Políticas públicas para dejar la calle

El Municipio de Santa Rosa (La Pampa) realiza desde el año 2008 una política activa en materia de trata de personas y prostitución que incluye un programa de prevención y asistencia que preve, entre otros aspectos: un subsidio económico, el acceso a un empleo digno a través del compromiso del sector privado, y la colaboración en el desarrollo de microemprendimientos.

El programa llevado adelante por la Subdirección de Políticas de Género se llama Programa para la Prevención, Atención, Asistencia y Promoción de Oportunidades para el Desarrollo de Víctimas de Trata de Personas por Explotación Sexual y Prostitución. Tiene seis áreas de trabajo que van desde la asistencia psicológica y legal hasta las campañas de comunicación, e incluye la reinserción social y económica a través de tres líneas de trabajo: un fondo de emergencia económico, el acceso a un empleo digno y el acceso al empleo autogestivo a través de microemprendimientos.

El fondo de emergencia económico se entrega al menos por seis meses, previa evaluación del estado de salud física y psíquica de la víctima, y durante el mismo se espera que la persona complete sus estudios o se capacite en algún oficio. El acceso a un empleo digno se gestiona a través de la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo de Nación, que funciona en la órbita del municipio de Santa Rosa, apelando a la responsabilidad social y buena voluntad del sector privado. Por último, el acceso a un empleo de autogestión a través de microemprendimientos se canaliza a través del área responsable de este tema dentro del municipio.

El programa forma parte de una activa política en la prevención y abordaje de la trata de personas que lleva adelante el municipio de Santa Rosa desde el año 2008 y que incluye, entre otras cosas, la decisión unánime tomada por Concejo Deliberante de la ciudad en el año 2009 de prohibir las whiskerías y cabarets en los que se ejercía la prostitución. Si bien estos locales están prohibidos en Argentina desde 1937 por el artículo 15 de la Ley 12331 de Profiláxis, que señala que 'queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales
donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella', en muchas localidades del país se hicieron normativas posteriores aprobándolos. Esta era la situación de ilegalidad también en Santa Rosa hasta la ordenanza del 2009.

PROSTITUCION - UN DEBATE

Esta semana comenzó a tratarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto presentado en junio por la diputada Diana Maffia para concretar un 'Plan marco de políticas para la promoción de los derechos humanos de las personas en situación de prostitución' que conformaría, si se sancionara, una primera política pública sobre el tema en el ámbito local. Según el Ministerio Público Fiscal de CABA, las contravenciones por prostitución pasaron del 11% al 18% entre 2010 y 2011.

El proyecto es resultado de varios encuentros de legisladoras y legisladores de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud –presidida por Diana Maffia- con organizaciones que nuclean a mujeres en situación de prostitución y personas travestis y transexuales, en encuentros llamados 'Diálogos intersectoriales sobre prostitución' y en instancias previas. Se trató en total de cuatro encuentros realizados entre 2010 y 2011 en los que participaron, entre otras organizaciones: AMMAR Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos; AMMAR Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina-CTA; ATEM 25 de noviembre/ Campaña 'Ni una mujer más victima de las redes de prostitución' y Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual.

El proyecto de Maffia –al que se sumaron 15 legisladoras y legisladores del Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, Diálogo por Buenos Aires, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, Encuentro para la Victoria, y MST/Proyecto Sur)- comenzó esta semana a ser tratado por la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Propone la creación de un 'Plan marco de políticas para la promoción de los derechos humanos de las personas en situación de prostitución' en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de 'efectivizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas en situación de prostitución, así como desnaturalizar los estereotipos y prejuicios que pesan sobre ellas'. En junio del 2011 fue ingresado a la Legislatura y esta semana comenzó a ser tratado en la Comisión de Derechos Humanos.

En los fundamentos del proyecto se analiza desde la perspectiva de género las condiciones históricas de desigualdad y discriminación de las mujeres que pueden llevarlas a una situación de prostitución y la particular violencia sufrida por personas transexuales, transgéneros y travestis que tienen su principal fuente de ingresos en la prostitución en el 80% de los casos. Y se enfatiza en la necesidad de modificar el actual rol del Estado en relación al tema: por un lado ausente en política pública y por otra parte presente a través de la represión, aplicando el artículo 81 del Código Contravencional que preve la sanción de quien 'ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad'. Sobre este punto, en el proyecto se mencionan datos del Ministerio Público Fiscal de CABA que señalan que durante el año 2010 las contravenciones al artículo 81 representaron el 18% del total, muy superiores al 11% del 2008/2009 (años en los que de todas formas esta infracción fue la segunda en cantidad, luego del uso indebido de espacio público).

