VIOLENCIA DOMESTICA - MI HIJO ME AGREDE

Un hijo puede desafiar, provocar y hasta insultar, pero el pasaje a la acción de agredir físicamente a sus padres denota la imposibilidad de sostener “la palabra” como mediadora de los conflictos entre padres e hijos. La alternativa de agresión física para un hijo no se impone de un momento para el otro, sino que tiene una trayectoria vivencial sobre la que se fue construyendo. Un hijo agrede físicamente a sus padres sólo si a ese acto lo precede una intensa perturbación hacia ese hijo. Los procesos perturbadores durante la infancia son los que provocan severas alteraciones de la conducta de los hijos en sus diferentes etapas evolutivas. Cuanto más temprano se desarrolle en el contexto familiar, mayor será la posibilidad de que un hijo desarrolle agresividad física. Estos procesos no son muy visibles y suelen pasar inadvertidos para los padres. Los pueden provocar los padres y también el entorno social inmediato: otros familiares, amigos, la escuela, etc. Cuando los padres niegan este proceso que sufren los hijos, ellos suelen montar en cólera o desarrollan una sensación de ira, que puede derivar en una conducta de agresividad física. Los padres deben prestar atención a estos procesos perturbadores, para evitar futuras conductas violentas. Pueden detectarse observando cómo se desarrolla la vida cotidiana de un hijo en la familia. También en la escuela; de allí la importancia del contacto de los padres con los maestros. Los procesos perturbadores se pueden producir por: - Conductas sobreprotectoras y avasallantes. - Conductas negligentes y de indiferencia afectiva. - Situaciones de maltrato o violencia familiar. - Situaciones de acoso y maltrato psicológico (dentro o fuera de la familia). - Conductas de descalificación y humillación (dentro o fuera de la familia). - Procesos de duelo por muerte cercana o enfermedad terminal de un familiar. - Mudanzas imprevistas. - Desarraigo no elaborado - Abuso sexual. Los procesos perturbadores pueden ser: Estados de ansiedad: irritabilidad, impaciencia, intranquilidad, desasosiego, hiperquinesia, miedos inmotivados, problemas para dormir, compulsividad en la ingesta de alimentos o golosinas. Durante la pubertad y adolescencia, consumo compulsivo de tabaco, alcohol o sustancias tóxicas diversas. También comerse las uñas, arrancarse mechones de pelo y lastimarse la piel rascándose. Procesos de angustia: ensimismamiento, introversión, narcolepsia (sueño permanente), distracción, alteraciones de la memoria, hacerse pis en la cama, llanto persistente e inmotivado, mutismo selectivo (silenciamiento o decisión de no dirigir la palabra a determinadas personas), inhibiciones para encarar determinadas actividades, conductas fóbicas frecuentes frente a determinados objetos, fobias sociales, ataque de pánico, entre otros. Síntomas físicos o psicosomáticos: problemas respiratorios sin causa orgánica, problemas dermatológicos, alergias, dolores de cabeza, caída del cabello, dolores abdominales sin causa, vómitos y diarreas frecuentes e intermitentes durante largos períodos, apneas emocionales (falta de oxígeno) por llanto prolongado que provoca desmayo, entre otros.

VIOLENCIA DE GENERO

En lo que va del año se recibieron más de 10 mil llamados de mujeres solicitando ayuda por la problemática de violencia de género a la línea 0800-666-8537”, declaró la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley. En la Capital cada vez había menos llamadas al 0800 local, pero no por una mejoría en la problemática sino por la falta de difusión del número de ayuda. La funcionaria aseguró que, ahora, “se duplicaron las consultas por los noviazgos violentos, que es una manera de prevenir la problemática de violencia”. En otro intento del Gobierno de la Ciudad para reforzar su línea de ayuda gratuita, se pidió la colaboración de figuras fashion poco identificadas con la temática como Mabby Autino (maquilladora), Flor Torrente (modelo), Dolores Barreiro (modelo y diseñadora), Belén Ortega (blogger), Cintia Garrido (modelo) y Connie Ansaldi (conductora). La agencia La Despensa Buenos Aires, con la colaboración de Tienda Doña, Building Motion Ideas, Dirección de Arte Pascual & Carbó y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentan la campaña contra la violencia de género: “No ocultemos el maltrato”. La polémica estuvo en que se trató como una moda dejar de ocultar los moretones para atreverse a hacer la denuncia. Y el acierto es poner la violencia machista en voces no tradicionales y llegar a mujeres de todas las clases sociales. Mientras que el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) lanzó la campaña “Ponete la camiseta contra la violencia hacia las mujeres”, algunas de las personalidades que se sumaron y se han puesto la camiseta fueron los actores Germán Palacios, Tomás Fonzi y Nicolás Pauls; las actrices Dolores Fonzi, Julieta Cardinali, Marina Glezer y Julieta Díaz; la banda de rock uruguaya No Te Va Gustar, la esgrimista Belén Pérez Maurice y la conductora Carla Conte.

Reclamaba su derecho a ir a la escuela y la callaron con balas

El ataque que casi termina con la vida de Malala Yousufzai, una adolescente paquistaní que se rebeló contra la imposición talibán de impedir que las niñas reciban educación, le recordó al mundo los estragos del extremismo religioso y la situación de miles de niños en todo el planeta A mediados del siglo XVII, en Ciudad de México, la niña que con el tiempo se convertiría en Sor Juana Inés de la Cruz le rogaba a su madre que la enviara a la universidad. Le pedía por favor que la vistiera de hombre y la ayudara a continuar sus estudios: su deseo de saber no podía ser calmado de otro modo. Había aprendido a leer a los 3 años, pero, por ser mujer, no encontraba espacio donde desarrollar su ambición ilimitada de conocimiento. Para dedicarse por completo a la literatura, para seguir leyendo y, sobre todo, para poder escribir, Sor Juana marchó al convento. Pasaron casi cuatro siglos y hoy, atravesando el siglo XXI, en la frontera caliente entre Afganistán y Paquistán, hay hombres que -amparados en la religión-, aún creen que las mujeres no deben leer ni aprender. Que sólo están para obedecer y callar. Muchas aceptan, otras no y luchan para cambiar ese horizonte de esclavitud. Desde muy chiquita, Malala Yousufzai supo que el sometimiento no era su destino y que tampoco debía serlo para el resto de las mujeres del valle de Swat, una región mancillada por el fanatismo religioso en donde los talibanes fueron amos y señores entre 2003 y 2009, y aún hostigan a las poblaciones. Hace diez días, Malala -una adolescente de 14 años- volvía de la escuela en una camioneta junto con sus compañeros. Estaban cantando, según contó luego una de las nenas, cuando hombres enmascarados detuvieron la combi en medio del camino, en Mingora, y los amedrentaron con armas, exigiéndoles a los gritos que identificaran a Malala. Cuando dieron con ella, uno de ellos le disparó a matar, "por ir en contra de los soldados de Alá". Una bala le destrozó el cráneo, otra se incrustó en su cuello. Dos nenas resultaron con heridas leves. Malala cayó inconsciente y aún sigue grave. Luego de varios días de internación en su país, el gobierno paquistaní decidió enviarla a Reino Unido para que pueda seguir su recuperación, algo que por ahora es un deseo. Los "valientes" soldados de la causa talibán que fueron capaces de dispararle a una nena indefensa lo hicieron en nombre de la pureza religiosa y reivindicaron el ataque porque, aseguraron más tarde, lo merecía por obscena, traidora y espía de Occidente. Por hablar mal de los mujaidines y por elogiar a Obama. Algo más: ciegos de odio, advirtieron que, si no moría, volverían por ella. "Es una niña con mentalidad occidental que se la pasa todo el tiempo denunciándonos", dijo el vocero del Movimiento Talibán de Paquistán (TTP), Ehsanulla Ehsan. "Se lo advertimos muchas veces, le dijimos que tomara el camino del islam", prosiguió y aclaró que la edad de la nena no era motivo para la clemencia. "Todo aquel que monte una campaña contra el islam será asesinado". ¿Cuál es la culpa de Malala? Querer saber y que todas las mujeres sepan. Pelear por una educación inclusiva y buscar por todos los medios posibles que Paquistán, con sus 180 millones de habitantes y un sistema político y social complejo, cruzado por historias imperiales y afanes religiosos integristas, pueda acabar con las tinieblas culturales. El ataque a Malala encendió la indignación y evidenció la impotencia de las autoridades paquistaníes para terminar con el terror talibán en las zonas tribales. El episodio tomó de sorpresa a gran parte de la población, que se mostraba confiada en el control de la zona por parte de los militares. Presionado por EE.UU., que libra hace años su propia guerra contra el terrorismo en ese escenario, el presidente Asif Alí Zardari dijo que el ataque a Malala no va a frenar su determinación para terminar con los rebeldes islámicos. Pero el episodio despertó dudas ya que ocurrió a plena luz del día, a metros de un retén, en las propias narices de los hombres de seguridad. Hija de un maestro antitalibán líder de una comunidad escolar integrada por 50 instituciones, Malala comenzó a hacerse oír cuando el régimen talibán prohibió a las mujeres de su población ir a la escuela y se ensañó con la educación. No es retórica: entre 2007 y marzo de 2009, más de 170 escuelas fueron bombardeadas, demolidas o saqueadas por soldados de la causa. Cerca de 23.000 niñas y 17.000 niños dejaron entonces de ir a la escuela, según cifras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Malala se hizo escuchar más allá de las fronteras, algo imperdonable para los dueños de la verdad coránica. Tenía apenas 11 años en 2009 cuando bajo el seudónimo Gul Makai (flor de maíz, en lengua local) comenzó a escribir un blog para la versión urdu de la BBC. Se titulaba "Diario de una estudiante paquistaní" y narraba la vida cotidiana de las niñas de su generación bajo el régimen. Decía cosas como éstas: "Camino a la escuela un hombre me dijo «Voy a matarte»". "Me duele abrir el armario y ver mi uniforme, mi mochila y mi cartuchera. Las escuelas de los varones abren mañana, pero los talibanes prohibieron la educación para niñas. Mi verdadero nombre significa desesperación?" "Tengo derecho a jugar, a cantar, a hablar, tengo el derecho de ir al mercado. Tengo derecho a alzar la voz", dijo en una entrevista. E instó a las chicas de su edad a vencer el miedo: "No se queden en sus habitaciones. En el Día del Juicio, Dios preguntará: «¿dónde estabas cuando tu gente te necesitaba, cuando tus compañeros de escuela te necesitaban, cuando tu escuela te necesitaba?»" "Sueño con un país en donde prevalezca la educación y en donde nadie se vaya a dormir con hambre", escribió otra vez. Puede parecer una paradoja que para estos hombres que hacen alarde de valor, una adolescente que lucha por la educación de las mujeres resulte más peligrosa que un ejército occidental de ocupación. O mejor: que le teman más a una niña armada con libros que a las armas de algunos de los países más poderosos del planeta. Y es que el miedo a las mujeres educadas, que pueden pensar por ellas mismas, aún persiste en muchas partes del mundo y rige las acciones de los gobiernos represivos. Es por esta razón que recientemente varias universidades de Irán prohibieron a las mujeres inscribirse en docenas de carreras universitarias, entre ellas Literatura inglesa (¡!). Es también por esto que las adolescentes afganas se enfrentan a diario con sujetos que les cortan el paso camino a la escuela y les arrojan ácido a sus rostros para castigarlas por tamaña osadía. "Malala Yousufzai está en estado crítico, como Paquistán. Nos aflige el cáncer del extremismo y si no se hace nada para retirar el tumor, vamos camino a deslizarnos aún más hacia la bestialidad ", se lamentaba en un editorial el diario paquistaní en lengua inglesa The News. En el mundo hay 32 millones de nenas privadas de la escuela primaria. Problemas económicos y culturales sostienen este déficit. Niñas entregadas en matrimonio antes de los 15 años o que salen al mercado laboral cuando deberían estar en las aulas; o simplemente nenas a las que se les prohíbe estudiar en nombre de la religión y el dogma. "Cuando educás a un hombre, educás a una persona. Cuando educás a una mujer, educás y liberás a toda una nación", dijo alguna vez el líder estadounidense de los derechos civiles Malcolm X. Los expertos coinciden al asegurar que la educación de las mujeres es lo más parecido a una solución para países acosados por la pobreza, la inequidad y la inestabilidad política, es decir, precisamente aquellas características que generan las condiciones para el surgimiento de movimientos integristas y represivos como el talibán. Esto asegura un estudio de la Universidad de Harvard realizado entre 1963 y 1995 en más de 100 países, que demostró que las mayores tendencias democráticas se dan allí donde hay mejor PBI per cápita, más escolaridad primaria y un mayor número de mujeres escolarizadas. Meses atrás, un periodista de la CNN le preguntó qué le gustaría hacer si se convirtiera algún día en presidenta de Paquistán. Malala respondió que le gustaría decirles a los talibanes que las niñas deben ser educadas. "Pero esos tipos tienen armas y bombas", la interrumpió el periodista. "Te van a decir que sos apenas una nena, que tenés que hacer lo que ellos te digan." Ella no se dejó intimidar. "Si se negaran a dialogar -dijo-, usaría el mismo libro sagrado que ellos usan para justificar su brutalidad. En ninguna parte del Corán dice que las niñas no deben ir a la escuela", aseguró. Para los talibanes, Malala es el peor enemigo ya que el suyo no es el discurso de una ONG extranjera ni de un gobierno occidental. Es la palabra de una ciudadana local, una niña musulmana que pelea por el progreso y los derechos de las mujeres con valor e inteligencia. Y ya se sabe: con una población de mentes abiertas y libres no queda espacio para el terror ni el integrismo. Por eso necesitan callarla.

