Diez meses después del final de la primera Guerra Mundial, un veterano alemán que había participado en la contienda escribió cuatro carillas en las que daba fundamentos para tratar "la cuestión judía" desde un punto de vista racional. Tenía 30 años y la firmó de puño y letra en tinta negra, con su letra redondeada: "Respetuosamente, Adolf Hitler".
La carta está fechada en 1919, décadas antes de la Shoá (el Holocausto). En ella, el entonces soldado alemán de 30 años nacido en Austria plasmó lo que parecen ser sus primeros comentarios sobre la aniquilación de los judíos.
"El peligro que representa el judaísmo para nuestro pueblo se expresa en la innegable aversión de grandes secciones de nuestro pueblo", escribió Hitler en alemán. "La causa de esta aversión surge principalmente del contacto personal y de la impresión personal que dejan los judíos como individuos, que casi siempre es desfavorable", asegura el genocida en el escrito.
En otro pasaje de la misiva, Hitler dice que un gobierno poderoso podría manejar la "amenaza judía" al negar sus derechos, pero que "su meta final debe ser la remoción inquebrantable de todos los judíos".
Aunque fue originalmente una respuesta a un colega en el comando militar, Adolf Geimlich, el documento es considerado relevante porque demuestra desde cuándo estaba creando sus ideas antisemitas.
Hallada casi 70 años después de haber sido escrita, ahora por primera vez se muestra al público en el Museo de la Tolerancia de la ciudad de Los Angeles, en Estados Unidos.
A fines de mayo de este año, el Centro Simon Wiesenthal, con sede en Los Angeles, compró el original por 150.000 dólares de un corredor de antigüedades en California. Antes, la carta había pertenecido a un corredor en Kansas que la adquirió del soldado estadounidense William F. Ziegler..
miércoles, 19 de octubre de 2011
viernes, 14 de octubre de 2011
UNA POLICIA DISTINTA
Un nuevo cuerpo de la Policía Federal, con una fuerte impronta de diálogo y mediación, comenzará a funcionar el año próximo en barrios con situaciones de conflictividad social de la ciudad de Buenos Aires. El anuncio fue hecho ayer por la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. Esta nueva división policial articulará con efectores sociales, educativos y sanitarios en la búsqueda de reducir situaciones de violencia. Lo distintivo de los futuros miembros de la Policía de Prevención Vecinal será “su capacidad de comunicarse”, resaltó Gustavo Palmieri, subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal Policial.
En esa línea, se busca “terminar con la tradición policial de excesos” en los barrios populares.
Unos 300 agentes del nuevo cuerpo de elite estarán en funcionamiento en febrero de 2012, según estiman desde el ministerio. Los efectivos tendrán una dependencia en cada barrio –aún no determinados– donde se desempeñen. La modalidad de trabajo estará centrada en el recorrido de la calle de a pie, y en grupos de tres, indicó Palmieri. Aunque se dispondrán móviles para situaciones particulares, desde Seguridad destacan que la característica de los efectivos será el trato cara a cara, el diálogo, y sobre todo “la escucha de los vecinos”.
Situaciones como cobrar dinero por jugar al fútbol en una cancha pública, el no ingreso de ambulancias a las barriadas por miedo a robos, la negativa a tender cables eléctricos por temor a ataques a los técnicos deberán ser abordadas por este cuerpo. “Urbanizar esos lugares significa incorporarlos a la trama urbana, y eso se traduce en más presencia del Estado para dar seguridad”, completó Palmieri. La cartera que dirige Garré resumió a través de un comunicado que la nueva unidad “estará orientada a elevar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Otros casos a tratar –enumeró el funcionario– serán la “ostentación de armas, el consumo y venta de droga, enfrentamiento por problemas de vivienda y violencia intrafamiliar”, cuestiones que abordadas a tiempo pueden evitar que en casos extremos se llegue a un crimen. La clave para alcanzar un buen tratamiento de estas temáticas será lograr un cuerpo de agentes “tolerantes, que puedan dejar de lado sus prejuicios y que tengan bien en claro sus límites respecto del uso de la fuerza”. “La tradición en esos barrios es de policías que históricamente se han excedido”, hizo hincapié Palmieri. “Si un efectivo toma cada insulto como una resistencia a la autoridad va a estar deteniendo gente todo el día y eso no sirve –explicó–. Lo mismo en casos en los que alguien porte un arma, y el agente, en vez de convencerlo mediante el diálogo de que desista de esa actitud, intente resolverla con disparos. Tenemos que cambiar esa lógica.”
La articulación con otros efectores de políticas públicas, tales como salud y educación, con referentes vecinales, y con actores de la política local será central. Asimismo deberán funcionar como eje del trabajo policial las discusiones en las mesas de seguridad barrial.