DISCRIMINAR DA RATING

La identidad sexual y la violencia de género son las infracciones más frecuentes que se ven en pantalla. El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión generó un índice que comprobó que las mujeres, los gays y las lesbianas son los más afectados/as por los estereotipos mediáticos. Además, en seis de cada diez programas se infringe la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que contempla la violencia simbólica contra las mujeres.

¿Esa cola tiene novio? ¿Quién va a hablar, el culito o ella?”
(AM, Telefe, 17 de enero de 2011).
“¿Qué te llevó a querer ser
el culo del verano?”
(Viviana Canosa, Canal 9, 18 de enero de 2011).

El minuto a minuto barre a entrevistados que pueden hablar con pausa y hace quedar durante horas una guerra de barro entre gemelas o un ricachón mostrando sus gemelos. El rating manda. Y la tele también. Culpa de las productoras o mea culpa del imán que genera tener la mente en blanco o preocupada por el baile, la pelea o el video prohibido (o violado) de vedettes y mediáticos la tele no es sólo banal –que no estaría mal un tiempo de banalidad– sino discriminatoria.

El rating da muchos puntos. Y, muchas veces, da más puntos cuanto más despectiva, polémica, burlona, exhibicionista, homofóbica y sexista sean las imágenes que se muestren. Pero, a partir de la nueva ley de medios y la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca ex Comfer) ya hay otro ranking y otros parámetros legales. Quien quiere mirar que mire.

Sin duda los gays y lesbianas y las mujeres son los más afectados/as por la cosificación de la pantalla (que ya no es chica sino plana). Las situaciones con más burlas, estigmatizadas o mal tratadas en programas de entretenimiento fueron la identidad sexual y la violencia de género. Después le siguen la xenofobia y el racismo, la discapacidad, la obesidad, la religión y la juventud.

No hace falta que te diga... ¿o sí? Por las dudas recordemos a Jorge Rial dixit:

“Además de maricón te escudás en una mujer. ¡Sos un maricón Fort, sos un maricón! Pero que en el barrio te cagábamos a trompadas, te escondés atrás de una mujer (...) Poné huevo, lo que te cuelga ahí son huevos, vení acá. Vení acá si tenés huevos.” (de Jorge Rial a Ricardo Fort, en Intrusos 10 años, América, el 29 de noviembre de 2010).

Esta evaluación se realizó a partir de septiembre del 2010, con la aplicación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), hasta abril del 2011. Durante el tiempo de monitoreo, el Afsca relevó 706 contenidos de radio y televisión de los cuales el 61 por ciento infringieron la ley por diversas temáticas: el 37 por ciento por su lenguaje, el 29 por ciento por los contenidos violentos, el 15 por ciento por lo que califican “temáticas adultas” (el modo de enfocar la información) que se da mucho en noticieros (no sólo los programas de chimentos pisan el palito) cuando, por ejemplo, preguntan a la mamá de un chico asesinado por situaciones escabrosas que no hacen a la información sino al morbo. Otra situación que es recriminada por las autoridades es el trato a las travestis. La falta no está en que haya travestis en televisión, ni en los horarios que puedan ocupar como protagonistas o entrevistadas, sino en el amarillismo (o cinismo) de las y los entrevistadoras/es que pueden decirles “¿Vos lo haces por atrás?” con la misma naturalidad con que piden una tanda y sin tomar como natural esa opción sexual sino como bichos raros (o bizarros) de la televisión re-formateada en circo.

Otras de las infracciones a los parámetros impuestos por la nueva ley de medios –en el 10 por ciento de los casos– es por temáticas relacionadas con la sexualidad (que podemos traducir en porno soft a cualquier hora del día y del dial o el zapping de control remoto) y un 4 por ciento por discriminación. No hace falta que te diga que el día de San Patricio, en el bajo porteño, es festejado como una fiesta y que, en cambio, una fiesta de la comunidad boliviana –en los dos casos con una corrida de alcohol a la vista– es mostrada como decadente y peligrosa.

