REFORMAS CODIGO CIVIL

La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci le encuentra la vuelta exacta al corazón del nuevo Código Civil cuando dice que “la libertad implica responsabilidad. En este caso, la responsabilidad de proponer soluciones al conflicto”. Buceadora incansable de un sistema jurídico argentino coherente, desde su espacio en la comisión de reforma junto con los ministros de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, aportó respuestas a cuestiones fundamentales por las que viene bregando hace años, como el derecho a la identidad, el derecho sobre el propio cuerpo, la capacidad de disociar la relación sexual de la posibilidad de concebir, las relaciones de familia basadas en nuevas pluralidades.

Lorenzetti dijo que este Código “tiene como base la protección de la persona. Abre la posibilidad de defenderse contra múltiples intromisiones”. ¿Cómo impactará en la vida cotidiana de mujeres, niñas y niños, acaso las franjas sociales más vulnerables?

–El anteproyecto pretende llevar al Código Civil los principios constitucionales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hoy solidaridad. La libertad supone autonomía personal. En cuanto a niños y niñas, hay permanentes referencias a su derecho a ser oídos y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. La aplicación de este derecho fundamental se une a otra noción importantísima, la de la “autonomía progresiva”, que no sólo depende de la edad, sino del grado de madurez, que no se alcanza en todos los niños a la misma edad, depende de una serie de circunstancias. Un niño de la calle, lamentablemente, adquiere madurez precoz antes que un niño que está cuidado y protegido en un ambiente familiar adecuado. Y este niño, que también puede entrar en conflicto con sus padres, aparece permanentemente con acceso a la Justicia, con un abogado que él mismo puede elegir. En materia de derechos sobre el propio cuerpo, se establece que a la edad de 16 años la persona tiene anticipada su capacidad para consentir tratamientos médicos, entre otros puntos. La mujer es reconocida en su total igualdad frente al hombre. Algunas soluciones apuntan a favorecer su posición, especialmente si pertenece a sectores vulnerables de la sociedad, como sucede con la regulación de las uniones convivenciales y la protección de la vivienda.

La reglamentación sobre las técnicas de reproducción humana agitó polémicas en diferentes sectores de la sociedad. Algunas organizaciones jurídicas cuestionan que la filiación se determine por la voluntad procreacional y hasta llegaron a contraponer que no se respetan los derechos de la infancia.

–El anteproyecto respeta el derecho humano a la vida familiar. El tribunal europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia tanto sigue la Corte Interamericana decide, reiteradamente, que el derecho a tener hijos a través de la reproducción humana asistida integra el concepto de derecho a la vida familiar. Los derechos de niños y niñas se protegen con la regulación prevista y no dejando el tema sin regular, por las siguientes razones: la llamada filiación por naturaleza, única regulada por el Código Civil, fuera de la adopción, que se incorpora a la normativa mucho tiempo después, tiene por presupuesto necesario una relación sexual entre dos personas de distinto sexo. Hoy, a diferencia de lo que acontecía en los tiempos de la sanción del Código, la ciencia permite disociar la relación sexual de la posibilidad de concebir. Se puede concebir con la intervención de un médico, sin relación sexual, algo completamente impensado en los tiempos de Vélez Sarsfield. Además, la ciencia posibilita que pueda concebirse con material genético de terceras personas. Si el semen de un hombre no es apto para la procreación de un nuevo ser, es posible, y de hecho los casos son muy numerosos, que este hombre y su cónyuge o pareja estable recurran a un donante para que luego, a través del médico, esta mujer sea inseminada, o con ese semen y el óvulo de la mujer se forme un embrión que luego será implantado en su cuerpo. El niño que nace, en este caso, no desciende genéticamente del marido o compañero de su madre. Genéticamente, este niño no tiene absolutamente nada que lo una a ese señor, sin embargo es ese señor el que ha prestado su voluntad, es ese señor el que quiere ser padre, no el donante del semen. La filiación, entonces, no nace del dato genético, sino de la llamada voluntad procreacional.

Obliga a plantearnos como sociedad el reconocimiento de las nuevas formas de concepción y la amplitud del derecho a la identidad.

