LA REPRESION SOCIAL

En los últimos meses hubo otros 9 muertos por represión a la protesta social:

En junio de 2010, un policía mató a un adolescente en Bariloche. Durante las protestas posteriores, murieron otras 2 personas.

En octubre de 2010 murió Mariano Ferreyra: en este caso la policía se mantuvo al margen, lo que permitió que lo asesinaran patotas sindicales.

En noviembre de 2010, un indígena quom y un policía murieron en un desalojo a esa comunidad, en Formosa.

En diciembre, en el desalojo del parque Indoamericano, en la Capital, hubo otros tres muertos.

En México habrá condenas de hasta 60 años a femicidas

Ayer entró en vigencia la incorporación del femicidio al Código Penal y de Procedimientos Penales de la Ciudad de México, que establece sanciones de 20 a 60 años de cárcel para quienes por razones de género asesinen a una mujer. Esta nueva tipificación es una demanda de varios sectores del movimiento de mujeres en la Argentina y otros países del mundo, aunque aún no hay consenso sobre su eficacia. La reforma especifica los supuestos por los que se determinará que hubo razones de género, por ejemplo, cuando el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual, se le hayan infringido lesiones infamantes o mutilaciones.
En nuestro país, la ONG La Casa del Encuentro registró 151 femicidios en la primera mitad del año, un 20% más en relación con el mismo período de 2010. En el 56% de los casos, el principal sospechoso fue la pareja de la víctima.

T521, la identidad de un aspirante

T521 es el nombre elegido por Nélida para que hablemos sobre su hijo de 39 años. No se trata de un robot ni de un auto. Se trata de una persona con trastornos de aprendizaje que figura desde hace cuatro años con esa cifra en el Registro Laboral Único de Aspirantes con discapacidades para empleo público. Una nómina creada en 2000 pero que hoy sería un agujero negro.
El lunes 4 de julio, Nélida y su hijo concurrieron a la oficina de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para postular a una oferta de empleo. “Buscaban un auxiliar de portería. Él puede hacer eso, trabajó de mecánico, también puede ser ascensorista, tiene registro de conductor”, contó la mujer de 68 años a Tiempo Argentino. El único puesto fue cubierto por otra persona y decenas se quedaron con las ganas. T521, también. Una vez más, desde el 4 de abril de 2007, recibió un “no” a sus necesidades de empleo. Nélida es jubilada y cuida sola de su hijo en una casa de Pompeya, luego de que su marido la abandonara. Su hijo vive medicado, largó los estudios en tercer año de secundaria, afectado por su discapacidad y hace changas cuando algún vecino rompe prejuicios. Agobiada por la situación, Nélida pidió dos entrevistas con Gabriela Michetti, luego de que el gobierno de la Ciudad hiciera caso omiso a su solicitud de audiencia del 11 de mayo de 2009. Ese día, T521 se llamó 3940555, el número que le asignaron a su reclamo en la mesa de entradas de Avenida de Mayo 591. Un número todavía más difícil de recordar.
La escena en COPIDIS se repite a diario con unos 15 aspirantes diarios. Su directora ocupará, desde diciembre, una de las bancas ganadas por el PRO en las últimas elecciones porteñas. Se llama Marina Klemensiewicz y fue directora de comunicaciones de la Fundación PAR. En una entrevista concedida al sitio ECOS de Actualidad, en noviembre de 2009, se refirió a la Ley 1502, sancionada en 2004 por la Legislatura, cuyo objetivo es regular la incorporación, en una proporción no inferior al 5%, de personas con necesidades especiales al sector público local. “De todos modos, nadie controla ni vigila su cumplimiento”, destacó Klemensiewicz. Su oficina tiene el 30% de empleados con discapacidad. Sin embargo, en el último informe de gestión que se presentó, en 2010, las estadísticas marcaron un promedio de 250 llamados, 200 correos electrónicos y más de 100 inscriptos por mes, pero los empleos conseguidos fueron sólo 82 en cuatro años. El resto de las áreas del gobierno de la Ciudad emplea el 2,36%. Muy lejos de lo que marca la ley.
Por el hecho, el abogado Santiago Barilá le ganó un juicio al gobierno porteño en 2009 pero fue necesario que, un año después, se presenten tres personas con discapacidad que estaban inscriptas en los registros para ejecutar el fallo. Estos tres nuevos actores de la causa “Barilá, Santiago c/GCBA s/amparo” fueron patrocinados por la Comisión de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que funciona en la ONG Poder Ciudadano, liderada por Hugo Wortman Jofre, letrado contratado por el Grupo Clarín. La abogada Varina Suleiman, por ese entonces, era profesora.
“La causa tiene sentencia definitiva en estado de ejecución”, contó Suleiman a este diario. El fallo del juez Lozano condena al Estado porteño a que se abstenga de designar personal por fuera del registro, ordena al jefe de gobierno informar lo resuelto a cada uno de los responsables de área de cada repartición, a la Legislatura y a la opinión pública mediante el boletín oficial, en uno de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, por un medio de televisión abierta con sede en la Ciudad y por la emisora radial municipal. En estos últimos medios, el anuncio deberá ser por el término de un día en la franja de 21 a 22 horas. Del fallo sólo se cumplió el punto que obliga a informar a las dependencias ministeriales y la encargada fue la propia Klemensiewicz. Resta que la Ciudad cumpla lo otro en forma espontánea.

“No se nos da la oportunidad de desarrollar nuestras inquietudes o intereses”

Por María Isabel Ferreira Abogada. Defensoría General de la Ciudad.

Nací a mediados de siglo pasado, y a poco me atacó el virus de la polio. De familia obstinada en privilegiar mi recuperación, aceptó que me criara otra familia que me alentó no sólo a continuar severos tratamientos de rehabilitación, sino también a tomar mis propias decisiones y a manejarme de la forma más autónoma posible. Fui a escuelas públicas comunes y después a la UBA pero difícilmente el entorno me visualizaría como mujer, militante social, madre o profesional; apenas me ubicaba en una situación de desventaja física con un alto grado de superación personal, lo que me obligaba a someterme a las múltiples inaccesibilidades que me imponía el entorno, haciendo un doble esfuerzo para vencerlas.
A las personas con discapacidad no se les da la oportunidad de desarrollar sus inquietudes o intereses. Así, poder superar las limitaciones económicas que se derivan de los menores niveles educativos y del tradicional desempleo con que se ha distinguido al sector son las barreras más difíciles de eliminar. Busqué asesoramiento en las ONG dedicadas a la temática y de ninguna recibí alternativa alguna. Enterada de la existencia de la reserva legal del cupo laboral para personas con discapacidad en organismos públicos, recorrí todos los pasillos de la administración pública nacional y local sin resultados. Por ello, inicié una acción de amparo, y tiempo después, fui contratada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, donde estoy a cargo del Área de Derechos de Personas con Discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos enfrenta a un cambio de paradigma y de prácticas en torno a la discapacidad, enfatizando el rol de las mismas personas con discapacidad y sus organizaciones sociales en toda instancia de consulta y decisión en las políticas públicas que se implementen. De no asumirse este compromiso por parte de las mismas personas con discapacidad y la comunidad, como de los funcionarios públicos responsables de ejecutar aquellas políticas públicas, la inclusión social será sólo una expresión de deseos.

Barreras en el acceso a la fertilización asistida Por Alejandra Waigandt

En Argentina 1 de cada 6 parejas no puede tener hijos. Las técnicas modernas de fertilización asistida mejoran las chances de embarazo. Su cobertura por parte del Estado, las obras sociales y las prepagas comienza a ser garantizada en algunas jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires. Una pareja entrerriana logró concebir a través de esta práctica médica, pero su testimonio dejar ver las dificultades que afrontaron durante 4 años frente al vacío legal y la falta de recursos.

Cuando Gisela Romero y Alfredo Hoffman decidieron tener un hijo, tenían claro que necesitarían recurrir a tratamientos de fertilización debido a una patología congénita que inhibe la ovulación conocida como síndrome de Kallman. Temían el desgaste que podría acarrear el proceso desde un punto de vista económico y también psicológico, pero después de más de tres años de intentos lograron concebir una niña que actualmente tiene 2 años.

Iniciaron los estudios correspondientes en el Prefer, un centro de reproducción asistida que funciona en la localidad bonaerense San Martín, a unos 500 kilómetros del domicilio que comparten en Paraná, provincia de Entre Ríos. La institución fue recomendada por una conocida que padecía el mismo síndrome. Comenzaron con procedimientos sencillos para estimular la ovulación, que en 2007 rondaban los 1500 pesos, pero no tuvieron éxito. Luego de dos intentos, el médico Gustavo Carti les recomendó un tratamiento de inyección del espermatozoide dentro del óvulo (ICSI), conocida como fertilización in vitro.

'Al proponernos este nuevo tratamiento, nos informaron que podíamos seguir con tratamientos de baja complejidad para ver si daban resultados; pero en ese momento pensé lo que significan en el cuerpo, el tiempo que nos llevaría y la poca seguridad de que realmente se logre un embarazo', dijo Gisela. La tasa de embarazo en los tratamientos de baja complejidad es de 15 por ciento anual, según la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida.