VIOLENCIA DE GENERO- LO PENDIENTE

Fabiana Túñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, resume los principales puntos pendientes de la ley 26.485, entre ellos: Estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, articuladas con la sociedad civil, que incluyan los índices de femicidios. Implementación de un número telefónico único y gratuito a nivel nacional, para denuncias, orientación y derivación. Para ello deben estar creados los dispositivos para poder derivar a profesionales capacitados en violencia de género. Mayor cantidad de refugios y hogares de día para víctimas, con atención interdisciplinaria. Acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en todo el país, capacitados en la temática. Asignación de presupuesto acorde para poder implementar en su totalidad la ley 26.485. Inclusión en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la temática de violencia sexista.

FEMINICIDIOS - LA PEOR DE LAS ESTADISTICAS - Por MARIANA CARBAJAL

Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios en la Argentina, en el primer semestre hubo 119 homicidios de mujeres por violencia machista. En al menos 16 casos, habían llegado a hacer denuncias. Por estas muertes, 161 hijas e hijos perdieron a su madre. Gilda Mariana González tenía 33 años y vivía en Río Cuarto, Córdoba. El 1º de febrero fue baleada y agonizó varias horas hasta morir en un hospital. Su ex marido se entregó por el hecho a las 24 horas del ataque. Sobre él pesaba una orden de captura desde un par de días antes por una golpiza brutal que le había dado a la mujer. El de Gilda es uno de los 119 homicidios de mujeres por violencia de género que se registraron en los primeros seis meses del año, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en la Argentina, coordinado por La Casa del Encuentro. La cifra significa que cada tres días dos mujeres fueron asesinadas en el país por el hecho de ser mujeres. En siete de cada diez casos, el presunto agresor resultó el marido o ex pareja de la víctima. Uno de los daños colaterales más dramáticos de los femicidios es la cantidad de chicos y chicas que quedan huérfanos brutalmente: 161 hijas e hijos perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género, de los cuales al menos casi un centenar son menores de edad. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, señaló a Página/12 Fabiana Tuñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, al evaluar las estadísticas. Si se compara con el mismo período de los últimos dos años, se nota un descenso de los femicidios: 152, en 2011 y 126, en 2010, frente a 119, en 2012. Sin embargo, Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio, aclaró a este diario que al sumar los casos que ya se han registrado en julio y lo que va de agosto, se diluye la diferencia y la cantidad se equipara. El año pasado hubo al menos 260 femicidios, según el relevamiento de la ONG. En los últimos días, la grabación del video que hizo Natalia Riquelme, la joven de Bahía Blanca, en el que registra la golpiza que le propina su ex marido, frente a su casa y delante de la hija pequeña de ambos, como recurso desesperado ante la inacción judicial tras 15 denuncias en contra del agresor, puso en primer plano la impunidad con la que pueden actuar perpetradores de violencia machista. Los femicidios son la expresión más extrema de ese problema social y la muestra más dramática de cómo el Estado no llega a proteger a tiempo a muchas de las víctimas. Al menos en 16 de los femicidios del primer semestre de este año, las mujeres habían hecho denuncias, de acuerdo con los datos recabados por La Casa del Encuentro. Es decir, estaban intentando salir del llamado “círculo de la violencia”. En seis, los agresores tenían una orden de exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima, dictada por la Justicia, pero la medida –quedó en evidencia– no fue suficiente para evitar que las volvieran a agredir hasta matarlas. De los 119 femicidios que contabilizó el Observatorio –sobre la base de los casos publicados en más de un centenar de medios–, en 59 hechos el presunto asesino fue el esposo o el novio, en 24, una ex pareja. Es decir, el grueso de los homicidios fue ejecutado por el marido o el ex. En los demás casos, las muertes fueron perpetradas aparentemente por otros familiares, vecinos o desconocidos. En cuanto al modo en que fueron ultimadas, el Observatorio registró 13 mujeres que murieron como consecuencias de graves quemaduras, como Wanda Taddei, la esposa del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, condenado en junio a 18 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo, con atenuantes. Pero no fueron las únicas mujeres a las que les prendieron fuego: otras 23 también fueron quemadas en el marco de situaciones de violencia de género, pero lograron sobrevivir a los ataques. La estadística muestra que de los 119 femicidios, 34 ocurrieron en la vivienda compartida con el femicida y 25 en la de la víctima, lo que significa que la propia casa puede resultar más peligrosa que la vía pública para muchas mujeres que se enfrentan al drama de la violencia doméstica. Otros 40 femicidios tuvieron lugar en la calle. La mayor parte de las mujeres muertas como consecuencia de la violencia machista tenían entre 19 y 50 años. La Casa del Encuentro empezó hace cinco años a relevar los femicidios publicados en los medios, ante la ausencia de registros oficiales y como una forma de llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre la gravedad de la violencia hacia las mujeres. “Llevamos adelante el informe de los femicidios, pero al mismo tiempo recibimos a las mujeres que vienen a La Casa del Encuentro en busca de orientación y ahí tomamos dimensión de todo lo que no hay y falta para enfrentar el problema; por ejemplo, en las comisarías no les toman las denuncias por violencia psicológica, o los recursos no llegan a aquellas mujeres de los sectores más pobres. Hacer este informe para nosotras no es ver si el número sube o baja: son vidas, rostros, historias. Familias de las víctimas vienen a nuestra sede y piden justicia por ellas, las que tendrían que estar, por ellas, las que se podría haber evitado que fueran asesinadas”, comentó Rico. La directora del Observatorio cuestionó el hecho de que en la mayoría de las provincias no se destinen recursos para dar respuestas efectivas para proteger a las mujeres. “De la violencia se puede salir y eso lo sabemos y lo saben quienes pudieron salir, pero mientras sigan matando mujeres seguiremos reclamando hasta que el Estado y los estados provinciales decidan que este tema es una prioridad en política pública, sabiendo que por estas horas otra mujer ya no estará, y otra intentará que le crean y le tomen la denuncia”.

VIOLENCIA DE GENERO - DONDE DENUNCIAR

Perturba ver las caras de esas mujeres golpeadas. Tienen moretones, cortes, balazos, mucho dolor encima. Tienen miedo. Son algunas de las tantas caras que esconden las estadísticas que también abruman. En 2011, la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo (OFAVyT) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires intervino en casi siete mil casos de violencia doméstica, alcanzado un número mensual que se equipara al de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Pero qué pasa con esas denuncias? La semana pasada un hombre fue condenado a 21 años de prisión por balear a su ex mujer y madre de sus dos hijas. Tenía restricción de acercársele, y la baleó en la puerta de la escuela. Ella lo había denunciado 80 veces. La Oficina de Asistencia a la Víctima porteña tiene once centros de atención donde denunciar: 0800-333-47225. denuncias@jusbaires.gov.ar www.fiscalias.gov.ar. Otra posibilidad es acercarse a alguna de las dos sedes de la Policía Metropolitana (Saavedra y Barracas) o a la OVD de la Corte Suprema: atiende las 24 horas todos los días. Lavalle 1250 PB. Teléfono 4370-4600 interno 4510/4. Mail: ovd@csjn.gov.ar. Otra opción: Línea Mujer: 0800- 666- 8537. Todos los días, las 24 horas. La línea 137 también brinda asistencia integral. “Se puede ir a cualquier comisaría, pero allí la atención no es específica y los sumarios pueden tardar días hasta que los vea un fiscal”, explica Gonzalo Sansó, al frente de la OFAVyT-. Es importante que la atención sea especializada. A estas mujeres hay que contenerlas. Se estima que tardan entre 5 y 10 años en animarse a denunciar”.

