JUSTICIA MACHISTA - NOTA DE MARIANA CARBAJAL

La inacción judicial para proteger a mujeres víctimas de violencia de género quedó en el centro de la polémica luego de conocerse que la joven que grabó los golpes que le propinó su ex marido en la puerta de su casa y delante de su hija, en Bahía Blanca, había hecho quince denuncias en la policía y no había tenido eco. En otras jurisdicciones, sin embargo, hay magistrados que muestran otro compromiso para enfrentar el problema. Como en Bariloche, donde el juez de Instrucción en lo Penal Nº 2, Martín Lozada, conocido por su clara postura de defensa de los derechos humanos, ordenó la detención en las últimas semanas de tres hombres que maltrataban a sus esposas o ex parejas: uno llegó a quemarla con un hierro candente, otro la roció con nafta y el tercero pretendió prenderle fuego. En una entrevista con Página/12, Lozada analizó las herramientas y los límites de la Justicia para defender a las mujeres. “La matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas”, afirmó Lozada. También reflexionó sobre el perfil de los perpetradores y la brutalidad de los ataques. –¿A qué adjudica tanta violencia de género? ¿Se está visibilizando más a partir de que las mujeres se atreven a denunciar situaciones que antes se silenciaban? –Tengo la impresión de que ese número cada vez mayor de mujeres que denuncian las violencias que padecen anima y estimula a las restantes víctimas a hacer lo mismo. Se trataría de una “naturalización positiva” de esas violencias, es decir, de un espacio de reconocimiento y de difusión de los mecanismos de sometimiento en vigencia. Otro punto, relativo a la escenificación violenta propia de quien echa mano a un bidón de combustible para rociar a su víctima o calienta un hierro para quemarla luego, podría estar vinculado con lo que Zygmunt Bauman llama la “sociedad sin-óptica”. En este modelo social, opuesto al panóptico de Jeremías Bentham, en donde pocos observaban el comportamiento y los gestos de muchos, somos multitud los que miramos de modo diario y acrítico la conducta y devenir de pocos. Me refiero, fundamentalmente, que a través de diversos dispositivos tecnológicos verificamos cotidianamente las formas precisas que van adoptando las manifestaciones de violencia en general, y de las violencias y ultrajes en contra de las mujeres en particular. Si actualmente las quemaduras con combustibles se propagan como manifestación violenta, acaso ello se deba al proceso de “copia” consciente, semiconsciente o, en su caso, inconsciente, por parte del perpetrador. Un perpetrador que ha aprendido, tal cual lo hacen los chicos, a través del proceso de imagen-refleja, cómo y a través de qué pasos se concreta un resultado. En este caso, un resultado negativo de violencia física y psicológica. –Una mujer en Bahía Blanca tiene que llegar al extremo de tener que grabar un video para hacer pública la violencia que sufre de parte de su ex marido luego de realizar quince denuncias y no recibir protección. Es también frecuente que mujeres que terminan asesinadas por parejas hayan hecho previamente varias denuncias contra el agresor. ¿Qué es lo que está funcionando mal? –También aquí se da una pluralidad de factores. Uno de ellos fuertemente afincado en el universo de las creencias personales, en relación con la posibilidad de poseer y controlar a nuestro antojo, sin límite intersubjetivo alguno, a la mujer que nos acompaña. Otro de naturaleza social, que sobredimensiona el alcance del universo masculino y lo coloca una y otra vez en una situación de supremacía por sobre el femenino. Si ésos son los patrones que ordenan el mundo en el que vivo, pues cualquier alteración de ese modelo de organización va a ser digno de respuesta. Y de respuesta violenta, por supuesto, pues se trata de volver las cosas al lugar de donde nunca debieron salir: el sojuzgamiento y la dominación de la mujer a través de cualquier dispositivo, aun aquellos llamados a ejercer dolor sobre su cuerpo y su espíritu. –¿Por qué hay operadores de la Justicia penal que minimizan la gravedad de una amenaza o golpes en situaciones de violencia doméstica? –Diría que la matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas. Quienes