AMNESTY CINCUENTA AÑOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

El 28 de mayo de 1961 un abogado inglés, representante de lo mejor de la tradición liberal británica, denunció en un largo artículo en el dominical The Observer el arresto de dos portugueses que habían osado brindar por la libertad en la vía pública durante la dictadura de Salazar y recordaba a sus lectores que hechos similares pasaban en todo el mundo. El abogado, Peter Benenson, invocaba la declaración de los derechos humanos de 1948 y pedía una “acción conjunta” para poner fin a este tipo de hechos. La respuesta de los lectores fue masiva y marcó el nacimiento de Amnistía Internacional. Cincuenta años más tarde, Amnistía es un movimiento global con más de tres millones de miembros y su historia es un reflejo de la evolución de los derechos humanos desde la Guerra Fría hasta Guantánamo, la revolución árabe y el desafío de las nuevas tecnologías. En una entrevista con Página/12, Javier Zuñiga, asesor especial del secretariado internacional de Amnistía, ex director de la región de las Américas, reflexionó sobre esta historia y el futuro de los derechos humanos en los tiempos de Twitter e Internet.

–En aquel famoso artículo en el The Observer, Benenson citaba la declaración universal de los derechos humanos en 1948. Ayer y hoy es fácil entender por qué esa declaración puede provocar escepticismo cuando los mismos gobiernos que la firmaron son los primeros en violarla.

–Es un problema permanente de los derechos humanos. La importancia de esta declaración es que por primera vez hubo un consenso discursivo global acerca del tema. Las Naciones Unidas le daban una universalidad que no tenían documentos previos como la Carta Magna o la declaración de derechos de la Revolución Francesa. Pero el documento era eso: una declaración de principios. Todavía no existía la Convención contra la Tortura, el genocidio o los derechos del niño, por ejemplo, que fueron incorporándose como legislación global y nacional en estos 50 años. Ahora bien, toda esta normativa está en manos de los gobiernos. Cuando hablamos de 50 años de Amnistía Internacional, estamos hablando también de 50 años de fracasos de los gobiernos por hacer cumplir estas normativas.

–Al mismo tiempo, en estos 50 años ha habido una ampliación enorme del campo de los derechos humanos. ¿Cuáles han sido los principales hitos de este cambio?

–Amnistía empezó con los presos de conciencia, pero muy pronto nos dimos cuenta de que esto era apenas una parte, porque también existía la tortura y la falta de proceso judicial independiente, demandas que fuimos incorporando en nuestra actividad. Con el tiempo añadimos la pena de muerte, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales. En estos 50 años ha habido grandes hitos para los derechos humanos como fueron la caída del gobierno de los coroneles en Grecia, debida en gran medida a la denuncia de torturas, las Madres de Plaza de Mayo y la lucha de la sociedad civil contra la de-saparición de las personas o el caso Pinochet en relación con la inmunidad de un jefe de Estado.

–El caso Pinochet pareció un espectacular salto para los derechos humanos y, sin embargo, 13 años más tarde no hay consenso internacional sobre la inmunidad de un ex jefe de Estado.

–Es cierto que no hay consenso, pero ha habido varios casos que han tomado el de Pinochet como precedente. El ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, arrestado en Japón y deportado a Perú es un ejemplo. Creo que hay que tener en claro que el compromiso con los derechos humanos es a largo plazo, porque es un campo en el que siempre hay avances y retrocesos. Durante la Guerra Fría la justificación de torturas y desapariciones era la lucha contra el comunismo internacional. Pero mucho después de la caída del muro de Berlín, con el 11 de septiembre y la llamada guerra contra el terrorismo, se creó un nuevo tipo de enemigo que justificó nuevamente el uso de la tortura y la desaparición forzada.

–A pesar de esta reaparición continua de violaciones de los derechos humanos con distintos ropajes, ¿sería posible, a partir de la revolución en el mundo árabe y con esta perspectiva de 50 años, ver una evolución?