–El derecho a la identidad comprende muchos aspectos de la persona. La identidad genética es sólo uno de ellos. El anteproyecto distingue, como un inmenso sector de la doctrina que estudia el derecho humano a la identidad, entre el derecho a establecer vínculos jurídicos y el derecho a conocer. Esta distinción existe en el derecho argentino hace muchos años. En la adopción plena, el adoptado tiene derecho a conocer su realidad biológica, algo más extenso que el conocimiento del gen: comprende los datos de la vida a la cual pertenecía antes de ser adoptado. Sin embargo, no tiene derecho a que, por ejemplo, el padre extramatrimonial que no lo había reconocido, lo reconozca y establezca con él vínculos jurídicos de filiación después de la adopción plena. Esto es así porque el sistema argentino, como en los de la mayoría de los países, la filiación es binaria, o sea que se puede tener sólo dos vínculos: no se puede tener dos papás y una mamá o dos mamás y un papá. Pues bien, en la filiación por los métodos de reproducción humana asistida, el niño nacido tiene derecho a conocer que nació de estas prácticas. Si tiene una enfermedad transmisible, los centros de salud revelarán todos los datos necesarios para su mejor tratamiento. Además, podrá llegar al conocimiento de identificar quién fue el donante del material genético mediante el auxilio judicial. No tiene derecho a establecer vínculos jurídicos, o sea a establecer que el donante del semen sea su papá. Como imaginará, si esto sucediera nadie donaría semen ni óvulos. El niño tiene derecho a conocer y de este modo se satisface este derecho a la identidad, al igual que en el caso de la adopción plena.

Aun cuando el ejemplo sea el de una pareja heterosexual, evidentemente la voluntad procreacional protege a las familias con dos mamás o dos papás, pero, ¿por qué sostener a rajatabla la binariedad cuando se busca reconocer otro modo de establecer familias o parentesco?

–Una de las razones por las que incorporamos esta figura de la voluntad procreacional, tan discutida por cierto, es igualar a todas las parejas. Pero no ponemos en juego que la filiación sea binaria porque así es en el sistema jurídico occidental. Del parentesco se deriva toda una serie de obligaciones y derechos (piense en los sucesorios, por ejemplo, ¿qué padre hereda cuando el hijo muere?). No se me escapa que algún día también se va a discutir esto de lo binario, pero nos pareció que en esta materia debíamos seguir la política de lo que los italianos llaman de “piccoli passi” (pequeños pasos). No se puede dar vueltas el Código Civil; un cambio de ese tipo puede tener efectos que no podemos preveer.

¿Cuáles son los cambios más importantes que se le imprimieron al régimen de adopción? Lorenzetti adelantó que esta reforma dispone una “economización” sustancial del tiempo para la situación de adoptabilidad.

–Una causa de la larga espera es que muchos niños y niñas que podrían ser adoptados legalmente, entran en el camino del tráfico ilegal. Hay que luchar fuertemente contra el tráfico, no sólo con la Ley de Adopción, sino con mayores controles sobre lo que sucede en algunos hospitales públicos y en clínicas privadas. En este sentido, el anteproyecto reitera el principio de que los que pretenden adoptar tienen que estar inscriptos en el Registro de Adoptantes. Otra causa es la falta de diálogo permanente entre los organismos de protección que dependen del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial: se intenta, entonces, que trabajen mancomunadamente y de este modo se acorten los plazos y se evite la reiteración de actuaciones. Los cambios tienden a agilizar la declaración de situación de adoptabilidad y los organismos de protección tienen que trabajar seis meses haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el niño pueda continuar con su familia de origen, no sólo papá y mamá, sino también su familia ampliada, como abuelos, tíos, etcétera. Si esos esfuerzos fracasaron pero quedan esperanzas, podrían seguir trabajando seis meses más, y si aun así todo esto fracasara, el juez cita a la familia de origen, la escucha y si está de acuerdo con el informe de los organismos de protección, dicta una resolución que declara al niño en situación de adoptabilidad y pide al Registro de Adoptantes la lista de la que elegirá, también en consulta con el organismo de protección, cuál es la familia más adecuada para la situación de ese niño.

El artículo 19 del anteproyecto, sobre el “Comienzo de la existencia”, no modifica la definición acerca del inicio de la vida. ¿Qué efectos podría tener este punto sobre los futuros debates parlamentarios del proyecto de despenalización del aborto?

