La Corte reconoció el derecho a pensión para convivientes del mismo sexo

El máximo tribunal de Justicia concedió que uno de los convivientes pueda recibir el beneficio por el fallecimiento de su pareja en 1996

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Sr. P. (quien prefirió mantener su nombre en el anonimato) y le reconoció su derecho a pensión por el fallecimiento del Sr. C. en 1996.

De acuerdo con el fallo, ambos habían establecido una "pareja amorosa, con convivencia pública, permanencia, fidelidad y asistencia mutua", poniendo en común "desde las tareas hogareñas hasta los ingresos que ambos tenían", habiéndose "instituido mutuamente como herederos únicos y universales mediante escritura pública".

En un principio, informó infobae.com, el beneficio había sido denegado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Esta decisión había sido ratificada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sobre la base de que dicha relación, por tratarse de personas del mismo sexo, era ajena a la convivencia pública en aparente matrimonio prevista en el art. 53 de la ley 24.241.

Sin embargo, la Corte revirtió este fallo tomando en consideración que, según su jurisprudencia, la seguridad social tiene como fin cubrir "contingencias sociales" y "asegurar lo necesario para las personas que las sufren", indicó el portal de noticias.

LOS REPRESORES TAMBIEN FUERON VIOLADORES

La organización internacional de derechos humanos Women's Link Worldwide premió un fallo emitido en la República Argentina sobre la violencia de género durante la última dictadura militar. La sentencia, emitida por un Tribunal de Mar del Plata, fue pionera y aún no es seguro que sea emulada en las demás causas que se siguen por similares violaciones de los derechos humanos.

Leí el Nunca más a fines de los ’80, terminando el secundario. Durante muchos años me persiguió la misma imagen que hoy recuerdo con claridad: un represor introduciendo una rata en la vagina de una detenida. De todas las humillaciones, torturas y maltratos, me pareció la peor. Probablemente porque era mujer y podía sentir cómo habría sido ese castigo en mi cuerpo.

Aún siendo terribles los tormentos que atravesaron las mujeres abusadas y violadas durante la última dictadura militar, debieron pasar más de 20 años para que se atrevieran a contarlo ante los Tribunales. Y si bien en el Juicio a las Juntas y en el Nunca Más aparecen testimonios escalofriantes de abusos sexuales de todo tipo, hasta hace muy poco se los consideró sucesos aislados, que no configuraban un delito sistemático como las torturas o las desapariciones. Pero los avances en la jurisprudencia internacional, sumados al propio proceso interno de juzgamiento de los crímenes de la dictadura, hicieron posible que el año pasado dos sentencias fallaran en la línea del reconocimiento de la violación durante la dictadura como un crimen de lesa humanidad, es decir que perjudicó y tuvo como víctima a una amplia porción de la población civil.

En abril del 2010, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictó una sentencia en la que por primera vez la violencia sexual fue considerada crimen de lesa humanidad. Y en junio del mismo año, el Tribunal Oral Criminal en lo Federal de Mar del Plata condenó al represor Gregorio Molina, entre otros delitos, por violación en forma reiterada agravada por la calidad del autor encargado de la guarda de la víctima. Este segundo fallo separó por primera vez el delito de violación sexual del de tormentos, dándole visibilidad a un tipo de violencia padecida específicamente por las mujeres, y dictaminó que la única prueba necesaria para probarlo eran los testimonios de las víctimas. Esta es la sentencia que acaba de recibir el primer premio de la organización internacional de derechos humanos Women's Link Worldwide, que promueve los premios Género y Justicia al Descubierto para los fallos que más promuevan la equidad de género y también para los más sexistas.

Lamentablemente, la sentencia premiada de Argentina, podría no ser emulada por otros tribunales. Si bien hay más causas abiertas contra represores y genocidas en su calidad de violadores, se desconoce cómo considerarán la recolección de la prueba y mucho menos si en la sentencia los condenarán también por el abuso sexual y la violación sistemáticas de las mujeres en los campos de detención.

Con el objetivo de proteger los derechos humanos de las mujeres y apuntalar estos procesos judiciales en la línea de la visibilidad de los crímenes específicos de género, las organizaciones CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres) e INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo) se presentaron en febrero del 2010 como Amicus Curiae en una causa que se tramita en los Tribunales Federales de San Martín, señalando que la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención de la dictadura fue parte del plan sistemático de represión ilegal, y por lo tanto constituye un delito de lesa humanidad, imprescriptible.