–Con los medios de comunicación modernos y las redes sociales, hay mucha más información y esto ha llevado a la gente a salir a las calles y cambiar una historia que en el mundo árabe podía parecer eterna. Pero como decía antes, siempre hay una fragilidad en los avances de los derechos humanos. En el mismo mundo árabe es obvio que si no se afirman bien los cambios que se han logrado y refuerzan los mecanismos de participación social, puede haber nuevamente retrocesos. Igual soy optimista. Si uno mira lo que pasó en estos 50 años, uno ve una participación de la sociedad civil no solo en el reclamo de sus derechos políticos y civiles, sino como está pasando ahora en España con los indignados y el reclamo de sus derechos económicos y sociales. En este sentido, los derechos humanos son indivisibles. No se puede adoptar uno y hacer el otro a un lado. Los derechos económicos y sociales son una parte inalienable de estos derechos.

VIOLENCIA DE GENERO - COMPROMISO SOCIAL MAS AMPLIO

ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA DE GENERO

El Inadi pedirá hoy al vocal decano de la Suprema Corte de Tucumán René Goane, que se retracte de sus dichos de “alto contenido discriminatorio hacia las mujeres”, según adelantó a Página/12 Teresa Ivankow, delegada provincial del organismo nacional. Además, solicitará a cada uno de los otros cuatro miembros del alto tribunal –sólo una es mujer– que se expidan sobre las expresiones periodísticas de Goane, en las que adjudicó la baja productividad de los juzgados a la creciente incorporación al Poder Judicial de mujeres, a quienes acusó de trabajar “menos tiempo”, instalar “la cultura del medio día” y querer “entrar a Tribunales para tener la tarde libre”.

La delegación tucumana del Inadi abrió ayer un expediente a partir de una presentación del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), que consideró que las palabras de Goane “trasuntan un contenido sexista y discriminatorio que viola la ley suprema de la Nación y los tratados con jerarquía constitucional ratificados por el Estado argentino” y lo denunció para “evitar la impunidad de la violación de los derechos de las mujeres”. No fueron las únicas repercusiones que generaron las declaraciones del ministro, de las que dio cuenta ayer este diario. La Federación Judicial Argentina, que agrupa a gremios de empleados del sector de todo el país, y está enrolada en la CTA, “repudió enérgicamente” sus dichos y sostuvo que reflejan una “discriminación machista inadmisible en un magistrado”. También desde la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Tucumán, sus integrantes Sara Inés Assad y María de los Angeles Gutiérrez pidieron públicamente a Goane que se retracte. “Son violencia de género sus declaraciones”, evaluó Assad en declaraciones a la prensa local. Consultada por Página/12, Laura Balart, titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, indicó que las expresiones de Goane no hacen más que reafirmar “la necesidad de continuar con el programa de sensibilización a magistrados y funcionarios judiciales”, que promueve esa dependencia –creada por la jueza Carmen Argibay–, y que apunta a que “puedan advertir esas situaciones que entrañan desigualdad de género”.

Esta mañana, el Inadi presentará ante la mesa de entradas de la Suprema Corte de Tucumán un escrito dirigido al vocal decano, para solicitarle su retractación. El organismo evaluará si sus expresiones ameritan un pedido de juicio político por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Las palabras del doctor Goane se tornan inconcebibles a luz del paradigma adoptado por la reforma constitucional del año 1994, que justamente quiere reafirmar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres y erradicar los estereotipos de género que traducen discriminación contra las mujeres”, explicó a Página/12 la abogada de Cladem Laura Casas, una de las integrantes de la organización que firmó la denuncia presentada ayer en la delegación tucumana del Inadi. Para Cladem, Goane incurrió en discriminación hacia las mujeres y perpetró violencia simbólica. “El tono peyorativo utilizado para referirse a las mujeres en general, y en particular a las que ingresan a los tribunales es muy grave tratándose de un magistrado de la Corte Suprema de la provincia, que se supone debe conocer las normas jurídicas que prohíben la discriminación, con mayor razón si revisten jerarquía constitucional. Las manifestaciones del doctor Goane revelan un desconocimiento de las normas, o algo más grave aún, un total desprecio por las mismas inconcebible en un magistrado judicial”, dice la presentación a la que tuvo acceso este diario. Cladem es una articulación de ONG de la región que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres. En 2009 fue distinguida con la III Edición del Premio Rey de España a los Derechos Humanos.

