de Joseph Goebbels.
Los ataques dañaron unas 1.570 sinagogas –algunas por completo–, cementerios judíos, más de 7.000 comercios y 29 almacenes de la colectividad. En Viena fueron quemadas casi todas las 94 sinagogas. Más de 30.000 judíos fueron detenidos y confinados en campos de concentración. Muchos fueron golpeados hasta la muerte: se estima que entre 91 y 200 personas fueron linchadas.

TRABAJO ESCLAVO

La Cámara Federal de San Martín delimitó que no existe trabajo esclavo de inmigrantes a menos que se presente un mecanismo ilegal de captación de inmigrantes sistemático.

En la causa “C. S., H. s/inf. 26.364”, la Sala I revocó el procesamiento dispuesto por el a quo respecto de una persona acusada del delito de promoción y facilitación de permanencia ilegal de extranjeros conocido como “trabajo esclavo”.

Contra ese fallo, el demandado recurrió ante la Cámara local aduciendo que la conducta atribuida en el decisorio debía enmarcarse en el artículo 55 de la Ley de Migraciones, ley 25.871, y no en el artículo 117 de la misma ley, puesto que “entendió que la facilitación de la permanencia no fue acompañada por actos tendientes al aseguramiento o protección de la ilegalidad”, según relata la sentencia de Cámara.

Además, argumentó que "la conducta típica en supuestos como el analizado debe verse acompañada no sólo por la existencia de un mecanismo ilegal de captación de inmigrantes mediante acciones concretas -sin el cual no podría ser materializada la mentada empresa ilícita- sino también por actos dirigidos al aseguramiento o protección de la permanencia ilegal de los extranjeros en el país".

A ello agregó que como empleador, a su criterio “la residencia precaria resultaba título suficiente para otorgar trabajo a un extranjero, y en esos casos su conducta se encontraría inmersa en un supuesto de error de comprensión que excluye la culpabilidad”.

En virtud de lo alegado, el Tribunal remarcó que “resulta exigencia de la figura analizada, la presencia de un especial aprovechamiento de la irregularidad migratoria de los trabajadores por parte del autor, encarado de manera general y como “política de empresa” de modo tal que la simple actividad de facilitación, desvinculada e independiente de la ilegalidad del inmigrante, puede no ser ilícita, o constituir una infracción administrativa.”

A su vez, la sentencia recordó que “la conducta típica en supuestos como el analizado debe verse acompañada no sólo por la existencia de un mecanismo ilegal de captación de inmigrantes mediante acciones concretas -sin el cual no podría ser materializada la mentada empresa ilícita- sino también por actos dirigidos al aseguramiento o protección de la permanencia ilegal de los extranjeros en el país”.

Los magistrados observaron que “desempeñaban funciones en el establecimiento operarios nacionales y extranjeros regulares e irregulares, no habiéndose evidenciado de sus declaraciones, que el salario percibido variara en virtud del carácter de su residencia o nacionalidad".

En consecuencia, el pasado 18 de octubre la Sala I resolvió “disponer la falta de mérito para procesar o sobreseer en relación al encartado”.