Analía Aucía y Susana Chiarotti -responsables principales de la presentación judicial y de una investigación sobre el mismo tema que llevan adelante las dos organizaciones- publicaron en octubre del 2010 en la revista feminista Brujas un artículo llamado 'Violencia sexual como delitos de lesa humanidad. El caso de la última dictadura militar en Argentina' en el que analizan la violencia sexual –sobre todo en el contexto de los conflictos armados- como una pulsión de dominación y castigo, y no de deseo. Los varones violan a las mujeres para humillarlas y degradarlas, pero también para demostrarle al enemigo quién manda.

En prácticamente todas las guerras del siglo XX se encuentran casos de abusos sexuales y violaciones masivas de mujeres por parte de los ejércitos invasores. Las mujeres fueron víctimas de los soldados alemanes y soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, de los franceses en Argelia, y de los norteamericanos en Vietnam. Hace pocos años, los serbios abusaron brutalmente de las mujeres de Bosnia, y los hutus de las tutsis en Ruanda. Estos últimos casos fueron juzgados en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia (2001) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1998), donde por primera vez se habló de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Y en el 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, en el que se codifican por primera vez, a nivel internacional, los crímenes de violencia sexual y de género como los de mayor gravedad bajo el derecho internacional.

Este favorable panorama internacional para el juzgamiento coincidió en la Argentina con la reapertura de los juicios a los integrantes de la dictadura militar impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, debieron pasar más de siete años desde la reapertura de esos juicios para que se diera el contexto favorable para que las víctimas de violaciones hablen y sean escuchadas.

Quienes estudian el tema se refieren al permanente ocultamiento –tanto en Argentina como en otros países- de este tipo de crímenes, en gran parte por la vergüenza de las mujeres y el estigma del que son víctimas cuando dan testimonio. También habría influido la poca valoración del delito frente a otros aparentemente 'superiores' como las torturas y las desapariciones. Finalmente, se señala la importancia de la disponibilidad de la escucha. Si alguien habla y no hay quien escuche ese discurso estamos frente a la locura. Recién ahora pareciera comenzar a darse en Argentina la posibilidad de oír y aceptar que la dictadura militar se ensañó en particular con las mujeres haciéndolas objeto de torturas sexuales atroces.

PARA LA IGLESIA NO SOMOS TODOS IGUALES

POR GRACIELA MUÑIZ
Llama poderosamente la atención y obliga a repensar sobre las actitudes y conductas de los miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la decisión del párroco de la localidad de Magdalena, Provincia de Buenos Aires, Carlos Herlein y de la catequista Nélida Mariani, que no permitieron tomar la primera comunión a una niña de 13 años, con parálisis cerebral, con el argumento que estos niños requieren de mayor tiempo de clases para lograr recibir la formación necesaria.


¿Es el Derecho al Sacramento pasible de recibir adaptaciones especiales o es una cuestión de FE ? ¿O la FE se mide por la cantidad de conocimientos adquiridos, abandonando el verdadero sentido bíblico instituido por Jesucristo ?

Lo más grave - y peligroso - es que esa actitud, repudiada por la Sra. María Cristina Altamirano, madre de la niña, resultó extrañamente avalada por Monseñor Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata (de donde depende Magdalena) que, hasta donde se sabe, no adoptó ninguna medida que revirtiera la actitud del párroco. Más aún, corre el rumor que, ante la actitud del padre Carlos Warton, Capellán del Ejército destinado a un regimiento de la zona, que hizo tomar la comunión a la pequeña, Monseñor Aguer le hizo llegar un apercibimiento.

La Ley 23.054, votada el 1º de Marzo de 1984 y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 27 de ese mes, establece la vigencia en nuestro país, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en su Artículo 12º se refiere claramente a la libertad de conciencia y de religión, la libertad de conservarla junto con las creencias de cada uno y en especial la libertad de profesar su religión.

¿Cómo se puede profesar la religión católica si no se permite a una persona recibir un sacramento ? Y la actitud del párroco no permite recibir la eucaristía a la menor, siendo ésta el sacramento por el que Jesucristo renueva su sacrificio y se halla presente con su cuerpo su sangre y su divinidad.

Resulta evidente que hay un obstáculo que impide profesar la religión a la niña, con absoluto desprecio de leyes internacionales que la República Argentina ha incorporado a su legislación. Mas aún, también se ignora claras disposiciones de la Constitución Nacional, que en su Artículo 14 reconoce a todos los habitantes de la república, el derecho de profesar libremente su culto.