Por otra parte, los agentes tendrán que coordinar con actores judiciales. Por ejemplo, qué ocurre cuando hay un caso en que por orden del Poder Judicial una persona debe mantener cierta distancia de un familiar. “Muchas veces en estos barrios nadie garantiza que esto se cumpla. Ahora estos policías estarán a disposición de estas cuestiones que en otros sectores se resuelven con recursos particulares.”
La formación del nuevo cuerpo estará centrada en técnicas de comunicación, tanto institucionales como individuales. La selección del personal, actualmente en pleno proceso, para el nuevo espacio dentro de la Policía Federal está entonces determinada por este aspecto. Al respecto, Palmieri remarcó que “si el policía no tiene capacidad de comunicación, no puedo formarlo en nuevas técnicas de mediación”, por lo que oficiales y suboficiales que aspiren a los nuevos puestos deberán indefectiblemente aplicar en ese ítem. Además de miembros activos de la fuerza, podrán sumarse a la Policía de Prevención Vecinal agentes recién egresados de la academia. Para el personal seleccionado, aseguró el subsecretario, se aspira a otorgarle una “dedicación exclusiva para que sólo se aboquen a eso”.
En términos operativos, los miembros del futuro cuerpo contarán con equipamiento normal, es decir portarán armas, pero –destacó el funcionario– que lo distintivo con otras unidades de la fuerza federal será “la capacidad de comunicarse, de trabajar con sus compañeros y de articular con otros actores” estatales y sociales, que tendrán sus miembros.
Con algunos aspectos tomados de la Policía de Pacificación de Río de Janeiro y la Policía Metropolitana de Londres, la Policía de Prevención Vecinal apunta a tener su propia impronta, en una ciudad con cualidades bien distintas de las metrópolis inglesa y brasileña. “Tendremos nuestro propio ejemplo de este tipo de policía”, subrayó sobre la medida Palmieri. La ciudad elegida para el proyecto responde a que Buenos Aires es la jurisdicción donde la Policía Federal tiene competencia primaria, y en la que actúa concretamente en los barrios. El futuro cuerpo deberá entonces articular con la Policía Metropolitana para efectivizar su accionar.
Por ahora, no hay intención de ampliar la experiencia a otros lugares del país. Palmieri recordó que una fuerza provincial en Chubut marcó un antecedente en este tipo de cuerpos, pero que “nunca en Argentina se articuló, tal como está planeado, la cuestión policial con la social”.
En esa línea, se busca “terminar con la tradición policial de excesos” en los barrios populares.
Unos 300 agentes del nuevo cuerpo de elite estarán en funcionamiento en febrero de 2012, según estiman desde el ministerio. Los efectivos tendrán una dependencia en cada barrio –aún no determinados– donde se desempeñen. La modalidad de trabajo estará centrada en el recorrido de la calle de a pie, y en grupos de tres, indicó Palmieri. Aunque se dispondrán móviles para situaciones particulares, desde Seguridad destacan que la característica de los efectivos será el trato cara a cara, el diálogo, y sobre todo “la escucha de los vecinos”.
Situaciones como cobrar dinero por jugar al fútbol en una cancha pública, el no ingreso de ambulancias a las barriadas por miedo a robos, la negativa a tender cables eléctricos por temor a ataques a los técnicos deberán ser abordadas por este cuerpo. “Urbanizar esos lugares significa incorporarlos a la trama urbana, y eso se traduce en más presencia del Estado para dar seguridad”, completó Palmieri. La cartera que dirige Garré resumió a través de un comunicado que la nueva unidad “estará orientada a elevar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Otros casos a tratar –enumeró el funcionario– serán la “ostentación de armas, el consumo y venta de droga, enfrentamiento por problemas de vivienda y violencia intrafamiliar”, cuestiones que abordadas a tiempo pueden evitar que en casos extremos se llegue a un crimen. La clave para alcanzar un buen tratamiento de estas temáticas será lograr un cuerpo de agentes “tolerantes, que puedan dejar de lado sus prejuicios y que tengan bien en claro sus límites respecto del uso de la fuerza”. “La tradición en esos barrios es de policías que históricamente se han excedido”, hizo hincapié Palmieri. “Si un efectivo toma cada insulto como una resistencia a la autoridad va a estar deteniendo gente todo el día y eso no sirve –explicó–. Lo mismo en casos en los que alguien porte un arma, y el agente, en vez de convencerlo mediante el diálogo de que desista de esa actitud, intente resolverla con disparos. Tenemos que cambiar esa lógica.”