La técnica propuesta por el Prefer implicaba un gasto de 15 mil pesos. La pareja no podía afrontar ese presupuesto y recurrió al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), pero la obra social se negó a cubrir el tratamiento porque no figuraba en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Como en muchas otras jurisdicciones, Entre Ríos no tiene un marco regulatorio en este tema, que por ejemplo considere la infertilidad una enfermedad y la incluya en el PMO. El Congreso de la Nación tampoco ha legislado el derecho a procrear in vitro (ver Debaten leyes sobre fertilización asistida).

Gisela y Alfredo recurrieron a la justicia para conseguir la cobertura. En esa oportunidad intervino la jueza Claudia Salomón. Sintieron preocupación porque se trataba de la misma magistrada que en 2007 había impedido que una joven de 19 años con capacidad mental infantil interrumpiera un embarazo producto de una violación. No obstante la jueza Salomón falló a favor de la pareja entrerriana y el Iosper tuvo que solventar el 60 por ciento del tratamiento; prestó el 40 restante a través de un crédito asistencial, que fue devuelto en cuotas hasta el año pasado.

'En el tema de la fertilización asistida hay algunos sectores que están en contra porque el embarazo no se produce de manera natural', explicó Alfredo. Justamente la oposición de los sectores conservadores y la desinformación vienen obstaculizando las acciones para legislar esta práctica médica, y también su normal funcionamiento, tal como ha denunciado la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Es por eso que la organización impulsa la sanción de leyes que sirvan de marco regulatorio para garantizar el acceso igualitario de toda la población a las técnicas de reproducción asistida.

Embarazados

Gisela y Alfredo lograron el embarazo durante el segundo tratamiento de alta complejidad –según la resolución de la justicia entrerriana, el Iosper debería cubrir hasta cinco intentos de concebir. En este caso utilizaron una técnica de ovodonación que costaba 21 mil pesos. Este tipo de tratamiento representa el 15 por ciento de los nacimientos, de acuerdo a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. En los casos de fertilización in vitro o ICSI la tasa anual de embarazo es del 35 por ciento.

'Fue complicado a nivel anímico. Estuvimos intentando ser padres durante casi 4 años. En ese tiempo parejas amigas y familiares tenían a sus bebés y para nosotros era muy duro tener resultados negativos. Cuando el tratamiento no resulta es frustrante y pasás varios meses penando por decirlo de alguna manera. La familia nos acompañó todo el tiempo, nunca sentimos que nos avasallaran, pero también había mucha expectativa. Por eso con el tiempo cambiamos de actitud, aprendimos que teníamos que ser más reservados y transitar el proceso más tranquilamente', recordó Gisela.

Como la infertilidad genera estrés físico, emocional y social, el Samer recomienda que un equipo interdisciplinario acompañe y guíe a los padres en la tarea de lograr el embarazo. Gisela y Alfredo recibieron esta misma propuesta, pero nuevamente la situación económica y la distancia entre la institución médica y el domicilio de la pareja los obligó a rechazar esa posibilidad.

El Samer aconseja asimismo acompañamiento en la misión de comunicar a los chicos su origen. Organizaciones de la sociedad civil como Concebir se suman a dicha recomendación. Es que en muchos hogares no se habla del tema, aún cuando en el mundo hay 3 millones de niños y niñas nacidas por técnicas de fertilización asistida, y en Argentina el número supera los 10 mil casos.
Gisela y Alfredo imaginan que será difícil hablarlo con su hija, pero ambos son militantes del derecho de la persona a la información y la identidad, según indicaron. Igualmente se preguntan de qué manera afrontar situaciones de estigmatización o la crítica. Cuando les fue recomendada la ovodonación, ambos se tomaron varios meses para tomar la decisión de realizar el tratamiento. 'En Argentina no hay leyes ni protocolos sobre las donaciones de óvulos. En el Prefer hay establecidos parámetros, uno es el resguardo de la identidad de la donante. Nosotros decidimos además que todos los óvulos de la donante fueran para nosotros', recordó Gisela.

Alfredo prefirió hablar de la paternidad: 'La vemos a nuestra hija y estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos para tenerla. Incluso pensamos en la posibilidad de hacerlo nuevamente si vemos que podemos afrontarlo económicamente

Homicidio y odio a la orientación sexual

El proceso oral comenzó en un tribunal de Córdoba. Organizaciones por la diversidad sexual se manifestaron frente al tribunal. Sostienen que el crimen es consecuencia de la discriminación y el odio a la identidad de género.
¿Usted entiende lo que es discriminación? ¿Usted cree que sólo a mi hija la discriminan? A muchas de las chicas que están acá les pasa, van caminando y les dicen ‘ahí va la torta’, ‘ahí va la machona’. ¿Quiénes mataron a la Pepa Gaitán? Parte de la sociedad la mató, la sociedad que margina.” Graciela Vázquez de Gaitán todavía no podía hablarle directamente al acusado de haber disparado una escopeta calibre 16 contra su hija Natalia el 6 de marzo de 2010. Por eso su mirada apuntó al defensor de Daniel Torres. Le había preguntado sobre los antecedentes penales de su “gorda”, la había indagado en busca de indicios violentos en la personalidad de la Pepa, había insistido en busca de una fisura en ese perfil de persona solidaria y querida que se fue construyendo de la víctima a lo largo de la instrucción. Y por eso la madre se desprendió del guión de las preguntas y formuló las propias. “¿Sabe por qué la llevaron detenida la única vez que la tuve que ir a buscar? Por merodeo. Pero ella había ido de compras, entre sus pertenencias estaban las boletas que le hice buscar al comisario. La llevaron por discriminación, por portación de cara, ¿usted entiende lo que es discriminación?”

Esa palabra, de la que Graciela Vázquez conoce tanto su significado como sus peores consecuencias, será una constante en el juicio que se inició ayer en Córdoba contra de Daniel Torres, un albañil que ese mismo 6 de marzo en que disparó contra Natalia “Pepa” Gaitán, la novia de su hijastra, se entregó a la policía casi sin oponer resistencia. Porque esa palabra es el meollo de este juicio, aun cuando no haya ley todavía que agrave un homicidio cuando la discriminación que alienta a quien lo comete tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

“Y eso es lo que tenemos que probar –dice Natalia Millisenda, abogada de la familia Gaitán–, que en el origen de la violencia que se descargó contra la Pepa había prejuicio, rechazo. A ella la mataron por ser lesbiana. Los jueces podrán tenerlo en cuenta o no, pero eso es lo que se está escuchando desde ayer.”

“Torres le disparó a mi hija con una escopeta para cazar animales, la trató como a un animal porque le causó rechazo. No sólo porque era el padrastro de su novia Dayana, también porque su mujer, Silvia, estaba enamorada de mi gorda. Ella era así, muy codiciada. Aunque desde chica sufrió mucho por el rechazo, porque la sociedad no la entendía. Nosotros, sus padres, sí. Por eso mi mensaje es para otros padres, para que vean a sus hijos y a sus hijas, para que no los rechacen, porque después se pueden arrepentir”, dijo Graciela Vázquez antes de sentarse en el lugar de testigo para volver a contar la historia de su hija. Esta mujer de poco más de 50 que se define como “trabajadora social sin matrícula desde hace 23 años, desde que los mayores de mis cinco hijos empezaron la escuela”, es una persona querida y respetada en su barrio, el Parque Liceo, en la periferia de Córdoba. Acostumbrada a lidiar con distintos poderes para conseguir unas cuadras más de asfalto, para que se levante una escuela digna en ese cordón humilde donde vive, para organizar una guardería en el barrio para las mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas; también sabía cómo poner el cuerpo cuando se daba cuenta de que discriminaban a su hija: “Bastaba que pasáramos un peaje en el auto para que nos pare la Caminera. Y ahí se quedaban mirando a la Pepa, dos horas, que su cara, que el nombre del documento, como si no entendieran que era la misma persona, ¿y a ellos qué les importaba? Mi hija se cansaba de buscar trabajo y nunca conseguía. Porque los chicos así nunca consiguen o consiguen trabajo de mulas, para llevar droga”, contó a este diario y también frente al tribunal. “Ella se deprimía mucho, la llevé a la psicóloga de chica, a los 12 o 13 años, pero le daban vueltas y vueltas y yo ya sabía lo que le pasaba, que era difícil primero enfrentar a su familia y después a la sociedad.”

Al mismo tiempo que la sala siete del Tribunal II abría las puertas para que se acomoden la familia y las muchas amigas de Pepa Gaitán, dispuestas a escuchar cada detalle de la audiencia, aunque con el temor de volver a encontrarse con el acusado por primera vez desde el escopetazo final, en las afueras de los tribunales, las banderas de siete colores que identifican a la diversidad sexual se plantaban señalizando un territorio propio. Organizaciones que llegaron desde Buenos Aires –como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) o La Fulana–, desde Rosario –como Las Safinas, Vox y del Area de Diversidad de la municipalidad de esa ciudad– o de Tucumán –como Las Cruzadas– se reunieron en torno de la Radio Abierta que propuso la local Devenir Diverse y el Encuentro por la Diversidad, también de Córdoba, para amplificar lo que sucedía dentro del edificio: que casi por primera vez se estaba juzgando un crimen contra una lesbiana por el hecho de serlo. Un crimen de odio, aunque esa terminología no tenga todavía validez legal. “Sería muy importante que se incorpore a la legislación penal la figura del crimen de odio”, dijo Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT. “Estamos acá para apoyar a la familia y para que se sepa que éste no es un caso aislado, la violencia existe y es cotidiana. Más contra las personas trans y travestis –agrega Alejandra Portatadino, de la CHA– y en este caso también porque Pepa Gaitán tenía una identidad masculina y eso suele generar más rechazo.”