En su denuncia, Cladem pidió al Inadi que solicite al ministro que se retracte y que los demás integrantes de la Corte tucumana se expidan sobre sus recientes declaraciones.

Desde la Federación Judicial Argentina le contestaron con un fuerte repudio difundido en un comunicado de prensa. La secretaria de Derechos Humanos de la FJA, Irina Santesteban, con 29 años en el Poder Judicial, sostuvo: “Ignora Goane que las mujeres trabajadoras nunca tenemos la ‘tarde libre’ pues al llegar a nuestros hogares (si es que no tenemos otro trabajo u otra actividad social, gremial o política), nos esperan las otras jornadas que una sociedad patriarcal nos atribuyó desde hace siglos: las tareas domésticas, el cuidado de nuestros hijos, etc.”. Pero “lo más grave” de las declaraciones de este juez es que “responsabiliza a las mujeres judiciales por la jornada de seis horas, una conquista que no es sólo de los empleados del Poder Judicial, sino de los trabajadores y trabajadoras estatales, de Argentina y del mundo”, agregó Santesteban. Y, por último, señaló que “habría que recordarle a Goane que la jornada laboral de seis horas en el Poder Judicial fue fijada hace muchísimos años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los Tribunales Superiores y Cortes provinciales, en una época en que las mujeres no éramos juezas ni integrábamos esos Altos Tribunales, como afortunadamente hoy, gracias a la lucha inclaudicable de todos y todas los que defendemos la igualdad de género, estamos ocupando”.

LA MISOGINIA Y EL PASADO DE UN JUEZ

Los dichos de René Goane contra las mujeres, revelados a nivel nacional por Página/12, despertaron un repudio generalizado. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue más allá: consideró que está incapacitado para su cargo por su “acreditada participación en organismos de poder” durante la represión dictatorial

El vocal decano de la Suprema Corte de Tucumán, René Mario Goane, no sólo mostró ser misógino y discriminador hacia las mujeres, al adjudicar la baja productividad de los juzgados a la creciente incorporación femenina al Poder Judicial. Además, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que está “inhabilitado éticamente” para desempeñarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” en esa provincia durante la última dictadura militar mientras se llevaba adelante la represión ilegal. El cargo que mayor sospecha genera es el de titular del Registro Civil, donde fue designado por el entonces mandamás provincial, el ex represor Antonio Domingo Bussi, en abril de 1976. “Era un funcionario de nivel comprometido con el espíritu de la dictadura y estuvo al frente del Registro Civil en un momento en que se producían apropiaciones de niños y desapariciones de personas”, señaló a Página/12 el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Hipólito Alén. De acuerdo con documentación de los archivos de la Secretaría, durante el lapso en que Goane se desempeñó en ese cargo “fueron víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias 126 personas”. Posteriormente fue nombrado fiscal de Estado y ministro de la Corte tucumana, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando fue cesanteado por el flamante gobierno democrático. Volvió a ser nombrado en el alto tribunal en 1991.

Ayer, además de recordar el pasado oscuro de Goane, la Secretaría de Derechos Humanos manifestó su “más enérgico repudio” a las declaraciones efectuadas por el juez en relación con el desempeño de las mujeres en los juzgados. Los dichos de Goane despertaron fuertes críticas de diversos ámbitos y una denuncia ante el Inadi (ver aparte).

Esa secretaría investigó el desempeño de Goane durante la última dictadura militar tres años atrás, a pedido del gobierno tucumano, explicó Alén. Puntualmente la solicitud la hizo en ese momento la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con vistas a un pedido de juicio político. El ex legislador provincial del partido Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, llegó a presentar una solicitud en la Legislatura tucumana para que Goane fuera investigado por su participación en el gobierno de facto, pero el trámite no prosperó. En la Legislatura el oficialismo que responde al gobernador José Alperovich tiene amplia mayoría.