La articulación con otros efectores de políticas públicas, tales como salud y educación, con referentes vecinales, y con actores de la política local será central. Asimismo deberán funcionar como eje del trabajo policial las discusiones en las mesas de seguridad barrial.
Por otra parte, los agentes tendrán que coordinar con actores judiciales. Por ejemplo, qué ocurre cuando hay un caso en que por orden del Poder Judicial una persona debe mantener cierta distancia de un familiar. “Muchas veces en estos barrios nadie garantiza que esto se cumpla. Ahora estos policías estarán a disposición de estas cuestiones que en otros sectores se resuelven con recursos particulares.”
La formación del nuevo cuerpo estará centrada en técnicas de comunicación, tanto institucionales como individuales. La selección del personal, actualmente en pleno proceso, para el nuevo espacio dentro de la Policía Federal está entonces determinada por este aspecto. Al respecto, Palmieri remarcó que “si el policía no tiene capacidad de comunicación, no puedo formarlo en nuevas técnicas de mediación”, por lo que oficiales y suboficiales que aspiren a los nuevos puestos deberán indefectiblemente aplicar en ese ítem. Además de miembros activos de la fuerza, podrán sumarse a la Policía de Prevención Vecinal agentes recién egresados de la academia. Para el personal seleccionado, aseguró el subsecretario, se aspira a otorgarle una “dedicación exclusiva para que sólo se aboquen a eso”.
En términos operativos, los miembros del futuro cuerpo contarán con equipamiento normal, es decir portarán armas, pero –destacó el funcionario– que lo distintivo con otras unidades de la fuerza federal será “la capacidad de comunicarse, de trabajar con sus compañeros y de articular con otros actores” estatales y sociales, que tendrán sus miembros.
Con algunos aspectos tomados de la Policía de Pacificación de Río de Janeiro y la Policía Metropolitana de Londres, la Policía de Prevención Vecinal apunta a tener su propia impronta, en una ciudad con cualidades bien distintas de las metrópolis inglesa y brasileña. “Tendremos nuestro propio ejemplo de este tipo de policía”, subrayó sobre la medida Palmieri. La ciudad elegida para el proyecto responde a que Buenos Aires es la jurisdicción donde la Policía Federal tiene competencia primaria, y en la que actúa concretamente en los barrios. El futuro cuerpo deberá entonces articular con la Policía Metropolitana para efectivizar su accionar.
Por ahora, no hay intención de ampliar la experiencia a otros lugares del país. Palmieri recordó que una fuerza provincial en Chubut marcó un antecedente en este tipo de cuerpos, pero que “nunca en Argentina se articuló, tal como está planeado, la cuestión policial con la social”.
jueves, 13 de octubre de 2011
Una vida en riesgo por negar un aborto
La mujer padece una enfermedad congénita, que se agravó con su embarazo. Los médicos de un hospital de Entre Ríos concluyeron que debía hacerse un aborto terapéutico, contemplado por la ley. Hubo presiones y al final la intervención no se hizo.
También llevaron el caso ante el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos a fines de agosto. El Ministerio de Salud provincial, que encabeza el abogado Angel Giano, alegó –en un comunicado de prensa– que de acuerdo con la versión de los médicos que la atendieron el aborto no punible se suspendió por decisión de la propia paciente. La información es falsa: Mónica relata que ella nunca cambió de decisión y que cuando la intervención se canceló ni siquiera la consultaron (ver aparte).
Es una mujer sencilla, de pocas palabras, y se la nota muy angustiada. Está casada y con su marido tuvo un hijo, que hoy tiene 13 años. La familia vive en una localidad semirrural, a unos 100 kilómetros de Paraná. El esposo la va a visitar al Hospital Posadas cada tanto: por la distancia y la falta de dinero, los viajes son esporádicos y ella está muy sola, en reposo absoluto por la extrema gravedad de su cuadro.
“En este caso, hubo responsables e irresponsables con nombre y apellido, visibles y ocultos. Cuando el derecho de todas las mujeres a decidir, entre otros, como en este caso, se ignora, se violenta, se comete abuso de poder médico”, señalaron a este diario Comaleras y Primo. Y reclamaron que se investigue el accionar de los médicos y se los sancione.
Desde el Conders denunciaron el caso el 2 de septiembre en una jornada organizada por la provincia de Entre Ríos en conjunto con el Consejo Nacional de Mujeres, sobre Violencia en la Mujer.