La primera audiencia del juicio por el asesinato de Pepa, como prefería que la llamaran, se inició con la lectura de la acusación que dio cuenta de la relación entre ella y Dayana Sánchez –hija de Silvia Suárez, pareja, a su vez, del acusado Daniel Torres–, de una discusión en la calle entre la madre de Dayana y una amiga de Pepa, de la intervención de Pepa para separarlas y de un disparo que irrumpió inexorable como la muerte sin que mediara palabra alguna. Cuando le tocó declarar a la amiga de Pepa, Gabriela Cepeda, la congoja tomó la sala. Con palabras sencillas y la voz quebrada, la joven contó que tomó la cabeza de Pepa, le pidió que no se duerma, que aguante, la depositó en el suelo y se fue contra Torres: “Si la matás a ella matame a mí también”, pidió, desesperada, aunque Torres ya se había subido a la moto para intentar huir. Después la defensa intentó demostrar con sus preguntas que tanto Pepa Gaitán como Gabriela Cepeda habían amenazado a la familia de Torres, pero no lograron que esa sensación se instale en la sala. Cuando declaró Silvia Suárez, madre de Dayana, aludió al modo en que la habían provocado: “Me decían cosas, que Pepa y Dayana estaban juntas, para burlarme”, pero no pudo dar cuenta siquiera de ningún otro insulto amenazante. “¿Por qué le molestaba que su hija tuviera una relación con la víctima?”, preguntó el fiscal Fernando Amoedo. “Porque antes mi hija tenía novio, era una persona normal, después le cambió el carácter”, dijo la testigo, y la defensa aprovechó para reforzar otro lugar común, el del amigo o la amiga diferente para justificar que no hay discriminación: “¿Usted sabía que Pepa era lesbiana?”. Suárez contestó que sí. “Y había dicho que eran amigas, o sea que usted aceptaba que fuera lesbiana.”

En esta primera jornada, el acusado se negó a declarar. No es su última oportunidad y la defensa se la reservó para más adelante para poner en práctica, por ahora, la estrategia de sentar la sospecha sobre la víctima, pidiendo, por ejemplo, que se incorporen a la prueba sus registros penales –antecedentes que ni siquiera llegaron a condena– o indagar sobre sus conocimientos de box o “vale todo” –un estilo de lucha libre–. A lo primero fue a lo que más firmemente se opusieron tanto la fiscalía como la querella. “Eso sólo podría suceder si estamos frente a una caza de brujas”, dijo Amoedo. “En este juicio no se está investigando a la víctima, sino al victimario, por lo tanto sí tengo objeciones”, se plantó Millisenda, abogada de la querella y obligó a que la decisión del tribunal quedara, al menos, en suspenso.

MAS CRIMENES CONTRA LAS MUJERES

Un relevamiento realizado por una asociación civil detectó 151 casos de mujeres asesinadas en los primeros seis meses de 2011. La cifra representa un aumento del 20 por ciento respecto del mismo período de 2010, cuando se registraron 126 casos.
María Laura Córdoba tenía 20 años. La asesinaron a golpes de puño y puntapiés en el pueblo de Villa Hipólita, Santiago del Estero. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. Como autor del feroz ataque fue detenida su pareja, un joven de 32 años que tenía denuncias de malos tratos y amenazas de muerte. El femicidio de María Laura ocurrió el 1º de enero de 2011 y fue el primero de los 151 asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres ocurridos en el primer semestre de 2011 en el país: seis femicidios por semana, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante la asociación civil La Casa del Encuentro, de los hechos publicados en más de un centenar de medios. El informe revela un crecimiento de los femicidios registrados de un 20 por ciento en relación con el mismo período de 2010. En el 56 por ciento de los casos, el principal sospechoso resultó el esposo, novio o ex pareja de la víctima. El estudio muestra que para la mayoría de las mujeres asesinadas por razón de género el lugar más peligroso fue su propia casa. Veintiséis de las víctimas habían realizado denuncias por violencia, pero la Justicia no logró protegerlas. Diecinueve murieron como consecuencia de ataques con fuego.

El registro lo lleva adelante desde hace tres años el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, que dirige Ada Beatriz Rico y coordina Fabiana Tuñez. “El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Tuñez. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, recordó Rico. El Observatorio realiza el relevamiento de los casos publicados en las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial.

Entre enero y junio de 2010 habían contado 126 femicidios; en el mismo período de 2009, 90. La cifra en el primer semestre de este año trepó a 151. En 58 casos, el imputado del asesinato fue el esposo, la pareja o el novio; en otros 27, el ex; en siete hechos, el padre o padrastro; en quince, otros familiares; en trece, vecinos o conocidos, en 32, personas sin vínculo aparente con la víctima. La investigación muestra que 26 de las mujeres asesinadas habían hecho denuncias por malos tratos. En al menos tres casos, la Justicia había dictado al agresor la exclusión del hogar.

–¿Hay algún dato que le llame la atención en este nuevo informe?

–Sí, en primer lugar la gran mayoría de los casos de mujeres incineradas siguen con las carátulas de “presunción de suicidio”. No se investiga a la persona que estuvo con ellas en el momento del hecho y en algunos casos no se los ha citado siquiera a declarar. También observamos la insuficiente asistencia integral a las víctimas de violencia de género tanto desde los dispositivos judiciales como en asistencia psicológica y de recursos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen más recursos tanto de Nación como del gobierno porteño, pero no en el resto del país donde los recursos son insuficientes y en algunos casos casi nulos. En el primer semestre de 2010 las víctimas de femicidio que habían hecho denuncias fueron 17. Ahora, 26.

La mayor cantidad de femicidios ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, la más poblada, donde se registraron 52. Una de las víctimas en territorio bonaerense fue Verónica Viviana Medina. Tenía 32 años. Falleció el 3 de febrero, luego de siete días de agonía en un hospital, donde llegó con el 70 por ciento de su cuerpo quemado. Fue detenida acusada del homicidio su pareja, de 32 años, quien la habría rociado con alcohol y prendido fuego. El ataque ocurrió en Wilde, Avellaneda, en el domicilio donde vivían. Medina fue una de las 19 mujeres que fallecieron en el semestre como consecuencia de gravísimas heridas al ser quemadas. El 4 de marzo murió Verónica Beatriz Manzanel. Tenía 33 años, vivía en San Jorge, Santa Fe. El relevamiento indica que murió por quemaduras, luego de que la rociaran con thiner y la prendieran fuego. El ataque sucedió en la vivienda que compartía con su esposo, quien también sufrió quemaduras. El hombre fue procesado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Aunque reconoció la autoría de la agresión, afirmó que “sólo tuvo la intención de asustarla”.

El informe describe otras modalidades de ataque: en 42 casos las víctimas fueron asesinadas a balazos; en 32, murieron apuñaladas: en 25, a causa de golpes; en once, por asfixia; en nueve, degolladas; en seis, estranguladas. Para la mayoría, su vivienda resultó ser más peligrosa que la calle: 86 fueron atacadas en su propio domicilio. En la calle y otros sitios, fueron asesinadas

ARGENTINA Y LA HOMOFOBIA

No fue hasta el 17 de mayo 1990 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió eliminar de sus listas de enfermedades la homosexualidad. Esto supuso un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de la comunidad gay. Mientras se pide internacionalmente que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU convierta este día en efeméride internacional, en Argentina la homofobia aún persiste y los hechos demuestran que pese a algunos avances, como la aprobación del Matrimonio Igualitario, el propio Estado incurre en una homofobia por omisión o acción,

“Para terminar con la vergüenza de la homo-lesbo-transfobia en el mundo y en nuestro país, que trae como consecuencia terribles actos discriminatorios, exclusión, violencia y muerte, debemos conseguir que el Estado, en todas sus expresiones -nacional, provincial y municipal- lleve adelante políticas publicas y cumpla con la responsabilidad internacional de implementar las legislaciones y acciones que por un lado respeten la diversidad sexual y por el otro condenen los atropellos y las violaciones de derechos humanos que se originan contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Debe existir un fuerte compromiso para que desde la educación en todos sus niveles, se pueda debatir y enseñar el respeto a la diversidad, el pleno reconocimiento de la ciudadanía plena para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, donde se incluya la educación sexual de manera integral, con las diferentes orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones. Debemos denunciar la falta de voluntad política, y su complicidad frente a la homo-lesbo-transfobia, que muestran las personas con responsabilidades ejecutivas y legislativas, que no dan respuesta contra la discriminación, como por ejemplo con la reforma de la Ley Antidiscriminatoria (Nº 23592) en la que no se contempla la orientación sexual e identidad de genero como causa de discriminación”, dice Pedro Paradiso Sottile, Secretario y Coordinador del Área Jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). “Esta situación es muy grave, ya que tiene que ver con la protección y las garantías de toda la ciudadanía frente a cualquier ataque intimidatorio que se sufra por su sexualidad, que es un derecho humano fundamental. Es increíble, ilegal, que todavía provincias como Neuquén y Formosa mantengan códigos de faltas que criminalizan la homosexualidad o el travestismo, es un ataque a la democracia que las fuerzas policiales mantengan aun la persecución, abusos y tratos humillantes hacia nuestra comunidad”.