operamos desde el sistema penal, a veces sin ser demasiados conscientes, solemos reproducir formas de desprecio por las asimetrías que rigen las relaciones de género en nuestra sociedad. Y esa indiferencia contamina el trabajo diario y hace de la mujer, en ocasiones, un ente cosificado. Llamado a reproducir actitudes y roles propios de una sociedad vertical y machista. –¿Qué puede hacer el Poder Judicial frente a un caso en el que la mujer denuncia a su pareja o ex pareja por violencia? –Afortunadamente los poderes judiciales vienen percibiendo las transformaciones sociales que se vienen operando en relación con los derechos de las minorías. A partir de ello se advierte un proceso de sensibilización o empatía para con quienes resultan sometidas por mecanismos de dominación tan estrictos como los expuestos por la violencia doméstica y de género. Si ello es así, entonces los poderes judiciales pueden servir no sólo para dar voz a las víctimas, sino también para visibilizar los procesos sociales que permiten tales formas de sojuzgamiento y violencia. Y más aún, para marcar un rumbo respecto de aquellas dimensiones de violencia que, ya sea en el ámbito familiar, en el trabajo o en la escuela, no resultan convenientes de ser toleradas. –Usted se enfrenta con frecuencia con un hombre que golpea a su esposa o ex pareja. ¿Qué características tienen? –Los perpetradores son miembros de una sociedad que, como sabemos, viene menospreciando de diversos modos la feminidad. Acaso ellos no lo manifiestan de modo elaborado y sofisticado, como otros que sí pueden hacerlo, y lo materialicen de modo bestial y altamente doloroso. Quiero decir con esto que no son seres de otro planeta y sociedad, sino personas que de modo íntimo o manifiesto tienen la creencia en torno de una cierta supremacía de lo varonil por sobre lo femenino. Sus actitudes, entonces, suelen oscilar entre el “negacionismo” y el “justificacionismo”. Entre la hipótesis de la invención victimizada por parte de la mujer delirante y el argumento de que esas cuotas de violencia eran indispensables para reencauzar una noción de orden por ellos imaginada. –¿Muestran arrepentimiento? ¿Cuentan por qué tienen esa conducta? –En mi caso particular, la aproximación al perpetrador se produce en un contexto que también se encuentra marcado por la violencia y la coerción. Me refiero a que para entonces se trata de un individuo que ha sido neutralizado por el poder punitivo del Estado, quien puede acaso encontrarse privado de su libertad, por lo que su reacción suele estar condicionada por la intención de mejorar su suerte en el proceso penal que se sigue en su contra. Sin embargo, también en ese escenario se suele producir una suerte de catarsis en la cual la persona expresa de modo definitivamente emocional su situación existencial. Y, en general, las historias de vida que presentan suelen estar marcadas también por la violencia sufrida o atestiguada.

Aumentaron 60% las denuncias por violencia de género

Natalia, su ex marido la golpeó en la calle y delante de su hija , el Día del Niño, con total impunidad. A Mariana, su ex novio la fue a visitar el día de su cumpleaños y terminó torturándola con una picana durante cuatro horas. A Karina, su ex pareja directamente le dio tres puñaladas y la mató. Todo eso, casos resonantes y que tomaron estado público, ocurrió en menos de 24 horas. Y las estadísticas confirman lo que se sospechaba: los casos de violencia contra las mujeres han aumentado aceleradamente en los últimos tiempos. Desde 2010, aumentó 60% la cantidad de casos que llegan a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un informe del Observatorio de Femicidios, de la ONG Adriana Marisel Zambrano, indica que cada día en el país una mujer muere víctima de la violencia de género. Paradójicamente, el hogar familiar es el lugar más peligroso para las mujeres, y sus propias parejas o ex parejas, los principales agresores. Sólo en la ciudad de Buenos Aires, en lo que va del año unas 5500 mujeres solicitaron ayuda por ser víctimas de violencia familiar, malos tratos y agresiones. Son las que llamaron a la línea de teléfono gratuita que tiene la Dirección de la Mujer del gobierno porteño, 0800-66 