Tras reconstruir su carrera y sus antecedentes en aquellos años de plomo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un dictamen en 2008 –al que tuvo acceso este diario– donde concluyó que Goane está “inhabilitado éticamente para el desempeño del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, más allá de que le sea o no probada judicialmente la comisión de desapariciones, homicidios u otros crímenes de lesa humanidad”, por “su acreditada participación en organismos de poder y el ejercicio de cargos de responsabilidad en los poderes del Estado tucumano que la dictadura usurpara, en relación con la estructura implementada en el ejercicio de la represión ilegal durante el período del terrorismo de Estado”.

De acuerdo con el dictamen oficial, Goane tuvo cargos públicos también durante los gobiernos militares de Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Entre los años 1968 y 1973 se desempeñó como funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Tras el golpe del ’76, Bussi lo designó como director del Registro Civil, cargo que ocupó hasta el 27 de julio de ese año. Un día después, el 28 de julio, pasó a trabajar como titular del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, donde permaneció hasta el 13 de marzo de 1978, y al día siguiente fue nombrado presidente de la Caja Popular de Ahorro, organismo en el que se mantuvo hasta el 3 de abril de 1981. Desde esa fecha y hasta el 24 de marzo de 1982 fue designado fiscal de Estado de la provincia. El 24 de marzo de 1982, el interventor, ex general Antonio Merlo, lo designó vocal de la Corte, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando fue cesanteado. Luego volvería a ser nombrado en el alto tribunal en 1991.

Actualmente, además de vocal decano, es el encargado del Cuerpo de Auditores y del Centro de capacitación de la Suprema Corte.

El dictamen oficial señala que, por su trayectoria, Goane “comulgaba con los principios de un régimen nefasto que no vaciló en arrasar las instituciones de la República y en someter a las más perversas violaciones a la dignidad humana a los habitantes del país y Tucumán fue, vale la pena resaltarlo, una de las provincias más castigadas por el terrorismo de Estado”.

“El caso de René Mario Goane permite estimar que, por formar parte de una estructura organizada desde la cual se efectivizó el plan sistemático de violaciones masivas a los derechos humanos, cuyo resultado fue un sinnúmero de desapariciones forzadas, homicidios y otros múltiples crímenes, lo sindica como parte de una organización de las instituciones que se dedicó a la comisión de ilícitos”, dice el dictamen de la Secretaría. Y continúa: “En la particular estructura jerárquica dispuesta por las Fuerzas Armadas en la llamada ‘Lucha Antisubversiva’ son imputables como autores inmediatos los que hayan cometido los hechos por ‘propia mano’ y como autores mediatos las autoridades de las reparticiones que se encontraban bajo control operacional de las Fuerzas Armadas. Todos estos estamentos formaban parte del mismo aparato de poder para el que Goane cumplió funciones; y si bien las mismas –al menos con los datos de los que se dispone– no lo involucraban personalmente en los crímenes cometidos por la dictadura en Tucumán, al menos debieron darle el conocimiento acabado de lo que sucedía”.

Para la Secretaría de Derechos Humanos, por los cargos que desempeñó, Goane “debió conocer, al menos ‘prima facie’, el despliegue criminal del aparato al que pertenecía, y cómo a través de los hilos conductores descendían sin interferencias las órdenes ilegales”.

Tras repudiar las declaraciones periodísticas efectuadas por el vocal decano de la Corte provincial, en relación con el desempeño de las mujeres en los juzgados, la Secretaría señaló que “son contrarias a la Constitución nacional y los tratados de Derechos Humanos de los que la República Argentina es signataria, como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. También advirtió que sus dichos “incurren en violencia simbólica e institucional, tipificadas con claridad en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. El comunicado de prensa de la dependencia lleva las firmas del secretario Eduardo Luis Duhalde, la subsecretaria de Promoción, María Cristina Perceval, y el subsecretario Alén. Además, la Secretaría consideró “inadmisibles” sus manifestaciones que, al mismo tiempo, “contradicen la doctrina que anima y orienta las decisiones de plena vigencia y garantía de los Derechos Humanos dictadas por la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