El 14 de agosto, Mónica cumplió 36 años. Su historia clínica muestra las huellas de la inequidad en el acceso a la salud. Nació con una patología cardíaca congénita llamada tetralogía de Fallot, que ocasiona un cuadro de hipoxia crónica, entre otras complicaciones. Es una enfermedad que se puede tratar con cirugía, pero Mónica nunca fue operada. Tuvo cinco abortos espontáneos, en 1997, 1999, 2001, 2002 y 2005. Este último cuando cursaba el sexto mes de embarazo y se había evaluado que había un “alto riesgo” para su vida de continuar la gestación. Incluso estaba prevista una reunión del Comité de Etica para resolver qué hacer. Al mes de ese aborto espontáneo, en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, donde la mujer se atiende, le autorizaron una ligadura de trompas, dado que cada nuevo embarazo ponía su vida en peligro. Aunque en ese momento todavía no se había sancionado la Ley nacional de anticoncepción quirúrgica –aprobada en 2006 por el Congreso–, la ligadura no requería de permiso especial puesto que el propio cuadro de Mónica lo indicaba, con su consentimiento. En la historia clínica está registrado que Mónica se llegó a internar para que le realizaran la ligadura tubaria, pero se le dio el alta sin hacérsela porque el “quirófano no estaba en condiciones”.
Con un nuevo embarazo en curso, el 4 de agosto último se hizo en el San Roque un ateneo multidisciplinario en el cual se presentó su caso clínico y se estableció luego de los estudios correspondientes:
- Que la paciente “corre riesgo serio de vida debido a su extrema vulnerabilidad en el aspecto cardiológico”.
- “Que no podrá transitar el resto del embarazo sin riesgo para su vida teniendo serias posibilidades de muerte”.
- “En aras de la protección de la vida de la paciente resulta apropiado aconsejar la interrupción del embarazo, aclarando que se encuadra en el artículo 86 inciso 1º del Código Penal”. Es decir, se le indicó un aborto terapéutico para proteger su vida.
Mónica dio su consentimiento informado: lo firmó y anotó en la declaración jurada su DNI. La intervención se acordó para el jueves 11 de agosto a las 7.30, en el Hospital San Martín, de Paraná, donde hay un servicio de terapia intensiva. También le realizarían una ligadura tubaria. Pero, según denunció el Conders ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y ante Página/12, “a las 7 de la mañana irrumpe abruptamente un médico cardiólogo, reconocido militante provida, que sin tener relación alguna con la paciente, ni personal ni profesional, manifiesta que se va a cometer un crimen y amenaza con denunciar en los medios el asesinato que allí se va a cometer. Sin impedimento alguno, accede a hablar con Mónica y le dice enfáticamente que ‘eso no se hace’, que tiene que seguir para adelante. Nadie intervino para proteger o defender los derechos” de Mónica.
Finalmente, en el Hospital San Martín decidieron suspender la cirugía y buscar otra institución de salud para el seguimiento de su embarazo. Mónica fue derivada el 14 de agosto al Hospital Posadas, de la localidad bonaerense de Haedo, a unos 500 kilómetros de su casa, porque allí se cuenta con servicios de alta complejidad. Lleva dos meses internada y está con reposo absoluto en una habitación del sexto piso, en el Pabellón A. Su hijo adolescente no la ve desde entonces. Cuenta Mónica que el cardiólogo que la atiende le advirtió que en cuanto se descompense le realizarán una cesárea. Ya le informaron que su bebé tiene la misma malformación que ella.
Mónica tiene 36 años, es pobre y sufre una patología cardíaca congénita, que le ocasiona un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica, entre otras complicaciones. Su corazón late, pero está al borde de la descompensación, al punto de que si sube una escalera llega al primer piso con los labios y la punta de los dedos morados. Su estado se agravó a partir de un embarazo que no debió continuar. El 4 de agosto se acordó en un ateneo interdisciplinario realizado en el Hospital San Roque, de la ciudad de Paraná, que se le realizaría un aborto terapéutico, contemplado en las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal. Ella dio su consentimiento. Pero una semana después, en el momento en que estaba entrando al quirófano, irrumpió un médico ajeno a la institución, conocido por su militancia antiabortista en la capital entrerriana, que amenazó a sus colegas con denunciarlos si seguían adelante con la práctica indicada y la interrupción legal del embarazo se suspendió. Mónica fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, de Haedo, en el conurbano bonaerense, donde tampoco le practicaron el aborto. Quedó internada en reposo absoluto, lejos de su familia, y bajo estricto control porque su vida corre peligro. El embarazo ya lleva 27 semanas y le anunciaron que le realizarán una cesárea en cuanto sus latidos aflojen. El caso fue denunciado por el Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders) ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y de la Nación.