MUJER. Claro que muchas otras mujeres no se atreven a iniciar una demanda contra su agresor. "Cerca del 40% de las mujeres no quieren hacer la denuncia", apuntó Eva Giberti, la coordinadora del programa "Las víctimas contra las violencias" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. "En estos meses, hemos recibido una gran cantidad de llamadas a la línea telefónica. Esta es sólo la primera instancia, el primer contacto. La mayoría son mujeres que han soportado meses o tal vez años de malos tratos y que, a partir de una situación puntual, se deciden a llamar. El detonante suele ser una situación de violencia delante de los hijos o que puso en riesgo su vida. Sólo ahí, por lo general, las mujeres se animan a llamar. El pedido de ayuda, lamentablemente, llega en un punto límite", explica a LA NACIONCarolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social porteña. Desde que comenzó a funcionar la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, en 2008 ha habido 27.959 casos. Los principales agresores son las propias parejas y ex parejas de las víctimas. El 90% de los casos se convirtió en una denuncia civil; el 64%, en penal. La violencia psicológica está tan presente como la violencia física. La primera, en el 96% de los casos, y la segunda, en el 68 por ciento. En el 33% de los casos, existe un alto riesgo para la vida de la víctima; en el 9%, el riesgo es "altísimo", y en el 41%, un riesgo medio. Sólo en el 6% de los casos se evaluó que no existía un riesgo. En la ciudad de Buenos Aires, una vez que la Dirección de la Mujer recibe la consulta, se deriva la llamada a una consulta jurídica y si es necesario, se avanza para solicitar una orden judicial de restricción para que el agresor no pueda acercarse al hogar familiar. Refugio para víctimas En otros casos, cuando corre riesgo la vida, las mujeres que denunciaron a sus parejas y no tienen dónde ir, existe un refugio para que vivan temporariamente. Hoy hay unas 50 mujeres allí alojadas. Desde noviembre último, hay unas 93 mujeres víctimas de violencia familiar que, por decisión judicial, conviven con un botón antipánico que conecta el hogar familiar con la Policía Metropolitana. Si existe una orden de restricción, en lugar de enviarle una consigna policial, se le entrega ese dispositivo que, al accionarse, se convierte en forma automática en un micrófono ambiental. Si la mujer ve que el agresor merodea su casa, lo activa y, a partir de allí, alerta a la policía de la situación y, a través del micrófono, mantiene informados a los efectivos de la situación. "Además, automáticamente, se envían fotos del agresor a las tablets que tienen los patrulleros que se movilizan hasta el lugar, para que sepan a quién tienen que buscar", explicó Ricardo Pedace, subjefe de la Policía Metropolitana a LA NACION. Desde que comenzó el sistema, los 93 botones se activaron 127 veces y se produjeron ocho detenciones. Denuncias en la Corte Las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte indican que entre mayo de 2010 y mayo de 2012, los casos de violencia se incrementaron 57%: durante mayo de 2010, hubo 530 casos y, en mayo último, 833 casos. En el 65% de los casos, las afectadas fueron mujeres adultas; el 15%, niñas; el 13%, niños, y el 7%, varones. El 88% de las personas denunciadas como agresores son hombres. En el 38% de los casos, los violentos fueron las ex parejas; el 21%, los concubinos, y el 20%, los cónyuges. En el 10% de los casos, los agresores son los padres, y en el 5%, los novios. "Hemos detectado en el último tiempo un aumento en la cantidad de denuncias por noviazgos violentos", explica Standley. "Estamos trabajando bastante sobre este tema, porque es importante que las mujeres puedan detectar tempranamente signos de violencia que pueden aparecer en una relación. Cuando hay un novio que aísla a la pareja de sus amigos, de su familia. Que le pide que no trabaje, que es muy celoso y le revisa los correos y el teléfono, ésos pueden ser síntomas tempranos de una relación que puede ser violenta", agrega. EN CIFRAS 94% Casos de riesgo En la gran mayoría de los casos que llegan a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, existe riesgo de vida para quien denuncia..