Para conmemorar la fecha, la CHA exige que se traten y voten los proyectos presentados en el Congreso para reformar la ley, ya que considera que es una modificación urgente y prioritaria. “El Estado no solo desprotege a sus ciudadanos gays, lesbianas y trans, sino a la sociedad toda, y omite cumplir con las obligaciones asumidas al ratificar tratados internacionales.”, sostiene el abogado.

Considerada la meca de turismo gay de Latinoamérica, la Ciudad de Buenos Aires dista mucho de ser una urbe tolerante legislativamente con la diversidad. Tras haberse aprobado en abril de 2008, la ley que instauraba a la fecha de lucha contra la homofobia como parte del calendario escolar, aún espera que el estado porteño la cumpla. “Es preciso educar a los niños y jóvenes sobre el respeto a la diversidad sexual, pero si una ley vigente no se cumple, entonces poco podemos hacer. Son nuestros gobernantes los que deben cumplirla y garantizar nuestros derechos. Pero también nosotras/os debemos exigirles a los políticos y funcionarios que promuevan la igualdad de derechos, porque vivimos una democracia, donde el principio de igualdad y no discriminación cobra vida respetando justamente el derecho a ser diferente. Desde la CHA hemos denunciado e iniciado acciones legales contra la administración de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que es una muestra contundente de la falta de gestión, irresponsabilidad, inoperancia absoluta y violación sistemática de nuestros derechos humanos que nuestra propia Constitución local promueve y garantiza”, dice Paradiso Sottile.

En el ámbito de salud, aún rige la prohibición a personas homosexuales de donar sangre. Esta prohibición, surgida de una resolución paralela a la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990, que es avalada por la Sociedad Argentina de Hemoterapia que aún sigue considerando a los gays como “grupos de riesgo”, establece que el donante, además de cumplir con requisitos de edad, deberá someterse obligatoriamente a un examen interrogatorio (anamnesis) “con denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección padecida o presente” y a una “verificación del estado de salud normal mediante el examen clínico-biológico que permita descartar la existencia de algunas de las patologías del listado establecido por la vía reglamentaria, determinantes de su exclusión como tal”. Esta exclusión, claramente discriminatoria, puede ser derogada en un paso administrativo por las autoridades del Ministerio de Salud. La cartera dirigida actualmente por Manzur, no ha acusado recibo del dictamen del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) iniciado por una denuncia de la CHA, pidiendo la derogación de esta prohibición de donar sangre por el solo hecho de ser homosexual.

Por su parte, diputados del Partido Socialista porteño presentaron en l Parlamento un Proyecto de Ley para la modificación del artículo 45 de la Ley Nacional de Sangre para terminar con este procedimiento.

Como dato, cabe mencionar que en odontología existe un protocolo que indica que indica los pacientes con VIH deben ser atendidos en el primero o en el ultimo turno, para proteger las medidas de higiene, cuando en realidad, cada paciente debe ser atendido con las mismas normas de seguridad.

En el interior del país, existen los Códigos de Faltas en las provincias que “están tachados de inconstitucionales en la mayoría de los casos, y hay que derogarlos o modificarlos. Los códigos de faltas son usados muchas veces como medio de hostigamiento hacia la gente transexual. Solo rigen en algunas provincias, y cada legislación provincial debe tratarlos particularmente en su ámbito, sin embargo, cada sociedad provincial tiene una diferente cultura pro la que no se llega a tratarlo”.

Fernando Baggio, Presidente de la organización sanjuanina La Glorieta, indica que “la implementación de la educación sexual integral es una de las deudas que muchos gobiernos provinciales deben afrontar para respetar la diversidad sexual y no caer en conductas discriminatorias. Por acción u omisión, en gran cantidad de escuelas del país todos estos temas siguen siendo tabúes”.

En la Provincia de San Juan, esta semana representantes de la Comisión de Educación de La Glorieta se reunirán con las autoridades del Ministerio de Educación Provincial para intentar destrabar la distribución del material existente y el abordaje por parte de los docentes de los contenidos que hoy en día se invisibilizan. “De esta manera a la población (docentes, alumnos y ciudadanos en general) no heterosexual o cuya identidad de género no corresponde con la que dice su DNI”, sostiene Baggio.

El activista agrega, además, que “los pedidos de ayuda por bullying han aumentado considerablemente, motivando a que iniciemos un proceso de capacitación de nuestros activistas con profesionales de la psicología y del derecho del Centro de Violencia del Estado provincial, a fin de dar adecuada respuesta a la gran cantidad de adolescentes que sufren este tipo de discriminación y no se animan a acercarse a otras instituciones. Es lamentable también la violencia que ocurre en las propias familias: insultos, golpes, exclusión del núcleo familiar son aún moneda corriente en sociedades conservadoras como la nuestra. Además de ofrecer una adecuada contención a la víctima, estamos abocados a que existan también menos victimarios, erradicando la raíz de este problema. En este sentido estamos trabajando en un grupo operativo en psicohigiene orientado a padres y madres de adolescentes gay, lesbianas, bisexuales o trans; el que está a cargo de un equipo de psicólogos que colaboran con nuestra ONG”.

“Entre las cosas más dolorosas de esta militancia está el tener que ayudar a un adolescente salvajemente golpeado por su propio padre, intentos de suicidios y demás situaciones lamentables que demuestran lo mucho que nos falta transitar todavía, a pesar de los recientes festejos por la ley de matrimonio igualitario, y la importancia de redoblar los esfuerzos de nuestra organización, no quedándonos en el lamento o insuficiente expresión de nuestro punto de vista, sino realizando actividades concretas tendientes a modificar la realidad y construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva•, indica.

Por su parte, Gustavo Díaz Fernández, especialista en Derechos Humanos para Comunicadores Sociales. y actual presidente de Crisálida biblioteca popular de Género, Diversidad Afectivo Sexual y Derechos Humanos de Tucumán, sostiene que “el Estado también tiene una responsabilidad por omisión, y esto es algo que no debemos olvidar. El Estado debe cumplir con varias asignaturas pendientes en materia legislativa y de políticas públicas para erradicar las prácticas discriminatorias, poner fin al estigma y asegurar el interés superior de LGBT. Nuestros/as compañeros/as trans están merced de la voluntad de cada juez, que a veces dice ‘que sí” y otras “que no”. Mientras los derechos humanos no estén debidamente garantizados para la comunidad LGBT seguiremos viendo como se culpabiliza a la víctima e incluso justifica socialmente la discriminación y la violencia en contra de las personas LGBT, lo cual contribuye a la invisibilización. Hay que poner fin a la negociación de los derechos de LGBT con grupos confesionales o fundamentalistas. Por ello, es fundamental que la sociedad en su conjunto trabaje para garantizar legislación y políticas públicas inclusivas y en contra del estigma asociado a la disidencia sexual/género”.

Argentina ha suscripto a tratados internacionales, por ejemplo los Principios de Yoghiakarta, que fueron incluidos con jerarquía constitucional, eso los coloca por sobre las leyes provinciales y el mismo código civil, por lo que el no cumplimiento de estos tratados hace que el estado incurra en la discriminación al colectivo LGTB.

La OEA, de la cual nuestro país es miembro, aprobó por unanimidad una resolución sobre el respeto a la orientación sexual e identidad de género, donde se compromete a aplicar políticas públicas para que ello ocurra. En diciembre de 2008, Naciones Unidas emitió una declaración con 13 puntos claves al respecto, donde toca los temas de discriminación, crímenes de odio, violencia, y falta de estas políticas públicas mencionadas anteriormente. Argentina no solo firmó esa resolución, sino que fue quien la presentó en forma regional.

Tal como manifiesta Pedro Paradiso Sottile, quien además es Secretario Regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), “es importante que el movimiento lgtbi este siempre alerta, presente, y que tenga estrategias de reclamo y propuestas concretas, porque la mayoría de las veces los Estados, por si solos, no cumplen con todos los reclamos y con las leyes que conseguimos. Estamos convencidos que el proyecto de Ley de identidad de Genero, presentado el año 2010, impulsado por el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Genero (Expte 8126-D-2010), será aprobado, porque ya hay innumerables antecedentes judiciales que así lo disponen, y porque el camino hacia una democracia igualitaria e inclusiva no tiene retorno, es un modelo que vamos a defender, para terminar con años de injusticia y persecución. Ninguna ley que beneficie a gays, lesbianas y trans, ha sido conseguida sin nuestra participación activa. Si vamos a esperar que alguien lo haga por nosotros, definitivamente no va a ocurrir. Nuestra lucha por la libertad y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos es en homenaje y por nuestra democracia, que afianzaremos para siempre, junto a diferentes movimientos sociales, que históricamente sufrimos la humillación y exclusión por parte del poder y los discursos hegemónicos y arbitrarios. Sin lugar a dudas que una Presidenta de la Nación, como Cristina Fernández de Kirchner, promueva y tome como propia la agenda de nuestros colectivos, es un avance impensable años atrás y que por primera vez en nuestra historia, una funcionaria publica, la de mayor importancia en el país, se ponga al frente de nuestros reclamos con acciones concretas, como el plan nacional contra la discriminación, la pensión por fallecimiento y el matrimonio igualitario, entre otras”.

Entre los avances, se pueden contar el aval de la Presidenta Cristina Kirchner, por ejemplo, en la firma de la ley de pensiones y la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Recientemente la provincia de Río Negro levantó la prohibición de donación de sangre. Y Rosario cuenta con un Área de Diversidad Sexual dependiente de la Municipalidad. El debate por la Ley de Identidad de Genero está previsto para ser tratado en el Congreso en este periodo de sesiones ordinarias, y la Justicia ya lleva una veintena de casos favorables al reconocimiento de la identidad de elección.