Cabe recordar que las normas escritas no garantizan a los habitantes el respeto de sus Derechos solo ante los funcionarios del Estado, sino también ante las actitudes de particulares que abusan de su posición e incurren en actos como los que nos ocupan.

¿ Como puede comprenderse que por una parte los representantes de la Iglesia sostengan la igualdad de los seres humanos, y por otra, permitan semejante proceder para con un ser indefenso, no tanto por su afección sino por la actitud incomprensible y prejuiciosa de quienes deberían dedicarse a fortalecer la fe ?

Habrán olvidado que deben facilitar que los niños vayan a EL. ...

*Defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

CRECIO 38% LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA DOMESTICA

Según estadísticas elaboradas por la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las denuncias vinculadas con aquella problemática crecieron 38% en dos años.

Así, el informe revela que en mayo de 2011 se registraron 712 casos, mientras que durante el mismo mes de 2009 la cifra fue de 516.

Asimismo, el documento indica que en el 83% de los casos la relación de pareja (parejas, ex parejas, concubinos, cónyuges y novios) es la predominante entre las personas afectadas y las denunciadas.

En tanto, de acuerdo a la información de la OVD, el 80% de las personas afectadas son mujeres y el 86% de los denunciados son hombres.

La OVD está ubicada en Lavalle 1250, en la Ciudad de Buenos Aires. Atiende todo el año durante las 24 hora

Fallo argentino con premio internacional

Una entidad de derechos humanos premió los mejores y peores fallos judiciales en materia de igualdad de género. Fue reconocida una sentencia por la violencia contra mujeres en un centro clandestino de la dictadura. Otro fallo argentino obtuvo un “antipremio”.
Un fallo argentino obtuvo el primer premio a la decisión judicial con el efecto más positivo en un certamen internacional que analiza los pronunciamientos de Cortes y tribunales más progresistas y más retrógrados en materia de equidad de género en el mundo. La distinción, que lleva el nombre de Mallete de Oro, fue otorgada a la primera condena que consideró como delitos de lesa humanidad las violaciones cometidas contra mujeres en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. A la vez, otra sentencia dictada en el país fue considerada entre las más sexistas: el Garrote de Plata lo recibió la decisión de la Sala 1 de Casación Penal bonaerense, que redujo a la mitad la condena por abuso sexual de dos niñas porque eran de familias de escasos recursos. Uno de los jurados fue el juez español Baltasar Garzón.

Se trata de la tercera edición de los Premios Género y Justicia al Descubierto organizado por la entidad de derechos humanos con sede en Colombia Women’s Link Worldwide. Las sentencias que compitieron fueron propuestas por el público en su sitio web. Podían participar aquellos fallos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y discriminación por cuestión de género dictados por tribunales de distintas instancias y cortes internacionales. En total fueron nominadas 78 decisiones relacionadas con 28 países. Junto a Garzón, formaron parte del jurado la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho y la abogada norteamericana, especialista en derecho internacional, Patricia Sellers.

“En todos los países, sin importar su sistema político, cultura nacional o creencias religiosas, los comentarios de jueces o juezas, Cortes y tribunales tienen una influencia enorme sobre el sentido de justicia y la vida diaria de todas las personas”, destacó Viviana Waisman, directora ejecutiva de Women’s Link, durante la ceremonia que dio a conocer los fallos premiados.

Las decisiones de la Justicia argentina nominadas se destacaron entre las mejores y peores en materia de equidad de género. El Mallete de Oro fue otorgado a la sentencia dictada en junio de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por la cual se aplicó reclusión perpetua a un ex suboficial de la Fuerza Aérea por encontrarlo culpable de las violaciones cometidas contra mujeres en el centro clandestino de detención y exterminación conocido como La Cueva. El fallo es el primero por crímenes de género cometidos durante la última dictadura militar. Su particularidad es que reconoce las violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres como parte de un plan sistemático de las Fuerzas Armadas y por tanto se enmarcan legalmente como crímenes de lesa humanidad. El jurado valoró que esa decisión “ofrece justicia a las mujeres por los crímenes cometidos específicamente contra ellas”.

El anuncio de los ganadores se hizo en Madrid, durante la celebración de los diez años de Women’s Link. Esta entidad es reconocida por haber promovido la exitosa demanda que derivó en 2006 en el fallo de la Corte Constitucional de Colombia que despenalizó parcialmente el aborto.