RACISMO Y EXCLUSION

Las prácticas sociales que se erigen alrededor de la intolerancia y la exclusión presentan una historia y una genealogía. Ellas, en general, pretenden suprimir las condiciones que permiten una cierta igualdad de oportunidades para seres distintos, articulando discursos que privilegian a algunos grupos en particular en desmedro de los restantes. A partir de la Revolución Francesa y su credo en torno a la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, resultó cada vez más difícil reafirmar las diferencias basándose en la tradición, las costumbres o la historia. De modo que las diferencias requerían un fundamento más sólido si se quería que los hombres mantuviesen su superioridad sobre las mujeres, los blancos sobre los negros o los cristianos sobre los judíos. Si lo que se pretendía era rebatir la condición de los derechos universales, iguales o naturales, debía entonces encontrarse una serie de explicaciones biológicas de la diferencia. Es decir, fundamentos científicos con los cuales sostener esas asimetrías. El concepto de raza cumplió un perfecto rol en tal contexto. Su elaboración es relativamente moderna y se remonta a finales del siglo XVIII. A punto tal que antes de que los primeros europeos desembarcaran en las costas de América no parece que existiera el concepto de diferencia racial. Desde principios de 1800 los investigadores trataron de dividir al conjunto de la humanidad en razas que pudieran diferenciarse científicamente en virtud de ciertos rasgos físicos invariables. Dos corrientes aparecidas por aquel entonces se unieron en el siglo XIX: la primera bajo el argumento de que la historia había presenciado el avance sucesivo de los pueblos hacia la civilización, y los blancos eran quienes más habían progresado. La segunda radicaba en la idea de que características hereditarias permanentes dividían a los pueblos por razas. El racismo como doctrina sistemática dependía de la conjunción de esas dos corrientes. Sin embargo, pese a las numerosas afirmaciones en sentido contrario, a principios del siglo XX los antropólogos no habían logrado establecer ningún criterio científico sólido para clasificar a la humanidad en razas. El imperialismo agravó y extendió esas falsas categorías. Al tiempo en que abolían la esclavitud en sus colonias de plantaciones, las potencias europeas extendieron sus dominios en África y Asia. Los franceses invadieron Argelia en 1830 y acabaron incorporándola a Francia. Los británicos anexionaron Singapur en 1819 y Nueva Zelanda en 1840 e incrementaron sin cesar su control en la India. En 1914, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica y España ya se habían repartido el territorio africano. En Europa se formó una relación simbiótica entre el imperialismo y la ciencia racial: el imperialismo de las "razas conquistadoras" dio mayor credibilidad a las pretensiones raciales, a la vez que la ciencia racial contribuía a justificar el imperialismo. En tal sentido, la historiadora Lynn Hunt señala que "el rasgo común de la mayor parte del pensamiento racista era una reacción visceral contra el concepto de igualdad". Aunque el antisemitismo moderno se edificó sobre los estereotipos negativos que los cristianos y otros grupos mantenían desde hacía siglos respecto de los judíos, esa doctrina adquirió nuevas características a partir de 1870. A diferencia de los negros, los judíos ya no representaban una etapa inferior de la evolución histórica como, por ejemplo, en el siglo XVIII. Ahora encarnaban las amenazas de la modernidad: el materialismo excesivo, la emancipación de grupos minoritarios y su participación en política y el cosmopolitismo "degenerado" y "desarraigado" de la vida urbana. No sería extraño, entonces, que ya entrado el siglo XX se conjugasen en Europa el racismo, el antisemitismo y el nacionalismo para, de ese modo, dar lugar a uno de los experimentos criminales más trágicos de la historia del hombre y de los pueblos.

LAS AUSENTES - EVA GIBERTI

Si revisamos las informaciones que los medios ofrecen, el tema violencia contra las mujeres y actualmente violencia de género ocupa un lugar importante. No necesariamente incluido en “Policiales” sino como dato cotidiano. La comparación con periódicos editados en los comienzos del año 2000 y con otros, anteriores, muestra un nuevo interés y un registro de noticias que pone en superficie el tema. Conduce a la pregunta obligada: “¿aumentó la violencia familiar?”