DISCRIMINACION POR ORIENTACION SEXUAL - CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sesión realizada en Bogotá, Colombia, escuchó el caso de la jueza chilena Karen Atala Riffo, a quien el año 2003 la Corte Suprema de su país le arrebató la custodia de sus hijas a raíz de su condición de lesbiana.
La CIDH es la última instancia que dirime controversias de derechos humanos en las Américas, y cuyas decisiones tienen como base los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte Suprema, en su determinación del año 2003, argumentó que ella, a raíz de su orientación sexual, no era una madre adecuada para mantener la crianza de sus hijas, puesto que dicha orientación implicaba un riesgo para las niñas quienes podrían ser objeto de 'discriminación social'. A partir de ello, la Jueza Atala acudió al sistema interamericano de derechos humanos para buscar justicia por lo que consideró una discriminación grave cometida en su contra.
A raíz de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisó el caso y a inicios de 2011, resolvió a favor de la petición de Atala y refirió el Caso a la Corte Interamericana. Esta entidad, por lo tanto, luego de escuchar los alegatos, emitirá su decisión que deberá ser acatada por el Estado chileno.
Las y los abogados de la jueza, durante la audiencia, alegaron que se violó el derecho a la no discriminación por orientación sexual y, junto con ello, el derecho al debido proceso, la intimidad familiar y la protección a la familia. Se hicieron presente Jorge Contesse, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; Macarena Sáez, de Libertades Públicas; y Helena Olea y Catalina Lagos, de Corporación Humanas.
Por su parte, Karen Atala sostuvo que 'al quitarme a mis hijas, he sido destruida en mi identidad y dignidad personal', enfatizando que no haber visto crecer a sus hijas y que la menor de ellas no tenga recuerdos de haber vivido con su mamá, es un dolor que no puede graficar. Agregó que 'haber sido estigmatizada dentro del Poder Judicial como 'la jueza lesbiana' me duele mucho, porque menoscaba mi condición profesional, de madre y de mujer'.
El caso 'Karen Atala e hijas versus el Estado de Chile', es el primero de discriminación por orientación sexual que se presenta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que se espera que siente un importante precedente en la región de las Américas. Para el primer trimestre de 2012 se espera conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Distintas organizaciones del ámbito de los derechos humanos han estado vinculadas al seguimiento de este caso, tanto en Chile como en la región. Por ejemplo, monitorearon estas audiencias: International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), International Women’s Human Rights Law Clinic City University of New York (CUNY), MADRE, etc.
Sin embargo en Chile, a niveles oficiales y específicamente en el ámbito judicial, no se han dado mayores muestras de apertura ni de reconocimiento de la violación cometida contra los derechos humanos de Karen Atala.

IDENTIDAD DE GENERO YA

Por primera vez desde que se realiza la Marcha del Orgullo en Argentina, la manifestación estuvo encabezada por las travestis. “¡Sin demoras! ¡Identidad ahora!”, cantó megáfono en mano la activista Lohana Berkins al partir de Plaza de Mayo. La consigna refiere al proyecto de Identidad de Género, en trámite en el Congreso, que plantea dar a las personas trans un documento acorde con la sexualidad que eligieron y el acceso gratuito a las cirugías de reasignación genital. “Además queremos denunciar los crímenes de odio, ya van doce compañeras asesinadas este año y tenemos más de 500 casos así, sin que se encuentre y juzgue a los culpables”, agregó Claudia Pía Braudacco, titular de la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros, Argentinas (Attta). Los reclamos se combinaron con ferias, caravanas, recitales y una presencia apabullante de jóvenes.

Según explicó Berkins, titular de la Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (Alitt), el martes habrá un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, para avanzar hacia un dictamen sobre los dos proyectos girados al Congreso. “Pedimos que la diversidad sea una política de Estado”, dijo la activista travesti, instalada muy cerca de la pequeña combi verde, que suele alquilar para esta marcha. A diferencias de otras veces, se notaba una inversión en el vehículo, munido de más parlantes, como para no pasar desapercibido al lado de esos grandes acoplados, que parecen discotecas itinerantes.
A un año de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, el panorama de la lucha de diversas organizaciones gay, lésbico, bisexual, trans, intersexual y queer tiene como reclamo urgente un giro en las políticas estatales para incluir plenamente al colectivo travesti. “Otro tema que plantea la ley de Identidad es amparar el caso de los menores de edad, si cuentan con el apoyo de sus padres o sus tutores, para que puedan ser incluidas en la currícula escolar”, comentó Braudacco, encolumnada delante del camión de la Federación Argentina LGBT.
También se reclamó la igualdad ante la ley para los hijos de parejas lesbianas, que nacieron antes la ley sancionada el año pasado (ver aparte). La agenda incluyó el pedido por el aborto libre, seguro y gratuito, como pudo verse en las pancartas de muchas agrupaciones feministas y de izquierda. La feria del Orgullo, sobre las sendas de Plaza de Mayo, tuvo una importante concurrencia adolescente y el folklore de un día de sol: vendedores de cervezas, helado y carritos de chorizos y hamburguesas. Y en una radio abierta, montada en el centro de la plaza.
“Dejen de etiquetar la carne. Vamos a ejercer nuestros géneros, contragéneros, identidades y contraidentidades. Ningún Oso podrá descansar en su cueva hasta que esto pase. ¡Nuestras panzas son políticas!”, gritó el activista y crítico de cine Diego Trerotola. Detrás del escenario, una señora travesti, llena de plumas, llegada en una bicicleta con brillantina en los guardabarros, copó la parada. Como los sadomasoquistas, los osos y los encuerados leather, tuvo sus quince minutos de exposición fotográfica antes de que la marcha partiera por Avenida de Mayo al Congreso.
Con clima de rave, la columna travesti arrancó resguardada por musculosos morochos de traje. ¿Hay más fiesta que reclamo? “De ninguna manera, empezamos hace casi veinte años y éramos 200 nada más. Esta fiesta es política”, dijo César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina.
Como todos los años antes del concierto y del beso colectivo, se aplaudió y abucheó públicamente a una serie personalidades y personajes. Se reconoció a Fernando Noy, Leo García, Víctor Hugo Morales y Liliana Hendell y a figuras del campo de los derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano. También los jueces, la funcionaria Mara Brawer y la mamá de Pepa Gaitán, víctima fatal de la lesbofobia en Córdoba. No quedó afuera la parrillita Transeúntes en el barrio porteño de Barracas, Aristóbulo del Valle 185, un emprendimiento de personas trans.