Los otros premios Mallete a las decisiones judiciales positivas para la equidad de género se entregaron en la categoría Bronce, al Tribunal Supremo de España, que ordenó a la seguridad social reconocer y pagar la prestación de maternidad de cuatro meses a la madre adoptiva de una menor, casada con la madre biológica, dado que previamente había habido convivencia entre ambas. “Esta decisión reivindica la importancia de garantizar el derecho de los menores a tener una familia, sin que prevalezca un tipo de familia particular”, destacó el jurado. En la categoría Plata, se destacó el fallo de la Corte Militar del Sur de Kivu, República Democrática del Congo, por condenar al oficial militar de más alto rango en el momento de la sentencia, y a otras nueve personas, por la violación de más de 50 mujeres y niñas y por actos de terrorismo durante el ataque a la población de Fizi, ocurrido el 1º de enero de 2011. “Esta decisión es una advertencia para los altos mandos militares que no sólo deben abstenerse de usar la violencia sexual como arma de guerra, sino también evitar que sus subalternos abusen de las mujeres como botín de guerra”, consideró el jurado.

Entre las decisiones más sexistas, el fallo de la Sala 1 de Casación de la provincia de Buenos Aires mereció el segundo lugar. La sentencia cuestionada favoreció al pastor Francisco Avalos. Fue firmada el 15 de marzo último y Página/12 la dio a conocer oportunamente. En ese caso, se redujo a la mitad la condena por violación a un pastor evangélico, con el argumento del origen humilde de las víctimas, su minoría de edad y el hecho de que ellas hubieran tenido relaciones sexuales anteriormente. “Con la selección de este caso se refleja el repudio global que existe actualmente al problema del abuso sexual por parte de líderes religiosos y la falta de respuesta de la Justicia”, indicó Women’s Link.

En la categoría Bronce, el antipremio Garrote fue para la Corte de Manitoba, Canadá, en la que en un caso de violación, el juez sugiere que el uso de maquillaje, minifalda y escote de la víctima provocaron al acusado y fueron los causantes del delito. Asimismo, se niega a condenar al acusado, a quien califica como un “torpe donjuán”. “Esta decisión demuestra que incluso en los países más desarrollados se sigue culpando a las víctimas de violación de provocar esas agresiones”, puntualiza Women’s Link. En la categoría Oro, comparten lugar la Corte Suprema de Filipinas y la Corte Constitucional de Colombia. La primera impidió, por motivos de procedimiento, que las llamadas “mujeres confort” obtengan reparaciones por la esclavitud sexual a la que fueron sometidas, por tropas japonesas, durante la Segunda Guerra Mundial. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia cuestionada ratificó la decisión de castigar a una reclusa que fue grabada por las cámaras de seguridad de la prisión dándole un beso a otra reclusa, con 30 días de calabozo, en aislamiento, en una celda sin ventanas y con derecho a sólo dos horas diarias de sol.

Si me pongo medias de red y tacones de aguja: decir no, significa no

La movilización apunta a rechazar la idea de que las mujeres son responsables de las agresiones sexuales que sufren por la forma en que se visten. Surgió en Canadá y continuó en países de Centroamérica. En agosto será en Buenos Aires.
Por Mariana Carbajal

Con zapatos y sandalias de taco aguja, medias caladas, minifaldas y jeans ajustados, escotes y remeras al cuerpo. Así marcharon ayer por la tarde cientos de mujeres mexicanas por las calles del Distrito Federal con una consigna clara y precisa: “Cuando una mujer dice no es no, sin importar la vestimenta que lleve”. El mensaje apunta a amplificar la idea de que las mujeres no son responsables de las agresiones que sufren y que nada justifica la imposición de relaciones sexuales o el acoso callejero. La movilización tiene un nombre provocativo: “La marcha de las putas”. Nació en Canadá, y se va propagando por el continente, hacia el sur. El sábado hubo diversas marchas en Centroamérica, con el mismo lema. La de Buenos Aires se está preparando para mediados de agosto a través de Facebook.

“La marcha de las putas” nació en abril en Canadá, cuando mujeres y varones se manifestaron en la ciudad de Toronto, en repudio a las declaraciones del policía Michael Sanguinetti durante una conferencia universitaria sobre seguridad ciudadana en la que dijo que “las mujeres deberían dejar de vestirse como putas para evitar violaciones”. “No es no”, fue la frase repetida en aquella primera marcha que se realizó el 3 de abril. La idea se expandió por las redes sociales Facebook y Twitter y mujeres de otros países del continente fueron adhiriendo a la consigna, que reclama el respeto y la protección sin discriminación.

