PRISION EFECTIVA PARA LA VIOLENCIA DE GENERO

Un tribunal oral porteño consideró que los hostigamientos,
golpes y amenazas de un hombre a su ex mujer conformaron
una situación de violencia machista y le impuso cárcel efectiva. Además, criticó a jueces y policías por no haber atendido las denuncias desde esa perspectiva.

Por Mariana Carbajal

Hostigó, intimidó, amenazó, secuestró y golpeó a su ex pareja –y madre de su hijo– e incumplió la prohibición que tenía de acercarse a ella. En un fallo inédito, el Tribunal Oral en lo Criminal No 9 de la ciudad de Buenos Aires encuadró sus conductas como “violencia contra la mujer” y lo condenó a cinco años de prisión. La sentencia recayó sobre un joven de 26 años de Villa Lugano. En la sentencia –de 83 páginas, a la que tuvo acceso Página/12–, el TOC 9 cuestionó en duros términos “la inacción policial y judicial” para proteger a la víctima, una muchacha que tenía 19 años al momento de los hechos. Puntualmente, la sentencia objetó que “las sucesivas denuncias” efectuadas por la mujer “recibieron tratamiento separado, empobreciendo la investigación, sin advertir que todas se dirigían al mismo agresor, se encadenaban unas con otras y reflejaban los extremos de incremento de intensidad en una espiral típica de los casos vinculados a esta clase de violencias”. Las críticas apuntan al juzgado civil que intervino y a las comisarías 34ª y 52ª de la Policía Federal. Esta última seccional demoró casi un mes en notificar al acusado de que se había dictado una orden judicial que le impedía acercarse a su ex pareja.

“El riesgo propio de la situación de violencia fue manifiestamente subestimado por la autoridad policial, retaceando las medidas de protección y asumiendo actitudes rayanas al incumplimiento”, indicó el TOC 9, en relación con el desempeño de la comisaría 34ª.

El fallo fue muy elogiado en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema por el encuadre de la sucesión de hechos que se imputaban al agresor, Miguel Leonardo Paz, según pudo saber este diario. “Todas las conductas imputadas tuvieron por finalidad someter, vulnerar, hostigar y lastimar a la mujer”, precisa la sentencia. El TOC 9 se encargó de resaltar que los hechos constituyen “violencia contra la mujer” en los términos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (conocida como Belem do Pará) y que esa categorización tiene relevancia jurídico-penal, es decir, que exige un tratamiento diferente que, en el caso, y tal como lo señala la sentencia, no se cumplió durante la investigación. “Se fraccionó y desatendió la información brindada por la damnificada, esterilizando la investigación”, consideró el TOC 9.

El tribunal estuvo compuesto por los jueces Fernando Ramírez, Ana Dieta de Herrero y Luis María Cabral. En diálogo con Página/12, Ramírez explicó que “los delitos vinculados a violencia familiar no pueden ser investigados del mismo modo que los que ocurren entre extraños o en ámbitos públicos, porque son delitos que normalmente no se expresan en una única conducta sino en un conjunto de conductas que deben ser examinadas juntas puesto que si se las toma de manera aislada –aun cuando alguna de ellas adquiera por su particularidad una entidad delictual– no se percibe la verdadera intensidad del daño”. El fallo del TOC 9 está en línea con la reciente resolución del juez de Garantías No 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale –-revelada por este diario–, por la cual negó la excarcelación a un hombre que incendió la moto de su ex esposa y rompió la vidriera de su comercio, porque entendió que la agresión se dio en un contexto de violencia de género y consideró que la mujer corría peligro de femicidio.

La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres que derivan en la Justicia penal son archivados. Los pocos que avanzan en un juicio terminan con el imputado beneficiado por una probation –por el monto de la pena aplicada– o el acuerdo de un juicio abreviado, donde el acusado reconoce la culpabilidad de los hechos y el fiscal propone una pena –generalmente–- “en suspenso”, explicaron en la OVD. La singularidad del fallo del TOC 9 es que no sólo encuadra los episodios investigados en el marco de una relación de violencia de género –con sus particularidades–, sino que además impone una condena de cumplimiento efectivo. De todas formas, en la OVD aclararon que no se trata de meter en la cárcel a todos los golpeadores, pero sí en función del tipo de delitos que se les imputa.

Paz fue encontrado culpable de los delitos de privación ilegítima de la libertad de su ex (un día la subió en un auto a punta de pistola cuando ella iba caminando por la calle con el hijo de ambos, de 10 meses, y la mantuvo secuestrada durante un par de horas, la amenazó de muerte y la golpeó, hasta que la liberó en un parque) y desobediencia a la autoridad (no cumplió con la prohibición de acercarse a ella que le había dictado un juzgado civil), en concurso real con lesiones (la golpeó al menos en dos oportunidades) y amenazas (la intimidaba con mensajes de texto).

El TOC lo condenó a cinco años de prisión. Como Paz estaba bajo libertad condicional al momento de las agresiones a su ex por una condena de robo y tenencia ilegal de armas, el tribunal le sumó la pena anterior y tendrá que pasar ocho años tras las rejas. La representación legal de Paz estuvo a cargo de la defensora pública oficial, Graciela De Dios, quien pidió su absolución. Paz negó los hechos durante la instrucción y alegó que habían sido “inventados” por su ex pareja para perjudicarlo e impedirle el contacto con el niño. El TOC 9 no le creyó.

Habla uno de los jueces
Un fallo innovador
El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal No 9, Fernando Ramírez, explicó a Página/12 los fundamentos del fallo que condenó a cinco años de prisión a un ex marido golpeador. Ramírez señaló que en estos casos los delitos que se imputan no pueden ser analizados como hechos aislados y también debe entenderse que la víctima de violencia de género “no es una víctima clásica”, sino que “puede parecer como dubitativa, por momentos complaciente, insegura, desinteresada, incoherente”.

–¿Cómo deben investigarse los delitos vinculados a violencia familiar?
–No pueden ser investigados del mismo modo que los delitos que ocurren entre extraños o en ámbitos públicos, porque son delitos que normalmente no se expresan en una única conducta sino en un conjunto de conductas que deben ser examinadas en su totalidad, puesto que si se las toma de manera aislada, aun cuando alguna de ellas adquiera por su particularidad una entidad delictual, no se percibe la verdadera intensidad del daño.