Luego fueron abucheados el arzobispo platense Héctor Aguer y toda la jerarquía de la Iglesia Católica. También se criticó a las autoridades formoseñas por mantener un código de faltas discriminatorio, a Mauricio Macri y a Eduardo Duhalde. Este último clamó durante la campaña electoral por “revisar” la ley de matrimonio igualitario y someterla a un plebiscito. “El matrimonio es un hombre y una mujer y una mayoría circunstancial no puede modificarlo”, dijo. Ayer no lo silbó la mayoría, lo abuchearon todos.

POR QUE MARCHAN LOS HOMOSEXUALES?

Yanina tiene 16 años, nariz respingada, pelo corto, delicada piel blanca y es lesbiana. Hace pocos meses su mamá descubrió al mirar su Facebook que tenía una foto dándose un beso con una chica, que era su novia. La despertó a los gritos y empujones, le lanzó como una daga: “Monstruo me das asco”. Ella, que no se terminaba de despegar de la pesadez del sueño, no comprendía nada. Lo entendió con los golpes. Esas palabras le retumban hasta hoy: monstruo.

Cada discusión, cada pelea hogareña terminaba con su mamá gritándole que había arruinado a su familia por “torta de mierda”. Incluso, en el día en que tomó un rastrillo, la golpeo en las piernas y le dejó las marcas que aún conserva. Ese mismo pensamiento es el que llevó al padrastro de la novia de Natalia “Pepa” Gaitán a asesinarla en Córdoba, para evitar que esa chica machona avergonzara a su familia.

En tanto, en Montegrande, Iván Pereyra recién ahora a los 19 se anima a intentar terminar el colegio secundario en una escuela de adultos. Una historia de acoso en las aulas lo llevó a abandonarla antes de cumplir los 17. Su altura imponente combinada con sus modos delicados, su voz aflautada, su caminar femenino fue demasiado disruptiva para ser aceptada sin penalidades.

Dibujos en los bancos donde representaban hombres que lo cogían, mensajes en el pizarrón, aislamiento, burlas permanentes cada día. Iván no iba al baño porque le decían “te equivocaste, vos tenés que ir al de mujeres" y lo encerraban y empujaban.

Hace pocos meses, el acoso escolar le costó la vida al riojano Carlos Agüero, un chico de 17 años que trabajaba en el campo. Un grupo de compañeros de colegio empezó a agredirlo porque no parecía lo suficientemente macho y nunca había tenido novia. Ahí dejó de ser persona para sólo ser el “puto”. Tenía tanta vergüenza que llegó a imaginar como un escape colgarse de una soga cerca del lugar donde trabajaba.