“Obligan a una mujer a continuar con su embarazo aumentando el riesgo para su salud física y/o psicológica y el riesgo de morir es inadmisible, dado que el aborto en nuestro país es legal precisamente en estas circunstancias, desde 1922. Aquí no hubo objeción de conciencia, de ninguna manera. Esto fue un avasallamiento de los derechos reproductivos de una mujer que había consentido la interrupción del embarazo”, denunciaron desde Paraná Carolina Comaleras y Silvia Primo, representantes del Conders en la provincia.También llevaron el caso ante el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos a fines de agosto. El Ministerio de Salud provincial, que encabeza el abogado Angel Giano, alegó –en un comunicado de prensa– que de acuerdo con la versión de los médicos que la atendieron el aborto no punible se suspendió por decisión de la propia paciente. La información es falsa: Mónica relata que ella nunca cambió de decisión y que cuando la intervención se canceló ni siquiera la consultaron (ver aparte).
Es una mujer sencilla, de pocas palabras, y se la nota muy angustiada. Está casada y con su marido tuvo un hijo, que hoy tiene 13 años. La familia vive en una localidad semirrural, a unos 100 kilómetros de Paraná. El esposo la va a visitar al Hospital Posadas cada tanto: por la distancia y la falta de dinero, los viajes son esporádicos y ella está muy sola, en reposo absoluto por la extrema gravedad de su cuadro.
“En este caso, hubo responsables e irresponsables con nombre y apellido, visibles y ocultos. Cuando el derecho de todas las mujeres a decidir, entre otros, como en este caso, se ignora, se violenta, se comete abuso de poder médico”, señalaron a este diario Comaleras y Primo. Y reclamaron que se investigue el accionar de los médicos y se los sancione.
Desde el Conders denunciaron el caso el 2 de septiembre en una jornada organizada por la provincia de Entre Ríos en conjunto con el Consejo Nacional de Mujeres, sobre Violencia en la Mujer.
El 14 de agosto, Mónica cumplió 36 años. Su historia clínica muestra las huellas de la inequidad en el acceso a la salud. Nació con una patología cardíaca congénita llamada tetralogía de Fallot, que ocasiona un cuadro de hipoxia crónica, entre otras complicaciones. Es una enfermedad que se puede tratar con cirugía, pero Mónica nunca fue operada. Tuvo cinco abortos espontáneos, en 1997, 1999, 2001, 2002 y 2005. Este último cuando cursaba el sexto mes de embarazo y se había evaluado que había un “alto riesgo” para su vida de continuar la gestación. Incluso estaba prevista una reunión del Comité de Etica para resolver qué hacer. Al mes de ese aborto espontáneo, en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, donde la mujer se atiende, le autorizaron una ligadura de trompas, dado que cada nuevo embarazo ponía su vida en peligro. Aunque en ese momento todavía no se había sancionado la Ley nacional de anticoncepción quirúrgica –aprobada en 2006 por el Congreso–, la ligadura no requería de permiso especial puesto que el propio cuadro de Mónica lo indicaba, con su consentimiento. En la historia clínica está registrado que Mónica se llegó a internar para que le realizaran la ligadura tubaria, pero se le dio el alta sin hacérsela porque el “quirófano no estaba en condiciones”.
Con un nuevo embarazo en curso, el 4 de agosto último se hizo en el San Roque un ateneo multidisciplinario en el cual se presentó su caso clínico y se estableció luego de los estudios correspondientes:
- Que la paciente “corre riesgo serio de vida debido a su extrema vulnerabilidad en el aspecto cardiológico”.
- “Que no podrá transitar el resto del embarazo sin riesgo para su vida teniendo serias posibilidades de muerte”.
- “En aras de la protección de la vida de la paciente resulta apropiado aconsejar la interrupción del embarazo, aclarando que se encuadra en el artículo 86 inciso 1º del Código Penal”. Es decir, se le indicó un aborto terapéutico para proteger su vida.
Mónica dio su consentimiento informado: lo firmó y anotó en la declaración jurada su DNI. La intervención se acordó para el jueves 11 de agosto a las 7.30, en el Hospital San Martín, de Paraná, donde hay un servicio de terapia intensiva. También le realizarían una ligadura tubaria. Pero, según denunció el Conders ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y ante Página/12, “a las 7 de la mañana irrumpe abruptamente un médico cardiólogo, reconocido militante provida, que sin tener relación alguna con la paciente, ni personal ni profesional, manifiesta que se va a cometer un crimen y amenaza con denunciar en los medios el asesinato que allí se va a cometer. Sin impedimento alguno, accede a hablar con Mónica y le dice enfáticamente que ‘eso no se hace’, que tiene que seguir para adelante. Nadie intervino para proteger o defender los derechos” de Mónica.