–¿Cómo debe escucharse a las víctimas?
–Siempre que se examine un delito categorizable en términos de violencia de género, se debe tener presente que la víctima no es una “víctima clásica”. Esto es lo más difícil de explicar. Debemos partir de considerar que hay un reconocimiento político-normativo, expresado en los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra La Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés) y Belem do Pará, en punto a que la “histórica desigualdad de poder entre varones y mujeres” ha generado una efectiva y real desigualdad de posibilidades. Esta desigualdad se sostuvo, sostiene y perpetúa a partir de la fijación de estereotipos desde la cultura y la educación hasta en las propias normas. Esto, insisto, no es solamente una apreciación personal, es lo que las convenciones y tratados de derechos humanos expresamente reconocen. En este contexto de desigualdad estructural se construye la subjetividad de la mujer. En consecuencia, cuando una mujer resulta víctima de violencia de género, no se encuentra en desventaja desde que es victimizada sino que ya estaba en desventaja desde antes, y esa situación va a influir en su reacción durante la agresión y después de ésta. Si no se entiende esto, la víctima puede parecer como dubitativa, por momentos complaciente, insegura, desinteresada, incoherente. En muchos casos se la examina como una “persona con problemas” o que “se puso en una situación difícil”.

–¿Cómo suele entenderse a la víctima en la Justicia penal?
–Como el Derecho Penal parte de considerar que resulta esperable que las personas actúen dentro de un determinado estándar, la actitud de la víctima de violencia de género suele interpretarse como ambigua y poco confiable. Por cierto que esto está vinculado al tema, por demás complejo, de que la medida del Derecho Penal es la de un “varón término medio”. Ante esta situación no falta quien, seguramente de buena fe, procure formas de “tutelaje”, que bajo la apariencia de proteger a la mujer terminan dejándola de lado. Una interpretación adecuada de los compromisos internacionales obliga al Estado a buscar formas de brindar a la mujer las herramientas efectivas para acceder a la Justicia y para sostener y sostenerse en su reclamo. No es fácil. No se trata de que los fiscales o jueces de instrucción no tengan presente estas consideraciones. El problema es que el Derecho Penal no las considera, y que la perspectiva de género no ha sido ni remotamente incorporada a los estudios universitarios.

–¿Todavía no se estudia en las facultades de Derecho?
–La temática de género aparece en el estudio del Derecho como una categoría más de contenidos en lugar de incorporarse como una perspectiva que los atraviese a todos.

La relación violenta que derivó en condena
Una historia a los golpes
La chica y Miguel Leonardo Paz, el joven condenado, estuvieron en pareja durante un año y medio, entre enero de 2006 y noviembre de 2007. Fruto de ese vínculo tuvieron un hijo. Ella tenía otro de una relación anterior. Ella declaró que se separó “por problemas de violencia”, que él la golpeó en varias oportunidades, incluso durante el embarazo. Pero después de que terminara la relación, él comenzó a hostigarla, como suele ocurrir en otros vínculos conyugales signados por la violencia machista.

El 18 de febrero de 2008, la joven, que en ese momento tenía 19 años, presentó una denuncia civil por violencia familiar contra Paz, donde relató que él la había subido por la fuerza junto al hijo de ambos –entonces de 10 meses– a punta de pistola, los había mantenido cautivos algunas horas y la había amenazado de muerte con frases del tipo “si me hacés la denuncia te voy a matar, me voy a llevar al bebé”. Luego se había detenido en el parque ubicado en la avenida Escalada y Cruz, de Lugano, “en donde él le propinó golpes de puño en el rostro y en la oreja” y luego los abandonó. La denuncia se radicó en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil No 9, y se registró bajo el número 6827/08. Ante esa presentación, el juez interviniente dispuso dos días después la “prohibición de acercamiento” de Paz a su ex y al bebé, “en cualquier lugar donde éstos se encontraren”. Pero la comisaría 52ª de la Policía Federal demoró casi un mes en notificar la medida al acusado. Este fue uno de los aspectos que cuestionó el TOC 9 del accionar policial. El tribunal también objetó el desempeño del juzgado civil por no haber dado origen a una causa penal rápidamente, teniendo en cuenta que la mujer “aludió allí a una amenaza de muerte y a la existencia de un arma en poder de Paz”.

La joven empezó luego a ser amenazada a través de mensajes de texto en su celular. “Si no morís hoy, mañana o pasado...”, decía uno de los sms. “En cualquier momento T pateo la puerta, corte grupo comando. T vas a morir...”, decía otro. Fueron casi una decena. Paz le reclamaba que quería ver al niño. A la joven le pusieron consigna policial hasta mayo de 2008. Pero la comisaría 34ª pidió retirarla, en una carta firmada por su titular en la que puso “de manifiesto una concepción prejuiciosa y claramente discriminatoria” hacia la víctima, según advirtió el TOC 9.

El 29 de junio de 2008, alrededor de las 3.30 de la madrugada, la muchacha fue brutalmente agredida por Paz, cuando ella se encontraba en una esquina con un grupo de amigos. Según consta en la sentencia, le dio “golpes de puño en el rostro, lo cual le ocasionó un hematoma extenso en mejilla izquierda, derrame sanguinolento en conjuntiva izquierda y derecha, y hematoma en párpado superior del ojo izquierdo”. Paz se acercó al lugar en un auto, se bajó y sin mediar palabra le dio la golpiza, a pesar de la prohibición judicial que tenía de acercarse a ella.

El hostigamiento continuó, según la denuncia de la joven. Los hechos por los que fue juzgado y condenado se extendieron hasta el 16 de septiembre de 2008. Según relató la mujer, ese día le mandó otro sms que decía “agarrate D la Q se viene conchuda”.

“Si bien la Justicia civil, ante la presentación de la mujer el 18 de febrero evaluó correctamente el riesgo (riesgo elevado que confirmó la profesional del Cuerpo Médico Forense en su informe del 17 de julio), ordenando de inmediato una medida protectiva, subestimó las afirmaciones de la reclamante y omitió poner en conocimiento de las autoridades de seguridad o judiciales las referencias que daba respecto de la existencia de amenazas y exhibición de armas”, cuestionó el tribunal.