El periodista y escritor Osvaldo Bazán sostuvo que los homosexuales fueron tratados como “pecadores” por la religión, “enfermos” por la ciencia, y “delincuentes” por el Estado. El reconocimiento estatal de las uniones entre personas del mismo sexo con la Ley de Matrimonio Igualitario dio un claro mensaje: luego de años de lucha de las organizaciones LGTTBI, la sociedad daba cuenta de que aceptaba la diversidad, aunque el cambio cultural recién empieza.

Pero una madre no le pega a su hija por ser heterosexual, los compañeros no hacen que un alumno abandone la escuela por ser heterosexual y un chico no piensa que es mejor quitarse la vida antes que ser heterosexual. Mientras los chicos gays sigan experimentando la oscuridad, es necesaria la luz del orgullo.

Por eso, miles de personas de todas las orientaciones sexuales marchan hoy desde las 18, como lo hacen hace 20 años (cuando iban sólo un puñado de hombres con máscaras para no ser reconocidos) desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso con un fuerte reclamo “Ley de identidad de género ya”, para que el DNI de las personas trans coincida con su identidad real.

ABORTO DESPENALIZACION

A propósito del inicio de la discusión en ámbitos parlamentarios sobre la despenalización del aborto y de las manifestaciones que en distintas ciudades del país reclamaron sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, una revisión histórica de cómo el acceso al aborto se fue configurando como una de las principales reivindicaciones del movimiento de mujeres allá por los años ‘60, cuando el mundo era otro mundo. Aunque algunas demandas no han perdido actualidad.

 Por Mabel Bellucci *

Hacia 1960, el mundo era otro mundo. Estados Unidos irrumpió de una maraña de tendencias animales como fue la Segunda Guerra Mundial con el fin de perpetuarse como la potencia imperialista del planeta. Así, desde sus entrañas se vivieron luchas contra la opresión colonial, manifestaciones de los negros, estudiantiles, de las mujeres y de los homosexuales junto al movimiento contra la guerra colonialista sobre Vietnam. Dentro de esa coyuntura turbulenta, se acuñó el término “revolución sexual” que invitaba al varón y a la mujer a experimentar los placeres por fuera de la coalición “matrimonio-amor-maternidad”.

En ese contexto, surgió como un conejo de la galera el Movimiento de Liberación de la Mujer (Women’s Liberation Movement, conocido también con la abreviatura Women’s Lib) –encargado de posicionar políticamente la demanda de mujeres organizadas en torno del derecho al aborto–. La historiadora Marysa Navarro recuerda que, recién, en la década del ochenta fue bautizado Feminismo de la Segunda Ola.
Hacia fines de 1963, la aparición de la píldora anticonceptiva, su comercialización y su uso se generalizaron en Estados Unidos. Estaba destinada especialmente a las señoras casadas, amas de casa y con un número suficiente de hijos más que a las solteras tentadas a incursionar en una aventura amorosa. La pastilla representó “el mal menor” ante la complicación del aborto clandestino y la numerosa cadena de partos. No obstante, la anticoncepción oral no fue una consecuencia directa de la revolución sexual predicada por el pensador Wilhelm Reich, sino que hubo un interés biopolítico para su desarrollo.
Con anterioridad, las formas más difundidas para evitar una gestación pasaban por el uso del condón, el coitus interruptus, la abstinencia periódica y el aborto, como solución de emergencia. Sin más vueltas, la ensayista Germaine Greer, en su libro Sexo y destino, lo incluía como parte de la práctica anticonceptiva.
Sin embargo, en ciertas feministas asomó un resquemor a la hora de reivindicar el uso de la píldora cuando se hizo público que los testeos implementados por los laboratorios norteamericanos empleaban cuerpos femeninos como conejillos de Indias. Si bien con la píldora no se atravesaban el peligro de muerte o la amenaza concreta de la cárcel como con el aborto ilegal, igualmente, las mujeres acudían a este método difundido puertas para adentro y, a la vez, clandestino puertas para afuera. Por consiguiente, el aborto era tanto hablado en el orden cotidiano como castigado en el orden público. Asimismo, la pastilla, en sus comienzos, al estar destinada para una minoría con privilegios más la exigencia de un compromiso regular de su uso, atentó contra su aceptación generalizada; tampoco aseguraba evitar el riesgo de una posible fecundación, mientras que el aborto significaba lo opuesto, es decir, una solución de hecho frente al hecho consumado. Así, este último se convierte en el medio más eficaz para concluir con un embarazo no deseado en la medida en que haya certeza de no exponer la vida o de ir presa.
Otro dato para no soslayar: en los años sesenta existían generaciones precedentes de mujeres que habían abortado y que, de alguna manera, lo verbalizaban dentro de su entorno. En líneas generales, era cuasi familiar su acogida. En cambio, la anticoncepción oral carecía de trayectoria. Y como todo lo nuevo, por un lado, generaba incertidumbres y, por el otro, se ignoraban sus efectos potenciales. No olvidemos que aún requería de mejoras técnicas adicionales, que había dificultad en el acceso y la poca información que circulaba no era tranquilizadora.
De un modo u otro, a las mujeres se les presentaba la ocasión de escoger en primera persona entre un método conocido y otro por conocer.