LUCHA CONTRA LA TRATA

Asignan un número telefónico para denuncias contra la trata

19/07/11 Es el 145 y será gratuito. Lo manejará una oficina del Ministerio de Justicia.


El Gobierno asignó el número telefónico 145 a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para atender las denuncias de afectados por ese delito. La medida se publicó ayer en el Boletín Oficial.

La resolución 74/2011 de la Secretaría de Comunicaciones, que habilitó la línea telefónica gratuita, dice que el indicativo de “Servicios Especiales 145” es para atender “comunicaciones realizadas por los ciudadanos damnificados por el delito de Trata” .

Comunicaciones fundamenta la asignación de esa línea especial en que “los servicios especiales están destinados a establecer comunicaciones de urgencia” y que “la Secretaría de Justicia solicitó la asignación de un indicativo de servicio a la comunidad” para la “atención sobre víctimas de estos delitos”.

Hasta anoche la línea 145 no estaba habilitada.

Clarín quiso hablar con la supervisora de la Oficina, Zaida Gatti, para tener precisiones al respecto, pero no tuvo respuesta.

Fabiana Túñez, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro (www.lacasadelencuentro.org), calificó como “muy buena” la medida ante la consulta de este diario y recordó que el pedido de una línea telefónica para hacer denuncias sobre estos casos “la estábamos esperando desde el año pasado”.

“El tiempo de espera tiene que ver con los temas de trata de personas que se fueron trabajando y la asignación de presupuestos. La necesidad de asignar una vía teléfonica que reciba denuncias de víctimas fue un tema de debate que se trató en el Segundo Congreso Nacional del Interior contra la Trata y el Tráfico de personas que se realizó en abril en Villa María, Córdoba, en el cual todas las organizaciones que tratamos el tema la reclamamos”, explicó Túñez.

Subrayó que todas las medidas van sumando en la lucha contra la trata, aunque advirtió que “deben ir de la mano del diseño de un programa nacional de lucha contra la trata y de la reforma de la actual ley de trata de personas (sancionada en 2008) que aún no se discutió en la Cámara de Diputados ni en el Senado”.

La trata de personas es un drama que acecha a mujeres de todas las clases sociales. Es el tercer negocio ilegal más redituable del mundo. Y en nuestro país hay decenas de casos impunes. Uno de los casos emblemáticos es el de Marita Verón, que tenía 23 años y una nena de 3 cuando fue secuestrada en Tucumán en abril de 2002. Está comprobado que esta joven estudiante de Bellas Artes fue llevada a prostíbulos de La Rioja antes de que se le perdiera el rastro.

El fantasma de la trata también sobrevuela, por ejemplo, en el caso de la desaparición de la turista suiza Annagreth Würgler (28), de quien no se sabe nada desde agosto de 2004, cuando fue vista por última vez en La Rioja. También ronda como posible causa del secuestro de Fernanda Aguirre, que con sólo 13 años fue raptada en Entre Ríos un mes antes que Annagreth.

MUJERES Y CIUDAD

Mientras que las muertes y las denuncias por violencia de género aumentan, en el 0800 MUJER porteño se redujeron escandalosamente. Las razones son sencillas: no hay quien atienda. Las operadoras telefónicas denuncian que quitaron personal para la atención y la diputada María Elena Naddeo que descendió el porcentaje del presupuesto que Desarrollo Social derivó a la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Una mujer sufre violencia. Una mujer necesita ayuda. Y llama. Pero si llama al 0800 MUJER de la Ciudad de Buenos Aires tiene que esperar el doble de tiempo o tener el doble de suerte que antes de la gestión de Mauricio Macri porque –según denunciaron operadoras de la Dirección de la Mujer en un acto de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional– el personal del centro de atención para mujeres víctimas de violencia que tiene que atender las 24 horas se redujo a la mitad desde 2004.

Tal vez por eso, en la Línea de Violencia Familiar (para casos de violencia doméstica y violencia sexual hacia la mujer), en el año 2004, el 08006668537 recibía 13.276 llamadas y en el 2010 se registraron 8891 pedidos de auxilio. Esto quiere decir que hubo un 33 por ciento de reducción en los S.O.S ante situaciones de violencia de género y 4385 mujeres menos que requirieron la ayuda del Estado para problemas de violencia familiar o tuvieron que acudir a servicios de otras jurisdicciones.

“Es muy perceptible la falta de visibilidad que tienen los programas de la Dirección General de la Mujer y su falta de protagonismo”, critica la diputada porteña María Elena Naddeo. A contramano del silencio en el teléfono del gobierno porteño, los asesinatos de mujeres por ser mujeres (femicidios) subieron en el 2010 un 12,5 por ciento con respecto al 2009, según un relevamiento –tomado de los casos publicados en medios de comunicación de todo el país– del Observatorio de Femicidios Marisel Zembrano de La Casa del Encuentro. Mientras que, específicamente, en el área de Capital Federal, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia la Nación no registró el descenso de denuncias que se produjo en el área de mujer de la gestión macrista. Por el contrario, en sólo dos años las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 20 por ciento.

Pero la menor visibilización de la Dirección de la Mujer, dependiente de Desarrollo Social –a cargo de la electa en primera vuelta vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal–, no es un caso aislado ni se da sólo en situaciones de maltrato a mujeres. La Línea Te Ayudo recibía 7113 llamadas hace siete años. En el 2010 apenas 1927 personas marcaron el 0800 6668537 para la línea de atención a niños/as y/o adolescentes víctimas de maltrato y/o abuso sexual infantil. Y es todavía más fuerte la reducción de la Línea de In-formación General y programa PAP –como se llamaba antes–, que pasó de 15.198 consultas en el 2004 a una drástica reducción de 4380 llamadas en el 2009 y apenas 2553 en 2010.

Ahora el servicio se denomina Línea Derecho a la Salud y, según la Dirección de la Mujer esta baja en la demanda no parece deberse a una mejora en salud o a falta de dudas.

En el 2010 el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Ministerio de Salud de la Nación, lanzó la línea 08002223444. En sólo un año el servicio gratuito y confidencial recibió más de tres mil consultas. Un dato llamativo es que, después de los y las bonaerenses, los y las porteños/as fueron los que más utilizaron este servicio de consultas. Este dato refleja que no es que no tuvieran preguntas o denuncias, sino que no sabían a dónde llamar y optaron por hacerlo a un ente nacional. “El presupuesto del Area Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha tenido prioridad en la gestión de Mauricio Macri. Creció en términos absolutos por supuesto, porque aumentaron los salarios de todo el personal del Gobier-no de la Ciudad, pero en términos relativos ha perdido incidencia con respecto al total del presupuesto de Desarrollo Social”, apunta Naddeo.

En políticas públicas las respuestas suelen coincidir con las prioridades (o los olvidos). “Pudimos observar, comparando los presupuestos del 2003 al 2011, que mientras que el presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires aumentó el 725 por ciento, el de la Dirección de la Mujer lo hizo en un 407 por ciento. Esto implica un destino de $ 4.212.589 en el 2003 y en el 2011 de $ 21.376.727”, detalló Naddeo y dejó picando un 300 por ciento que también debería haber aumentado pero que fue a parar a un bache en políticas de igualdad de oportunidades.

Otro dato interesante es que el año en que la Dirección General de la Mujer tuvo el presupuesto más alto fue en el 2003, cuando alcanzó el 2,70 por ciento del total de (lo que en ese momento se llamaba) Promoción Social. En cambio, en el promedio del 2003 al 2011, la Dirección de la Mujer alcanza apenas un l,66 por ciento del total del presupuesto del actual área de Desarrollo Social que manejó la actual candidata a vicejefa de Gobierno por el PRO María Eugenia Vidal.

IDENTIDAD DE GENERO - EL DEBATE QUE VIENE

El debate sobre los derechos de las personas trans, principalmente a una identidad de género diversa y a tener acceso integral a la salud, la educación y el trabajo, se iniciará en marzo en el Congreso Nacional. Las organizaciones que abogan por estos derechos impulsan diferentes proyectos y estrategias, pero coinciden en trabajar para que el acompañamiento legislativo a las propuestas sea transversal.

Las propuestas para que las personas trans puedan desarrollar sus identidades de género, y tengan acceso a una atención sanitaria integral comenzarán a debatirse en marzo en el Congreso Nacional, en las comisiones de Legislación General y Salud Pública de la Cámara de Diputados. Prometieron el tratamiento de los proyectos en danza quienes presiden ambas comisiones: Vilma Ibarra y Antonio Morante. Mientras Ibarra, de Nuevo Encuentro, acompaña las iniciativas que buscan resguardar derechos humanos para travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales, Morante -del Frente para la Victoria- se limitó a asegurar la discusión en la comisión que preside. A la vez, en el kirchnerismo, Juliana Di Tulio y Diana Conti presionan para que esta nueva legislación consiga la sanción definitiva durante el primer semestre del año.

Si bien la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans FALGBT, como la Comunidad Homosexual Argentina CHA -promotoras de tres de las cinco iniciativas ingresadas en la Cámara Baja- vienen dialogando con los y las parlamentarias de las diferentes fuerzas políticas desde el 2007 para que en Argentina se respeten las identidades de las personas trans, esta iniciativa cobró impulso tras la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en abril de 2010. En ese sentido la estrategia de estas organizaciones apunta a una transversalidad en el apoyo legislativo, de manera de impulsar debates en cada uno de los bloques parlamentarios, según informó el presidente de la FALGBT, Esteban Paulón, a Artemisa Noticias.