QUE HAY DETRAS DE LA LEY QUE PRETENDE REGULAR LAS PREPAGAS

Lobby significa, literalmente, vestíbulo. Es el ambiente donde se desarrolla la previa a la acción principal. En un hotel es el lugar de encuentro para salir a cenar, por ejemplo, y durante la espera obviamente se conversa. Esa situación que parece inofensiva, no lo es tanto cuando se traslada a las esferas políticas, donde las conversaciones se dan entre sectores que tienen en juego intereses definidos. Un ejemplo reciente es el de las empresas de medicina prepaga, que “conversaron” en reiteradas oportunidades con diputados, senadores y medios de comunicación sobre un único tema: la inconveniencia (según su punto de vista) de votar el proyecto de ley que se discute desde 2008 y que regularía la actividad. Los principales puntos de la norma son: controlar los aumentos en las cuotas mensuales, impedir el rechazo de solicitudes por enfermedades preexistentes y prohibir el aumento de las cuotas a los asociados que alcanzan la edad jubilatoria. Después de muchas idas y vueltas, el compromiso es tratarla en la próxima reunión plenaria de Diputados y se convertirá, o no, en ley. Las “charlas” del sector empresario con los legisladores consiguieron que el proyecto lleve más de tres años en el Congreso nacional sin ser votado. Bien puede decirse que el lobby del sector es feroz en las dos vertientes, mediática y legislativa.

En la actualidad, casi cinco millones de argentinos están afiliados, en forma directa o a través de obras sociales sindicales o planes corporativos, a algún servicio de medicina prepaga. Durante 2009, gastaron 12.807 millones de pesos. Ese es el sector social afectado por el proyecto de regulación, pero también el resto de la sociedad, ya que la posibilidad de incorporarse se abriría a quienes hoy no cumplen con los requisitos empresarios.

En la edición del martes 12 de abril, el diario La Nación dedica un editorial al tema y manifiesta su preocupación porque “la iniciativa contiene muchos aspectos perniciosos para la actividad que, en ciertos casos, podría conducir a la bancarrota del sistema”. Es curiosa la similitud de términos entre este editorial y las declaraciones de Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical, una de las prepagas más grandes, quien el año pasado –cuando los senadores se aprestaba a debatir el proyecto– decía que si se sancionaba la ley, “el sector irá a la quiebra. Es como si se obligara a una empresa de seguros a asegurar autos chocados”.

El 7 de abril pasado, el diario Clarín llevó la cuestión a la tapa pero con una lectura caprichosa: “El Gobierno estudia regular las prepagas como reclama Moyano”, decía el título de la nota, mezclando dos cuestiones claramente diferenciadas.

El proyecto de regulación de medicina privada, firmado por Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad (SI) –y apoyado por el oficialismo–, apunta a que las empresas no puedan rechazar solicitudes de afiliación por enfermedades preexistentes, aumentar las cuotas de sus afiliados cuando superan los 65 años o establecer “carencias” para los nuevos afiliados (no cobertura en el tratamiento de determinadas enfermedades).

El reclamo del líder de la CGT, en cambio, se relaciona con la desregulación que permite pasarse de una obra social sindical a otra. El camionero sostiene, con cierta base de razón, que los trabajadores eligen entre las veinte obras sociales que firmaron convenios con prepagas para obtener la cobertura con los aportes de su sueldo o pagando un extra mucho más bajo que la cuota real. Esa situación iría en desmedro del resto de las obras sociales que se quedarían, según Moyano, con los empleados de sueldos más bajos. Y pide, en consecuencia, que se ponga un límite a ese drenaje. Este reclamo se produjo en el marco de otro mayor: el pago de nueve mil millones de pesos que el Fondo de Distribución Solidario adeuda a las obras sociales sindicales.

No hay dudas: la regulación del mercado de prepagas y el reclamo de Moyano son dos cuestiones claramente diferenciadas aunque Clarín quiera presentarlas como una sola, basándose en especulaciones tales como que si se aprueba la ley, y si esa ley crea un ente regulador, ese ente “terminaría cumpliendo con las restricciones que demanda Moyano”. En las mismas páginas, el matutino refleja las quejas de sector empresarial que, en ese caso, eligieron disparar contra las obras sociales –“deberían mejorar sus prestaciones”– y a favor de que los usuarios “se atiendan libremente en el lugar que ellos quieren”.

Cinco años y poco más. Ese es el tiempo que pasó desde el primer intento por poner reglas claras en el negocio de la medicina privada. No es que en esos 1.625 días y poco más (por los bisiestos y esas cosas del calendario) los diputados y senadores de turno discutieran acaloradamente sobre la cuestión. Para nada. Aquel primer proyecto que intentaba regular la actividad de la medicina prepaga, elaborado en 2006 por Patricia Vaca Narvaja, hoy embajadora en México, nunca se trató. El lobby empresario tenía éxito.

Pasaron dos años hasta que Eduardo Macaluse lo reformuló y presentó con el apoyo del oficialismo y bloques menores, como Buenos Aires Federal. En general, el Grupo A del Congreso, conformado por legisladores de la UCR, Pro, Peronismo Federal y Coalición Cívica, se opone sistemáticamente a las iniciativas apoyadas por el gobierno nacional, pero este proyecto fue la excepción: la Cámara lo votó por unanimidad y en tiempo récord.

Con esa media sanción, la norma pasó a la Cámara de Senadores, donde durmió el sueño de los justos por los siguientes veinte meses en los cajones de la Comisión de Salud del cuerpo. A fines del año pasado, cuando el proyecto estaba a punto de perder estado parlamentario –con lo cual volvería todo a fojas cero y deberían esperarse dos años para volver a presentarlo–, la presión de las ONG de usuarios y consumidores y la difusión del tema por parte del diario Tiempo Argentino –que realizó un detallado seguimiento de la cuestión– llevaron a los senadores a tratar el proyecto.

Fueron meses álgidos en el lobby empresario y algunos legisladores fueron permeables a los argumentos. Claudio Belocopitt, presidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales y titular de Swiss Medical, envió una carta a los 72 senadores en la que sostenía: “Estamos ante la inminencia de un perjuicio abrumador para los afiliados”, y ponía un ejemplo, si se quiere, caprichoso. Decía que en su prepaga un grupo de 12 socios consumirían 24 millones de pesos en el transcurso de un año y que, si hubiera 200 en esas condiciones, “significaría la quiebra inmediata”.

En las reuniones que realizaban en esos días los asesores de la Comisión de Salud del Senado, un asesor del presidente de esa comisión, José Cano (UCR), pretendió modificar el proyecto para que las empresas de medicina prepaga pudieran rechazar afiliaciones por la preexistencia de enfermedades y las habilitaba para aumentar las cuotas a los socios mayores de 65 años. Su argumento central fue que si las prestadoras “aceptan las preexistencias y no suben a jubilados, se funden”. ¿Otra casualidad en la coincidencia de argumentos?