. Todo el mundo sabe que aumentó. Así se lo acepta como parte de lo inevitable y un fenómeno integrado en el sistema capitalista y patriarcal. Quienes produjimos estadísticas desde el año 2006 podemos comparar en qué proporción se intensificó ese aumento que ha sido publicado por Página/12 en el año 2011. Pero estos datos que se obtienen acumulando denuncias en distintos organismos solamente evidencian una información parcial: nos hablan de aquellas mujeres que pudieron denunciar. Lo cual está muy lejos de representar la proporción de víctimas que incluye a quienes denuncian y a quienes no. “Se sabe que toda estadística tiene un subregistro...”, es la respuesta técnica. El detalle reside en que ese subregistro no se refiere al mercado de hacienda para saber cuántos animales mueren por infecciones, ni cuántos árboles sobrevivieron a un trasplante urbano, está formado por mujeres víctimas. Ellas son parte integrante de los nuevos sujetos sociales que la conciencia crítica estudia como dimensión actual de la ética. Tema que interesa a un determinado público y se mantiene peligrosamente alejado de los intereses, supuestamente de vanguardia, que descuidan las investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales. Crítica que tiende a corregir la buena conciencia de quienes se mueven racionalmente dentro de los valores que el sistema autoriza. Entonces, hablar de este porcentaje de mujeres excluidas por falta de denuncias irrita a quienes piensan que “por lo menos sabemos cómo funciona la violencia a partir de las denuncias”. Efectivamente, por lo menos. Porque por lo más, conocemos cuál es el porcentaje de esas mujeres en ciudad de Buenos Aires y qué sucede con ellas si logran pedir auxilio al número telefónico 137 y ser acompañadas en su silencio anticipatorio de una violencia cronificada y aterrorizante. Cuando el Estado aporta trabajo en terreno mediante intervenciones a cargo de profesionales que van a buscar a la víctima atendiendo su llamado de auxilio encuentra datos que solamente se tornan visibles en estas circunstancias. Consigue identificar problemas que habitualmente se desconocen. Para lo cual es preciso asistir a las víctimas en situación de urgencia y emergencia en su domicilio, o por solicitud de un hospital o de una comisaría, y disponer de equipos formados por profesionales capaces de acudir inmediatamente al lugar donde se encuentra la víctima arriesgando que en oportunidades el sujeto violento aparezca en la escena. Motivo por el cual la presencia de un policía en los automóviles en los que los equipos se desplazan es fundamental como garantía de seguridad para quienes intervienen. Así procedemos en el Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyas profesionales estiman que un porcentaje entre el 35 y el 38 por ciento del total de víctimas que atendemos son aquellas que alcanzan a solicitar auxilio, pero se oponen a denunciar a pesar de las horas que se transcurre con ellas explicándoles la importancia de la denuncia. O sea, uno de los efectos de distintas violencias en el psiquismo de estas mujeres se evidencia en la circunstancia donde se acompasan la inermidad psíquica de esta víctima y su experiencia de maltrato que, por temor, les impide recurrir a la Justicia. Ellas no pueden tomar un colectivo y llegar a una institución que las admita mediante un trámite oficial o privado. Otras, en cambio, pueden solicitar ayuda a una amiga, dejarle a sus hijos y concurrir a la institución que las oriente, también obtener una exclusión del hogar para el violento. Quienes se niegan a denunciar evidencian una vulnerabilidad extrema que sobrevive en el ámbito de la violencia familiar. En el llamado al número 137 se conjugan los dos universos: quienes solicitan auxilio para instalar una denuncia y quienes solo reclaman auxilio para que el golpeador interrumpa sus ataques. Nuestra actividad las acompaña mediante un seguimiento técnico que puede durar hasta diez días, pero nuestra tarea se limita a la urgencia y emergencia. Después, sucede lo mismo que ocurre en todos los países que registran violencia familiar: al día siguiente la víctima sobrevivirá como pueda. En alguna provincia el llamado telefónico alcanza para dar intervención a un juzgado pero si denunciar significa potenciar sus riesgos y los de sus hijos ¿llamará? Algunas instituciones privadas registran estos pedidos de auxilio en el cara a cara del voluntariado. Este universo de mujeres queda sumergido por ausencia. Es una violencia que no existe ante los ojos de quienes se interesan en el tema porque no cuentan con quien pueda verificar su presencia. Es el universo más carente y desprotegido dominado por los malos tratos sufridos y por quienes no las ven en el momento de evaluar porque no cuentan con el soporte de una denuncia. Los nuevos sujetos sociales que la conciencia crítica analiza y designa reclaman cambiar la mirada ingenua y reformista para pensar en las que han sido excluidas de los discursos técnicos porque no denuncian como exige el sistema. Sin intención de excluir. Pero la no-intencionalidad (que es un punto de la ética) desconoce que son víctimas con identidad propia: las que se niegan a denunciar. El incremento de la violencia, que todos quienes trabajamos en el tema podemos verificar, es un dato que se torna violento en sí mismo cuando visibilizamos y mostramos este universo de víctimas que carece de un expediente legal.