–En los fundamentos se señala que, dentro de un Código Civil, la persona es regulada a los fines de establecer los efectos jurídicos que tienen fuente en esa personalidad, tanto en el orden patrimonial como extrapatrimonial en el ordenamiento civil, “sin ingresar en otros ámbitos, como puede ser el derecho penal, conducido por otros principios”. Desde esa perspectiva, el anteproyecto no varía el estatus legal del comienzo de la persona, en tanto se reconocen efectos desde la concepción en el seno materno, como ocurre en el derecho vigente, a punto tal que se ha conservado hasta su antigua terminología. Decir que desde la perspectiva del Derecho Civil se es persona desde el momento de la concepción significa que, por ejemplo, se puede pedir alimentos al padre o a los abuelos, mientras el niño aún no ha nacido. O sea que el Código atiende a los efectos civiles. La penalización de la interrupción es otra cuestión. Por eso, aun leyes muy restrictivas como la nuestra siempre autorizaron la interrupción del embarazo cuando hay grave riesgo para la salud o la vida de la madre. En el conflicto de derechos, la ley siempre prefiere a la madre.

¿Qué significa que el trámite de divorcio será “incausado” y por qué se establece como obligatoria la presentación de una propuesta de solución para las cuestiones relacionadas con este trámite?

–Incausado significa que no hay que explicarle al juez las razones por las que queremos divorciarnos. Simplemente el proyecto de vida común ha concluido y el matrimonio necesita de dos personas que quieran llevarlo adelante. Hay entonces un respeto a la intimidad familiar, no hay intromisión del Estado en las causas que motivaron el divorcio. Ahora bien, a esa persona no le basta presentarse ante el juez y decirle que la divorcie, porque la libertad implica la responsabilidad de proponer soluciones al conflicto. Por eso debe acompañar con su petición, a fin de que el juez le dé trámite, una propuesta para resolver los problemas que el divorcio normalmente deja: custodia de los hijos menores de edad, alimentos para esos hijos, régimen de comunicación, división de los bienes comunes. Para presentar esta propuesta debe pensar, razonar sobre los efectos del divorcio. No basta tirarle al juez los trapos sucios de las causas, como es hoy, en un juicio en el que todos sufren y salen más heridos de lo que entraron a los tribunales. Esos trapos no se muestran. Lo que se muestra es la propuesta de solución: si el otro no está de acuerdo, presenta su contrapropuesta. Mientras tanto, el divorcio se dicta y las personas discuten sólo sus efectos, y el juez puede enviar el expediente a mediación, si lo estima más conveniente. Si no se logran los acuerdos, el juez debe resolver, como lo hace hoy, pero el tema del divorcio en sí mismo ha concluido antes.

¿De qué habla la figura del contrato prenupcial? ¿No debería contemplarse el caso de aquellas mujeres víctimas de violencias, que se encuentran en una posición de obvia desigualdad con sus parejas y no están en condiciones de pactar un régimen de esas características?

–Los pactos no sólo pueden ser prenupciales. Normalmente se hacen al momento de celebrar el matrimonio, pero también pueden hacerse con posterioridad al matrimonio. La ley da dos opciones: régimen de comunidad, muy similar a la ganancialidad actual, y régimen de separación de bienes. En todos los países occidentales existen esas opciones. La Argentina es el único país que no reconoce este derecho y da un modelo único. Obviamente, como todo pacto puede ser anulado si se dan las causales de nulidad de los actos jurídicos: error, dolo, violencia. Además, si esos vicios no pueden ser probados, siempre existe un sistema de compensaciones económicas previsto para los casos de notoria injusticia. El proyecto dice que el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación, y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez.

¿En qué consiste la separación de los bienes y qué significa que los gastos de crianza de los hijos están contemplados “de manera solidaria”?

–La separación de los bienes no es absoluta. En primer lugar, hay normas comunes a los dos regímenes. Por caso, para disponer de la vivienda familiar se necesita el asentimiento del otro cónyuge. Y aunque los cónyuges hayan optado por el régimen de separación, responden ambos por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar, o el sostenimiento y la educación de los hijos comunes. Digamos, si uno solo firmó el contrato con el colegio privado al que concurren los hijos y surge un atraso en el pago de las cuotas, esa deuda se les puede reclamar a cualquiera de los cónyuges.

Transitando el siglo XXI, como hizo referencia la Presidenta en varios pasajes de su discurso durante la presentación del anteproyecto, ¿esta reforma abre puertas definitivas a nuevos paradigmas de concepción familiar y social?

–Sí, es el nuevo paradigma de la pluralidad de las formas familiares y no del modelo único impuesto por el legislador que le marca la cancha a la sociedad. Es el paradigma de la libertad de optar y del respeto por la intimidad familiar, de la igualdad absoluta de los cónyuges y de la autonomía progresiva de los niños y las niñas.