En el ínterin de estas idas y vueltas legislativas, las empresas de medicina prepaga aumentaron sus cuotas cuatro veces: 12 por ciento en diciembre de 2009, 8 por ciento en abril de 2010, 15 por ciento en agosto de 2010 y otro tanto en diciembre pasado. El argumento es que pagan bienes y servicios a valor dólar, pero olvidan que los salarios, incluso los que ellas pagan, son en pesos.

También se supo en este tiempo que las prestadoras retenían a las farmacias el 25 por ciento del descuento que sus socios obtenían en remedios, contra el 17 por ciento como máximo que retiene, por ejemplo, PAMI.

Y desde Cadime (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), integrada por más de 10.000 pymes en las especialidades de Análisis Clínicos, Diagnóstico por Imágenes, Radioterapia y demás practicas ambulatorias, denuncian “la concentración financiera y prestacional en los grandes actores de la medicina prepaga y la relación oligopólica que establecen con los prestadores, fijando el valor de los aranceles”. Y apoya el proyecto porque “la salud no puede estar expuesta al libre juego de la oferta y la demanda”.

El lobby empresario es moneda corriente en el mundo, y en la Argentina. Ahí están como ejemplo la oposición sistemática de los grupos multimedios más poderosos a la Ley de Medios y el freno que las mineras pusieron durante años a la ley de protección de glaciares. En el caso de las empresas de medicina privadas, el lobby no habrá sido tan espectacular, pero fue feroz en el tiempo.

“Es, por lo menos, el tercer proyecto de regulación del sector que corre riesgos de ser absorbido por el lobby empresario –manifestó el ex ministro de Salud de Raúl Alfonsín, Aldo Neri, a Tiempo Argentino–. La presión de las prepagas siempre es fuerte y el problema es que nunca se sabe el nombre del operador. La influencia sobre los legisladores ya se sentía a fines de los ’80, cuando estaba naciendo el sistema.” Veinte años de un lobby sostenido y tres proyectos frenados no son poca cosa.

Finalmente el Senado aprobó la norma a fines del año pasado, a pesar de Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta y afín a Carlos Menem, quien durante el debate acusó al proyecto de “estatizar el sistema de salud privado” y relativizó la cuestión al asegurar que “se está mirando una parte del problema porque las prepagas son optativas y la obligación real con la salud es del Estado”.

Con algunas modificaciones (se excluyen las mutuales, cooperativas y obras sociales que funcionan como prepagas y se designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación), el proyecto volvió a Diputados y las presiones cambiaron de recinto. A fines de marzo, José Piva –de Medifé y la obra social Acción Social Empresaria (ASE)–, lobbista desde los ’80, caminó los pasillos de Diputados para “aclararles algunos puntos” a quienes, consideró, “no estaban informados”. Los memoriosos aseguran que ya en 2008 había “tirado algunas líneas” para detener la ley.

Consultado por Veintitrés, el director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales (Cimara), Federico Díaz Maté, explicó las razones por las que el sector se opone al proyecto de ley: “El artículo 10 del texto permite el libre ingreso de las personas, lo cual va a llevar a un inevitable aumento de los costos que si no es trasladado a las cuotas desfinanciará al sistema. Además establece un mecanismo de control de precios porque dice que la autoridad de aplicación establecerá las cuotas que va a tener que abonar una persona enferma: una enfermedad de hoy puede transformarse en varias enfermedades mañana y los tratamientos podrán mejorar, pero no sabremos qué costo van a tener”.

Básicamente, de eso se trata la medicina prepaga: como indica el nombre del sistema, el afiliado paga anticipadamente por la atención que necesitaría en caso de enfermarse en el futuro. Con las restricciones que ponen las empresas en la actualidad, la mayoría de esos afiliados son personas jóvenes o de mediana edad, de sueldos medios a altos, y fundamentalmente, no presentan problemas de salud. Es decir: las empresas cobran durante años cuotas que promedian los quinientos pesos por persona para brindar una atención que va de dos a tres sesiones clínicas al año, con suerte un análisis de sangre y una radiografía de tórax y, en el caso de mujeres, los análisis ginecológicos anuales (PAP, colposcopía y mamografía en las mayores de 35 años).

El miércoles 13 de abril, la Cámara baja votó el tratamiento preferencial del proyecto: en la próxima reunión plenaria del cuerpo se discutirá con o sin despacho de la Comisión de Salud. El resultado de esa votación demostrará el éxito o el fracaso del último embate del lobby empresario.

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Opinión

“Las empresas tratarán que no salga”
Por Eduardo Macaluse, Diputado nacional por Solidaridad e Igualdad (SI)

Las leyes que tocan a grandes corporaciones siempre son dificultosas y, obviamente, hay intereses en juego, pero va a salir. La corporación puede ejercer presión, debe haber llamados, el problema es si el que está en la banca la resiste o no. Nuestro objetivo es proteger al usuario y las empresas van a tratar de que no salga, pero es una regulación razonable. No hay motivos ni para que ellos se preocupen ni para que nosotros dejemos de sacarla.

El proyecto volvió a Diputados en diciembre, podríamos haberla tratado en la última sesión de ese mes pero ya estamos en abril y todavía no lo hicimos. En una ley de este tipo necesitamos un consenso muy fuerte, es mejor esperar y votarla con consenso que apurar las cosas. El miércoles 13 se aprobó el tratamiento preferencial con los dos tercios de la Cámara, lo cual significa que va a ser tratada, con o sin despacho de la Comisión de Salud, en la próxima sesión. Eso demuestra que hay una voluntad política.

No estoy de acuerdo con la modificación que se hizo en el Senado para sacar del ámbito de la ley a las mutuales y cooperativas, como el Hospital Alemán o el Italiano, porque si bien son entidades sin fines de lucro, participan activamente en el sector con mucho poder y necesitan regulación. Pero prefiero un marco regulatorio con déficit que la falta de un marco, como sucede en la actualidad. Es parte del trabajo de consenso, no siempre conforma plenamente a todos. Algo hay que ceder y en este caso, cedo yo.