SEXISMO EN EL PODER JUDICIAL

El ministro de la Suprema Corte de Tucumán René Goane adjudicó la baja productividad de los juzgados en esa provincia a la creciente incorporación al Poder Judicial de mujeres, a quienes acusó de trabajar “menos tiempo”, instalar “la cultura del medio día” y querer “entrar a Tribunales para tener la tarde libre”. Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) repudiaron sus manifestaciones, al considerarlas “profundamente sexistas y discriminatorias y contrarias a la Constitución nacional y a los tratados internacionales ratificados por el Estado argentino”. Consultadas por Página/12, seis mujeres vinculadas al ámbito de la Justicia, con cargos destacados, expresaron su indignación por los dichos de Goane y consideraron sus expresiones como “misóginas”, “prejuiciosas” y “agraviantes”. Advirtieron que vulneran la Ley Nacional 24.685 de violencia de género por incurrir en la modalidad de violencia simbólica al evocar “concepciones estereotipadas” de las mujeres. “Además denotan un grado tal de ignorancia que cabe preguntarse si quien las manifestó está realmente capacitado para impartir justicia”, alertó María Elena Barbagelata, vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).

Las declaraciones de Goane, vocal decano de la corte tucumana, fueron publicadas en la edición del sábado 21 de La Gaceta de Tucumán y generaron un gran revuelo en el Poder Judicial de esa provincia y en el movimiento de mujeres del país. Al referirse al problema de la productividad y el rendimiento en los juzgados, Goane dijo: “Aquí hay otro problema y van a decir que soy un fóbico de las mujeres, pero desde que se intensificó el ingreso de personal femenino (a las dependencias judiciales) se trabaja menos tiempo, mal que le pese a la doctora Carmen Argibay (vocal de la Corte de la Nación), que creó una oficina de género que discrimina a los varones”. A continuación atribuyó a las mujeres la “instalación de la cultura del medio día”. Añadió: “Quieren entrar a Tribunales para tener la tarde libre. ¿Quién les dijo que eso era así? Cuando yo era empleado y funcionario hacía jornadas de doble turno (...). Llevábamos al día los despachos y –reitero– todo era a mano. Aplicábamos una técnica realmente artesanal” (ver aparte).

La oficina aludida fue creada por la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay. En realidad, se llama Oficina de la Mujer y de ella depende un programa muy ambicioso y revolucionario que apunta a capacitar a todos los estamentos del Poder Judicial, desde los jueces nacionales y federales de distintos fueros hasta el personal administrativo, para erradicar la discriminación hacia las mujeres en los tribunales. “No se entiende cuál es el fundamento del doctor Goane para afirmar que la Oficina de la Mujer discrimina a los varones. Tengo el honor de ser capacitadora en ese programa y siempre el público calificadísimo fue mixto, como también lo fuimos quienes impartimos las unidades, varones y mujeres de distintas disciplinas que acompañamos este gran esfuerzo por compartir y dar relevancia a una mirada analítica que permita a las mujeres el acceso a la justicia en igualdad de condiciones”, indicó Diana Maffía, legisladora porteña, doctora en Filosofía. Varias provincias, recordó Maffía, han adherido a tener una Oficina de la Mujer en sus tribunales superiores. En Tucumán, incluso, hay una replicadora del programa. “Se confunde el vocal cuando atribuye los horarios diferenciales de trabajo a la falta de voluntad laboral sin siquiera analizar las delegaciones domésticas y de cuidado que tienen las mujeres, aun las profesionales con tareas de alta responsabilidad. Omite mencionar que aquellos varones que tantas horas destinaban al trabajo, estaban munidos de mujeres que cuidaban sus hijos y sus casas”, indicó Maffía.