En el top ten de los canales que no cumplen con las normas previstas para los contenidos audiovisuales está Canal 2 (América) con un 38 por ciento de las infracciones por actos de discriminación. Le siguen Canal 11 (Telefe) con 27 por ciento de las faltas, Canal 9 con 15 de transgresiones a los códigos de ética de los medios de comunicación, Canal 13 con 8 por ciento de violaciones a la ley de medios y Canal 7 con 4 por ciento de actitudes recriminables. Mientras que, en menor medida, las radios y los canales de televisión por cable representan otro 8 por ciento.

En la guerra por el rating todos quieren subir el tono. Algunos ganan y otros pierden en la cantidad de televidentes. Pero, a partir de la creación de la Afsca, ya no pasa inadvertido cuando se pasan de la raya. Los que peores mensajes emiten son Antes del mediodía (AM-Telefe), Bendita (Canal 9), Showmatch (Canal 13) –que, en realidad zafó bastante porque gran parte del monitoreo se realizó en el verano cuando se encontraba fuera de pantalla– y Resumen de los medios (RSM-Canal 2). También Susana Giménez quedó afuera del punteo por estar en Miami y no al aire con frases tales como “¿Y vos qué le hacías (para que te pegue)? Porque él parecía tan bueno”, durante una entrevista con Victoria Vanucci.

Ante los casos específicos trabaja el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión que fue el responsable de realizar el monitoreo. Este organismo existe desde el 2006 y está integrado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca ex Comfer), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).

A partir de septiembre del año pasado cuenta con más herramientas para promover una nueva cultura ya que la innovadora norma especifica que es obligatoria la “protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado evitando toda discriminación por género u orientación sexual”. Además, la regulación de los medios de comunicación incorpora la figura de “violencia mediática o simbólica”, a través de la aplicación de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485) entre las pautas que deben cumplir los programas de radio y televisión.

Una muestra representativa de la violencia de género en los medios fue el tratamiento informativo del concurso Reef, la cola del verano. En este evento, diferentes programas televisivos trataron a la mujer como un objeto sexual, desprovista de su dimensión humana y personal. Esto se hizo evidente “no sólo desde las imágenes a partir de la utilización insistente de primeros planos de los glúteos de las participantes, sino también a partir de construcciones discursivas de los responsables de los programas”. De ahí, la pregunta –inanimada a una parte del cuerpo femenino– como: “¿Esa cola tiene novio?”.

La discriminación está a la vista. Pero hay que tener en cuenta que no se trata de implementar una revolución penalizadora, ya que se están adecuando los mecanismos de sanción y se prioriza el diálogo con los responsables de los medios. Hasta ahora el Observatorio actúa por iniciativa propia, en los casos en que lo considera pertinente, y/o por reclamos o denuncias de organizaciones sociales y/o ciudadanos/as particulares. Analiza los contenidos objetados y concluye si el material observado contiene –o no– un mensaje discriminatorio. Las conclusiones se comunican a las partes involucradas. Una parte del trabajo es el intento de que publicistas, guionistas o productores tomen mayor conciencia de los efectos que generan. O si no la cola la van a hacer para pagar las próximas multas.

Más información: www.obserdiscriminacion.gov.ar

VIOLENCIA DE GENERO

Ser mujer es un riesgo. Ser mujer y amar es definitivamente más riesgoso, teniendo en cuenta que las 260 mujeres, adolescentes y niñas asesinadas el año pasado (según un relevamiento realizado por la ONG Casa del Encuentro), lo fueron en manos de cónyuges, novios, amantes, y otros varones del círculo afectivo de las víctimas.

Como una espada punzante, la violencia de género atraviesa países, edades, orientaciones sexuales, situaciones socioeconómicas, culturas y etnias. Ser mujer y amar es un riesgo, en cualquier lugar del mundo. Y también en la Argentina.

Los últimos días, la ciudad de Bahía Blanca fue testigo de dos situaciones graves de violencia de género. En una esquina muy céntrica una joven fue golpeada brutalmente por su novio y debió ser hospitalizada. Pero el otro hecho tuvo un desenlace fatal: una mujer de 26 años fue estrangulada por su pareja quien luego se suicidó.

Esta joven se suma a los casos de “femicidio” en Bahía Blanca (se registraron cinco en 2010) y en el país. Y aún seguimos sin tener estadísticas oficiales. El lugar marginal que ocupa la temática de la violencia de género en la agenda del Gobierno es, de por sí, una forma de violencia de género. Este flagelo se ha convertido en la primera causa de mortalidad femenina en el mundo. Y en las mujeres sobrevivientes deja secuelas irreversibles. Constituye un problema social y de salud pública que atenta contra el más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida. Pero también impide el cumplimiento de todos los otros derechos humanos básicos.