JUSTICIA MACHISTA - NOTA DE MARIANA CARBAJAL

La inacción judicial para proteger a mujeres víctimas de violencia de género quedó en el centro de la polémica luego de conocerse que la joven que grabó los golpes que le propinó su ex marido en la puerta de su casa y delante de su hija, en Bahía Blanca, había hecho quince denuncias en la policía y no había tenido eco. En otras jurisdicciones, sin embargo, hay magistrados que muestran otro compromiso para enfrentar el problema. Como en Bariloche, donde el juez de Instrucción en lo Penal Nº 2, Martín Lozada, conocido por su clara postura de defensa de los derechos humanos, ordenó la detención en las últimas semanas de tres hombres que maltrataban a sus esposas o ex parejas: uno llegó a quemarla con un hierro candente, otro la roció con nafta y el tercero pretendió prenderle fuego. En una entrevista con Página/12, Lozada analizó las herramientas y los límites de la Justicia para defender a las mujeres. “La matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas”, afirmó Lozada. También reflexionó sobre el perfil de los perpetradores y la brutalidad de los ataques. –¿A qué adjudica tanta violencia de género? ¿Se está visibilizando más a partir de que las mujeres se atreven a denunciar situaciones que antes se silenciaban? –Tengo la impresión de que ese número cada vez mayor de mujeres que denuncian las violencias que padecen anima y estimula a las restantes víctimas a hacer lo mismo. Se trataría de una “naturalización positiva” de esas violencias, es decir, de un espacio de reconocimiento y de difusión de los mecanismos de sometimiento en vigencia. Otro punto, relativo a la escenificación violenta propia de quien echa mano a un bidón de combustible para rociar a su víctima o calienta un hierro para quemarla luego, podría estar vinculado con lo que Zygmunt Bauman llama la “sociedad sin-óptica”. En este modelo social, opuesto al panóptico de Jeremías Bentham, en donde pocos observaban el comportamiento y los gestos de muchos, somos multitud los que miramos de modo diario y acrítico la conducta y devenir de pocos. Me refiero, fundamentalmente, que a través de diversos dispositivos tecnológicos verificamos cotidianamente las formas precisas que van adoptando las manifestaciones de violencia en general, y de las violencias y ultrajes en contra de las mujeres en particular. Si actualmente las quemaduras con combustibles se propagan como manifestación violenta, acaso ello se deba al proceso de “copia” consciente, semiconsciente o, en su caso, inconsciente, por parte del perpetrador. Un perpetrador que ha aprendido, tal cual lo hacen los chicos, a través del proceso de imagen-refleja, cómo y a través de qué pasos se concreta un resultado. En este caso, un resultado negativo de violencia física y psicológica. –Una mujer en Bahía Blanca tiene que llegar al extremo de tener que grabar un video para hacer pública la violencia que sufre de parte de su ex marido luego de realizar quince denuncias y no recibir protección. Es también frecuente que mujeres que terminan asesinadas por parejas hayan hecho previamente varias denuncias contra el agresor. ¿Qué es lo que está funcionando mal? –También aquí se da una pluralidad de factores. Uno de ellos fuertemente afincado en el universo de las creencias personales, en relación con la posibilidad de poseer y controlar a nuestro antojo, sin límite intersubjetivo alguno, a la mujer que nos acompaña. Otro de naturaleza social, que sobredimensiona el alcance del universo masculino y lo coloca una y otra vez en una situación de supremacía por sobre el femenino. Si ésos son los patrones que ordenan el mundo en el que vivo, pues cualquier alteración de ese modelo de organización va a ser digno de respuesta. Y de respuesta violenta, por supuesto, pues se trata de volver las cosas al lugar de donde nunca debieron salir: el sojuzgamiento y la dominación de la mujer a través de cualquier dispositivo, aun aquellos llamados a ejercer dolor sobre su cuerpo y su espíritu. –¿Por qué hay operadores de la Justicia penal que minimizan la gravedad de una amenaza o golpes en situaciones de violencia doméstica? –Diría que la matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas. Quienes operamos desde el sistema penal, a veces sin ser demasiados conscientes, solemos reproducir formas de desprecio por las asimetrías que rigen las relaciones de género en nuestra sociedad. Y esa indiferencia contamina el trabajo diario y hace de la mujer, en ocasiones, un ente cosificado. Llamado a reproducir actitudes y roles propios de una sociedad vertical y machista. –¿Qué puede hacer el Poder Judicial frente a un caso en el que la mujer denuncia a su pareja o ex pareja por violencia? –Afortunadamente los poderes judiciales vienen percibiendo las transformaciones sociales que se vienen operando en relación con los derechos de las minorías. A partir de ello se advierte un proceso de sensibilización o empatía para con quienes resultan sometidas por mecanismos de dominación tan estrictos como los expuestos por la violencia doméstica y de género. Si ello es así, entonces los poderes judiciales pueden servir no sólo para dar voz a las víctimas, sino también para visibilizar los procesos sociales que permiten tales formas de sojuzgamiento y violencia. Y más aún, para marcar un rumbo respecto de aquellas dimensiones de violencia que, ya sea en el ámbito familiar, en el trabajo o en la escuela, no resultan convenientes de ser toleradas. –Usted se enfrenta con frecuencia con un hombre que golpea a su esposa o ex pareja. ¿Qué características tienen? –Los perpetradores son miembros de una sociedad que, como sabemos, viene menospreciando de diversos modos la feminidad. Acaso ellos no lo manifiestan de modo elaborado y sofisticado, como otros que sí pueden hacerlo, y lo materialicen de modo bestial y altamente doloroso. Quiero decir con esto que no son seres de otro planeta y sociedad, sino personas que de modo íntimo o manifiesto tienen la creencia en torno de una cierta supremacía de lo varonil por sobre lo femenino. Sus actitudes, entonces, suelen oscilar entre el “negacionismo” y el “justificacionismo”. Entre la hipótesis de la invención victimizada por parte de la mujer delirante y el argumento de que esas cuotas de violencia eran indispensables para reencauzar una noción de orden por ellos imaginada. –¿Muestran arrepentimiento? ¿Cuentan por qué tienen esa conducta? –En mi caso particular, la aproximación al perpetrador se produce en un contexto que también se encuentra marcado por la violencia y la coerción. Me refiero a que para entonces se trata de un individuo que ha sido neutralizado por el poder punitivo del Estado, quien puede acaso encontrarse privado de su libertad, por lo que su reacción suele estar condicionada por la intención de mejorar su suerte en el proceso penal que se sigue en su contra. Sin embargo, también en ese escenario se suele producir una suerte de catarsis en la cual la persona expresa de modo definitivamente emocional su situación existencial. Y, en general, las historias de vida que presentan suelen estar marcadas también por la violencia sufrida o atestiguada.

Aumentaron 60% las denuncias por violencia de género

Natalia, su ex marido la golpeó en la calle y delante de su hija , el Día del Niño, con total impunidad. A Mariana, su ex novio la fue a visitar el día de su cumpleaños y terminó torturándola con una picana durante cuatro horas. A Karina, su ex pareja directamente le dio tres puñaladas y la mató. Todo eso, casos resonantes y que tomaron estado público, ocurrió en menos de 24 horas. Y las estadísticas confirman lo que se sospechaba: los casos de violencia contra las mujeres han aumentado aceleradamente en los últimos tiempos. Desde 2010, aumentó 60% la cantidad de casos que llegan a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un informe del Observatorio de Femicidios, de la ONG Adriana Marisel Zambrano, indica que cada día en el país una mujer muere víctima de la violencia de género. Paradójicamente, el hogar familiar es el lugar más peligroso para las mujeres, y sus propias parejas o ex parejas, los principales agresores. Sólo en la ciudad de Buenos Aires, en lo que va del año unas 5500 mujeres solicitaron ayuda por ser víctimas de violencia familiar, malos tratos y agresiones. Son las que llamaron a la línea de teléfono gratuita que tiene la Dirección de la Mujer del gobierno porteño, 0800-66 MUJER. Claro que muchas otras mujeres no se atreven a iniciar una demanda contra su agresor. "Cerca del 40% de las mujeres no quieren hacer la denuncia", apuntó Eva Giberti, la coordinadora del programa "Las víctimas contra las violencias" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. "En estos meses, hemos recibido una gran cantidad de llamadas a la línea telefónica. Esta es sólo la primera instancia, el primer contacto. La mayoría son mujeres que han soportado meses o tal vez años de malos tratos y que, a partir de una situación puntual, se deciden a llamar. El detonante suele ser una situación de violencia delante de los hijos o que puso en riesgo su vida. Sólo ahí, por lo general, las mujeres se animan a llamar. El pedido de ayuda, lamentablemente, llega en un punto límite", explica a LA NACIONCarolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social porteña. Desde que comenzó a funcionar la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, en 2008 ha habido 27.959 casos. Los principales agresores son las propias parejas y ex parejas de las víctimas. El 90% de los casos se convirtió en una denuncia civil; el 64%, en penal. La violencia psicológica está tan presente como la violencia física. La primera, en el 96% de los casos, y la segunda, en el 68 por ciento. En el 33% de los casos, existe un alto riesgo para la vida de la víctima; en el 9%, el riesgo es "altísimo", y en el 41%, un riesgo medio. Sólo en el 6% de los casos se evaluó que no existía un riesgo. En la ciudad de Buenos Aires, una vez que la Dirección de la Mujer recibe la consulta, se deriva la llamada a una consulta jurídica y si es necesario, se avanza para solicitar una orden judicial de restricción para que el agresor no pueda acercarse al hogar familiar. Refugio para víctimas En otros casos, cuando corre riesgo la vida, las mujeres que denunciaron a sus parejas y no tienen dónde ir, existe un refugio para que vivan temporariamente. Hoy hay unas 50 mujeres allí alojadas. Desde noviembre último, hay unas 93 mujeres víctimas de violencia familiar que, por decisión judicial, conviven con un botón antipánico que conecta el hogar familiar con la Policía Metropolitana. Si existe una orden de restricción, en lugar de enviarle una consigna policial, se le entrega ese dispositivo que, al accionarse, se convierte en forma automática en un micrófono ambiental. Si la mujer ve que el agresor merodea su casa, lo activa y, a partir de allí, alerta a la policía de la situación y, a través del micrófono, mantiene informados a los efectivos de la situación. "Además, automáticamente, se envían fotos del agresor a las tablets que tienen los patrulleros que se movilizan hasta el lugar, para que sepan a quién tienen que buscar", explicó Ricardo Pedace, subjefe de la Policía Metropolitana a LA NACION. Desde que comenzó el sistema, los 93 botones se activaron 127 veces y se produjeron ocho detenciones. Denuncias en la Corte Las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte indican que entre mayo de 2010 y mayo de 2012, los casos de violencia se incrementaron 57%: durante mayo de 2010, hubo 530 casos y, en mayo último, 833 casos. En el 65% de los casos, las afectadas fueron mujeres adultas; el 15%, niñas; el 13%, niños, y el 7%, varones. El 88% de las personas denunciadas como agresores son hombres. En el 38% de los casos, los violentos fueron las ex parejas; el 21%, los concubinos, y el 20%, los cónyuges. En el 10% de los casos, los agresores son los padres, y en el 5%, los novios. "Hemos detectado en el último tiempo un aumento en la cantidad de denuncias por noviazgos violentos", explica Standley. "Estamos trabajando bastante sobre este tema, porque es importante que las mujeres puedan detectar tempranamente signos de violencia que pueden aparecer en una relación. Cuando hay un novio que aísla a la pareja de sus amigos, de su familia. Que le pide que no trabaje, que es muy celoso y le revisa los correos y el teléfono, ésos pueden ser síntomas tempranos de una relación que puede ser violenta", agrega. EN CIFRAS 94% Casos de riesgo En la gran mayoría de los casos que llegan a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, existe riesgo de vida para quien denuncia..