Paulón y el presidente de la CHA, Cesar Cigliutti, confirmaron que además de kirchneristas y referentes de Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella votará favorablemente), acompañarán las iniciativas Cecilia Marchan y Liliana Parada (Proyecto Sur), y Roy Cortina y Miguel Ángel Barrios (Partido Socialista), que representan a la izquierda y siempre han batallado por estos temas. Asimismo, comprometieron sus firmas María Luisa Storani de la UCR (Unión Cívica Radical), Margarita Stolbizer del GEN, y Fernanda Gil lozano y Fernanda Reyes de la CC (Coalición Cívica/ARI). Un dato alentador es que también consiguieron el apoyo de diputadas de bloques más conservadores como Laura Alonso (PRO) y Natalia Gambaro (Peronismo Federal).

Sobre las excepciones, Paulón nombró a Cynthia Hotton y bloques provinciales que representan los intereses de sectores eclesiásticos conservadores. El activista precisó que estos grupos se oponen por ejemplo a la inclusión de las personas intersexuales. Estima que otro obstáculo es el año electoral y su impacto en la labor parlamentaria nacional, puesto que las y los legisladores se concentrarán en las campañas electorales que iniciarán en marzo en las provincias. En cambio, Cigliutti, cree que la próxima contienda electoral resultará beneficiosa porque los debates sobre la ley de identidad de género constituyen una oportunidad para exponer las plataformas electorales.

Proyectos varios

La FALGBT, junto con la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero Argentina (ATTTA) que lidera Marcela Romero, proponen dos leyes, una para rectificar el sexo e incluir el nombre de pila escogido por la persona trans en el DNI, la partida de nacimiento y otros registros, y una segunda norma para garantizar a transexuales, travestis y transgéneros una atención integral de la salud.

La primera, denominada ley de identidad de género, va a proporcionar un marco jurídico que erradicará la patologización que soportan las personas trans. Actualmente, cuando reclaman un DNI acorde a su identidad u expresión de género, tienen que someterse a evaluaciones médicas y psiquiátricas, y luego a una operación de resignación de sexo compulsiva, previa autorización judicial. A partir de la vigencia de la nueva legislación estos requisitos no serán necesarios y la resignación de sexo será voluntaria.

En cuanto a la ley de atención sanitaria integral, la misma regulará procedimientos médicos en las instituciones de salud para que travestis, transexuales y transgéneros reciban asesoramiento y acompañamiento profesional adecuados en tratamientos hormonales y operaciones de reasignación genital voluntarias u otras intervenciones quirúrgicas. Este proyecto, que será tratado en la Comisión de Salud, también debe ser discutido en la comisión de Legislación Penal, ya que el Parlamento tiene pendiente eliminar una disposición de la Ley 17.132 de Ejercicio de la Medicina que prohíbe intervenciones que modifiquen el sexo de las personas.

Si bien ambas propuestas son igualmente importantes, la FALGBT presentó dos iniciativas por un lado para lograr mayor celeridad y, por otro, porque 'la identidad no tiene que estar necesaria ni jurídicamente relacionada al acceso a tratamientos y cirugías de reasignación de sexo', explicó Paulón.

La CHA propone un único proyecto. 'Si no se logra regular la atención integral de la salud, la persona que necesite rectificar el DNI y una cirugía de reasignación de sexo, no podrá acceder libremente a esta última', dijo el activista de esta organización Emiliano Litardo. Esta iniciativa, que fue avalado por la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), el Movimiento Andiscriminatorio de Liberación (MAL) y Futuro Transgenérico, y denominada ley de identidad de género, incluye franjas etarias, de manera que las personas mayores de 16 podrán tramitar nuevos DNI y partidas de nacimiento, pero recién a los 18 accederán a operaciones integrales o parciales y tratamientos hormonales.

Entre los 14 y los 16, instituciones como la escuela deberán respetar el nombre elegido por la persona trans. Cuenta asimismo con lineamientos orientados a que los niños y niñas trans puedan vivir sus identidades libremente. También desalienta las operaciones compulsivas en el caso de personas intersexuales.
Hay otros dos proyectos legislativos sobre identidad de género, uno perteneciente al socialismo y otro del radicalismo, sin embargo las organizaciones que luchan para que se respeten las diversas identidades y expresiones de género las consideran insuficientes. Las han objetado porque exigen una serie de procesos que terminan siendo discriminatorios, como la aportación de pruebas y la intervención de expertos.

La FALGBT divulgará en marzo un informe para enriquecer el debate en torno a estas leyes, que contendrá datos sobre la situación de la población trans en el mundo y las legislaciones vigentes, entre otros temas. En cuanto a la CHA, ese mismo mes presentará el Frente por la Ley de Identidad de Género y divulgará materiales sobre la ley y antecedentes jurídicos, entre otros conocimientos académicos.

Estrategia judicial

A la hora debatir, los y las legisladores deberán cotejar los fallos judiciales que entre diciembre del año pasado y febrero de este año reconocieron las identidades femeninas de Tania Luna, Flor de la V, Paula Sosa y Leonor Acuña. Ninguna de ellas tuvo que presentar diagnósticos médicos o psiquiátricos ni someterse a operaciones compulsivas. El reclamo judicial de la actriz Luna, que obtuvo su nuevo DNI el 2 de diciembre, fue acompañado por la CHA. Florencia de la V, Sosa y Acuña contaron con el patrocinio de la FALGBT y la ATTTA. Estas organizaciones informaron que hay impulsadas unas 10 acciones de amparo en el mismo sentido, y también se hicieron presentaciones en la justicia de Santiago del Estero y Santa Fe. Asimismo están trabajando en nuevas presentaciones en todo el país.

Las provincias vienen rezagadas en comparación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todavía hay códigos contravencionales discriminatorios que eliminar y es necesario impulsar legislaciones como la que el socialismo presentará este miércoles en la Legislatura cordobesa. El diputado provincial Roberto Birri formuló un proyecto que establece que en las dependencias públicas se deberá respetar y garantizar el derecho a la identidad de género, llamando a la persona con el nombre correspondiente, sin importar que no coincida con el nombre que figura en el DNI.

Se desconoce el número de personas trans que viven en Argentina, este dato es esencial para dialogar con los gobiernos nacional, provinciales y locales y colocar el tema en las agendas políticas públicas orientadas a una inclusión integral de las personas trans. En ese marco, la FALGBT celebra la convocatoria de las Naciones Unidas a participar en un relevamiento de poblaciones ocultas, cuyos derechos son vulnerados, a partir del próximo mes.

ADOLESCENTES Y DISCRIMINACION

Según una encuesta exclusiva que UNICEF Argentina realizó a chicas y chicos de entre 13 y 18 años de las ciudades donde se juegan los partidos de la Copa América 2011, cuatro de cada diez adolescentes de nuestro país fueron discriminados/as alguna vez y siete presenciaron en forma directa una situación de discriminación. Para erradicar la discriminación, el racismo y la xenofobia presentes aún en nuestra sociedad según estas cifras, UNICEF lidera una campaña cuyo objetivo es sumar la firma de miles de personas en toda América Latina que apoyen el derecho de chicas, chicos y adolescentes a estar protegidos/as contra toda forma de discriminación y presenta un decálogo para promover coberturas periodísticas libres de discriminación.

LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION ES POLITICA DE ESTADO

Pedro Mouratian, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sabe que luego de la disputa entre el anterior titular del organismo, Claudio Morgado, y su vice, María Rachid, su labor será seguida con atención por propios y ajenos. “De eso, prefiero no hablar. Es volver atrás sobre un capítulo que ya se superó”, aclara.
Además de normalizar el INADI, la tarea del ex director del Consejo Nacional Armenio y de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que entre 2006 y 2010 fue vicepresidente del Instituto, será demostrar que se puede consolidar lo hecho durante el debate por el matrimonio igualitario. Pero también abrir el juego al resto de la sociedad civil, a otros actores como los afrodescendientes, los migrantes, los adultos mayores, las mujeres y las personas con discapacidades. “La lucha contra la discriminación se convirtió en un tema de Estado. Y eso habla bien no sólo de un gobierno, sino de una sociedad madura. El INADI se transformó en una herramienta para los sectores que buscaban un espacio donde reclamar y ser tenidos en cuenta”, subraya, a modo de balance de gestión desde 2005, año en que se implementó por decreto el Plan Nacional contra la Discriminación. Pero también admite que se debe rever el federalismo del INADI y que las cuestiones institucionales no se tomaron hasta ahora con la responsabilidad y la precisión adecuadas. “No está ganada la batalla cultural definitiva”, advierte Mouratian a Tiempo Argentino, en su primera entrevista como interventor.