Resulta urgente que el Gobierno en los niveles locales, provinciales y nacional monitoree la aplicación de las leyes vigentes, especialmente: la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas/os y adolescentes y la ley 26.150 de creación del programa nacional de educación sexual integral. Los municipios deberían liderar acciones para promover una mejor articulación entre los dispositivos de prevención y atención.

No es infrecuente que los profesionales que trabajan en diferentes servicios de prevención y atención a la violencia de género no cuenten con capacitación específica y se desempeñen en situación de precarización laboral, lo que atenta contra el abordaje adecuado de tan compleja problemática. Para ello, es indispensable la asignación de recursos económicos y técnicos a través del Consejo Nacional de la Mujer.

El Gobierno no podrá establecer políticas adecuadas ni abordarlas si no cuenta con un diagnóstico sobre su magnitud. Argentina tiene la ventaja comparativa (respecto de otros países) de tener un buen marco legal. Resta la decisión política para poder garantizar su cumplimiento. Y esto es urgente. Las mujeres y la sociedad en general no concebimos más muertes por violencia de género.

FEMINICIDIO - UN FALLO MAS QUE CUESTIONABLE

No hace falta ser adivino para predecir que un fallo de la Sala III de la Casación bonaerense desatará polémicas. El tribunal resolvió reducir a 15 años la condena a perpetua a un hombre de 70 años que en diciembre de 2004 había matado a su mujer ahorcándola, luego de golpearla a puñetazos y con un objeto contundente, para luego enterrar su cadáver en el jardín. La argumentación del voto mayoritario fue que el vínculo había quedado roto desde hacía una década y la mala relación de pareja actuaban como atenuantes que no habían sido considerados en la sentencia. También por dos votos la Sala III decidió otorgar la detención domiciliaria por tratarse de un mayor de 70 años.

El femicidio ocurrió entre las nueve y las once de la noche del 11 de diciembre de 2004, en el interior de una casa de la calle Defensa, en la localidad de San José, partido de Lomas de Zamora. El hombre, a quien el tribunal denominó como V.V., “le aplicó múltiples golpes de puño y con un objeto contundente a la persona de su cónyuge, A.D.S., ocasionándole diversas fracturas costales y múltiples lesiones. Asimismo lleva a cabo una estrangulación manual, ocasionándole con ello el óbito. Posteriormente ocultó el cuerpo en un lote cercano...”.

El Tribunal Oral Nº 6 de Lomas de Zamora condenó al acusado a cadena perpetua. El caso llegó a la Sala III de Casación bonaerense, integrada por los jueces Daniel Carral, Ricardo Borinsky y Víctor Violini. Carral fue el encargado de desarrollar el primer voto y fue quien revisó los atenuantes que solicitaba la defensa. Rechazó uno de ellos, el que sostenía que debía enmarcarse como preterintencional, es decir, que pretendía golpear a la víctima, pero no provocarle la muerte. “Nótese que, conforme se desprende del veredicto condenatorio, el argumento esencial señalado por el a quo radica en que la mecánica del deceso importó múltiples golpes de puño, varios golpes con un objeto contundente en el rostro, región anterior al cuello, región superior del tórax y finalmente la estrangulación; lo cual a las claras denota que no se trató en la especie de un accidente sino que, palmariamente, el propósito del sujeto activo era ultimar a la damnificada.” Y además, después ocultó el cadáver.

Carral consideró la presencia de “extremos atenuantes de la figura agravada de homicidio”. “Efectivamente, la relación conyugal entre víctima y victimario hacía tiempo que se hallaba finiquitada sin perjuicio de no haberse instrumentado en debida forma los trámites necesarios para obtener una sentencia de divorcio vincular (...)” y por el “hecho de que ambos cónyuges habitaban espacios distantes por un patio y dentro de un mismo predio –de común acuerdo– por más de diez años. A su vez, la decadencia del enlace matrimonial se corrobora a partir del hecho de que el acusado mantuviera otra relación sentimental con una mujer que traía a la vivienda que el mismo habitaba, lo cual fue detallado expresamente por R.V. sin que el causante negara dicha ligazón”.