RACISMO Y EXCLUSION

Las prácticas sociales que se erigen alrededor de la intolerancia y la exclusión presentan una historia y una genealogía. Ellas, en general, pretenden suprimir las condiciones que permiten una cierta igualdad de oportunidades para seres distintos, articulando discursos que privilegian a algunos grupos en particular en desmedro de los restantes. A partir de la Revolución Francesa y su credo en torno a la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, resultó cada vez más difícil reafirmar las diferencias basándose en la tradición, las costumbres o la historia. De modo que las diferencias requerían un fundamento más sólido si se quería que los hombres mantuviesen su superioridad sobre las mujeres, los blancos sobre los negros o los cristianos sobre los judíos. Si lo que se pretendía era rebatir la condición de los derechos universales, iguales o naturales, debía entonces encontrarse una serie de explicaciones biológicas de la diferencia. Es decir, fundamentos científicos con los cuales sostener esas asimetrías. El concepto de raza cumplió un perfecto rol en tal contexto. Su elaboración es relativamente moderna y se remonta a finales del siglo XVIII. A punto tal que antes de que los primeros europeos desembarcaran en las costas de América no parece que existiera el concepto de diferencia racial. Desde principios de 1800 los investigadores trataron de dividir al conjunto de la humanidad en razas que pudieran diferenciarse científicamente en virtud de ciertos rasgos físicos invariables. Dos corrientes aparecidas por aquel entonces se unieron en el siglo XIX: la primera bajo el argumento de que la historia había presenciado el avance sucesivo de los pueblos hacia la civilización, y los blancos eran quienes más habían progresado. La segunda radicaba en la idea de que características hereditarias permanentes dividían a los pueblos por razas. El racismo como doctrina sistemática dependía de la conjunción de esas dos corrientes. Sin embargo, pese a las numerosas afirmaciones en sentido contrario, a principios del siglo XX los antropólogos no habían logrado establecer ningún criterio científico sólido para clasificar a la humanidad en razas. El imperialismo agravó y extendió esas falsas categorías. Al tiempo en que abolían la esclavitud en sus colonias de plantaciones, las potencias europeas extendieron sus dominios en África y Asia. Los franceses invadieron Argelia en 1830 y acabaron incorporándola a Francia. Los británicos anexionaron Singapur en 1819 y Nueva Zelanda en 1840 e incrementaron sin cesar su control en la India. En 1914, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica y España ya se habían repartido el territorio africano. En Europa se formó una relación simbiótica entre el imperialismo y la ciencia racial: el imperialismo de las "razas conquistadoras" dio mayor credibilidad a las pretensiones raciales, a la vez que la ciencia racial contribuía a justificar el imperialismo. En tal sentido, la historiadora Lynn Hunt señala que "el rasgo común de la mayor parte del pensamiento racista era una reacción visceral contra el concepto de igualdad". Aunque el antisemitismo moderno se edificó sobre los estereotipos negativos que los cristianos y otros grupos mantenían desde hacía siglos respecto de los judíos, esa doctrina adquirió nuevas características a partir de 1870. A diferencia de los negros, los judíos ya no representaban una etapa inferior de la evolución histórica como, por ejemplo, en el siglo XVIII. Ahora encarnaban las amenazas de la modernidad: el materialismo excesivo, la emancipación de grupos minoritarios y su participación en política y el cosmopolitismo "degenerado" y "desarraigado" de la vida urbana. No sería extraño, entonces, que ya entrado el siglo XX se conjugasen en Europa el racismo, el antisemitismo y el nacionalismo para, de ese modo, dar lugar a uno de los experimentos criminales más trágicos de la historia del hombre y de los pueblos.

LAS AUSENTES - EVA GIBERTI

Si revisamos las informaciones que los medios ofrecen, el tema violencia contra las mujeres y actualmente violencia de género ocupa un lugar importante. No necesariamente incluido en “Policiales” sino como dato cotidiano. La comparación con periódicos editados en los comienzos del año 2000 y con otros, anteriores, muestra un nuevo interés y un registro de noticias que pone en superficie el tema. Conduce a la pregunta obligada: “¿aumentó la violencia familiar?”. Todo el mundo sabe que aumentó. Así se lo acepta como parte de lo inevitable y un fenómeno integrado en el sistema capitalista y patriarcal. Quienes produjimos estadísticas desde el año 2006 podemos comparar en qué proporción se intensificó ese aumento que ha sido publicado por Página/12 en el año 2011. Pero estos datos que se obtienen acumulando denuncias en distintos organismos solamente evidencian una información parcial: nos hablan de aquellas mujeres que pudieron denunciar. Lo cual está muy lejos de representar la proporción de víctimas que incluye a quienes denuncian y a quienes no. “Se sabe que toda estadística tiene un subregistro...”, es la respuesta técnica. El detalle reside en que ese subregistro no se refiere al mercado de hacienda para saber cuántos animales mueren por infecciones, ni cuántos árboles sobrevivieron a un trasplante urbano, está formado por mujeres víctimas. Ellas son parte integrante de los nuevos sujetos sociales que la conciencia crítica estudia como dimensión actual de la ética. Tema que interesa a un determinado público y se mantiene peligrosamente alejado de los intereses, supuestamente de vanguardia, que descuidan las investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales. Crítica que tiende a corregir la buena conciencia de quienes se mueven racionalmente dentro de los valores que el sistema autoriza. Entonces, hablar de este porcentaje de mujeres excluidas por falta de denuncias irrita a quienes piensan que “por lo menos sabemos cómo funciona la violencia a partir de las denuncias”. Efectivamente, por lo menos. Porque por lo más, conocemos cuál es el porcentaje de esas mujeres en ciudad de Buenos Aires y qué sucede con ellas si logran pedir auxilio al número telefónico 137 y ser acompañadas en su silencio anticipatorio de una violencia cronificada y aterrorizante. Cuando el Estado aporta trabajo en terreno mediante intervenciones a cargo de profesionales que van a buscar a la víctima atendiendo su llamado de auxilio encuentra datos que solamente se tornan visibles en estas circunstancias. Consigue identificar problemas que habitualmente se desconocen. Para lo cual es preciso asistir a las víctimas en situación de urgencia y emergencia en su domicilio, o por solicitud de un hospital o de una comisaría, y disponer de equipos formados por profesionales capaces de acudir inmediatamente al lugar donde se encuentra la víctima arriesgando que en oportunidades el sujeto violento aparezca en la escena. Motivo por el cual la presencia de un policía en los automóviles en los que los equipos se desplazan es fundamental como garantía de seguridad para quienes intervienen. Así procedemos en el Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyas profesionales estiman que un porcentaje entre el 35 y el 38 por ciento del total de víctimas que atendemos son aquellas que alcanzan a solicitar auxilio, pero se oponen a denunciar a pesar de las horas que se transcurre con ellas explicándoles la importancia de la denuncia. O sea, uno de los efectos de distintas violencias en el psiquismo de estas mujeres se evidencia en la circunstancia donde se acompasan la inermidad psíquica de esta víctima y su experiencia de maltrato que, por temor, les impide recurrir a la Justicia. Ellas no pueden tomar un colectivo y llegar a una institución que las admita mediante un trámite oficial o privado. Otras, en cambio, pueden solicitar ayuda a una amiga, dejarle a sus hijos y concurrir a la institución que las oriente, también obtener una exclusión del hogar para el violento. Quienes se niegan a denunciar evidencian una vulnerabilidad extrema que sobrevive en el ámbito de la violencia familiar. En el llamado al número 137 se conjugan los dos universos: quienes solicitan auxilio para instalar una denuncia y quienes solo reclaman auxilio para que el golpeador interrumpa sus ataques. Nuestra actividad las acompaña mediante un seguimiento técnico que puede durar hasta diez días, pero nuestra tarea se limita a la urgencia y emergencia. Después, sucede lo mismo que ocurre en todos los países que registran violencia familiar: al día siguiente la víctima sobrevivirá como pueda. En alguna provincia el llamado telefónico alcanza para dar intervención a un juzgado pero si denunciar significa potenciar sus riesgos y los de sus hijos ¿llamará? Algunas instituciones privadas registran estos pedidos de auxilio en el cara a cara del voluntariado. Este universo de mujeres queda sumergido por ausencia. Es una violencia que no existe ante los ojos de quienes se interesan en el tema porque no cuentan con quien pueda verificar su presencia. Es el universo más carente y desprotegido dominado por los malos tratos sufridos y por quienes no las ven en el momento de evaluar porque no cuentan con el soporte de una denuncia. Los nuevos sujetos sociales que la conciencia crítica analiza y designa reclaman cambiar la mirada ingenua y reformista para pensar en las que han sido excluidas de los discursos técnicos porque no denuncian como exige el sistema. Sin intención de excluir. Pero la no-intencionalidad (que es un punto de la ética) desconoce que son víctimas con identidad propia: las que se niegan a denunciar. El incremento de la violencia, que todos quienes trabajamos en el tema podemos verificar, es un dato que se torna violento en sí mismo cuando visibilizamos y mostramos este universo de víctimas que carece de un expediente legal.

En la mesa chica de los gobernantes es difícil que haya un intelectual”

Los intelectuales son como la mafia, sólo se matan entre ellos”. La frase pertenece a Woody Allen y es la que eligió el director editorial de Random House Mondadori, Pablo Avelluto, para explicar el valor de las 652 páginas en las que Héctor Pavón retrató la compleja relación entre los intelectuales argentinos y el poder entre 1983 y 2012. Durante tres años, este cronista de Revista Ñ se dedicó a bucear en los anales de la intelectualidad argentina, de los grandes acontecimientos políticos: recurrió a los libros, a los archivos, a tesis académicas, a ponencias, y por supuesto, a la propia escritura. Realizó 33 entrevistas exclusivamente para este libro. Por eso, puede leerse en orden cronológico o, también, cómo una enciclopedia de los grupos intelectuales que surgieron y se estrellaron junto a los proyectos políticos que acompañaron. La relación entre los grupos académicos y el poder no fue siempre la misma. Pavón individualiza tres momentos y grupos como los más “intensos”. Primero, el grupo Esmeralda que convocó Raúl Alfonsín (Juan Carlos Portantiero y Emilio De Ipola). Segundo, los que acompañaron al Frente Grande de Graciela Fernández Meijide y Carlos Chacho Alvarez –una experiencia que según Pavón no volvería a repetirse, la de los políticos que también eran intelectuales– y que empezó a desmembrarse con el fracaso de la Alianza, e incluso antes, con la muerte de Carlos Auyero. Por último, claro, el que coincidió con el kirchnerismo. “Son los momentos más intensos y también los más interesantes, por motivos distintos”, explica el autor. A la hora de encontrar similitudes, Pavón es lapidario. “Si bien nunca hay una confrontación explícita, se llega a un punto en que la decisión final la toma cada político. Cada gobernante conforma una mesa chica en la cual difícilmente haya uno de estos intelectuales. Son casi siempre políticos”, dispara. Luego ejemplifica los motivos que quebraron la relación entre los pensadores y los administradores del Estado : la decisión de Alfonsín de salir a la Plaza e ir a Campo de Mayo o Beatriz Sarlo dejando el bote de la Alianza cuando entendió que su influencia era nula. “Tal vez la gente de Carta Abierta tiene en cuenta este tipo de experiencias y por eso, o no se muestran o no están tan vinculados como se cree . No tienen una influencia tan grande en las decisiones o en las políticas que adopta la presidenta”, explica. Entre las molestias que se plantearon dentro de las asambleas de Carta Abierta –recuerda– figura la incomodidad que sintieron algunos integrantes cuando trascendió que Néstor Kirchner había comprado 2 millones de dólares en junio de 2008 Hoy un periodista, asegura Pavón, tiene más influencia que Horacio González, Ricardo Forster o incluso Ernesto Laclau. Horacio Verbitsky, de él se trata, mantuvo una relación constante con Néstor y Cristina Kirchner. “Hay más posibilidades que haya conversaciones directas entre la presidenta y Verbitsky, que con cualquier otro miembro de Carta Abierta”, diferencia. Al reclamo que surge del progresismo de por qué no existen cuadros intelectuales de derecha, Pavón expone otra herencia del actual gobierno. “El kirchnerismo mueve las ideologías y el mapa de quien está a la derecha, y quien está a la izquierda, y muchos lo terminan comprando. (Elisa) Carrió, que venía en los 90 como centro izquierda, quedó ubicada en la centro-derecha”, ejemplifica. Pero el kirchnerismo, es sólo un capítulo más de un libro que también arroja luz sobre los cambios de camiseta de los intelectuales. “Tenemos a un Juan Carlos Portantiero que venía del marxismo y no le pasó nada por estar con Alfonsín, quedó bastante bien prestigiado. (Beatriz) Sarlo estuvo con la Alianza y eso en un pase de facturas no aparece. Le pueden cuestionar más que haya estado en Vanguardia Comunista en los 70 y que ahora escriba en La Nación, pero forma parte del juego político. Hay gente de Carta Abierta que viene del Frepaso, que viene de esas agrupaciones como el Frente Grande, que terminan todos en la Alianza, muchos de ellos sellaron la alianza con De la Rúa. Se perdona más que en otros ámbitos.” La crisis de 2001 y 2002 no es uno de los tres momentos más intensos que describe el autor, pero sin dudas cobra un sentido diferido. “Es un lugar de donde parten muchas cosas, que haya cinco grupos de intelectuales definidos (Carta Abierta, Plataforma 2012, el Club Político Argentino, la Asamblea de intelectuales, docentes y artistas en apoyo al Frente de Izquierda y Argumentos), tiene que ver con ese momento”. La coexistencia de tantos grupos con ideas diferentes o parecidas puede festejarse o lamentarse, según la perspectiva. “Tienen mucho que ver con lo que fue el Club de Cultura Socialista en los años 80, era un lugar de convivencia inimaginable hoy. Es como si tomaras gente de Carta, sabatellistas, gente de Plataforma y los quisieras juntar ahí, es imposible, en los 80 era más fácil”.