–¿El INADI está en crisis?
–Se produjo una situación de crisis institucional que hubo que normalizar. A partir del trabajo que ya iniciamos, estamos logrando –con la colaboración de la Sindicatura General de la Nación– que en estos 180 días se ordene el instituto, sin descuidar por eso la parte sustantiva: ser una herramienta para sectores que antes estaban relegados y hoy encuentran un espacio donde manifestarse. La idea es profundizar las políticas públicas que veníamos sosteniendo.
–¿Como cuáles?
–Mi función en este tiempo es ordenar y optimizar los recursos, pero quisiera poner énfasis en áreas que no tuvieron un desarrollo profundo: los migrantes, los adultos mayores, la discapacidad, el género y los afrodescendientes.
–¿La crisis institucional de la que habla se redujo a la pelea entre Morgado y Rachid?
–De eso prefiero no hablar. Esos seis meses no aportan a la cuestión. Es volver atrás sobre un capítulo que ya se superó.
–¿Dejó algún efecto adverso?
–El mayor es que se habla del INADI por otros aspectos que los que yo quisiera que se hable. Pero vamos a salir adelante.
–Antes de asumir se reunió con Cristina Fernández, ¿le dio alguna indicación?
–La presidenta pidió la normalización institucional del organismo y recuperar lo que se había hecho en estos años. Ponerlo en marcha otra vez como creo que es el anhelo no sólo del gobierno nacional sino de toda la sociedad civil.
–Usted asumió en 2006 como vicepresidente de María José Lubertino y continuó hasta 2010 con Claudio Morgado, ¿qué balance hace de estos años? ¿Cuáles fueron los principales alcances?
–En el Plan Nacional contra la Discriminación, promovido por Néstor Kirchner, ya figuraba la demanda del matrimonio igualitario, como también la ley de Migración –que es de avanzada y es un ejemplo en todo el mundo–, o el mismo programa de documentación Patria Grande. En las medidas vinculadas a la salud mental o la discapacidad el INADI tuvo un rol sustancial; participamos de las audiencias de la Ley de Medios, que también estaba incluida en el plan. Fuimos a decir que no se trataba de ir en contra de nadie, sino de dar voz a grupos que fueron históricamente vulnerados, que estaba en juego la democratización de la palabra. Son todos avances que se han hecho desde que la lucha contra la discriminación se convirtió en un tema de Estado. Y habla bien no sólo de un gobierno, sino de una sociedad madura. El INADI se transformó en una herramienta para los sectores que buscaban un espacio donde reclamar y ser tenidos en cuenta.
–¿Entonces el INADI es un mediador entre los grupos segregados y el Estado?
–Por un lado. Pero el otro gran rol fue transformar la palabra discriminación en un hecho negativo, como una decisión arbitraria que debe ser combatida. Fuimos creando una conciencia social y hoy es una práctica mal vista.
–Hechos como los del Parque Indoamericano, e incluso el abrumador triunfo de Mauricio Macri en la Ciudad, ¿no dan cuenta de una tendencia contraria?
–Sí. Eso nos muestra que tenemos mucho para hacer, que no está ganada la batalla cultural definitiva. Estamos tratando de entender como sociedad que la diversidad nos enriquece, no nos quita. Me parece que lo del Indoamericano mostró que a veces los factores de poder son también los que determinan lo que está bien y mal y que la actitud de la sociedad es más complaciente con eso. Porque es más fácil pensar que el problema está en el otro. Pero estas cosas también pasan al interior de nuestro país: los jóvenes de otras provincias muchas veces son discriminados en esta Ciudad. Por eso, ahora estamos capacitando a 100 trabajadores que van a salir a escuelas públicas, privadas, sindicatos, organizaciones, para generar una cadena de formadores y que bajen un discurso de compromiso social inclusivo.
–¿El INADI tiene un carácter totalmente federal?
–Una de las grandes asignaturas pendientes es generar una política pública federal. Para eso, debemos concentrar los programas sobre tres o cuatro ejes puntuales que respondan a políticas públicas en consonancia con la política nacional. Porque la sociedad civil marca una agenda, pero no puede dejar de reconocerse como un organismo público. Hace falta rever y replanificar el federalismo, que tiene que ver también con una distribución presupuestaria. Lo tengo como un tema pendiente hasta desde lo personal, soy muy respetuoso del trabajo que hicieron en provincias con pocos recursos, humanos y económicos. No sé si fue un error, pero sí es una asignatura pendiente tener una política federal sólida.
–¿Fue una de las dificultades frente al conflicto de la comunidad qom de la Primavera?
–Sí y frente a otros temas. Quizá esta explosión que ha tenido el organismo desde 2005 generó en la gente una expectativa que nos supera. El organismo no tiene capacidad de policía, no podemos sancionar si se comete delito. Tenemos una línea de atención a la víctima y un área de resolución rápida de conflictos, donde intentamos generar vías de acercamiento y a través de los dictámenes, que ponen de manifiesto si están violando o no la ley y sirven como elemento para llevará a la justicia, eventualmente. Lo que tenemos que entender es que el INADI está más para crear una conciencia y articular con los otros organismos, pero no hay que creer que vamos a resolver per se estas cuestiones. Somos una herramienta más y lo que hacemos es interactuar con el Estado Nacional en su conjunto. –¿Qué errores se cometieron?
–Creo que esa necesidad de instalar el organismo y de poner en marcha políticas públicas efectivas hizo que algunas cuestiones institucionales queden relegadas y no se puedan ir tomando con la precisión y la responsabilidad que había que tomarse. Generar mecanismos de trabajo más aceitado, coordinado con otros organismos, con mecanismos de interconsulta, nos va a permitir potenciar todo el trabajo que hacemos.
–¿Considera acertadas las críticas que hablan del INADI como un organismo testimonial?
–Bajo ningún punto de vista. El lugar que ocupa en los medios y en la sociedad es porque no es testimonial. Si no, a nadie le importaría qué pasa al interior del Instituto. Hoy le da respuestas concretas a mucha gente. De hecho, la ley de matrimonio salió al calor de lo que pasaba en el INADI.

Según la ONU, hay millones de mujeres sin acceso a la Justicia

Durante el siglo pasado, la conquista de derechos para las mujeres se tradujo en numerosas leyes. Sin embargo, para millones de mujeres en el mundo, esto no se reflejó en mayor igualdad y justicia. Esta es la principal conclusión de El progreso de las mujeres en el mundo, el primer informe de ONU Mujeres, titulado En busca de la justicia .

Creado hace un año, el organismo que preside la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, eligió un enfoque claro y contundente para su “informe insignia” –como lo denomina–, para ilustrar los avances y las deudas en materia de igualdad de género . Señala que, si bien ese derecho está consagrado en las Constituciones de 139 países, la falta de leyes adecuadas y de implementación de las normas existentes, “convierten a estas garantías en promesas vacías” con poco impacto en la vida cotidiana.

En 1911, las mujeres sólo podían votar en dos países (en Argentina, desde 1947), mientras que ahora es un derecho casi universal. Pero en la gran mayoría de los Estados, la representación femenina en los parlamentos es inferior al 30% –en Argentina, el 38%–, cuando existen numerosas evidencias de que la mayor proporción de legisladoras acelera las reformas a favor de los derechos de las mujeres .

En 125 países está penalizada la violencia doméstica, cuyas víctimas son en su inmensa mayoría mujeres, a manos de su pareja o ex pareja. Sin embargo 603 millones de mujeres viven en países donde no constituye un delito. En la Argentina se penaliza la violencia doméstica, la violación conyugal y el acoso sexual; pero el acceso concreto a la justicia se convierte, como en la mayoría de los países, en una carrera de obstáculos.

El documento de ONU Mujeres observa que la cadena de justicia se caracteriza por altos niveles de abandono, por lo que es ínfimo el porcentaje de causas que termina en sentencia justa. No obstante el informe destaca la creación, en Buenos Aires, de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia (ver Buenos...).

El documento dedica todo un capítulo a la justicia y la reparación tras la violencia de género durante los conflictos. La violencia sexual, expone, siempre se ha utilizado sistemáticamente “como una táctica de guerra”, para contagiar el VIH, provocar embarazos, obligar al éxodo de la población y aterrorizar a comunidades enteras.

Recién en 1993, con la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, se reconoció la violencia sexual como crimen de lesa humanidad. En la Argentina, las denuncias en ese sentido, por delitos cometidos por el terrorismo de Estado, comenzaron a presentarse hace un par de años.

Dar alfabetización legal a las mujeres acerca de sus derechos, es para el organismo tan importante como capacitar a juezas y jueces en perspectiva de género , y dar seguimiento a sus sentencias. El documento no lo menciona, pero la formación en perspectiva de género de todo el personal del Poder Judicial es otra de las tareas emprendidas por la Corte argentina, desde la Oficina de la Mujer.

La legislación laboral es muy despareja en el mundo: mientras en buena parte de Medio Oriente y África, las mujeres tienen un acceso muy restringido al trabajo, en Europa, la licencia paga por maternidad puede llegar, como en Suecia, hasta 480 días. En cuanto a la brecha salarial, en un relevamiento de 83 países, la Confederación Internacional de Sindicatos la ubica entre el 10 y el 30% (en Argentina es del 29%).

En materia de salud y derechos reproductivos, ha crecido mucho el porcentaje de partos atendidos por personal médico especializado, aunque con varias excepciones alarmantes (apenas 6% en Etiopía, 26% en Haití, por citar sólo dos países). Son mucho peores los indicadores globales de anticonceptivos y de mortalidad materna.

En la Argentina, la tasa de mortalidad materna casi no ha mejorado en dos décadas: 72 por cada 100.000 nacidos vivos en 1990, y 70 en 2008. En buena medida se relaciona con el hecho de que, según el informe, nuestro país tiene una de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto .

Que los fondos no sean empleados de manera discriminatoria es otra de las claves para equilibrar la balanza. Los 49.300 millones de dólares que el Banco Mundial distribuirá entre 2011 y 2014 entre los países pobres irán a cuatro áreas prioritarias, y una será la igualdad de género.