También consideró como atenuante excepcional que tomó la situación psíquica por la que pasaba V.V., quien declaró que “(...) yo trabajaba veinte horas por día (...). Cuando ella se fue a Italia, le pagué todo. Cuando volvió, estaba enojada. Al tiempo, yo perdí un poco la vista, ella no me cocinaba, nada, siempre la contra (...). Yo le decía que ella no me atendía y por eso busqué alguien con quien entenderme. Ella se cagaba de risa de mí (...)”. Carral consideró que la actitud del imputado “respondió sin dudas a impulsos emocionales relacionados con el turbado enlace familiar existente, el cual incluso presentaba vestigios de una significativa historia patológica vincular”. Al considerar Carral que el vínculo era en los hechos inexistente, dejó de lado el agravante por el vínculo. Y los atenuantes excepcionales que consideró llevaron al juez a votar la reducción de la pena a 15 años, y la detención domiciliaria por la edad.

Violini aprobó el voto, pero estuvo en contra de la detención domiciliaria. Borinsky, en cambio, estuvo de acuerdo con la detención domiciliaria, pero rechazó la atenuación, considerando que el voto de sus colegas se sostenía en considerar comprensible la pérdida de respeto a su cónyuge por las circunstancias que vivía la pareja, y agregó que “si, como dice la hija de ambos, ella mantenía a la víctima a quien su progenitor siempre amenazó con matarla, además de ponerle corriente al lavarropas, chapitas en la cerradura a fin de impedirle el acceso y golpearla hasta con palos, haciéndole perder parcialmente la audición, y la occisión se produjo cuando la madre fue a reclamarle porque le había sacado las rejas protectoras, que según unos vecinos V. llevó hasta la esquina, desde donde fueron subidas a una camioneta, y entonces la mató, es mi parecer que las circunstancias que rodearon el homicidio no son de atenuación”.

El adiós a Florentina

La reconocida luchadora por la igualdad de género y figura del radicalismo falleció ayer. Sus restos serán velados hoy en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.

Le habría gustado ver la implementación efectiva de la educación sexual integral en las aulas de todo el país y la despenalización del aborto en el Congreso. Casi al borde de los cien años, Florentina Gómez Miranda seguía arengando con su tono de maestra muy maestra –cuando le ofrecían un micrófono para homenajearla– por la necesidad de lograr esos dos objetivos, para ella fundamentales para el avance de los derechos de las mujeres. La ex diputada radical, reconocida luchadora por la igualdad de género, falleció ayer, a los 99 años. Hoy, desde las 8, será velada en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso y luego será trasladada al Cementerio Jardín de Paz, en Pilar.

Fue suyo el primer proyecto sobre despenalización del aborto que se presentó en Diputados a partir de la recuperación democrática. “No tengo problema en que los hombres tengan todos los derechos que quieran, pero compartidos”, afirmó hace poco, en una entrevista televisiva. Por esa paridad en los derechos batalló convencida. A ella se le deben leyes fundamentales, como la ley de patria potestad compartida, la equiparación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, el divorcio vincular y la pensión para la concubina o concubino. También promovió la ley de cupo junto con otras legisladoras, que fijó un piso de 30 por ciento de mujeres en las listas de diputados y senadores. “Lo más destacado de su personalidad fue su capacidad de seguir aprendiendo adultísima: la porosidad de su subjetividad. Tenía una cabeza gigante. Hay que señalar que los temas del feminismo los incorporó a los 70 años”, comentó a Página/12, apenada por su fallecimiento, Dora Barrancos, historiadora e investigadora del Conicet.

La Comisión de la Mujer, Familia y Minoridad de la Cámara de Diputados se creó a partir de un proyecto de Florentina, que presentó a poco de asumir su banca, con la llegada de Raúl Alfonsín a la Casa Rosada. Tenía 72 años. Tuvo dos mandatos consecutivos. “Para mí hay un solo Alfonsín”, dijo en la misma entrevista, y se refería al ex presidente, claro, cuando le preguntaron sobre la actualidad del radicalismo. Entre los más de 150 proyectos que presentó como diputada, se destacan otros que no llegaron a aprobarse en aquel momento, vinculados con la planificación familiar, el Papanicolaou obligatorio y fertilización humana asistida (este último fue el primero en el Congreso sobre la temática).