Matrimonio Igualitario: La Justicia Obligó a ANSES a Pagar la Asignación Familiar por Cónyuge

Leónidas Moldes, titular del Juzgado Federal de Bariloche, le ordenó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) que le abonara la asignación familiar por cónyuge a una persona que había contraído matrimonio con otra del mismo sexo.

Así, luego del amparo presentado por el afectado ante la negativa del organismo de otorgarle el beneficio, el magistrado falló a favor e hizo lugar al pedido sentando un valioso precedente.

Desde ANSeS se argumentaba que el sistema informático utilizado para este tipo de operaciones no contemplaba la situación y, por tal motivo, no era posible finalizar el trámite.

Además, el organismo presidido por Diego Bossio se había amparado en que la norma administrativa solo considera cónyuge a la esposa del beneficiario o al esposo de la  beneficiaria.

Por su parte, el magistrado sostuvo "que no parece razonable que encontrándose en plena vigencia la Ley N° 26.618, al actor se le cercene un derecho de naturaleza alimentaria, en razón de que un sistema informático no haya sido aún adaptado".

Con respecto a lo sostenido por el organismo nacional referido a la norma administrativa, Moldes no dudó en citar a la ley de matrimonio igualitario y afirmó que “los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por DOS (2) personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones".

De esta manera, la resolución de autos “E., P. J. c/ ANSES s/ Amparo” crea un valioso precedente para los matrimonios igualitarios y para los futuros reclamos que puedan realizar.

LEY DE IDENTIDAD DE GENERO

La Argentina podría estar a la vanguardia en la ampliación de derechos si mañana en el Senado se trata y aprueba la ley de Identidad de Género, que permite el cambio de documentos y el acceso a tratamientos de reasignación sexual a travestis y transexuales. “Por primera vez nuestra comunidad puede lograr su reconocimiento, en un país donde todavía están abiertas las heridas por la sustracción y supresión de la identidad”, dijo ayer la activista Lohana Berkins, titular de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt). “Somos una comunidad olvidada y esta ley es una deuda de la democracia”, agregó Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales Argentinas (Attta). Según revelaron estas activistas y otras personas consultadas, todos los partidos se mostraron a favor de tratar y aprobar la norma.

“El proyecto prevé el reconocimiento del género en el DNI, que puede o no coincidir con el sexo al momento del nacimiento. Incluye el prenombre, la imagen y el género autopercibido en el documento y sin necesidad de autorización judicial, administrativa, sin gestor ni abogado”, resumió Pedro Paradiso Sottile, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), que integra el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. La persona interesada debería asistir al Registro Nacional de las Personas e iniciar el trámite, confidencial, que derivará en una nueva partida de nacimiento.
Por otro lado, se establecen el acceso gratuito y la inclusión en el Plan Médico Obligatorio de las cirugías parciales o totales, en el caso de una reasignación sexual, y el tratamiento hormonal, si así lo desea la persona. “Antes, cuando ibas a pedir el cambio de documento te miraban de la cintura para abajo. Te obligaban a operarte los genitales para darte otro documento”, recordó Marcela Romero, quien tramitó su DNI tras 13 años de trajín judicial. “Me atendieron con psicólogos, peritos forenses que me hacían desnudar y en medio de un planteo patologizante”, recordó.
Si en algo supera esta ley a otras similares en España, Uruguay y el Distrito Federal de México, comentó Romero, es en la despatologización. Para realizar el cambio de sexo, operación que hoy se hace en el hospital porteño Durand y el platense Gutiérrez, no es necesario que se declare “enferma” a la persona. Bastaría con firmar un consentimiento informado y reunirse con un equipo interdisciplinario para evaluar los riesgos de esa cirugía. En este caso, y también para adquirir el DNI, la persona debe ser mayor de edad o contar con autorización de sus padres o tutores.
El proyecto comenzará a revisarse hoy desde las 14 en un plenario de senadores y senadoras de las comisiones de Legislación General y Población y Desarrollo Humano. Esta reunión incluirá al activismo y si hay dictamen sin modificaciones al proyecto de Diputados, mañana podría tratarse en el recinto. “Tenemos la aceptación del oficialismo, del Frente Amplio Progresista, del radicalismo y de algunos integrantes del Peronismo Federal”, adelantó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt).
¿Cuánto influyó la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en este consenso? “Mucho. Creo que allanó el camino y abrió el debate en la sociedad. A un año y medio de esa sanción ninguno de los pronósticos aterradores que se plantearon se cumplió. El 90 por ciento de las figuras políticas que apoyaron la ley recibió aprobación en las urnas el año pasado”, aseguró Paulón. La media sanción en Diputados, el año pasado, es alentadora: 167 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones.
A las 12, dos horas antes del debate, en el Salón Arturo Illia del Senado, Attta presentará dos videos: uno sobre el derecho a ser y otro en torno del activismo trans, filmado un día antes de la muerte de la activista travesti Claudia Pía Braudacco, el 19 de marzo pasado. Mientras tanto, desde la Falgbt y desde el Frente Nacional por la Ley de Identidad siguen recorriendo el Senado, sensibilizando y entregando información. “Internacionalmente, es una ley de vanguardia”, comentó César Cigliutti, presidente de la CHA, quien ayer festejó los 28 años de la asociación.
“Si se aprueba, vamos a revisar cómo se aplica a nivel nacional para que no nos nieguen nuestros derechos. Ese es un trabajo fuerte porque siguen vigentes los sistemas reaccionarios y fundamentalistas y es necesario que todos y todas sepan los beneficios que tienen para evitar que se los nieguen o haya abusos de poder”, explicó la activista Lohana Berkins.