CRITICONAS CON GANAS

Pero la píldora no fue lo único innovador en 1963. Hubo un indicador de que algo nuevo salía del cascarón: fue el surgimiento de la obra La Mística Femenina (The Femenine Mystique), de Betty Friedan. Este texto contribuyó a formatear ese malestar de miles de mujeres de mediana edad, de clase media, casadas y con hijos, en el cumplimiento de los roles claves en el reino del hogar. A pesar de ello, Friedan no pudo registrar otras incomodidades también devenidas de la esfera íntima, es decir, los límites a una maternidad no deseada. Tanto la anticoncepción como el aborto no asomaron en su contrapunto entre una realidad idealizada y la vida de sus pares. Quizás, resultaba prematuro escupir tantas verdades sin freno alguno.
Ahora bien, la generación de las casadas a las que Friedan les hablaba se cruzó con las mujeres que luchaban contra la guerra imperial, más el colegiado que hacía lo suyo.
Con la precipitación de las urgencias políticas por la radicalidad de la población negra que bregaba por sus derechos civiles, las integrantes del Women’s Lib entendieron su propia discriminación al profundizar el fenómeno del racismo. A ello se sumó la resistencia contra la guerra en Vietnam que impulsó a jóvenes a usurpar las calles de Nueva York, Chicago, Washington y California, bajo la emblemática consigna “Hagamos el amor, no la guerra”, tal como lo recuerda Marysa Navarro. En cuanto al mundo universitario, estudiantes junto con docentes encarnaban las voces provocadoras. Así, el Movimiento de Liberación de la Mujer quedó configurado en numerosas corrientes.
Entre tanto, las activistas de izquierda cristalizaban un feminismo más heterodoxo y plural por el cruce de clase y etnia que distinguía el salto de las transformaciones que estalló entre los estratos más bajos de la sociedad estadounidense: los negros, los latinoamericanos, los indios y los blancos pobres. Hasta que llegó el momento en que las militantes formadas en las calles y en las universidades y relacionadas con las formas clásicas del debate político, se corrieron de las filas partidarias para generar sus cuartos propios, y dar paso a un enfoque de autonomía sexual. Dentro de esa mirada antipatriarcal, la reapropiación del cuerpo y de la sexualidad femenina desde todos sus rincones ocupó un espacio destacado. Al punto de que la exigencia del aborto voluntario mantuvo su lugar central en la lista de reivindicaciones de estas activistas. Por caso, en los diversos manifiestos feministas que proliferaban en la época, siempre estuvo presente.
La escritora Mildred Adams Kenyon en su artículo “El nuevo feminismo” comentaba que tanto para la prensa amarilla como para la del establishment, Nueva York era la capital del aborto. En esa misma dirección, la escritora María Rosa Oliver, en su texto La Salida, de 1970, relataba haber presenciado una movilización feminista que marchaba por las calles de esa ciudad, bajo el lema “500 dólares el aborto equivale a su prohibición”. Además, denunciaba que en Harlem, dentro de la comunidad puertorriqueña, aumentaba el número de muertes por abortos baratos e inseguros. Mientras la ensayista María Arias en su obra La Liberación de la Mujer, de 1973, identificaba al colectivo New York Radical Women como la punta de lanza en la cuestión del aborto legal. Pero si las activistas no lograban su objetivo, guardaban un plan B bajo la manga. Para Arias se planeaba ya en esos años, cual relato de ciencia ficción, un anticipo de lo que es hoy “Women on Waves”: “fondear un barcohospital en aguas extraterritoriales con médicos y enfermeras voluntarios”.
De esta manera, hacia los años setenta, el Movimiento de Liberación de la Mujer, con una complejidad que fue acrecentándose, percibió un rasgo unificador de convergencia que fue “la política del cuerpo”. Fueron ellas las que tornaron al aborto no como un hecho personal y privado sino como uno político y público. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa puede leerse en ese lema provocativo de la época “un hijo, si quiero y cuando quiera” que no sea la reapropiación de su sexualidad y de su función reproductora?, pregunta ingeniosa, por cierto, que se hicieron Georges Duby y Michelle Perrot en Historia de las Mujeres.