Una ciudad sólo para ciudadanos merecedores

Por Adriana Clemente *

La ciudad de Buenos Aires, aunque con desigualdades territoriales de larga data, supo tener una significativa tradición de inversión en materia social, producto tanto de su disponibilidad presupuestaria como megaciudad, como de su tradición progresista. Hoy las reformas impulsadas por la gestión de Macri en materia social hacen de la CABA un caso testigo para constatar cómo las políticas sociales expresan el modo en que un gobierno entiende la integración de su sociedad. Por concepto, las políticas sociales son un instrumento compensatorio de las desigualdades que genera el propio sistema. Cuando mayores son las restricciones del mercado de trabajo, mayor es la necesidad de intervención del Estado en clave de subsidio (directo o indirecto) para los sectores con menos posibilidades y peores condiciones de inserción laboral.

La recuperación de los hogares afectados por múltiples déficit a lo largo del tiempo es lenta, compleja y desigual según la situación de partida. La primera recuperación es la del consumo básico (alimentos, indumentaria), pero el resto de mejoras que refieren a la calidad de vida –acceso a la vivienda, mayores niveles de educación y calificación laboral– suponen la suma de intervenciones reparatorias y la capacidad de sedimentar progresos hasta que logra cambiar la tendencia de los indicadores de riesgo en la familia y su entorno. En tal sentido, cuando el Estado no interviene, los daños de la pobreza se tornan irreparables. Curiosamente, y según las declaraciones recientes del jefe de Gobierno porteño, el problema de la pobreza en la ciudad se explica por el aumento de los inmigrantes de países limítrofes y de la población del conurbano, que si bien pueden trabajar y consumir en la ciudad, no deberían vivir y mucho menos utilizar sus servicios públicos. Se trata de una idea de ciudad al estilo barrio privado, cuya hipótesis es que en la medida en que se brinda asistencia se promueve la estancia y “migración descontrolada” de pobres. La idea de que los pobres vienen de “afuera” y producen “gastos”, además de discriminatoria, desconoce cómo participa este sector de la economía de la ciudad y cómo contribuye con su trabajo precarizado a maximizar ganancias de los mismos sectores que los señalan como flagelo.

Es una falacia atribuir a supuestas restricciones financieras el modo en que el gobierno de la ciudad más rica del país subejecuta su presupuesto para políticas sociales a partir del supuesto de que la política social es un gasto evitable y que los pobres se erradican a partir de no prestarles asistencia. Esta concepción perimida de la política social del gobierno porteño se expresa en el empeoramiento de indicadores sociales, la subejecución del gasto social y el veto de iniciativas destinadas a disminuir la brecha social en los campos más castigados, como son la salud, la vivienda y la protección de niños y jóvenes.

En cuanto al empeoramiento de indicadores sociales, el caso paradigmático es el aumento de la mortalidad infantil en proporción inversa a su disminución en todo el país. Este aspecto no se correlaciona con la subejecución del Programa Nacional Nacer destinado a atacar este flagelo. Según un informe del Ministerio de Salud (2010), en dos años de ejecución este programa sólo alcanzó al 10 por ciento de su población, objetivo que era de 72 mil beneficiarios.

El caso de la política habitacional combina aspectos jurídicos, presupuestarios y legislativos agravados por la magnitud del déficit habitacional en la ciudad. Según el informe Buenos Aires sin Techo (2010), más de 15 mil personas viven en inquilinatos y pensiones, 12 mil en asentamientos y 170 mil en villas de emergencia. Como contrasentido, el Instituto de la Vivienda en noviembre del mismo año sólo había ejecutado el 18,6 por ciento de su presupuesto.

A su vez, las familias en situación de calle crecieron de manera exponencial en relación con las políticas de desalojo (10 por día en los dos primeros años de gobierno) y la no renovación de subsidios para el albergue temporal de familias de bajos ingresos. En consecuencia, no es que hay más pobres en la ciudad, sino que hay menos recursos para atender la demanda de vivienda de los más pobres, a la vez que se facilita la generación de nuevos casos. Es posible afirmar que se trata no sólo de favorecer la expansión del mercado inmobiliario, sino principalmente de materializar la idea de que la vivienda social no debe ser parte de la agenda del Estado, política ampliamente difundida en los ’90.

Finalmente, y como un ejemplo más del vaciamiento de la institución de política social en la ciudad, en febrero de este año se consigna el veto de una ley destinada a crear un programa de inclusión laboral para jóvenes víctimas del consumo de paco. Este caso, aunque justificado en tecnicismos, expresa de manera dramática cómo se enlistan las prioridades a la hora de pensar en los jóvenes pobres, foco principal de la política de seguridad del Gobierno de la Ciudad.

La puesta en acción de la idea victoriana sobre pobres no merecedores que recrea el Gobierno de la Ciudad es un retroceso para la sociedad en su conjunto. Al momento de evaluar un gobierno, el gasto social y su direccionamiento exponen las tensiones ideológicas y prácticas que se dan entre crecimiento económico y mecanismo de redistribución de la riqueza, ecuación que el gobierno nacional viene mejorando desde el 2003 y que el Gobierno de la Ciudad resuelve por omisión. ¿Cómo le explicamos al jefe de Gobierno de la Ciudad y a su gabinete que los pobres no son el problema de la ciudad, sino que el problema es el modelo que ellos representan?

* Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

ROBAR POR HAMBRE EN LA JUSTICIA ARGENTINA

Sándwich
En 1994, el entonces juez federal Juan José Galeano inició una causa por un detenido que, hambriento tras esperar varias horas para declarar, se comió un pebete de jamón y queso de un empleado del juzgado. Sorteada, la causa recayó en el juez Gustavo Literas, quien cerró el caso por sugerencia del fiscal Julio Castro.
Cabra
En 2004, el juez César Soria, de Catamarca, sobreseyó a dos jóvenes padres que habían hurtado una cabra en Chumbicha, para darles de comer a sus familias. Ambas vivían en la indigencia, por lo que el juez consideró que habían actuado “en estado de necesidad”.
Dos trozos de queso
En 2008, el juez Walter Candela sobreseyó a un joven que trató de llevarse dos porciones de queso de un hipermercado porteño, aplicando el principio de insignificancia. Pero la Cámara del Crimen revocó la sentencia y lo mandó a juicio oral.
Seis barras de chocolate
En 2010, la misma Cámara procesó a un hombre que había intentado llevarse seis barras de chocolate de un quiosco. El juez Eduardo Daffis Niklison lo había sobreseído, pero los camaristas consideraron que había cometido un delito contra la propiedad.