En la mesa chica de los gobernantes es difícil que haya un intelectual”

Los intelectuales son como la mafia, sólo se matan entre ellos”. La frase pertenece a Woody Allen y es la que eligió el director editorial de Random House Mondadori, Pablo Avelluto, para explicar el valor de las 652 páginas en las que Héctor Pavón retrató la compleja relación entre los intelectuales argentinos y el poder entre 1983 y 2012. Durante tres años, este cronista de Revista Ñ se dedicó a bucear en los anales de la intelectualidad argentina, de los grandes acontecimientos políticos: recurrió a los libros, a los archivos, a tesis académicas, a ponencias, y por supuesto, a la propia escritura. Realizó 33 entrevistas exclusivamente para este libro. Por eso, puede leerse en orden cronológico o, también, cómo una enciclopedia de los grupos intelectuales que surgieron y se estrellaron junto a los proyectos políticos que acompañaron. La relación entre los grupos académicos y el poder no fue siempre la misma. Pavón individualiza tres momentos y grupos como los más “intensos”. Primero, el grupo Esmeralda que convocó Raúl Alfonsín (Juan Carlos Portantiero y Emilio De Ipola). Segundo, los que acompañaron al Frente Grande de Graciela Fernández Meijide y Carlos Chacho Alvarez –una experiencia que según Pavón no volvería a repetirse, la de los políticos que también eran intelectuales– y que empezó a desmembrarse con el fracaso de la Alianza, e incluso antes, con la muerte de Carlos Auyero. Por último, claro, el que coincidió con el kirchnerismo. “Son los momentos más intensos y también los más interesantes, por motivos distintos”, explica el autor. A la hora de encontrar similitudes, Pavón es lapidario. “Si bien nunca hay una confrontación explícita, se llega a un punto en que la decisión final la toma cada político. Cada gobernante conforma una mesa chica en la cual difícilmente haya uno de estos intelectuales. Son casi siempre políticos”, dispara. Luego ejemplifica los motivos que quebraron la relación entre los pensadores y los administradores del Estado : la decisión de Alfonsín de salir a la Plaza e ir a Campo de Mayo o Beatriz Sarlo dejando el bote de la Alianza cuando entendió que su influencia era nula. “Tal vez la gente de Carta Abierta tiene en cuenta este tipo de experiencias y por eso, o no se muestran o no están tan vinculados como se cree . No tienen una influencia tan grande en las decisiones o en las políticas que adopta la presidenta”, explica. Entre las molestias que se plantearon dentro de las asambleas de Carta Abierta –recuerda– figura la incomodidad que sintieron algunos integrantes cuando trascendió que Néstor Kirchner había comprado 2 millones de dólares en junio de 2008 Hoy un periodista, asegura Pavón, tiene más influencia que Horacio González, Ricardo Forster o incluso Ernesto Laclau. Horacio Verbitsky, de él se trata, mantuvo una relación constante con Néstor y Cristina Kirchner. “Hay más posibilidades que haya conversaciones directas entre la presidenta y Verbitsky, que con cualquier otro miembro de Carta Abierta”, diferencia. Al reclamo que surge del progresismo de por qué no existen cuadros intelectuales de derecha, Pavón expone otra herencia del actual gobierno. “El kirchnerismo mueve las ideologías y el mapa de quien está a la derecha, y quien está a la izquierda, y muchos lo terminan comprando. (Elisa) Carrió, que venía en los 90 como centro izquierda, quedó ubicada en la centro-derecha”, ejemplifica. Pero el kirchnerismo, es sólo un capítulo más de un libro que también arroja luz sobre los cambios de camiseta de los intelectuales. “Tenemos a un Juan Carlos Portantiero que venía del marxismo y no le pasó nada por estar con Alfonsín, quedó bastante bien prestigiado. (Beatriz) Sarlo estuvo con la Alianza y eso en un pase de facturas no aparece. Le pueden cuestionar más que haya estado en Vanguardia Comunista en los 70 y que ahora escriba en La Nación, pero forma parte del juego político. Hay gente de Carta Abierta que viene del Frepaso, que viene de esas agrupaciones como el Frente Grande, que terminan todos en la Alianza, muchos de ellos sellaron la alianza con De la Rúa. Se perdona más que en otros ámbitos.” La crisis de 2001 y 2002 no es uno de los tres momentos más intensos que describe el autor, pero sin dudas cobra un sentido diferido. “Es un lugar de donde parten muchas cosas, que haya cinco grupos de intelectuales definidos (Carta Abierta, Plataforma 2012, el Club Político Argentino, la Asamblea de intelectuales, docentes y artistas en apoyo al Frente de Izquierda y Argumentos), tiene que ver con ese momento”. La coexistencia de tantos grupos con ideas diferentes o parecidas puede festejarse o lamentarse, según la perspectiva. “Tienen mucho que ver con lo que fue el Club de Cultura Socialista en los años 80, era un lugar de convivencia inimaginable hoy. Es como si tomaras gente de Carta, sabatellistas, gente de Plataforma y los quisieras juntar ahí, es imposible, en los 80 era más fácil”.