VIOLENCIA DOMESTICA - INCREMENTO

Las denuncias de violencia doméstica crecieron un 53% en los últimos dos años, según un informe estadístico de la Oficina que investiga esos casos y que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nació., El estudio reveló que en abril de 2012 se registraron 773 casos, mientras que durante el mismo mes de 2010 la cifra fue de 506. Entre otras cosas, de acuerdo a la información del organismo, el 77% de las personas afectadas son mujeres. De este porcentaje, el 15% son niñas. De igual forma se estableció que el 80 por ciento de los denunciados son hombres. La estadística revelada mostró que en abril de 2011, las denuncias por caso de violencia en el hogar se ubicaron en 695. En cuanto a la relación, se pudo saber que el 36 por ciento de los denunciados son las ex parejas y el 22 por ciento los concubinos. Sobre el tipo de violencia, el informe detalla que el maltrato psicológico está presente en el 96 por ciento de los caso, mientras que la física lo está en el 70. En cuanto a la violencia sexual, esta se manifiesta en un 16%.

PREJUICIOS - NOTA DE PAGINA 12

Las leyes de identidad de género y de muerte digna fueron aprobadas con un respaldo legislativo que no ilustra el peso de los prejuicios que todavía impregnan a la sociedad. Es posible que el paso adelante del Congreso ayude a disipar estos prejuicios que, como tales, constituyen imágenes fantásmicas que se esfuman con la luz. El comentario de un conocido periodista progresista sobre la Ley de Identidad de Género da cuenta de estos temores que todavía son más comunes de lo que pareciera después del debate legislativo. “Yo creo –dijo– que esta cuestión de que si alguien dice que es mujer, se lo acepte como tal, sin más, es una forma cómoda de sacarse el problema de encima.” Bueno, nunca nadie le dijo que era un problema suyo o del Estado. El problema es de las personas trans o gay que soportan la discriminación de los que creen que la sexualidad del otro les pertenece. Cada quien decide sobre su cuerpo sin molestar al otro ni reclamarle al otro que se haga responsable de sus decisiones. Cuando no hay falta material, abuso ni agresión nadie tiene por qué hacerse problema. Nadie tiene derecho a constituirse en tribunal para otorgar títulos de sexualidad al resto de las personas. Hasta decirlo suena absurdo. Quizá fue un recurso del periodista para resaltar esa obviedad. Más allá de esos prejuicios que todavía hacen daño a tanta gente, lo real es que desde el punto de vista institucional estas leyes, como las relacionadas con el aborto no punible o con el matrimonio igualitario, siempre rebotan contra el frontón de la Iglesia Católica. Dicho así, también resulta obvio y, como sucede con estas cuestiones después que las decisiones fueron tomadas, hasta podría pensarse que el poder de la Iglesia es moco de pavo. Habría que pensar entonces el motivo por el cual estas decisiones que no obligan a nadie, sino que por el contrario liberan de prohibiciones a la sociedad, no fueron asumidas antes. La respuesta es sencilla: nadie quiso antes confrontar con la Iglesia. La ley de divorcio le costó a Raúl Alfonsín una batalla que no quiso repetir, cuando Argentina a la salida de la dictadura era uno de los pocos países en el mundo que no la tenían. Los políticos saben que los riesgos de una confrontación con la Iglesia no residen en que se puedan frenar esas leyes, sino que a partir de allí la Iglesia pasará a respaldar sistemáticamente todo lo que implique desgaste para el gobierno. Cuando sectores de la oposición hablan de “apoyo crítico” a estas medidas, algunos lo hacen por convicción y otros por oportunismo, porque se dan cuenta de que no se puede atrasar el reloj de la historia. En los dos casos, el respaldo no les implica ningún costo, porque la confrontación con la Iglesia se la tiene que aguantar el oficialismo. No deja de ser cómoda esa posición de apoyo crítico, aunque siempre es mejor que la obstrucción. Tendrían que reconocer, sin embargo, que todas estas medidas que alivian a la sociedad, la descomprimen y civilizan, se pudieron impulsar porque hay un gobierno que está dispuesto a pulsear con las corporaciones, incluyendo en este caso a la Iglesia, con la que comenzó discutiendo por la temática de los derechos humanos, por la vicaría castrense, por la educación sexual, la Ley de Salud Reproductiva y por la distribución de condones con la que los obispos disienten. Si no hubiera un gobierno que no se dejó marcar la cancha en todas las áreas, a diferencia de sus predecesores, ninguna de estas medidas, apoyadas muchas de ellas por gran parte de la oposición, podrían haberse concretado. No se trata de quién es más o menos laico. Los Kirchner se han mostrado más religiosos, incluso, que algunos dirigentes del radicalismo o del socialismo. De lo que se trata es cómo se concibe desde el Estado el relacionamiento con las corporaciones. Se puede ser muy laico, pero negociar todo desde una concepción más pragmática de la política y así no avanzar y sólo permanecer. Hasta resulta sorprendente que, habiendo fuerzas que se definen como laicas por principio, haya sido el gobierno del PJ el que haya generado la concreción de estas leyes. Aunque también es cierto que la Iglesia, como institución, siempre fue esquiva a los gobiernos peronistas y que los golpes contra el primer peronismo se hicieron en su nombre en gran medida si se recuerda la señal del Cristo Vence que llevaban pintadas en sus alas los aviones que bombardearon a la población civil en Buenos Aires. Esta contradicción tendría que ser un motivo de reflexión más profunda para algunos intelectuales que se asumen laicos y progresistas y que se esfuerzan por encontrarle a este gobierno los símbolos del fascismo en sus actos, en su estética y en sus formas de hacer política. Con esos actos, esa estética y esa forma de hacer política, este gobierno realizó medidas por las que esos intelectuales han clamado y que, incluso, les han dado identidad. Se los ha identificado como progresistas porque han reivindicado esas medidas que ahora fueron concretadas. Ahora resulta que, según ellos, un gobierno que se parece tanto al fascismo produjo esos avances que tienen tanto impacto progresista en la sociedad. O están reivindicando al fascismo o se han bajado de esas banderas progresistas. Seguramente no es ninguna de esas dos definiciones. Pero entonces están parados en un lugar que, incluso contra sus deseos, los lleva indefectiblemente a esa encrucijada. De la misma manera que estas leyes implican una fuerte pulseada con la Iglesia, otras de las medidas que ha tomado este gobierno han involucrado a otras corporaciones. La más evidente fue la ley de servicios audiovisuales que hizo reaccionar furiosamente y en forma corporativa a los grandes multimedia, que todavía hoy, al igual que la Iglesia, mantienen su disputa con el Gobierno. La reestatización de las AFJP fue otra medida que sacó de quicio a los organismos financieros internacionales, igual que la quita de la deuda. La renacionalización de YPF y la 125 funcionaron de la misma forma. Donde el Estado interviene para no dejar el mercado a merced de una fuerza monopólica o corporativa, tiene que soportar una contraofensiva furiosa porque estará recortando privilegios económicos o de poder. Con la política de derechos humanos, la anulación de las leyes de impunidad y el enjuiciamiento de los represores de la dictadura, hubo una reacción corporativa que impregnó después todas las otras acciones en las que se sumaron los simpatizantes de la dictadura como en las campañas de la Iglesia o en los actos de los empresarios rurales durante la 125. Estas medidas no se tomaban antes porque no había decisión política para poner límite a las corporaciones. O directamente porque se acataba y se concedía lo que cada corporación exigía en su ámbito de influencia. Cuando se hacían esas concesiones no quedaba ningún espacio para gobernar. El organigrama estaba dibujado por las corporaciones, y la expresión soberana de los ciudadanos representada en los poderes Ejecutivo y Legislativo no tenía nada que hacer, independientemente de quién gobernara. Es posible que hasta el momento de la crisis de fines del 2001 la situación fuera más difícil y que la hegemonía cultural inapelable hiciera ver como imposible a cualquier intento de cambio, o internalizaba que la deuda y el FMI serían pesadillas eternas, que el Estado no servía para nada, que a la Iglesia y a los militares no se los podía tocar, que las jubilaciones democráticas eran imposibles, que en todos lados hay pobres y miserables, que la educación pública sería siempre un desastre, que no había que pelearse con todo el mundo, que no había que abrir todos los frentes al mismo tiempo y así se podría seguir largamente. Ya fuera por convicción, o porque cambiaron las condiciones o porque tuvo viento de cola o por cualquier motivo que se le quiera aplicar, lo cierto es que este gobierno cambió ese paradigma con la suficiente fuerza como para fundirlo en la conciencia política de la sociedad. En otras circunstancias, probablemente más adversas, Alfonsín lo intentó, pero no pudo aguantar más del primer año. En este caso, lleva nueve años poniendo la política por encima de las corporaciones. En ese contexto hay que ubicar la aprobación de las leyes de muerte digna e identidad de género que fueron debatidas esta semana como parte de una continuidad, sobre la base de esfuerzos que no son meramente declarativos, y que tienen siempre más costos para el oficialismo que para la oposición, pero que quedarán en la historia como logros de este gobierno. Parece justo que sea así cuando es el que paga los costos y realiza el mayor esfuerzo.