La empleada del juzgado acomoda cuatro sillas en una oficina que no llega a los seis metros cuadrados. Hay menos espacio considerando las tres personas que presenciarán la declaración, el escritorio donde está la computadora y las columnas de expedientes que “decoran” el despacho. No hay ventanas y la de la empleada es una jornada larga. Un día más en un juzgado abarrotado de la Ciudad, escenografía que se repite en Tribunales. La Justicia, no es novedad, colapsó hace rato y mientras no zafa de la crisis de recursos debe hacerle lugar a un caso que ayer encendió la polémica: un indigente fue enviado a juicio oral por robar cuatro quesos en un supermercado.

El fallo de la Sala VII de la Cámara del Crimen porteña se conoció el miércoles. La controvertida decisión fue tomada por Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich, quienes procesaron al hombre por “hurto en grado de tentativa”. El indigente, que tendría antecedentes por robo, se escondió la comida entre la ropa, pero lo vieron y dieron aviso al personal de seguridad.

Mauro Divito, el tercer juez, votó en disidencia basándose en el “principio de insignificancia”. “La conducta del imputado debería considerarse justificada (...) Intentó sustraer cuatro pedazos de queso en circunstancias tales que ello importó un mal menor: pretendía evitar una afectación de su salud por falta de alimentos”, dice Divito. Según la causa, el hombre no comía desde hacía dos días y aunque pedía limosna en la calle, en el momento de la detención no tenía plata para pagar los quesos. Además, el forense que lo revisó indicó que el hombre presentaba un buen estado de salud pero estaba “adelgazado”. Por eso Divito pidió el sobreseimiento.

¿La Justicia debe atender este caso? Los especialistas consultados por Clarín coinciden en que “es más un tema social que penal” y hay salidas alternativas. Sobre todo cuando el escenario para atender la demanda no es el mejor. Según la asociación civil “Unidos por la Justicia”, el sistema judicial está colapsado a nivel nacional. Lo adjudican a la falta de voluntad para optimizar los recursos y a que no se avanza en la digitalización. “En Tribunales los expedientes todavía van en un carrito de un juzgado a otro. Detrás de cada papel hay alguien que está esperando una sentencia”, explica Martín Gershanik, abogado penalista y director de la entidad.

El del indigente podría ser uno de esos expedientes del changuito: “Como en ese caso, muchas veces el derecho penal termina aplicándose en los sectores más vulnerables. Sólo en la Provincia, el 80% de los detenidos espera fecha para juicio, la mayoría de bajos recursos”, ilustra Gershanik.

Para Carlos Bonicatto, Defensor del Pueblo de la Provincia, casos como el del indigente son generados por el estado de necesidad. “Esos temas no deberían ser resueltos por la justicia porque entonces estaríamos penalizando a la pobreza. Más bien es una cuestión social donde el Estado debe asistir a la persona. No se le puede negar un derecho básico como comer”, amplía Bonicatto.

A la misma figura de “necesidad” recurre Fabián Cardoso, abogado penalista y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón: “El Estado debe perseguir todo los delitos, pero en un caso así lo que se pone en juego es un bien para salvar otro bien: la vida de una persona. La situación de la Justicia es crítica. Funciona por el sacrificio de todo los que formamos parte de ella”, apunta. En la misma línea, el abogado penalista Joaquín Da Rocha, opina: “Está el argumento de insignificancia: un juez no se ocupa de las cosas mínimas. Pero además está el estado de necesidad. Entre el bien material, que son los quesos, y el bien que es su vida, él elige su vida porque es un bien mucho más importante. Este hombre robó porque tenía hambre, no robó ni vino ni desodorante, sino para comer”.

Crónica de una discriminación anticipada

Sufría epilepsia y tuvo un ataque el martes por la mañana. La familia pidió una ambulancia, pero después de un par de horas llegó y se negó a entrar, incluso con escolta policial. Los vecinos lo cargaron, pero la ambulancia ya no estaba.
Aunque el certificado de defunción diga que Humberto Ruiz, “Sapito”, murió de un paro cardiorrespiratorio luego de un ataque de convulsiones provocado por epilepsia, no fue así. Sapito murió de discriminación. Mejor dicho, lo mató la discriminación. Fue el 5 de abril. Dos días más y hubiera llegado vivo al Día Mundial de la Salud aunque, pensándolo bien, no le hubiera cambiado nada. La ambulancia del SAME no hubiera entrado en el barrio Comunicaciones, en el extremo norte de la Villa 31 de Retiro; la médica se hubiera negado de todos modos a caminar dos cuadras con custodia policial, que la tenía al lado, y atenderlo o trasladarlo a la ambulancia; y el chofer hubiera ladrado de todos modos como le ladró a Patricia, cuñada de Humberto, quien hacía tres horas que corría de una punta a la otra de la villa, que no es poco, buscando ayuda, y luchaba contra el miedo y la mitología encastrados en las neuronas de ese hombre que burlón y despectivo le recomendaba: “Traételo en una carretilla”. Sapito se murió sin atención y ni siquiera ahí terminó su calvario, porque así como estaba de muerto descansó en la morgue hasta que recién al día siguiente su familia supo que Desarrollo Social de la Nación ayudaría para que pudieran trasladarlo a su casa para velarlo porque la familia no quería que sin más y de golpe desapareciera de allí. Por eso, Patricia insiste: “No es que se quería morir. Lo dejaron morir”.

Isabel nos acompaña por la calle 5, desde el Centro de Acceso a la Justicia, en la manzana 16, dando vuelta por la canchita esplendorosa que puso Macri, con ese piso sintético color verde nuevo y rozagante que lastima entre tanta pobreza. Isabel es delegada de una de las manzanas, era amiga personal del Sapito y está ayudando a Patricia en lo que puede, igual que Rafael, marido de Patricia, todos compungidos caminan entre las calles abigarradas de chicos, de mujeres que cruzan de un lado a otro. Humberto murió porque la ambulancia no accedió, pero Isabel cuenta que son muchos los casos de disciminación con delantal del SAME. Llama la atención el camión de gaseosas parado en medio del barrial, junto al almacén. ¿Es de acá? Contesta que no, Isabel. ¿No tiene miedo? No, esa camioneta tampoco es de acá.

Isabel da la vuelta a la calle y voltea por otra, levantada por el medio. Hay una excavación, están abriendo una zanja para colocar cloacas. No es que la cloaca haya sido un acto de gobierno, me aclaran, sino que los vecinos le ganaron en juicio a la ciudad y consiguieron que la Justicia obligara a Macri a colocarla. Allí nomás vive Patricia, Rafael y Alberto, los hermanos de Humberto, los hijos de Patricia y Rafael, Ailén, chiquitita de dos años, en brazos de la jovencita Jaqueline, hijos de Patricia y Rafael. Familia extendida que le dicen. Allí, hasta hace dos días, vivía Humberto.