Florentina había nacido en Olavarría el 14 de febrero de 1912. Fue la menor de ocho hermanos, “flaca, narigona y negra”, como ella se describía. Su madre y su padre, docentes, le transmitieron el amor por la educación. Se graduó de maestra en la Escuela Nacional de Profesores Mary O’Graham. Ya siendo docente estudió libre la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó en 1945. “He vivido toda la vida enseñando y aprendiendo”, declaró alguna vez. “No hay otro camino que la educación”, sostenía. “Soy maestra por vocación, abogada por elección y política por pasión. Y de las tres actividades la que más me ha servido en la vida fue la de maestra, aun en mi profesión de abogada”, decía.

Era un poquito testaruda, no se amilanaba con nada. “Los varones del partido sabían lo difícil que era pelearse con ella”, recordó a este diario Mabel Bianco, integrante del Comité Nacional de la UCR, y directora de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer. Siempre se quejaba de que las mesas de discusión del partido estuvieran llenas de hombres. “Todavía los hombres ordenan la política”, se lamentaba. El darse cuenta de que los varones eran los articuladores del verdadero poder fue lo que la llevó a levantar las banderas del feminismo, señaló Barrancos.

A la UCR ingresó desde muy joven. A Hipólito Yrigoyen, contó, lo conoció en persona, cuando su madre la llevó a pedirle un puesto como docente a poco de recibida y le impresionó mucho su personalidad. Los 99 años los celebró en febrero en su casa de Sarandí al 1000, con su lucidez intacta. En la reunión fantaseó con la idea de festejar los 100 en el Luna Park. Ayer se fue Florentina, dirigente histórica del radicalismo, feminista, de convicciones fuertes, una gran legisladora.

Marcados por la memoria del horror- MARIANA CARBAJAL

El Centro Ulloa, de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, brinda asistencia integral a víctimas de abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías. Organizan un equipo para intervenir en casos de trata.
Se creó para intentar suavizar las huellas profundas en la salud psíquica y física de las víctimas del terrorismo de Estado –y de sus familiares– y acompañarlas en su recorrido como testigos en los juicios contra los represores. Pero el Centro Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, amplió sus incumbencias. Y también brinda asistencia integral a víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas en democracia: abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías. Están organizando un equipo, además, que pueda intervenir en casos de trata. La atención no está centralizada en su sede, en la ciudad de Buenos Aires. Para cubrir todo el territorio del país, armaron una red de profesionales, con perspectiva de derechos humanos, de hospitales públicos en las diversas provincias.

“Si creamos este Centro de Asistencia no podemos solo abocarnos a las violaciones de derechos humanos del terrorismo de Estado. Hay muchas marcas en las fuerzas de seguridad, en las estructuras del Estado, de eso que ocurrió. Las marcas son tan profundas que por supuesto se siguen generando violaciones en la actualidad y no podemos dejar por fuera a esas víctimas. La lógica de trabajo es la misma que aplicamos a las víctimas de terrorismo de Estado”, explica a Página/12 Fabiana Rousseaux, directora del Centro Ulloa. También ella tiene sus propias huellas del horror de aquellos años oscuros: su padre está desaparecido.

El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de DD.HH. Dr. Fernando Ulloa se creó en octubre de 2010: sus incumbencias se ampliaron en febrero último por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Funciona desde hace pocos meses en una casona con patio andaluz en el microcentro porteño, Esmeralda 138, en las mismas habitaciones que albergaron al extinto Banco General de Negocios, denunciado por la fuga de 250 millones de dólares, de los hermanos Rohm y en cuyo directorio también tenía participación el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. El pasado y el presente deambulan y se chocan por los pasillos. Pero la casona respira el espíritu del psicoanalista Fernando Ulloa –a quien homenajea con su nombre–, fallecido hace tres años, a los 84 años, reconocido por su compromiso social y político, y sus aportes conceptuales y prácticos a la lucha por los derechos humanos.

En realidad, el Centro Ulloa es la continuación de otras iniciativas promovidas desde la Secretaría de Derechos Humanos para dar contención, acompañamiento y asistencia en salud mental a víctimas-testigos del terrorismo de Estado. “Pero estamos también empezando a trabajar con médicos. Este no es un tema solo de salud mental: cuando una persona, luego de testimoniar en cualquier causa, desarrolla una enfermedad autoinmune y se muere, como ha pasado, es un tema muy grave”, apunta Rousseaux.

–¿Lo ven como un patrón?