VIOLENCIA DOMESTICA - INCREMENTO

Las denuncias de violencia doméstica crecieron un 53% en los últimos dos años, según un informe estadístico de la Oficina que investiga esos casos y que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nació., El estudio reveló que en abril de 2012 se registraron 773 casos, mientras que durante el mismo mes de 2010 la cifra fue de 506. Entre otras cosas, de acuerdo a la información del organismo, el 77% de las personas afectadas son mujeres. De este porcentaje, el 15% son niñas. De igual forma se estableció que el 80 por ciento de los denunciados son hombres. La estadística revelada mostró que en abril de 2011, las denuncias por caso de violencia en el hogar se ubicaron en 695. En cuanto a la relación, se pudo saber que el 36 por ciento de los denunciados son las ex parejas y el 22 por ciento los concubinos. Sobre el tipo de violencia, el informe detalla que el maltrato psicológico está presente en el 96 por ciento de los caso, mientras que la física lo está en el 70. En cuanto a la violencia sexual, esta se manifiesta en un 16%.

PREJUICIOS - NOTA DE PAGINA 12

Las leyes de identidad de género y de muerte digna fueron aprobadas con un respaldo legislativo que no ilustra el peso de los prejuicios que todavía impregnan a la sociedad. Es posible que el paso adelante del Congreso ayude a disipar estos prejuicios que, como tales, constituyen imágenes fantásmicas que se esfuman con la luz. El comentario de un conocido periodista progresista sobre la Ley de Identidad de Género da cuenta de estos temores que todavía son más comunes de lo que pareciera después del debate legislativo. “Yo creo –dijo– que esta cuestión de que si alguien dice que es mujer, se lo acepte como tal, sin más, es una forma cómoda de sacarse el problema de encima.” Bueno, nunca nadie le dijo que era un problema suyo o del Estado. El problema es de las personas trans o gay que soportan la discriminación de los que creen que la sexualidad del otro les pertenece. Cada quien decide sobre su cuerpo sin molestar al otro ni reclamarle al otro que se haga responsable de sus decisiones. Cuando no hay falta material, abuso ni agresión nadie tiene por qué hacerse problema. Nadie tiene derecho a constituirse en tribunal para otorgar títulos de sexualidad al resto de las personas. Hasta decirlo suena absurdo. Quizá fue un recurso del periodista para resaltar esa obviedad. Más allá de esos prejuicios que todavía hacen daño a tanta gente, lo real es que desde el punto de vista institucional estas leyes, como las relacionadas con el aborto no punible o con el matrimonio igualitario, siempre rebotan contra el frontón de la Iglesia Católica. Dicho así, también resulta obvio y, como sucede con estas cuestiones después que las decisiones fueron tomadas, hasta podría pensarse que el poder de la Iglesia es moco de pavo. Habría que pensar entonces el motivo por el cual estas decisiones que no obligan a nadie, sino que por el contrario liberan de prohibiciones a la sociedad, no fueron asumidas antes. La respuesta es sencilla: nadie quiso antes confrontar con la Iglesia. La ley de divorcio le costó a Raúl Alfonsín una batalla que no quiso repetir, cuando Argentina a la salida de la dictadura era uno de los pocos países en el mundo que no la tenían. Los políticos saben que los riesgos de una confrontación con la Iglesia no residen en que se puedan frenar esas leyes, sino que a partir de allí la Iglesia pasará a respaldar sistemáticamente todo lo que implique desgaste para el gobierno. Cuando sectores de la oposición hablan de “apoyo crítico” a estas medidas, algunos lo hacen por convicción y otros por oportunismo, porque se dan cuenta de que no se puede atrasar el reloj de la historia. En los dos casos, el respaldo no les implica ningún costo, porque la confrontación con la Iglesia se la tiene que aguantar el oficialismo. No deja de ser cómoda esa posición de apoyo crítico, aunque siempre es mejor que la obstrucción. Tendrían que reconocer, sin embargo, que todas estas medidas que alivian a la sociedad, la descomprimen y civilizan, se pudieron impulsar porque hay un gobierno que está dispuesto a pulsear con las corporaciones, incluyendo en este caso a la Iglesia, con la que comenzó discutiendo por la temática de los derechos humanos, por la vicaría castrense, por la educación sexual, la Ley de Salud Reproductiva y por la distribución de condones con la que los obispos disienten. Si no hubiera un gobierno que no se dejó marcar la cancha en todas las áreas, a diferencia de sus predecesores, ninguna de estas medidas, apoyadas muchas de ellas por gran parte de la oposición, podrían haberse concretado. No se trata de quién es más o menos laico. Los Kirchner se han mostrado más religiosos, incluso, que algunos dirigentes del radicalismo o del socialismo. De lo que se trata es cómo se concibe desde