Y Patricia empieza a hablar, mezcla de indignación, dolor y no querer hablar porque hablar la ubica en ese lugar en el que no hubiera querido estar. “Desde las 6 empecé a llamar al SAME. Le expliqué lo que le pasaba a mi cuñado, que había tenido un ataque de epilepsia y que estaba con convulsiones hacía rato y que los medicamentos no le hacían efecto. Me dijo que en 5 o 10 minutos llegaba la ambulancia.” ¿Sabía que era en la villa 31? “Por supuesto. Le dije y ella me contestó que vaya alguien a esperar la ambulancia a algún punto fuera de la villa. Quedamos en el Correo Viejo.” Es el edificio antiguo del correo, sobre la continuación de la bajada de la autopista que entronca con la Ramón Castillo. Está fuera de la villa.

Desde las 7 menos cuarto, Patricia esperó la ambulancia. Pensó, con la desesperación, que habían ido a la 46ª, la comisaría con jurisdicción en la villa y que está sobre la otra punta, cerca a la entrada de la Terminal de Retiro, esto es, a unas 25 cuadras. Antes llamó al 911. Contó el caso. y a los pocos minutos la llamó la operadora del SAME “que por qué no estaba en el lugar, que hacía veinte minutos que me esperaba, a los gritos”, dice Patricia. “Señora, tiene que llevar al paciente hasta allí”, le grita la operadora. “Pero cómo quiere que lo lleve, está con convulsiones”, dijo Patricia, qué iba a ponerse a discutir su derecho de que vaya a la casa, no había tiempo. “Búsquese algún vecino que la ayude”, escuchó que le decía. Desde allí, se tomó un colectivo a la comisaría donde se encontró con un “por acá nunca vinieron”. Un policía llamó al SAME y a los cinco minutos volvió la operadora a decirle que la ambulancia estaba en el destacamento, esto es, ni el lugar fijado de encuentro, el Correo Viejo, ni la comisaría, sino un destacamento internándose en la villa. Patricia no lo creyó. “¿Por qué se iban a internar en la villa si no querían entrar a dos cuadras por miedo?”

El maltrato siguió. A las dos horas y media, Alberto, el hermano menor de Humberto, que había ido al Correo Viejo con la esperanza de encontrar a la ambulancia, avisó que el SAME finalmente había llegado. “Pero no quería entrar”.

–Mi cuñado se está muriendo –dijo Patricia, que recorrió las dos cuadras desde su casa, en segundos.

–Tengo órdenes de no entrar –respondió Marcela Tella sentada sobre el móvil 296 del SAME.

–¿Para qué hizo el juramento de salvar vidas si lo está deja tirado?

Fue demasiado para el chofer, que indignado desató su versión de la realidad: “Ahí no entro ni con veinte patrulleros –espetó–. ¡Qué te pensás, quiénes se creen que son. Con la inseguridad que hay, ya me pusieron un caño otra vez. Traételo en una carretilla!”. Y concluyó repitiendo lo que años atrás (ver aparte) se lo había escuchado decir al propio Alberto Crescenti, director del SAME: “La gente de acá solamente pide ambulancias para hacer de taxi para llevar a mujeres embarazadas”. “Ahí siguió –dice Patricia – diciéndome que su esposa había tenido no sé cuántos embarazos y nunca había pedido una ambulancia.”

“Aunque sea la camilla”, dijo Patricia y contó con una ayuda inesperada: “Es acá nomás”, acotó el uniformado que veía la situación.

No hubo forma. En esa situación (la ambulancia como montaña y el pobre Humberto como Mahoma) Patricia y Alberto fueron a la casa. Humberto era gordo y pesado. Unos muchachos que estaban cavando la zanja para la cloaca ayudaron, lo colocaron sobre una puerta de madera que usaron como camilla. Ayudamos pero hasta la esquina. Temían que se les muriera en el camino y quedar responsables. En la esquina la familia desesperadamente buscó hasta que un vecino lo subió a su autito y lo llevó una cuadra más hasta donde estaba la ambulancia. Estuvo, porque ya no estaba. Se había ido. Allí, mientras la desesperación avanzaba, Alberto empezó a darle respiración boca a boca, mientras un vecino le hacía masajes. ¿Sabían cómo? “El vecino le iba diciendo.”

Habían pasado más de tres horas cuando el pobre Humberto llegó desfalleciente a un destacamento de Prefectura, donde el médico de la institución intentó resucitarlo. No lo logró. En el ínterin, llegó la ambulancia e intentó a como sea (que no fue) recuperar el cadáver. La familia, desorientada, acudió a la oficina de Acceso a la Justicia, donde recibió una rápida y certera información. Por la tarde estaba presentando denuncia en la 46ª. La causa quedó calificada como “abandono de persona seguido de homicidio” y se inició trámite en el Juzgado Contravencional 7 de Daniela Dupuy.

Al día siguiente, los vecinos y amigos, indignados cortaron la autopista Illia durante siete horas. “Basta de discriminación” fue la consigna. En la autopista, por encima de la 31, la versión era distinta. Bocinas, malhumor, televisión, y titulares anunciando que la ciudad era un caos por un corte en la autopista. El corte se levantó cuando llegó Néstor Pérez Baliño, jefe de Gabinete del ministro de Salud porteño, Jorge Lemus. ¿Qué les dijo? Se comprometió a que las ambulancias entrarán con escolta policial y que si no lo hacían, los vecinos se debían comprometer (de deudor pasó a dar un crédito) a tomar los datos y enviárselos por mail, para lo que les ofreció su propio correo.

LA TRATA DE PERSONAS

En la actualidad en la Argentina hay más de 700 mujeres desaparecidas. Al cumplirse nueve años de la desaparición de Marita Verón, vista por última vez en Tucumán en 2002, la asociación civil La Casa del Encuentro organiza una sentada frente al Congreso esta tarde a las 18, de la que participarán entre otros, familiares de Fernanda Aguirre, Peli Mercado, María Moreno, Mirtha Aguirre (desaparecidas en los últimos 7 años), además de organizaciones feministas, sociales, estudiantiles, políticas y sociedad de fomento.