* Activista feminista queer. Integrante de la Campaña Nacional por Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Un derecho que tiene amplio respaldo en la sociedad

Una encuesta revela que el 56 por ciento considera que el Estado debe garantizar los abortos en los servicios de salud. El estudio fue realizado en el área metropolitana por Ibarómetro. Por primera vez, hoy el Congreso debate un proyecto de despenalización.
Por Mariana Carbajal

Un amplio apoyo a la despenalización y legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación muestra una encuesta realizada en la última semana por la consultora Ibarómetro en el Area Metropolitana de Buenos Aires para indagar sobre las opiniones de la población acerca del tema, a cuyos resultados accedió Página/12 en forma exclusiva. El 57 por ciento de los consultados sostuvo que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre es un derecho de la mujer, mientras que apenas un 25 por ciento se manifiesta en desacuerdo. Del estudio surge que no sólo la mayoría de los consultados –56 por ciento– adhiere a la despenalización del aborto, sino que además considera que el Estado debería garantizar las intervenciones en los servicios de salud. “Los resultados que arroja esta encuesta son coherentes con todos los estudios de opinión pública que venimos realizando y que muestran que la gran mayoría de la población adhiere a la idea de que el Estado debe respetar y garantizar los derechos de igualdad de los ciudadanos”, destacó en dialogo con Página/12 Doris Capurro, presidenta de Ibarómetro. Otro sondeo de opinión hecho en septiembre a nivel nacional revela que un tercio de los argentinos conoce a alguien que se ha hecho un aborto (ver aparte).

Los datos de las encuestas se conocen cuando la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados tiene previsto empezar a analizar en una reunión citada para hoy a las 15.30 una serie de iniciativas sobre aborto. Entre ellas, el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que lleva la firma de 50 diputados y diputadas de un amplio arco político, que despenaliza y legaliza el aborto en el primer trimestre de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si hay graves malformaciones fetales. Según adelantó ayer a Página/12 el diputado Juan Carlos Vega, presidente de Legislación Penal, en la reunión “van a ser puestos a consideración” la propuesta de la Campaña y un proyecto de su autoría. El primero avanza con una amplia reforma legal. El segundo no modifica nada: el proyecto de Vega se limita a reglamentar la atención de los abortos no punibles previstos en el Código Penal desde 1921. Las otras iniciativas en danza –cuatro más, precisó Vega– son complementarias de esas dos (ver aparte).

Un derecho de la mujer

La encuesta de Ibarómetro fue realizada el jueves último, en forma telefónica, en una muestra estratificada por población de 400 personas mayores de 18 años, en hogares particulares con teléfono fijo, del Area Metropolitana de Buenos Aires.
El sondeo de opinión arrojó los siguientes resultados:

• Casi seis de cada diez personas creen que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer, mientras que sólo cuatro de cada diez se manifiesta en desacuerdo.
• El 52 por ciento se pronuncia en contra de que la mujer que aborta tenga que ir presa. Unicamente el 31 por ciento de los consultados considera que el aborto debe ser castigado con prisión.
• Un 56 por ciento considera que el Estado debería garantizar los abortos en los servicios de salud.
• La encuesta registra una moderada relación entre las posturas ante el tema y la edad: los jóvenes se inclinan en mayor medida por la despenalización, mientras que los que más se oponen son los adultos mayores.