Finalmente, en el Hospital San Martín decidieron suspender la cirugía y buscar otra institución de salud para el seguimiento de su embarazo. Mónica fue derivada el 14 de agosto al Hospital Posadas, de la localidad bonaerense de Haedo, a unos 500 kilómetros de su casa, porque allí se cuenta con servicios de alta complejidad. Lleva dos meses internada y está con reposo absoluto en una habitación del sexto piso, en el Pabellón A. Su hijo adolescente no la ve desde entonces. Cuenta Mónica que el cardiólogo que la atiende le advirtió que en cuanto se descompense le realizarán una cesárea. Ya le informaron que su bebé tiene la misma malformación que ella.
viernes, 7 de octubre de 2011
INADI - DISCRIMINACION
Haciendo click sobre el botón “Asistencia en caso de discriminación”, María accede a un formulario de denuncia para contar su experiencia o pedir apoyo. Un lector de texto que se activa al paso del cursor la ayuda a completar los campos sin asistencia y cumplir el objetivo. Para personas con discapacidades visuales, como la de ella, o auditivas, el acceso al recién estrenado sitio inclusivo del Inadi implicará un avance en la equiparación de derechos: la iniciativa “apunta a todos y todas, independientemente de las condiciones físicas o mentales”, describió en la presentación realizada ayer en Tecnópolis el interventor del organismo, Pedro Mouratian. Además “genera una herramienta de inclusión que sirve al acceso a la información y al conocimiento”, aseguró.
La página cumple con todos los niveles de prioridad establecidos en las Pautas nacionales de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG). En ese sentido, además del formato accesible para personas no videntes mediante el uso de lectores de pantalla, los mensajes están interpretados en lenguaje de señas y en audiodescripción para personas con discapacidad intelectual o auditiva. Además, el soporte cuenta con todos los videos subtitulados.Las personas con discapacidad visual que puedan utilizar la página, tendrán que tener instalado alguno de los sistemas operativos que convierten texto en audio. “Ese software viene en las net-
books distribuidas mediante el plan Conectar Igualdad”, explicó Mouratian a Página/12.
“Desde el Inadi entendemos la comunicación como parte fundamental de la inclusión porque tiene que ver con la transmisión de prácticas e información, como así también con la posibilidad de interactuar”, señaló Mouratian. “Es la posibilidad de que todos puedan verter opiniones, denunciar y ser actores activos de la sociedad.”
El contenido web, diseñado íntegramente por profesionales del Inadi, dispone de “pequeños documentales e informes que enriquecen nuestra formación, para acercarnos a distintas temáticas y para que todas las personas puedan acercarse”, sostuvo el interventor. Los videos que ya están disponibles con subtítulos retratan casos de diversidad cultural. Entre otros, se pueden ver cortos sobre los derechos de las mujeres afrodescendientes, los inmigrantes o de los niños al juego. La idea, además es que las delegaciones de todo el país puedan subir información sobre sus actividades para que el sitio tenga un carácter “federal”.
Informe: Rocío Magnani.
El Premio Nobel de la Paz para tres mujeres africanas
Tres mujeres fueron condecoradas hoy con el Premio Nobel de la Paz 2011: la presidente de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, su compatriota Leymah Gbowee y la joven periodista yemení Tawakkul Karman. Todas comparten el galardón en reconocimiento a su lucha a favor de los derechos de la mujer.
Se trata de la primera vez en la historia que el Nobel de la Paz es otorgado a tres damas y con ellas ya son 15 las mujeres distinguidas por la Real Academia de las Ciencias de Suecia desde 1901.
Johnson-Sirleaf, de 72 años, y Gbowee, de 39, recibieron el galardón por su exitosa labor para poner fin a la guerra civil en Liberia tras 13 años de conflicto. Karman, de 32 años y madre de tres
hijos, es presidenta de la asociación "Periodistas sin cadenas" en Yemen y es desde hace tiempo una de las impulsoras de la lucha contra el régimen yemení.
Las tres premiadas recibieron el Nobel por su "lucha pacífica por la seguridad de las mujeres y por el derecho de las mujeres de participar íntegramente en la obtención de la paz", señalaron los cinco miembros del comité noruego en su comunicado.
"Hemos enviado una señal importante de que no puede haber democracia ni desarrollo pacífico sin la inclusión de las mujeres", dijo el presidente del comité, Thorbjoern Jagland. "Se trata con seguridad de uno de los principales problemas en el mundo islámico", agregó.
Jagland destacó también el papel de Karman como precursora de la ola de revueltas que sacude al mundo árabe. "Ya se había levantado y mostraba valentía cuando la primavera árabe estaba aún lejos", señaló.
El presidente del comité Nobel noruego comentó asimismo la represión de mujeres y niños en guerras como la de Liberia, por ejemplo a través de violaciones sistemáticas. Como presidenta,
Johnson-Sirleaf "consiguió bajo condiciones muy, muy difíciles mantener con vida el desarrollo democrático en Liberia", aseguró. La activista Gbowee es considerada por su parte una de las artífices de la paz alcanzada en 2003.