–Sí. Por eso hablamos de la importancia del acompañamiento del testigo: el testimonio en el juicio no es volver a contar sino volver a vivir. Y eso trae consecuencias. Algunas personas, como el papá del Negrito Avellaneda (Floreal tenía 15 años cuando fue secuestrado; su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976) no podemos decir que murió después del testimonio. Pero como profesionales podemos decir que hay algo del cuerpo que se desadormece después de que toda su vida fue pensada en función de llegar a ese testimonio, a que se haga justicia. ¿Y luego qué viene? Lo vimos en otros casos, en otras provincias. Hay algo que se descongela en el cuerpo. Muchas de estas personas jamás han podido ir a hacerse estudios básicos, indispensables, como un electrocardiograma o una mujer estudios ginecológicos. Son cuerpos marcados por la memoria del horror. En el Centro escuchamos gente que llega derivada de un juzgado, de una fiscalía, que dice: “Yo tengo esta enfermedad hace muchos años, pero jamás pude ir a un médico”. No se animaron, tal vez, porque viven en pueblos chicos, donde el médico del lugar pudo estar vinculado con represores.

Una de las asesoras del Centro Ulloa es Alicia Stolkiner, titular de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Psicología de la UBA y profesora de posgrado en el Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. El equipo se integra con profesionales más jóvenes, como la psicóloga Juliana Serritella, coordinadora del Area de Terrorismo de Estado, y Virginia Delgado, psicóloga y psicopedagoga. “Cuando se funda este Centro, se establece un puente entre las violaciones de los derechos humanos durante el terror de Estado y las actuales, que tienen que ver con la actuación, aun en un marco democrático, de las fuerzas de seguridad de manera inadecuada”, puntualiza Stolkiner.

La formación de una red de profesionales en distintos hospitales, que puedan dar respuesta a víctimas de violaciones de derechos humanos, es una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos. “El Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado (CATE) –del cual depende el Ulloa– surge en 2005 con el objeto de volver a instalar el tema de la actualidad del terrorismo de Estado en la salud mental y en la población en general. No se trataba de un hecho del pasado, sino que retornaba sistemáticamente en las consultas y las profesionales daban una respuesta muy curiosa, sobre todo en el interior del país, cuando se acercaba una víctima de terrorismo de Estado tres décadas después a atenderse: ‘Vaya con los de los derechos humanos, esto es un problema de los derechos humanos, nosotros no tenemos nada que ver con el tema’. Dentro de la Secretaría, planteamos la necesidad de que ningún profesional del país, que tenga una matrícula y que sea funcionario público también, pudiera decir que no tenía nada que ver con el problema del terrorismo de Estado, porque la gente, sobre todo en el interior de país, veía acotada su posibilidad de asistencia”, dice Rousseaux.

–¿Qué particularidad puede tener la intervención de profesionales de la salud mental o médicos de la red que han armado?

–Nuestra mirada particular y específica es pensar la representación subjetiva que cada uno tiene respecto de esa violación de derechos. A veces viene gente que uno puede interpretar que no ha sufrido una violación efectiva de derechos humanos en la definición estricta y, sin embargo, hay una interpretación subjetiva. Nos llamaron para intervenir en el primer juicio oral que se va a llevar adelante por el caso de Marita Verón en Tucumán, en el acompañamiento a las víctimas-testigos que van a declarar. Finalmente no nos vamos a ocupar, pero sí pensamos que tenemos que acompañar a víctimas de trata, que es un trabajo casi a la inversa del que hacemos con víctimas de terrorismo de Estado.

–¿Cuál es la diferencia?

–Por la posición subjetiva de las víctimas. Pareciera ser que lo que hay que construir es la condición de sujeto de derecho en ese caso. Nos parece muy importante –como en el caso de la causa de Automotores Orletti, que muchos testigos venían de Uruguay– qué pasa con el post testimonio y cómo nosotros sostenemos y armamos una red de contención luego de que declaren en el juicio, que es el momento más riesgoso y en el que tal vez la Justicia no piensa, porque está enfocada en el testimonio.Actualmente brindan asistencia a unas quinientas personas, víctimas del terrorismo de Estado. Hay una propuesta de hacer un espacio grupal para mujeres que han sufrido violaciones sexuales en los centros clandestinos.

* Para consultas sobre el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, dirigirse a Esmeralda 138, llamar al 11-4328-2463 o escribir a centroulloa@jus.gov.a