EL VALOR DE HOLLANDE - DANTE CAPUTO

El 6 de mayo representa un giro en la situación europea. Por cierto, las elecciones en Francia, Grecia y Alemania no cambiarán, por sí mismas, la intensidad de la crisis que vive la región. Las dificultades continuarán, las turbulencias de la Eurozona y su futuro no están resueltas. Sin embargo, lo nuevo es la entrada en escena de actores que tendrán una visión distinta acerca de los métodos para enfrentar las dificultades. En Francia la victoria de François Hollande implica, desde la perspectiva con que analizamos estos hechos, la probable ruptura del tándem París-Berlín que había logrado imponer las actuales recetas anticrisis. Esas políticas tienen un denominador común: el costo de la crisis se solventa a través de un fenomenal ajuste que es pagado por las sociedades. Las medidas incluyen aplazamiento de la edad jubilatoria, flexibilización del mercado laboral y reducciones en el sector público de funcionarios y salarios. Lejos de penalizar a los que causaron el problema, se castiga a sus víctimas. Hasta hace pocos días, la idea de la restricción del gasto público a cualquier precio monopolizaba la creatividad técnica y política. El nuevo presidente de Francia lanzó durante su campaña la idea de que sin un pacto de crecimiento la crisis no se resolvería y que el desorden social y político crecería de forma peligrosa. Muchos anunciaron que había decretado su “auto-aislamiento”. Las semanas que siguieron demostraron que Hollande había quebrado el monopolio de las soluciones. Recuerdo bien la década de los ochenta cuando en América latina proponíamos caminos similares ante el brutal ajuste que se imponía a nuestras sociedades. Ahí se ve, lector, una de las diferencias que expresan la asimetría de poder en el mundo. Europeos y estadounidenses nos miraban con el desdén de quien habla con inferiores y débiles. “Si hacen el ajuste, vendrá el crecimiento”, respondían. En cambio, la respuesta en Europa fue casi inmediata; ahora todos parecen abrazarse a ideas fuertes y sencillas: sin crecimiento no hay solución a la deuda y las disciplinas fiscales deben guardar, celosamente, el principio de equidad en el esfuerzo si no se quiere terminar en una hecatombe política. Probablemente si Nicolas Sarkozy hubiese ganado la elección presidencial, estos cambios no se anunciarían. Angela Merkel se quedó sola. La política que había sostenido durante estos meses terminó. Por si le quedaban dudas, su partido, la CDU, sufrió la semana pasada en las elecciones en la región de Mecklenburg su votación más baja desde 1950. Hoy mismo, Merkel recibirá un golpe aun más duro en las elecciones en Renania del Norte-Westfalia, la región más populosa de Alemania. Las encuestas predicen una victoria de la oposición socialdemócrata y ecologista. El mensaje de Europa y de su propio país que ha recibido Merkel es contundente. Crecen las posibilidades de que en las legislativas de 2013 su gobierno se convierta en otra víctima de la crisis. Ante esto, la señora Merkel, quien se había negado a recibir a Hollande durante la campaña, dice esperarlo con los brazos abiertos. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, un abanderado del ajuste (y ex empleado de Goldman Sachs), hace suya la doctrina del pacto de crecimiento. Más allá de lo que suceda en Francia, lo cual llevará por lo menos varios meses para comenzar a evaluar, el efecto Hollande en Europa es inmediato. Esto quiere decir que la libre expresión de una mayoría social que logra a través del voto conformar una mayoría política, cambia la realidad. Cuando hay oposición, cuando la pasividad y la falta de imaginación no ocupan el lugar de quienes deben proponer alternativas, cuando a una política se enfrenta otra y se explica a la sociedad la alternativa que se propone, suceden hechos como éstos. Acontecimientos mayores que no sólo alteran lo que sucede en una nación sino que cambian el rumbo político y económico de una región que, como Europa, es una de las bases del mundo occidental. Le sugiero, lector, que reflexionemos sobre el costo inmenso que tienen para una democracia la pasividad, la aquiescencia, la falta de imaginación y, sobre todo, de valor. Es obvio que los gobiernos pueden dañar la calidad y la confianza en la democracia, pero otro asunto, tan obvio como éste, no está suficientemente dicho y escrito: en una democracia las oposiciones pobres y temerosas son tan peligrosas como los gobiernos tentados por la arbitrariedad. El trabajo político requiere ser duro con uno mismo, lo cual quiere decir tener valor no sólo para la autocrítica, sino para arriesgar; duro con el peligro de quedarse solo al proponer lo que uno cree que se debe hacer. La palabra que corresponde a esta actitud esencial en el político es “valor”; el contrario es la cobardía. En fin, una democracia, que depende de tantas cosas, está directamente ligada a la cantidad de valientes y de cobardes que actúan en la vida política de una sociedad. Por si fuera necesario, le aclaro, el valor es una de las formas en que se expresa la prudencia política. En Grecia, el daño causado por quienes mintieron cambiando las cifras de las cuentas nacionales y luego (los mismos) regresaron para imponer la severidad del ajuste no se resuelve sólo con una elección. En esta semana los tres principales partidos fracasaron en la tarea de formar gobierno, lo cual llevará a convocar nuevas elecciones para el mes de junio. Grecia ingresa en una atmósfera de severas turbulencias en la que la estabilidad democrática puede estar en peligro. La incertidumbre cubrirá un período más prolongado de lo que la realidad social y económica de Grecia puede soportar. Los centros (derecha e izquierda) se derrumban, los extremos emergen. La extrema izquierda se convierte en el segundo partido del país y los neonazis entran al Parlamento. Los inventores del drama griego no deberían asombrarse ni negar la paternidad de la criatura que engendraron con la abierta complicidad de los principales líderes europeos.

LEY DE IDENTIDAD DE GENERO

La Ley de Identidad de Género aprobada ayer es la mejor del mundo. Así la definieron cuatro especialistas consultados por este diario, quienes destacaron que la norma es la que más se acerca a la Declaración de Yakarta de 1997, sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI, que fomenta la reducción de la inequidad en salud y el respeto por los derechos humanos. “A diferencia de las legislaciones pioneras, como la española o la sueca, que son bastante restrictivas, nuestra ley despatologiza las identidades trans, además de desjudicializarlas, descriminalizarlas y desestigmatizarlas”, evualó el abogado Emiliano Litardi, uno de los redactores de la ley. “La Organización Mundial de la Salud está revisando la clasificación internacional de las enfermedades y esta sanción sienta un precedente enorme para que no se pida, como en varios países, el aval de un diagnóstico psiquiátrico”, comentó el investigador y activista intersex Mauro Cabral. Además de los países mencionados, también Sudáfrica, Holanda, Italia, Alemania, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Turquía, algunos estados de Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Bélgica, Finlandia y Canadá tienen leyes de identidad de género. Todas estas legislaciones plantean restricciones para conceder gratuitamente, por ejemplo, una operación de reasignación sexual. “Esta ley quita de la esfera médica o humanística la decisión de esas operaciones y las lleva al plano de la decisión personal, respetando la autonomía corporal”, analizó la investigadora Paula Viturro. El acceso pleno a la salud es otro de los logros de la ley, ya que obliga al sistema público y privado a proveer tratamientos hormonales y operaciones parciales o totales para desarrollar la identidad. “Y son gratis pero no obligatorios para quien tenga interés”, aclaró Viturro, abogada y coordinadora del área de Tecnologías del Género del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Por ley, los médicos no podían hacer operaciones mutilantes sin autorización de un juez y éste solía pedir peritajes psicológicos, psiquiátricos, clínicos y también testigos. Esto impedía que muchas personas que deseaban una reasignación sexual tuvieran que victimizarse, algo corriente en los escritos judiciales. “Había que demostrar sufrimiento, decir que se estaba en el cuerpo equivocado, que de chiquita a esa persona le gustaba la decoración femenina o tenía sensación de odio hacia sus genitales. No se afirmaba que estaba ante una elección personal, sino ante una especie de error de la naturaleza, una fatalidad”, afirmó Viturro. Otro inconveniente judicial en caso de requerir un documento acorde con la identidad de género autopercibida era la lógica esterilizante. Por muchos años, cuando una persona trans exigía judicialmente su DNI se le ponía como requisito una operación de reasignación sexual. Y no es un fenómeno argentino: 29 países de la Europa ponen este requisito en la actualidad. “Tuve un caso de este tipo en la Justicia nacional y esa postura fue admitida por la Cámara de Apelaciones. Al final, logramos conseguir el DNI sin operación concurriendo a un tribunal de la ciudad de Buenos Aires”, recordó Litardi, quien representó legalmente a 28 personas que pedían sus documentos desde 2004 a la fecha. “Hubo jueces porteños que estaban a favor y algunos plantearon que no debían judicializarse estos temas”, agregó. En la norma sancionada ayer sólo se contempla la intervención judicial en el caso de personas menores de edad que deseen un nuevo DNI o realizarse un tratamiento hormonal o una operación parcial o total y cuyos padres están en contra. “La ley incorpora una figura novedosa, la del abogado del niño. Es algo muy bueno porque va en consonancia con la ley de protección de la niñez y la adolescencia. En estos casos, el rol de la Justicia es gestionar el conflicto entre hijos y padres”, comentó este integrante del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Consultada al respecto, la antropóloga Josefina Fernández opinó que la norma es “movilizadora” y tendrá un impacto en la institución familiar. “Viene a desorganizar el ‘orden’, a romper muchos argumentos y a modificar la perspectiva de la Justicia sobre este tema, por eso me parece atractiva”, comentó Fernández, coordinadora junto a la activista travesti Lohana Berkins de “La gesta del nombre propio”, el primer estudio hecho sobre la población trans en la ciudad de Buenos Aires. “Además, muestra cómo el propio colectivo trans pasó de la victimización a la acción política”, agregó. En este sentido, en el camino hacia la nueva ley, la estrategia del activismo por la diversidad sexual tuvo un gran acierto al poner el foco en la identidad más que en la sexualidad, aseguró el investigador Mauro Cabral. “En Argentina, el derecho a la identidad tiene un peso normativo importante. Es un derecho que no está en discusión”, afirmó. Para él, que las personas trans sean encasilladas como población vulnerable conspira contra su status de sujetos políticos y de derecho: “Teníamos algo que decir, más allá de la victimización”. La implementación de la ley, advirtió Cabral, no va a ser fácil. “Como todos los temas relacionados con la sexualidad, éste choca contra el sistema médico y jurídico, que es conservador y autoritario. Este es el desafío que tenemos por delante”, observó.