VIOLENCIA DOMESTICA - DONDE RECURRIR

Organismos públicos
Consejo Nacional de la Mujer
Paseo Colón, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires
Teléfonos: 4345-7384/85/86 4342-9098/9120/7354
Correo electrónico: cnm@cnm.gov.ar

Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Carlos Pellegrini 211, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires
Teléfonos: 4393-6466/62.
Atención todos los días, las 24 horas
Línea Gratuita para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales: 0800- 666- 8537 (Opción 1 violencia doméstica hacia la mujer. Opción 4 delitos sexuales)

Oficina de Violencia Familiar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Atención las 24 horas del día todos los días del año
Lavalle 1250, PB, Ciudad de Buenos Aires
Teléfonos: 4370-4600 internos 4510 al 4514
Correo electrónico: ovd@csjn.gov.ar

Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
San Martín 323, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires
Correo electrónico: vicontravio@jus.gov.ar
Las brigadas trabajan las 24 horas los 365 días del año
Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar: llamar al 137
Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales: teléfonos 4958-4291 - 4981-6882
Brigada Niñ@s: Llamar al 0800-222-1717

Policía Federal Argentina
Centro de Atención a la Víctima
Zona Norte: Las Heras 1855, 1º piso
Teléfonos: 4801-4444/8146
Zona Sur: Vélez Sársfield 170
Teléfono: 4305-2010
Centro de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual
Barrio Almagro: Pasaje Peluffo 3981
Atención las 24 horas
Teléfonos: 4981-6882 4958-4291

Organizaciones de la sociedad civil
Asociación Civil La Casa del Encuentro
(Violencia, trata de personas, discriminación)
Rivadavia 3917, Ciudad de Buenos Aires
Teléfonos: 4982-2550
Correo electrónico: lacasadelencuentro@yahoo.com.ar

Asociación Civil Grupo Des-pegar Vínculos Sin Violencia
(violencia de género)
Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4982-8586
Correo electrónico: grupodes_pegar@hotmail.com

Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina AMMAR Capital
(Violencia de género)
Independencia 766, Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4361-3140
Correo electrónico: capital@ammar.org.ar

Asociación Trabajo y Estudio de la Mujer Atem 25 de Noviembre
(Violencia, prostitución, trata y aborto)
Rodríguez Peña 236, 10º A, Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4374-0389
Correo electrónico: atem@cpacf.org.ar

Casa de la Mujer de La Matanza 'Rosa Chazarreta'
(Asistencia a la víctima)
Bedoya 6315 – La Matanza
Teléfono: 4467-7045
Correo electrónico: casarosachaz@yahoo.com.ar

Centro Lola Mora
(Asistencia a la víctima)
Agüero 301, Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4866-1245

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
(Acceso a la justicia)
M. T. de Alvear 624, 5º oficina 40, Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4515-1060
Correo electrónico: ela@ela.org.ar

DDHH - CAMBIO DE PARADIGMAS

Aunque no esperaba que sucediera, el decreto “tiene sentido una vez que uno se entera, porque es coherente con otras áreas de política de género que se están llevando adelante”, señaló el juez de Cámara Federal y presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski. “Así como se está discutiendo el tema del aborto, como se resolvió el matrimonio entre personas del mismo sexo, sucede esto”, que “no es necesariamente patrimonio del Gobierno, sino que son movimientos de la sociedad civil que la gestión impulsa, no son imposiciones, sino procesos sociales”.

Está transcurriendo “un cambio de paradigma en derechos humanos, amparado por convenciones internacionales y la Constitución”. Esos cuerpos legales “marcan un hilo común, y este paradigma actual es distinto al anterior porque, como sucede con el niño, convierte a la mujer en sujeto de derecho”. “Se está viviendo una época en la cual aquellos grupos vulnerables, históricamente maltratados y abusados, ven reconocidos sus derechos. En esta etapa, esa teoría que es la Constitución nacional se está transformando en práctica. El paradigma anterior, que era de abuso y maltrato, siempre fue apañado por maltratadores y abusadores y quienes hacían negocio con ese maltrato. Eso creó una doble moral: había leyes prohibiendo determinadas cosas, como la trata, pero se acompañaban con accione

TRATA DE PERSONAS - AVISOS QUE FOMENTAN LA MISMA

En un acto llevado a cabo en el Salón de las Mujeres, Cristina Kirchner firmó el decreto que entrará en vigencia en los próximos días. Dijo que esos avisos fomentan la trata y denigran a la mujer. La medida fue aplaudida por organizaciones y personalidades.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer un decreto que prohíbe en todo el país la publicación de avisos de comercio sexual. La medida apunta a combatir la trata para explotación sexual –que puede estar encubierta en los anuncios– y a mitigar la discriminación que produce ese tipo de clasificados, al denigrar la condición femenina y contribuir a que persista la idea de la mujer como un mero objeto de consumo sexual. La jefa de Estado se preocupó por aclarar que “no es una condena a las mujeres” que “son objeto de este comercio” sino “a los medios” que publican los avisos y “a los que instrumentan” la explotación sexual. La iniciativa afectará a numerosos diarios nacionales y provinciales que facturan abultadas cifras por esos clasificados.

“Con la firma de este decreto hemos dado un gigantesco paso no solamente en la lucha contra la trata de personas”, sino también “contra la discriminación, porque la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el rubro 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas, sino también es una profunda discriminación hacia la condición de la mujer”, señaló la Presidenta. CFK criticó además “la doble moral y la hipocresía” de ciertos medios que en sus primeras planas denuncian el problema de la trata y en las páginas de clasificados “lucran” con los avisos de oferta sexual que les dejan “pingües ganancias”.

Al inicio del acto se pasó un video donde se mostraron artículos de Clarín que reclamaban medidas contra la trata y luego numerosos anuncios de su famoso rubro 59, de avisos de comercios sexual.

La mandataria firmó el decreto en el Salón de las Mujeres, de la Casa Rosada, secundada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; de Interior, Florencio Randazzo, y de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. A un costado estaban otros ministros de su gabinete. En la primera fila la aplaudió Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida a manos de mafias de la prostitución, emblema de la lucha contra la trata en el país; a su lado estaba Eva Giberti, titular del Programa Las Víctimas contra las Violencias, de quien dependió originalmente la Oficina de Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia. Muy cerca de ellas, el juez federal de La Plata, Carlos Rozanski, y la abogada Perla Prigoshin, titular de la Comisión de Acción para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Este organismo se encargaría de recomendar un régimen de sanciones a la violación del decreto, que debe establecer el Ministerio de Justicia.

El salón, que homenajea a mujeres reconocidas por la historia, estaba colmado de integrantes de ONG que trabajan por los derechos de las mujeres, y de activistas por la diversidad como Lohana Berkins, y la pareja formada por Alex Freire y Jose María Di Bello, primer matrimonio igualitario, que celebraron eufóricamente el anuncio. La prohibición de los avisos de comercio sexual es un reclamo de amplios sectores del movimiento de mujeres. La medida será de aplicación en todo el país. El decreto, que lleva el Nº 936, se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial. La norma crea además una Oficina de Monitoreo de la Publicación de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia, que deberá vigilar el cumplimiento del decreto en forma articulada con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex Comfer), que encabeza Gabriel Mariotto, y el Consejo Nacional de las Mujeres. El decreto –al que tuvo acceso este diario– establece los pasos a seguir para la sanción a los medios que no cumplan con la prohibición.

El Gobierno se hizo eco de la preocupación de diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que vienen planteando que los avisos hot pueden encubrir situaciones de trata, proxenetismo y explotación sexual de menores. De esa forma, algunos diarios –y revistas– pueden ser soporte y cómplices de mafias de trata y de prostitución. Pero al mismo tiempo, señalan las ONG, los contenidos e imágenes de los anuncios denigran a las mujeres, reafirman el estereotipo de la mujer-objeto sexual, transmiten la idea de un género femenino servil. Página/12 publicó en los últimos tiempos varias notas que dieron cuenta de ese debate. La última de ellas, el domingo pasado. A esos aspectos de los clasificados se refirió CFK. Y se ganó una ovación del público (ver aparte).

Textualmente el decreto 936 dice: “Se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual, con la explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”.

La normativa se fundamenta en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, en vigencia desde 2008, que en su artículo 4 determina que existe explotación –entre otros supuestos– cuando se promueve, facilita, desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma de comercio sexual. Y también en la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres –aprobada en 2009 y reglamentada en 2010–, que establece que el Consejo Nacional de las Mujeres deberá disponer acciones coordinadas con otras jurisdicciones para “prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes” en medios de comunicación que “estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres”. Otros fundamentos jurídicos son diversos tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional.

En el Congreso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano había presentado en 2010 un proyecto que contemplaba la limitación de esos anuncios, pero no llegó a tratarse. Este año, en la provincia de Buenos Aires, la diputada radical Cecilia Moreau presentó una iniciativa en el mismo sentido. Otras propuestas en legislaturas provinciales y comunales apuntaban a prohibir que se diera pauta oficial a los medios que los publicaran.

En España el tema se instaló como debate nacional en 2009. El Consejo de Estado, órgano superior de consulta del Gobierno, emitió un dictamen favorable al establecimiento de la prohibición de ese tipo de publicidad. En la Argentina, la Presidenta resolvió prohibirla por decreto.