El Nobel de la Paz, que se entrega en Oslo el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, consta de diez millones de coronas suecas (casi 1,5 millones de dólares).
El ganador del año pasado fue el disidente chino Liu Xiaobo, mientras que en 2009 fue premiado el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Se trata de la primera vez en la historia que el Nobel de la Paz es otorgado a tres damas y con ellas ya son 15 las mujeres distinguidas por la Real Academia de las Ciencias de Suecia desde 1901.
Johnson-Sirleaf, de 72 años, y Gbowee, de 39, recibieron el galardón por su exitosa labor para poner fin a la guerra civil en Liberia tras 13 años de conflicto. Karman, de 32 años y madre de tres
hijos, es presidenta de la asociación "Periodistas sin cadenas" en Yemen y es desde hace tiempo una de las impulsoras de la lucha contra el régimen yemení.
Las tres premiadas recibieron el Nobel por su "lucha pacífica por la seguridad de las mujeres y por el derecho de las mujeres de participar íntegramente en la obtención de la paz", señalaron los cinco miembros del comité noruego en su comunicado.
"Hemos enviado una señal importante de que no puede haber democracia ni desarrollo pacífico sin la inclusión de las mujeres", dijo el presidente del comité, Thorbjoern Jagland. "Se trata con seguridad de uno de los principales problemas en el mundo islámico", agregó.
Jagland destacó también el papel de Karman como precursora de la ola de revueltas que sacude al mundo árabe. "Ya se había levantado y mostraba valentía cuando la primavera árabe estaba aún lejos", señaló.
El presidente del comité Nobel noruego comentó asimismo la represión de mujeres y niños en guerras como la de Liberia, por ejemplo a través de violaciones sistemáticas. Como presidenta,
Johnson-Sirleaf "consiguió bajo condiciones muy, muy difíciles mantener con vida el desarrollo democrático en Liberia", aseguró. La activista Gbowee es considerada por su parte una de las artífices de la paz alcanzada en 2003.
El Nobel de la Paz, que se entrega en Oslo el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, consta de diez millones de coronas suecas (casi 1,5 millones de dólares).
El ganador del año pasado fue el disidente chino Liu Xiaobo, mientras que en 2009 fue premiado el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
miércoles, 28 de septiembre de 2011
La muerte debe transitarse con la dignidad de la vida
Por Marta Lachowicz Abogada y docente en Bioética.
La muerte forma parte de la vida, tanto que es el último acto de la misma y requiere poder transitarlo con la misma dignidad que debe exigirse para la vida de todos los seres humanos.
Los adelantos biotecnológicos que permiten hoy salvar vidas, muchas veces, si no son usados adecuadamente, pueden diferir artificialmente en ese último paso y prolongar una agonía que termina desconociendo la dignidad del muriente. El respeto por la autonomía del paciente es el nuevo paradigma de la Bioética, y es la expresión de la libertad de la persona y de su posibilidad de autogobierno en cuanto a proyecto de vida y cuidado de su salud. Si una persona solicita no prolongar una situación que resulta irrecuperable, insistir en la aplicación de medidas implicaría incurrir en violación del principio de no maleficencia, y desvirtuaría la “buena práctica clínica”.
No se trataría, en efecto, de aliviar el sufrimiento ni de recuperar la salud, sino de prolongar un sufrimiento. Lo expuesto no significa el abandono del paciente, sino la posibilidad de aplicar los cuidados paliativos si fuera necesario, aliviando el sufrimiento y mejorando la calidad de vida remanente, con respeto por la dignidad de la persona y la aceptación de la finitud de la condición humana. La dinámica de la actuación médica debe basarse en un intercambio dialógico que incluya la información adecuada y la certeza de la comprensión del paciente y sus familiares. Esa buena relación evitará la judicialización del acto médico y contribuirá al mayor respeto por la dignidad del ser humano.<
Los adelantos biotecnológicos que permiten hoy salvar vidas, muchas veces, si no son usados adecuadamente, pueden diferir artificialmente en ese último paso y prolongar una agonía que termina desconociendo la dignidad del muriente. El respeto por la autonomía del paciente es el nuevo paradigma de la Bioética, y es la expresión de la libertad de la persona y de su posibilidad de autogobierno en cuanto a proyecto de vida y cuidado de su salud. Si una persona solicita no prolongar una situación que resulta irrecuperable, insistir en la aplicación de medidas implicaría incurrir en violación del principio de no maleficencia, y desvirtuaría la “buena práctica clínica”.