LEY DE IDENTIDAD DE GENERO - SOLEDAD VALLEJOS

El Senado convirtió en ley el proyecto por el cual el Estado garantiza el respeto a la identidad de género. Las personas trans podrán cambiar nombre, foto y sexo de su DNI. Las obras sociales y prepagas deberán pagar la reasignación del sexo, si lo requiere el afiliado. Alcanzaron dos horas y diez minutos para que el Senado aprobara el proyecto de Identidad de Género, que ya había recibido el mismo tratamiento en la Cámara de Diputados. Fueron 55 votos afirmativos, ninguno negativo, una abstención: con esos números, apenas habían dado las 9 y diez de la noche cuando quedaba convertida en ley la disposición según la cual el Estado argentino respeta la identidad que cada ciudadana y ciudadano concibe como propia. Una vez promulgada, bastará un trámite administrativo para modificar el nombre, la foto, el sexo en el DNI. También quedará garantizado el acceso a los tratamientos de salud que la persona requiera para modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido. El texto aprobado define como “identidad de género” a la “vivencia interna e indidivual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Ello “puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Podrán modificar sus datos registrales las personas mayores de 18 años. Las prestaciones médicas contempladas en la ley formarán parte del Plan Médico Obligario. Minutos antes de que el panel del recinto brillara con los números, el senador radical Ernesto Sanz pidió “una autorización especial”: que las y los activistas presentes en las barras pudieran expresar su alegría “si se consolida” la votación. El Senado estalló: desde las barras llovían los aplausos y vivas de activistas a quienes los discursos de la sesión rindieron homenaje una y otra vez. Poco después, los votos daban la razón a esa alegría, que se trasladó a la calle Entre Ríos, frente al Congreso, donde cientos habían seguido del debate en pantalla gigante. Desde los balcones, la sesión fue presenciada por activistas LGBT, pero en realidad la jornada, en algunos casos, había comenzado bastante antes. “Desde las ocho estoy por acá”, contaba la líder trans Marcela Romero, a quien la Cámara de Diputados había reconocido como “Mujer del Año” en 2009, precisamente porque había logrado un DNI respetuoso de su identidad tras una década de lucha judicial. Presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta), Romero concedió a este diario que sí, estaba “un poco ansiosa” desde temprano en la mañana y se había acercado al Congreso para paliar los nervios. Doce horas después, la ansiedad no menguaba. “Voy a tener que aprovechar que sancionaron muerte digna”, bromeaba desde el balcón que compartía con Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), de la que Romero es secretaria general. Más allá, Lohana Berkins, presidenta de Alitt (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti), seguía atentamente cada discurso; la concentración, de hecho, le impedía comentar lo que sucedía. Cuando caía la tarde sobre la plaza Congreso, un centenar de personas seguía la sesión en la pantalla gigante que el Inadi había aportado para acompañar a las organizaciones. Entre música dance, aroma a hamburguesas y personas que corrían colectivos, activistas LGBT bailaban para hacer más leve la espera, mientras se dejaban ver caras que habían sido protagonistas, hace dos años, del debate por el matrimonio igualitario, como José María Di Bello y Alex Freyre, Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese, María Rachid. A metros del escenario, Julieta Calderón, altísima con sus 19 años y orgullosa trans militante en la Juventud de la Falgbt, decía a Página/12 que estaba ahí por ella, pero también por su sobrino de 9 años. “Si esto se aprueba, cualquiera sea su deseo, cualquiera su proyecto, la vida sería tan sencilla para él. Creo que esto es para las nuevas generaciones, porque ahora va a hacer falta un cambio cultural fuerte. Socialmente falta. No sé si mañana (por hoy) va a haber un cambio radical en todo, pero el reconocimiento legal a tu verdadera identidad es un cambio cotidiano.” La sesión había empezado a las siete de la tarde, con una intervención, la de Ada Iturrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago, presidenta de la Comisión de Legislación General), que anticipó la tónica predominante de las siguientes dos horas: la Cámara estaba dispuesta a “subsanar” la “deuda” que la democracia tenía con el colectivo trans, y agradecía y aplaudía la militancia de los activistas. La ley, que Iturrez de Capellini definió como “consecuencia de la ley de matrimonio igualitario”, recibió el respaldo de todos los bloques, cuyos representantes fueron ampliando, a su turno, el abanico de razones: es “un derecho humano básico para poder dignificarse”, señaló Eugenio Artaza (UCR); “tendría que haber sido sancionada mucho antes”, reflexionó Aníbal Fernández (FpV); permitirá “a la gente intentar ser más feliz”, aportó Miguel Angel Pichetto (FpV). Es “el primer paso para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género”, destacó Rubén Giustiniani (PS), quien pidió, como otros de sus colegas, reconocer a la legisladora (MC) Silvia Augsburger, responsable de haber franqueado el paso de la demanda al Congreso. Los discursos transcurrían sin sobresaltos, ante un recinto del que se habían ausentado dieciséis legisladores, entre ellos Teresita Negre de Alonso, quien dos años atrás se había opuesto férreamente al matrimonio igualitario. Sonia Escudero, que en 2010 votó en oposición a aquella ley, anunciaba, sirviéndose de cifras sobre la vulnerabilidad del colectivo trans, que votaría favorablemente; del mismo modo votó el salteño Juan Carlos Romero. En ese contexto, y trayendo a colación los reparos que la jerarquía católica expresa con respecto a la modificación del Código Civil, Marcelo Fuentes (FpV) cuestionó la “extorsión de la religión” y el “síndrome del púlpito”, puesto que es preciso reconocer “la secularización del derecho”. “No va a haber reconstrucción igualitaria en la Argentina si los responsables de llevarles tranquilidad a sus fieles no los preparan para un mundo que marcha a los cambios.” Sólo la chubutense Graciela Di Perna (Frente por la Integración) puso una nota disruptiva al anunciar que se abstendría, entre otras cosas, porque “adulterar la partida de nacimiento es un delito”, habida cuenta de que “no se puede adulterar el genotipo del sexo de un individuo presente desde la concepción en cada célula del individuo”. Aunque los reconocimientos a organizaciones y activistas fueron moneda corriente, un nombre reaparecía una y otra vez en la sesión: el de Claudia Pía Baudracco, la líder trans fallecida el 18 de marzo. La mencionó, tras recordar a “Ursula, una mujer encantadora que ha padecido las discriminaciones que hoy se terminan”, la chaqueña Elena Corregido (FpV); también la riojana Mirtha Luna, al contar que la había conocido en un acto por el Día de la Mujer: “Claudia Pía se me acercó y me pidió que le diéramos sanción al proyecto. Diez días después murió”. El nombre de Baudracco estuvo presente, también, en la plaza, junto con otros históricos, como el de Nadia Echazú. Faltaban minutos para que el cuerpo votara. Gerardo Morales (UCR) se congratuló porque la “ley convertirá a la comunidad trans en sujetos de derecho, como ocurre con el conjunto de la sociedad”.

REFORMAS CODIGO CIVIL

La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci le encuentra la vuelta exacta al corazón del nuevo Código Civil cuando dice que “la libertad implica responsabilidad. En este caso, la responsabilidad de proponer soluciones al conflicto”. Buceadora incansable de un sistema jurídico argentino coherente, desde su espacio en la comisión de reforma junto con los ministros de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, aportó respuestas a cuestiones fundamentales por las que viene bregando hace años, como el derecho a la identidad, el derecho sobre el propio cuerpo, la capacidad de disociar la relación sexual de la posibilidad de concebir, las relaciones de familia basadas en nuevas pluralidades.

Lorenzetti dijo que este Código “tiene como base la protección de la persona. Abre la posibilidad de defenderse contra múltiples intromisiones”. ¿Cómo impactará en la vida cotidiana de mujeres, niñas y niños, acaso las franjas sociales más vulnerables?

–El anteproyecto pretende llevar al Código Civil los principios constitucionales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hoy solidaridad. La libertad supone autonomía personal. En cuanto a niños y niñas, hay permanentes referencias a su derecho a ser oídos y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. La aplicación de este derecho fundamental se une a otra noción importantísima, la de la “autonomía progresiva”, que no sólo depende de la edad, sino del grado de madurez, que no se alcanza en todos los niños a la misma edad, depende de una serie de circunstancias. Un niño de la calle, lamentablemente, adquiere madurez precoz antes que un niño que está cuidado y protegido en un ambiente familiar adecuado. Y este niño, que también puede entrar en conflicto con sus padres, aparece permanentemente con acceso a la Justicia, con un abogado que él mismo puede elegir. En materia de derechos sobre el propio cuerpo, se establece que a la edad de 16 años la persona tiene anticipada su capacidad para consentir tratamientos médicos, entre otros puntos. La mujer es reconocida en su total igualdad frente al hombre. Algunas soluciones apuntan a favorecer su posición, especialmente si pertenece a sectores vulnerables de la sociedad, como sucede con la regulación de las uniones convivenciales y la protección de la vivienda.

La reglamentación sobre las técnicas de reproducción humana agitó polémicas en diferentes sectores de la sociedad. Algunas organizaciones jurídicas cuestionan que la filiación se determine por la voluntad procreacional y hasta llegaron a contraponer que no se respetan los derechos de la infancia.

–El anteproyecto respeta el derecho humano a la vida familiar. El tribunal europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia tanto sigue la Corte Interamericana decide, reiteradamente, que el derecho a tener hijos a través de la reproducción humana asistida integra el concepto de derecho a la vida familiar. Los derechos de niños y niñas se protegen con la regulación prevista y no dejando el tema sin regular, por las siguientes razones: la llamada filiación por naturaleza, única regulada por el Código Civil, fuera de la adopción, que se incorpora a la normativa mucho tiempo después, tiene por presupuesto necesario una relación sexual entre dos personas de distinto sexo. Hoy, a diferencia de lo que acontecía en los tiempos de la sanción del Código, la ciencia permite disociar la relación sexual de la posibilidad de concebir. Se puede concebir con la intervención de un médico, sin relación sexual, algo completamente impensado en los tiempos de Vélez Sarsfield. Además, la ciencia posibilita que pueda concebirse con material genético de terceras personas. Si el semen de un hombre no es apto para la procreación de un nuevo ser, es posible, y de hecho los casos son muy numerosos, que este hombre y su cónyuge o pareja estable recurran a un donante para que luego, a través del médico, esta mujer sea inseminada, o con ese semen y el óvulo de la mujer se forme un embrión que luego será implantado en su cuerpo. El niño que nace, en este caso, no desciende genéticamente del marido o compañero de su madre. Genéticamente, este niño no tiene absolutamente nada que lo una a ese señor, sin embargo es ese señor el que ha prestado su voluntad, es ese señor el que quiere ser padre, no el donante del semen. La filiación, entonces, no nace del dato genético, sino de la llamada voluntad procreacional.

Obliga a plantearnos como sociedad el reconocimiento de las nuevas formas de concepción y la amplitud del derecho a la identidad.

–El derecho a la identidad comprende muchos aspectos de la persona. La identidad genética es sólo uno de ellos. El anteproyecto distingue, como un inmenso sector de la doctrina que estudia el derecho humano a la identidad, entre el derecho a establecer vínculos jurídicos y el derecho a conocer. Esta distinción existe en el derecho argentino hace muchos años. En la adopción plena, el adoptado tiene derecho a conocer su realidad biológica, algo más extenso que el conocimiento del gen: comprende los datos de la vida a la cual pertenecía antes de ser adoptado. Sin embargo, no tiene derecho a que, por ejemplo, el padre extramatrimonial que no lo había reconocido, lo reconozca y establezca con él vínculos jurídicos de filiación después de la adopción plena. Esto es así porque el sistema argentino, como en los de la mayoría de los países, la filiación es binaria, o sea que se puede tener sólo dos vínculos: no se puede tener dos papás y una mamá o dos mamás y un papá. Pues bien, en la filiación por los métodos de reproducción humana asistida, el niño nacido tiene derecho a conocer que nació de estas prácticas. Si tiene una enfermedad transmisible, los centros de salud revelarán todos los datos necesarios para su mejor tratamiento. Además, podrá llegar al conocimiento de identificar quién fue el donante del material genético mediante el auxilio judicial. No tiene derecho a establecer vínculos jurídicos, o sea a establecer que el donante del semen sea su papá. Como imaginará, si esto sucediera nadie donaría semen ni óvulos. El niño tiene derecho a conocer y de este modo se satisface este derecho a la identidad, al igual que en el caso de la adopción plena.

Aun cuando el ejemplo sea el de una pareja heterosexual, evidentemente la voluntad procreacional protege a las familias con dos mamás o dos papás, pero, ¿por qué sostener a rajatabla la binariedad cuando se busca reconocer otro modo de establecer familias o parentesco?

–Una de las razones por las que incorporamos esta figura de la voluntad procreacional, tan discutida por cierto, es igualar a todas las parejas. Pero no ponemos en juego que la filiación sea binaria porque así es en el sistema jurídico occidental. Del parentesco se deriva toda una serie de obligaciones y derechos (piense en los sucesorios, por ejemplo, ¿qué padre hereda cuando el hijo muere?). No se me escapa que algún día también se va a discutir esto de lo binario, pero nos pareció que en esta materia debíamos seguir la política de lo que los italianos llaman de “piccoli passi” (pequeños pasos). No se puede dar vueltas el Código Civil; un cambio de ese tipo puede tener efectos que no podemos preveer.

¿Cuáles son los cambios más importantes que se le imprimieron al régimen de adopción? Lorenzetti adelantó que esta reforma dispone una “economización” sustancial del tiempo para la situación de adoptabilidad.