Con larga trayectoria en la Justicia, la fiscal y profesora Mónica Cuñarro destacó que hubo un incremento del número de mujeres en los últimas décadas, especialmente en la planta de personal administrativo y en los juzgados de Familia, pero aclaró que en los puestos clave, de mayor poder, como las cortes provinciales y los fueros federales y administrativos, siguen siendo mayoría los varones (ver aparte). Cuñarro desafió a Goane a ir a un club del Poder Judicial al mediodía o a media tarde y encontrar jugando al golf o al tenis a una mujer. “Son todos varones. Me han tocado jueces varones que mandan excarcelaciones a las 17 porque de 12 a 16 juegan al golf o al tenis. Mi personal en su mayoría son mujeres. Mientras un varón sale a almorzar (y está en su derecho), las mujeres comen en sus escritorios, producen más y mejor porque quieren estar en su casa a las 18 para ocuparse de los hijos y los cuadernos”, describió Cuñarro, especialista en administración de Justicia y cofundadora de la Asociación de Fiscales.

La ministra del alto tribunal de Entre Ríos y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas, Susana Medina, lamentó “profundamente” las declaraciones de Goane. “Desde luego no las comparto porque subestiman y descalifican el trabajo de tantas magistradas y funcionarias que a lo largo y ancho del país trabajan de manera comprometida para brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente para todos, pero en especial para los vulnerables”, dijo Medina a Página/12. Para la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las expresiones de ministro tucumano son “preocupantes” por varios motivos. “Lo más obvio es que deja ver con claridad su opinión discriminatoria respecto de las mujeres. Pero además, esas declaraciones nos permiten dudar del sentido igualitario de un magistrado que evoca concepciones estereotipadas respecto de grupos determinados de personas, en este caso, de las mujeres”, advirtió Gherardi. Consultada por este diario, Barbagelata, vicepresidenta de la AABA, sostuvo que “un juez que represente ese pensamiento carece de valores y compromisos democráticos y arroja serias dudas sobre su propia capacidad de desempeñar funciones judiciales en un Estado de derecho como el que nuestra Constitución asegura para todos los habitantes”.

Perla Prigoshin es abogada y desde hace pocos meses coordinadora de la Comisión de elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), convocada por la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional. En diálogo con este diario, opinó que Goane “vulnera desembozadamente la Ley 26.485 de Protección Integral contra la violencia de género. Su opinión sobre las mujeres que integran el Poder Judicial provincial, en tanto las discrimina, configura violencia indirecta y, como si esto fuera poco, incurre en violencia laboral e institucional. Cuánto lamento que todavía la comisión que coordino no haya ideado una sanción adecuada para semejante conducta”, dijo Prigoshin.

SER MUJER EN EL ISLAM

Si fueras mujer y vivieras en Arabia Saudí, tendrías que pedir permiso a tu padre, hermano o marido para, entre otras cosas, viajar, trabajar con sueldo, cursar estudios superiores y casarte. Además, tendrías prohibido conducir.

Lo sabe bien Manal al Sharif, que está en la cárcel por conducir un coche y por participar en una campaña pacífica contra la prohibición de que las mujeres conduzcan.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - DENUNCIA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Criminal Correccional determinó que la manifestación de la víctima efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica resulta suficiente para cumplir con el requisito de instar la acción penal.



En el marco de la causa, la víctima pretendió desistir de la acción luego de haber denunciado ante esa oficina que había sido golpeada por su pareja, ante lo cual, la defensa del imputado solicitó la nulidad de lo actuado, debido a que el delito denunciado requiere que la damnificada manifieste su voluntad de iniciar la intervención penal.



Los jueces que integran la Sala I confirmaron lo resuelto por el juez de primera instancia, confirmando el procesamiento del denunciado.



En tal sentido, los jueces sostuvieron que “estas actuaciones tienen su inicio con la denuncia que formuló la damnificada ante la Oficina de Violencia Doméstica donde, tras relatar detalladamente el hecho sucedido, fue concretamente interrogada acerca de su deseo de instar la acción penal, respondiendo en forma afirmativa”, por lo que rechazaron la nulidad solicitada por la defensa.