“Rechazamos firmemente, y en una sola voz, que se siga perpetuando y naturalizando la idea de que somos culpables del acoso y ataque sexual; que el día a día en pleno siglo XXI continúa siendo un enfrentamiento al salir a las calles para estudiar, trabajar, divertirnos y vivir. Ya no más actos sexuales forzados, cuando las mujeres decimos ‘No’, sólo puede significar ‘No’”, decía la convocatoria a la marcha en el DF, que circuló por redes sociales.

En Buenos Aires se está organizando una movida para el 12 de agosto a través de Facebook. “La idea de la marcha no es promocionar la prostitución, sino poner en cuestión la ideología patriarcal que genera excusas para la violación, el abuso sexual o el acoso con la idea de que si una mujer es puta, parece puta o se le define como puta por cualquier razón, desde la vestimenta hasta por dónde y cómo camina, no tiene el derecho de decir que no a los avances sexuales... Ni derecho a denunciar, ni derecho a la autonomía corporal”, comentó a este diario Inti María Tidball-Binz, coordinadora regional de Atrévete! Buenos Aires Hollaback, una organización internacional que trabaja para generar conciencia en torno del acoso callejero. Tidball se encargó de difundir la movida en el país a través de su sitio. Y otras jóvenes tomaron la posta para organizar la marcha porteña. “Queremos hacernos escuchar, queremos que las mujeres dejen de sentir el acoso masculino como algo cotidiano y normal. Que muchas personas justifiquen un abuso sexual, un acoso verbal, o incluso visual –porque muchas veces no hace falta que te digan algo para que te sientas acosada–, por la forma de vestir de una mujer, es simplificar una cuestión que va más allá de una pollera corta. Seguramente muchas mujeres han dejado de vestirse como realmente les gustaría, porque tal vez se cansaron de salir a la calle y recibir todo tipo de acosos, y eso es violencia”, señaló ayer a Página/12 Pamela Querejeta Leiva, una de las organizadoras de la marcha local. Querejeta es integrante de PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista.

El sábado hubo movilizaciones en Nicaragua y Honduras. Ayer en la capital mexicana. El movimiento apunta también a resignificar la palabra “puta”. “Con esta marcha, nos apropiamos de la palabra ‘puta’ para rechazar cualquier tipo de violencia ejercida hacia nosotras con el pretexto de nuestra apariencia y manifestamos que ni las trabajadoras sexuales ni ninguna mujer debe ser violentada ‘porque se le considere puta’”, explicaba otra de las manifestantes. “Estamos cansadas de ir por la calle y que nos violenten con frases disfrazadas de piropos, pero el paso más importante es que pasamos de vivir soportándolo, de vivirlo en silencio a denunciarlo sin miedos, a poder gritarlo. Es la primera vez que se hace algo así en Honduras”, destacó Karla Martínez Lozano, una de las organizadoras de la marcha en la capital hondureña.

“Si me pongo medias de red y tacones de aguja: decir no, significa no”, “Si la apertura de mi falda sube hasta mi muslo: no, significa no”; “Si en cualquier momento decido no consumar el acto sexual: no, significa no”, fueron algunas de las frases que circularon ayer por las calles mexicanas

Peter Benenson

Presente hoy en 150 países, Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por Peter Benenson. Este abogado británico, inspirado en el caso de unos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por brindar por la libertad en su país, decidió publicar el 28 de mayo de 1961 el artículo "Los presos olvidados" en el diario The Observer. En él instaba a personas de todo el mundo a actuar para conseguir la excarcelación de seis reclusos a los que denominó "presos de conciencia": personas encarceladas por sus convicciones políticas, religiosas u otros motivos de conciencia, que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso.


Para su sorpresa, más de un millar de lectores participaron en esta acción. Quizá sin darse cuenta, Benenson había dado forma a un tipo de activismo que daría excelentes resultados en la lucha contra la injusticia: la acción de muchas personas anónimas a favor de otras personas víctimas de violaciones de los derechos humanos.



"La vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos que no conseguimos sacar de prisión, que fueron abatidos camino de prisión, que fueron torturados, secuestrados o víctimas de 'desaparición'. Para eso es la vela". Peter Benenson


Lo que empezó siendo una campaña puntual pronto se transformó en un movimiento internacional por la defensa de los derechos humanos de carácter permanente