–Una causa de la larga espera es que muchos niños y niñas que podrían ser adoptados legalmente, entran en el camino del tráfico ilegal. Hay que luchar fuertemente contra el tráfico, no sólo con la Ley de Adopción, sino con mayores controles sobre lo que sucede en algunos hospitales públicos y en clínicas privadas. En este sentido, el anteproyecto reitera el principio de que los que pretenden adoptar tienen que estar inscriptos en el Registro de Adoptantes. Otra causa es la falta de diálogo permanente entre los organismos de protección que dependen del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial: se intenta, entonces, que trabajen mancomunadamente y de este modo se acorten los plazos y se evite la reiteración de actuaciones. Los cambios tienden a agilizar la declaración de situación de adoptabilidad y los organismos de protección tienen que trabajar seis meses haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el niño pueda continuar con su familia de origen, no sólo papá y mamá, sino también su familia ampliada, como abuelos, tíos, etcétera. Si esos esfuerzos fracasaron pero quedan esperanzas, podrían seguir trabajando seis meses más, y si aun así todo esto fracasara, el juez cita a la familia de origen, la escucha y si está de acuerdo con el informe de los organismos de protección, dicta una resolución que declara al niño en situación de adoptabilidad y pide al Registro de Adoptantes la lista de la que elegirá, también en consulta con el organismo de protección, cuál es la familia más adecuada para la situación de ese niño.

El artículo 19 del anteproyecto, sobre el “Comienzo de la existencia”, no modifica la definición acerca del inicio de la vida. ¿Qué efectos podría tener este punto sobre los futuros debates parlamentarios del proyecto de despenalización del aborto?

–En los fundamentos se señala que, dentro de un Código Civil, la persona es regulada a los fines de establecer los efectos jurídicos que tienen fuente en esa personalidad, tanto en el orden patrimonial como extrapatrimonial en el ordenamiento civil, “sin ingresar en otros ámbitos, como puede ser el derecho penal, conducido por otros principios”. Desde esa perspectiva, el anteproyecto no varía el estatus legal del comienzo de la persona, en tanto se reconocen efectos desde la concepción en el seno materno, como ocurre en el derecho vigente, a punto tal que se ha conservado hasta su antigua terminología. Decir que desde la perspectiva del Derecho Civil se es persona desde el momento de la concepción significa que, por ejemplo, se puede pedir alimentos al padre o a los abuelos, mientras el niño aún no ha nacido. O sea que el Código atiende a los efectos civiles. La penalización de la interrupción es otra cuestión. Por eso, aun leyes muy restrictivas como la nuestra siempre autorizaron la interrupción del embarazo cuando hay grave riesgo para la salud o la vida de la madre. En el conflicto de derechos, la ley siempre prefiere a la madre.

¿Qué significa que el trámite de divorcio será “incausado” y por qué se establece como obligatoria la presentación de una propuesta de solución para las cuestiones relacionadas con este trámite?

–Incausado significa que no hay que explicarle al juez las razones por las que queremos divorciarnos. Simplemente el proyecto de vida común ha concluido y el matrimonio necesita de dos personas que quieran llevarlo adelante. Hay entonces un respeto a la intimidad familiar, no hay intromisión del Estado en las causas que motivaron el divorcio. Ahora bien, a esa persona no le basta presentarse ante el juez y decirle que la divorcie, porque la libertad implica la responsabilidad de proponer soluciones al conflicto. Por eso debe acompañar con su petición, a fin de que el juez le dé trámite, una propuesta para resolver los problemas que el divorcio normalmente deja: custodia de los hijos menores de edad, alimentos para esos hijos, régimen de comunicación, división de los bienes comunes. Para presentar esta propuesta debe pensar, razonar sobre los efectos del divorcio. No basta tirarle al juez los trapos sucios de las causas, como es hoy, en un juicio en el que todos sufren y salen más heridos de lo que entraron a los tribunales. Esos trapos no se muestran. Lo que se muestra es la propuesta de solución: si el otro no está de acuerdo, presenta su contrapropuesta. Mientras tanto, el divorcio se dicta y las personas discuten sólo sus efectos, y el juez puede enviar el expediente a mediación, si lo estima más conveniente. Si no se logran los acuerdos, el juez debe resolver, como lo hace hoy, pero el tema del divorcio en sí mismo ha concluido antes.

¿De qué habla la figura del contrato prenupcial? ¿No debería contemplarse el caso de aquellas mujeres víctimas de violencias, que se encuentran en una posición de obvia desigualdad con sus parejas y no están en condiciones de pactar un régimen de esas características?

–Los pactos no sólo pueden ser prenupciales. Normalmente se hacen al momento de celebrar el matrimonio, pero también pueden hacerse con posterioridad al matrimonio. La ley da dos opciones: régimen de comunidad, muy similar a la ganancialidad actual, y régimen de separación de bienes. En todos los países occidentales existen esas opciones. La Argentina es el único país que no reconoce este derecho y da un modelo único. Obviamente, como todo pacto puede ser anulado si se dan las causales de nulidad de los actos jurídicos: error, dolo, violencia. Además, si esos vicios no pueden ser probados, siempre existe un sistema de compensaciones económicas previsto para los casos de notoria injusticia. El proyecto dice que el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación, y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez.

¿En qué consiste la separación de los bienes y qué significa que los gastos de crianza de los hijos están contemplados “de manera solidaria”?

–La separación de los bienes no es absoluta. En primer lugar, hay normas comunes a los dos regímenes. Por caso, para disponer de la vivienda familiar se necesita el asentimiento del otro cónyuge. Y aunque los cónyuges hayan optado por el régimen de separación, responden ambos por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar, o el sostenimiento y la educación de los hijos comunes. Digamos, si uno solo firmó el contrato con el colegio privado al que concurren los hijos y surge un atraso en el pago de las cuotas, esa deuda se les puede reclamar a cualquiera de los cónyuges.

Transitando el siglo XXI, como hizo referencia la Presidenta en varios pasajes de su discurso durante la presentación del anteproyecto, ¿esta reforma abre puertas definitivas a nuevos paradigmas de concepción familiar y social?

–Sí, es el nuevo paradigma de la pluralidad de las formas familiares y no del modelo único impuesto por el legislador que le marca la cancha a la sociedad. Es el paradigma de la libertad de optar y del respeto por la intimidad familiar, de la igualdad absoluta de los cónyuges y de la autonomía progresiva de los niños y las niñas.

Matrimonio Igualitario: La Justicia Obligó a ANSES a Pagar la Asignación Familiar por Cónyuge

Leónidas Moldes, titular del Juzgado Federal de Bariloche, le ordenó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) que le abonara la asignación familiar por cónyuge a una persona que había contraído matrimonio con otra del mismo sexo.

Así, luego del amparo presentado por el afectado ante la negativa del organismo de otorgarle el beneficio, el magistrado falló a favor e hizo lugar al pedido sentando un valioso precedente.

Desde ANSeS se argumentaba que el sistema informático utilizado para este tipo de operaciones no contemplaba la situación y, por tal motivo, no era posible finalizar el trámite.

Además, el organismo presidido por Diego Bossio se había amparado en que la norma administrativa solo considera cónyuge a la esposa del beneficiario o al esposo de la  beneficiaria.

Por su parte, el magistrado sostuvo "que no parece razonable que encontrándose en plena vigencia la Ley N° 26.618, al actor se le cercene un derecho de naturaleza alimentaria, en razón de que un sistema informático no haya sido aún adaptado".

Con respecto a lo sostenido por el organismo nacional referido a la norma administrativa, Moldes no dudó en citar a la ley de matrimonio igualitario y afirmó que “los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por DOS (2) personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones".

De esta manera, la resolución de autos “E., P. J. c/ ANSES s/ Amparo” crea un valioso precedente para los matrimonios igualitarios y para los futuros reclamos que puedan realizar.

LEY DE IDENTIDAD DE GENERO

La Argentina podría estar a la vanguardia en la ampliación de derechos si mañana en el Senado se trata y aprueba la ley de Identidad de Género, que permite el cambio de documentos y el acceso a tratamientos de reasignación sexual a travestis y transexuales. “Por primera vez nuestra comunidad puede lograr su reconocimiento, en un país donde todavía están abiertas las heridas por la sustracción y supresión de la identidad”, dijo ayer la activista Lohana Berkins, titular de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt). “Somos una comunidad olvidada y esta ley es una deuda de la democracia”, agregó Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales Argentinas (Attta). Según revelaron estas activistas y otras personas consultadas, todos los partidos se mostraron a favor de tratar y aprobar la norma.

“El proyecto prevé el reconocimiento del género en el DNI, que puede o no coincidir con el sexo al momento del nacimiento. Incluye el prenombre, la imagen y el género autopercibido en el documento y sin necesidad de autorización judicial, administrativa, sin gestor ni abogado”, resumió Pedro Paradiso Sottile, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), que integra el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. La persona interesada debería asistir al Registro Nacional de las Personas e iniciar el trámite, confidencial, que derivará en una nueva partida de nacimiento.
Por otro lado, se establecen el acceso gratuito y la inclusión en el Plan Médico Obligatorio de las cirugías parciales o totales, en el caso de una reasignación sexual, y el tratamiento hormonal, si así lo desea la persona. “Antes, cuando ibas a pedir el cambio de documento te miraban de la cintura para abajo. Te obligaban a operarte los genitales para darte otro documento”, recordó Marcela Romero, quien tramitó su DNI tras 13 años de trajín judicial. “Me atendieron con psicólogos, peritos forenses que me hacían desnudar y en medio de un planteo patologizante”, recordó.
Si en algo supera esta ley a otras similares en España, Uruguay y el Distrito Federal de México, comentó Romero, es en la despatologización. Para realizar el cambio de sexo, operación que hoy se hace en el hospital porteño Durand y el platense Gutiérrez, no es necesario que se declare “enferma” a la persona. Bastaría con firmar un consentimiento informado y reunirse con un equipo interdisciplinario para evaluar los riesgos de esa cirugía. En este caso, y también para adquirir el DNI, la persona debe ser mayor de edad o contar con autorización de sus padres o tutores.
El proyecto comenzará a revisarse hoy desde las 14 en un plenario de senadores y senadoras de las comisiones de Legislación General y Población y Desarrollo Humano. Esta reunión incluirá al activismo y si hay dictamen sin modificaciones al proyecto de Diputados, mañana podría tratarse en el recinto. “Tenemos la aceptación del oficialismo, del Frente Amplio Progresista, del radicalismo y de algunos integrantes del Peronismo Federal”, adelantó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt).
¿Cuánto influyó la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en este consenso? “Mucho. Creo que allanó el camino y abrió el debate en la sociedad. A un año y medio de esa sanción ninguno de los pronósticos aterradores que se plantearon se cumplió. El 90 por ciento de las figuras políticas que apoyaron la ley recibió aprobación en las urnas el año pasado”, aseguró Paulón. La media sanción en Diputados, el año pasado, es alentadora: 167 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones.
A las 12, dos horas antes del debate, en el Salón Arturo Illia del Senado, Attta presentará dos videos: uno sobre el derecho a ser y otro en torno del activismo trans, filmado un día antes de la muerte de la activista travesti Claudia Pía Braudacco, el 19 de marzo pasado. Mientras tanto, desde la Falgbt y desde el Frente Nacional por la Ley de Identidad siguen recorriendo el Senado, sensibilizando y entregando información. “Internacionalmente, es una ley de vanguardia”, comentó César Cigliutti, presidente de la CHA, quien ayer festejó los 28 años de la asociación.
“Si se aprueba, vamos a revisar cómo se aplica a nivel nacional para que no nos nieguen nuestros derechos. Ese es un trabajo fuerte porque siguen vigentes los sistemas reaccionarios y fundamentalistas y es necesario que todos y todas sepan los beneficios que tienen para evitar que se los nieguen o haya abusos de poder”, explicó la activista Lohana Berkins.