el Estado el relacionamiento con las corporaciones. Se puede ser muy laico, pero negociar todo desde una concepción más pragmática de la política y así no avanzar y sólo permanecer. Hasta resulta sorprendente que, habiendo fuerzas que se definen como laicas por principio, haya sido el gobierno del PJ el que haya generado la concreción de estas leyes. Aunque también es cierto que la Iglesia, como institución, siempre fue esquiva a los gobiernos peronistas y que los golpes contra el primer peronismo se hicieron en su nombre en gran medida si se recuerda la señal del Cristo Vence que llevaban pintadas en sus alas los aviones que bombardearon a la población civil en Buenos Aires. Esta contradicción tendría que ser un motivo de reflexión más profunda para algunos intelectuales que se asumen laicos y progresistas y que se esfuerzan por encontrarle a este gobierno los símbolos del fascismo en sus actos, en su estética y en sus formas de hacer política. Con esos actos, esa estética y esa forma de hacer política, este gobierno realizó medidas por las que esos intelectuales han clamado y que, incluso, les han dado identidad. Se los ha identificado como progresistas porque han reivindicado esas medidas que ahora fueron concretadas. Ahora resulta que, según ellos, un gobierno que se parece tanto al fascismo produjo esos avances que tienen tanto impacto progresista en la sociedad. O están reivindicando al fascismo o se han bajado de esas banderas progresistas. Seguramente no es ninguna de esas dos definiciones. Pero entonces están parados en un lugar que, incluso contra sus deseos, los lleva indefectiblemente a esa encrucijada. De la misma manera que estas leyes implican una fuerte pulseada con la Iglesia, otras de las medidas que ha tomado este gobierno han involucrado a otras corporaciones. La más evidente fue la ley de servicios audiovisuales que hizo reaccionar furiosamente y en forma corporativa a los grandes multimedia, que todavía hoy, al igual que la Iglesia, mantienen su disputa con el Gobierno. La reestatización de las AFJP fue otra medida que sacó de quicio a los organismos financieros internacionales, igual que la quita de la deuda. La renacionalización de YPF y la 125 funcionaron de la misma forma. Donde el Estado interviene para no dejar el mercado a merced de una fuerza monopólica o corporativa, tiene que soportar una contraofensiva furiosa porque estará recortando privilegios económicos o de poder. Con la política de derechos humanos, la anulación de las leyes de impunidad y el enjuiciamiento de los represores de la dictadura, hubo una reacción corporativa que impregnó después todas las otras acciones en las que se sumaron los simpatizantes de la dictadura como en las campañas de la Iglesia o en los actos de los empresarios rurales durante la 125. Estas medidas no se tomaban antes porque no había decisión política para poner límite a las corporaciones. O directamente porque se acataba y se concedía lo que cada corporación exigía en su ámbito de influencia. Cuando se hacían esas concesiones no quedaba ningún espacio para gobernar. El organigrama estaba dibujado por las corporaciones, y la expresión soberana de los ciudadanos representada en los poderes Ejecutivo y Legislativo no tenía nada que hacer, independientemente de quién gobernara. Es posible que hasta el momento de la crisis de fines del 2001 la situación fuera más difícil y que la hegemonía cultural inapelable hiciera ver como imposible a cualquier intento de cambio, o internalizaba que la deuda y el FMI serían pesadillas eternas, que el Estado no servía para nada, que a la Iglesia y a los militares no se los podía tocar, que las jubilaciones democráticas eran imposibles, que en todos lados hay pobres y miserables, que la educación pública sería siempre un desastre, que no había que pelearse con todo el mundo, que no había que abrir todos los frentes al mismo tiempo y así se podría seguir largamente. Ya fuera por convicción, o porque cambiaron las condiciones o porque tuvo viento de cola o por cualquier motivo que se le quiera aplicar, lo cierto es que este gobierno cambió ese paradigma con la suficiente fuerza como para fundirlo en la conciencia política de la sociedad. En otras circunstancias, probablemente más adversas, Alfonsín lo intentó, pero no pudo aguantar más del primer año. En este caso, lleva nueve años poniendo la política por encima de las corporaciones. En ese contexto hay que ubicar la aprobación de las leyes de muerte digna e identidad de género que fueron debatidas esta semana como parte de una continuidad, sobre la base de esfuerzos que no son meramente declarativos, y que tienen siempre más costos para el oficialismo que para la oposición, pero que quedarán en la historia como logros de este gobierno. Parece justo que sea así cuando es el que paga los costos y realiza el mayor esfuerzo.