Entre los principales motivos de la convocatoria figuran el de "pedir por la aparición de todas las mujeres desaparecidas y secuestradas por las redes de trata para la prostitución, la reforma a la Ley de Trata la declaración a la trata de personas como delito de Lesa Humanidad y el desmantelamiento de las redes y complicidades de los diferentes poderes".

En la misma línea se reclamará por una "asistencia integral efectiva y programas para las víctimas y sus familias, el fin de la violencia hacia las mujeres – la trata y la prostitución como eslabones de la misma cadena de violencia- y programas para asistencia y capacitación para mujeres en situación de prostitución".

URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS

La ciudad genera villa y la villa siempre está creciendo”
Explica que esos asentamientos aumentan su población tanto en períodos de bonanza como de empobrecimiento. Y que será así mientras no exista una política integral de vivienda.


Desde la plataforma elevada que supone la autopista Illia a poco de llegar a Retiro desde la Provincia, el automovilista no necesitará torcer demasiado la cabeza para intuir una ciudad de 30 mil almas ya, metida en otra. Claro que la existencia real de ese predio de poco más de 15 hectáreas de abigarradas viviendas no depende de las miradas de quienes se sientan detrás del volante. Porque aunque no la miren, la villa existe. Desterrado cualquier criterio de imaginación que, por ejemplo, hubiera horrorizado a Italo Calvino –bautizó con nombre de mujeres sus ciudades fantásticas del libro Las ciudades invisibles–, a esa zona se la conoce oficialmente con un número, la 31. En tiempos declamados de inclusión social como éste, las villas de Buenos Aires aumentaron en habitantes el 60 por ciento en los últimos diez años y nada indica que el fenómeno deje de crecer.
Por el contrario, el país crece, la ciudad crece, las villas crecen en paralelo. Algo anda mal.


Flojo de vocación, el ahora arquitecto Javier Fernández Castro eligió su carrera casi por descarte. Egresado del Nacional de Buenos Aires y con un enciclopedismo incapaz de orientarlo –“casi cualquier cosa me daba igual”, dice– fluctuaba entre el arte y la historia, una combinación que se le antojaba entre creativa y con un interés social que fundió –equivocada pero felizmente piensa ahora– en la arquitectura. Pero como rascarse, fue cuestión de empezar. Hoy forma parte con otros colegas de la Facultad de Arquitectura de la UBA y con representantes de los vecinos y de los gobiernos de la Nación, como dueño de esas tierras, y de la Ciudad, como quien debe dictar las normas para ese predio, de una mesa de concertación que nació después de la aprobación en 2009 de la ley local de urbanización.


¿Qué es una villa para la arquitectura?


Daría vuelta la pregunta: ¿Para qué arquitectura es visible la villa? No es un tema demasiado tratado en la profesión, aunque ahora las villas empiezan a ser leídas como una forma más de urbanización de las ciudades. Y por lo tanto, se piensa desde la arquitectura cómo intervenir en esa dimensión espacial de la pobreza.


¿Las villas son fenómenos que se dan sólo en los países periféricos?


Es una realidad en metrópolis que siguen en crecimiento, básicamente las latinoamericanas y las asiáticas. Europa, por ejemplo, resolvió el tema de la vivienda o de la ciudad en términos sociales hace 40 años. Pero son ciudades congeladas. Acá las dificultades de acceso al suelo y la imposibilidad de incorporar sectores al mercado inmobiliario hace que el espacio que la sociedad dejó vacante o no cuida termine siendo ocupado por una necesidad cierta de tener un lugar en el mundo.


¿La ciudad como estructura urbana tiende a repeler a las villas?


Parecería que la ciudad es una y las villas están por afuera de ella. Pero no. Desde hace tiempo se piensa que el propio sistema socioeconómico genera el tema villero. De alguna manera, la ciudad genera villa. Y la villa siempre crece. En períodos de avance económico, porque lo que ya está asentado allí tiende a multiplicarse. En los de empobrecimiento, porque atrae población que se ve expulsada de circuitos más formales.


¿Así será por siempre?


Sí, hasta que no haya políticas integrales de hábitat. Durante muchos años el Estado estuvo ausente y produjo una invisibilización del tema que cuesta remontar.


¿Qué costo urbano implica para una ciudad como Buenos Aires tener 300.000 personas con viviendas inadecuadas (villas, inquilinatos, casas tomadas)?


Es un 11 %, con el área metropolitana llega al 13%. En Río, la mitad de la población está favelada, y en Caracas llega al 60%. Parece que solucionar esta situación de las villas asentadas en los dos estados con el PBI más alto del país no sería cuestión de presupuesto, sino de juntar voluntades políticas con saberes técnicos. Mantener las villas tal cual están a veces cuesta más que urbanizarlas. Por ejemplo, el Estado costea la provisión de agua potable con camiones cisternas cuando a largo plazo con ese presupuesto ya se hubieran pagado varias redes de infraestructura.


Se produce cierta puja con sectores medio bajos que se sienten menos beneficiados que los habitantes de las villas, por ejemplo, en el pago de electricidad.


Ellos tienen voluntad de pagar, pero no les dan medidores porque eso implicaría el reconocimiento de cierto derecho de dominio sobre la tierra. Lo mismo pasa con la infraestructura. Es difícil de pensar pero ocurre: el Estado construye cloacas fuera de la norma o suministra agua de dudosa calidad, para no generar una boleta de pago.


¿No es esquizofrénico ese comportamiento: el Estado da servicios pero no los cobra, acepta la ocupación pero no quiere reconocerla?


Hay una especie de pensamiento mágico sobre la erradicación: ‘bueno, son unos muebles que un día voy a correr de lugar’.


¿Cuál es el valor de ese predio?


El valor de la tierra está ligado a lo que se puede levantar sobre ella, a la constructibilidad que el Estado le atribuye con una norma. Si el Estado decide asignar a esa tierra un uso social deja de tener valor comercial. Hay mucho mito. Incluso los habitantes de la villa se ufanan y dicen ‘estamos asentados en terrenos de millones de dólares’, pero cuando uno les explica lo anterior algunos quedan apesadumbrados.


¿Cuál es la situación jurídica de la propiedad de la tierra en la 31?


El asentamiento es de hecho, pero la Legislatura porteña sancionó una norma específica para este caso, iniciando un proceso de urbanización.


A pesar de la falta de papeles ¿en la villa existe la propiedad privada?


En la villa hay propietarios e inquilinos; los históricos y los recién llegados. Existe un circuito inmobiliario informal reconocido por los pares. Y una discriminación interna entre esas categorías.