No se trataría, en efecto, de aliviar el sufrimiento ni de recuperar la salud, sino de prolongar un sufrimiento. Lo expuesto no significa el abandono del paciente, sino la posibilidad de aplicar los cuidados paliativos si fuera necesario, aliviando el sufrimiento y mejorando la calidad de vida remanente, con respeto por la dignidad de la persona y la aceptación de la finitud de la condición humana. La dinámica de la actuación médica debe basarse en un intercambio dialógico que incluya la información adecuada y la certeza de la comprensión del paciente y sus familiares. Esa buena relación evitará la judicialización del acto médico y contribuirá al mayor respeto por la dignidad del ser humano.<
martes, 27 de septiembre de 2011
FEMINICIDIO - UN FALLO MAS QUE CUESTIONABLE
La Cámara Multifueros de Cutral Có absolvió esta tarde a Ángel Tobares tras considerar que pese a que estuvieron acreditados los hechos –el asesinato de Sandra Burgos de 16 puñaladas-, el autor es penalmente inimputable. Como medida de seguridad dispuso su internación en una institución psiquiátrica.
La diputada provincial de Libres del Sur Paula Sánchez -presente en la lectura junto a Las Juanas de Cutral Có- consideró que el fallo “puede ser jurídicamente correcto pero socialmente es repudiable” y se lamentó de que “a veces por emoción violenta, a veces por falta de pruebas, a veces –como en este caso- por esquizofrenia con delirios paranoicos, las mujeres somos muertas y no hay condenas”.
En la sentencia leída hoy, el tribunal encabezado por la Dra. Barroso entendió que Tobares sufre un desequilibrio mental que lo hace inimputable. Previamente había descartado el agravante de alevosía por el crimen de Sandra y la tentativa de homicidio de Carlos Tobares, pareja de Sandra y hermano del imputado, quien esa noche recibió un puntazo en el torso que lo mandó al hospital.
“Salimos de acá convencidas de que la justicia debe entender que la violencia hacia las mujeres es distinta de otros hechos de violencia. Las mujeres estamos en distinta situación con respecto a la violencia física y psicológica de los hombres”, analizó Sánchez, “y hasta tanto no se entienda con claridad de qué hablamos cuando decimos violencia de género, las muertes de mujeres van a seguir siendo tratadas como cualquier muerte: y no son cualquier muerte”.
La legisladora de Libres del Sur insistió en “la necesidad de modificar el Código Penal e incorporar la figura del femicidio. Es imperioso que se cambie la mirada, inclusive en los ámbitos judiciales, de manera de hacer visible el flagelo de la violencia de género”.
Sandra Viviana Burgos fue asesinada por su cuñado Ángel Tobares en la madrugada del 5 de julio de 2008. Recibió 16 puñaladas en total (6 de ellas en zonas vitales de su cuerpo), en 3 tandas de ataques y con 4 diferentes cuchillo
La diputada provincial de Libres del Sur Paula Sánchez -presente en la lectura junto a Las Juanas de Cutral Có- consideró que el fallo “puede ser jurídicamente correcto pero socialmente es repudiable” y se lamentó de que “a veces por emoción violenta, a veces por falta de pruebas, a veces –como en este caso- por esquizofrenia con delirios paranoicos, las mujeres somos muertas y no hay condenas”.
En la sentencia leída hoy, el tribunal encabezado por la Dra. Barroso entendió que Tobares sufre un desequilibrio mental que lo hace inimputable. Previamente había descartado el agravante de alevosía por el crimen de Sandra y la tentativa de homicidio de Carlos Tobares, pareja de Sandra y hermano del imputado, quien esa noche recibió un puntazo en el torso que lo mandó al hospital.
“Salimos de acá convencidas de que la justicia debe entender que la violencia hacia las mujeres es distinta de otros hechos de violencia. Las mujeres estamos en distinta situación con respecto a la violencia física y psicológica de los hombres”, analizó Sánchez, “y hasta tanto no se entienda con claridad de qué hablamos cuando decimos violencia de género, las muertes de mujeres van a seguir siendo tratadas como cualquier muerte: y no son cualquier muerte”.
La legisladora de Libres del Sur insistió en “la necesidad de modificar el Código Penal e incorporar la figura del femicidio. Es imperioso que se cambie la mirada, inclusive en los ámbitos judiciales, de manera de hacer visible el flagelo de la violencia de género”.
Sandra Viviana Burgos fue asesinada por su cuñado Ángel Tobares en la madrugada del 5 de julio de 2008. Recibió 16 puñaladas en total (6 de ellas en zonas vitales de su cuerpo), en 3 tandas de ataques y con 4 diferentes cuchillo
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