“La gran mayoría adhiere a la idea de que el Estado debe garantizar los derechos de igualdad de los ciudadanos. Se sabe que en la Argentina muere un centenar de mujeres por año por abortos inseguros. Las que mueren en general son las mujeres más pobres, menos educadas, que no acceden a los servicios sanitarios básicos y están más alejadas de una atención médica calificada”, evaluó Capurro, presidenta de Ibarómetro, al analizar los datos obtenidos.
Capurro indicó que los estudios de opinión pública realizados por Ibarómetro anteriormente sobre el mismo tema y este último “concluyen que el acuerdo con la despenalización del aborto se ubica entre el 50 y el 60 por ciento de la población”. El acuerdo crece en los grandes centros urbanos, a medida que aumenta el nivel educativo y económico social de los entrevistados, puntualizó.
La consultora explicó que el diseño de la encuesta apunta a saber qué opinan los entrevistados sobre la despenalización del aborto, es decir, cuál debe ser la posición del Estado frente al tema, y no a determinar cuál es la actitud personal de los encuestados en relación con esa práctica. “Es importante aclarar que la manifestación de acuerdo con que una mujer no sea penada por la ley y no vaya presa por haberse realizado un aborto no significa que ella misma esté de acuerdo con abortar o, en el caso de los hombres, con que vayan a acompañar la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo”, señaló Capurro. Otro tema, no abordado en este último relevamiento pero que sí Ibarómetro estudió en anteriores, es que “la mayoría se inclina por flexibilizar también la aprobación del aborto, desde un punto de vista ético o religioso, en casos de violación, peligro de vida de la mujer, incompatibilidades del feto con la vida extrauterina, problemas de salud física y psíquica de la mujer”, enumeró Capurro. Estas posturas coinciden con los datos que revelan la encuesta de Catholic for Choice de Estados Unidos, realizada en septiembre en el país, sobre la que se informa por separado. “La opinión pública se encuentra lejana a la rígida y tradicional polarización del debate ideológico sobre el aborto: ‘pro vida’ versus ‘pro elección’”, consideró Capurro. Y agregó que en estudios realizados en otros países de América latina también “se evidencia una demanda de mayor apertura en las decisiones de política pública vinculada con esta temática y de flexibilización de los marcos regulatorios sobre el aborto vigentes”.

Una decisión de la mujer

Grado de acuerdo con que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo es un derecho de la mujer.

El papel del Estado

Grado de acuerdo con la propuesta de que los abortos sean garantizados por el Estado en los servicios de salud.

Rechazo a la detención

Grado de acuerdo con que una mujer que se hace un aborto vaya presa.

ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO

La Cámara de Diputados de la Nación tratará un proyecto de ley en el que se discutirán medidas para prevenir y sancionar las acciones de violencia o acoso sexual en el ámbito laboral.

La iniciativa será presentada por Héctor Recalde ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, cuya titular es Victoria Donda, donde se propondrán medidas para la “prevención y sanción de la violencia laboral y el acoso sexual laboral”.

El proyecto contempla que los trabajadores puedan denunciar el contrato de trabajo dentro del cual se sienten objeto de alguna de estas prácticas, a la vez que podrán atacar “los estatutos especiales o convenios que lo rijan” estando protegidos de “ver modificadas sus condiciones de trabajo ni ser despedidos por denunciar ser víctima”.

En su texto, la norma expresa respecto de la víctima de violencia laboral o acoso sexual que “tiene derecho a obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil”.

Por su parte, “el empleador que haya sido notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual es solidariamente responsable, salvo que acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación”, según observa la iniciativa.

Finalmente, la regulación que presentará el diputado contempla “implementar una campaña de difusión y capacitación para que en toda relación laboral, sea ésta pública o privada, el empleador mantenga, en los lugares de trabajo, las condiciones adecuadas para evitar situaciones de violencia laboral o acoso sexual”.