FEMINICIDIO- AVANCE LEGISLATIVO

La incorporación al Código Penal de los delitos en los que media la violencia de género y los crímenes de odio contra gays, lesbianas y personas trans obtuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa consiguió un respaldo total, 204 votos a favor y una abstención, y plantea agravantes que llevan las penas a prisión o reclusión perpetua a homicidios que solían atribuirse “a los celos y se definían como crímenes pasionales o de emoción violenta”, remarcó la diputada oficialista Silvia Risko. Durante el debate hubo coincidencia sobre la necesidad de acciones preventivas desde el Estado porque la respuesta penal llega siempre tarde, cuando ya ocurrió la muerte. “Lo que sigue es quitarles la patria potestad a los hombres que hayan matado a sus parejas”, propuso la diputada radical María Luisa Storani.

La iniciativa comenzó a tratarse ayer a las 19, luego de una peleada sesión por el articulado de la ley de reforma política. El diputado del Frente para la Victoria y titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, arrancó el debate marcando tres tipos de “femicidios”, aunque esa palabra no aparece en el proyecto: el íntimo o perpetrado por un conocido; el público, en el caso del asesinato motivado por el género, y el vincular, cuando “se mata a un familiar para castigar a la mujer”.
En el primer caso, se pena con perpetua “al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, o a la persona con quien mantenga, haya mantenido, o haya infructuosamente pretendido iniciar una relación de pareja”. Hubo, tras la votación, un intento del diputado del PRO Federico Pinedo de incluir la palabra “estable” cuando se habla de pareja y fue descartado con abucheos. Tampoco se toma en cuenta si hubo o no convivencia al imponer la pena. Además, se incluyen como agravantes: “Placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
El tipo penal es amplio en el segundo caso descripto por Albrieu, ya que se considera “un crimen hacia una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. El asesinato de un familiar “para causar daño psicológico” a una pareja o ex pareja también se considera agravante. Había sólo 79 presentes cuando este diputado terminó su exposición. “Es evidente que algunas reformas son más atractivas que otras para algunos legisladores, aunque ameriten nuestra atención”, dijo al respecto Risko, en medio de los aplausos de los pocos presentes.
“La mujer no es propiedad de nadie, de ningún hombre. Puede que a cualquier víctima la haya matado la última trompada, pero seguramente antes vivía en la indiferencia. Por eso es necesario que se implementen recursos para las políticas de prevención”, exigió esta diputada, titular de la otra la comisión que intervino: Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. La diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda coincidió con el diagnóstico y sumó otra crítica: “Cada vez que hablamos de problemática de género nos dan un minuto y medio para exponer, no me parece casual”.
El poco tiempo se debió a la rigidez del nuevo presidente de la Cámara, Julián Domínguez: el debate anterior había durado seis horas. Donda leyó las cifras obtenidas de la prensa por la Asociación Casa del Encuentro: “En 2009 hubo 231 femicidios, 68 eran ex parejas, novios o esposos y existía denuncia policial previa. En 2010 fueron 260 muertes y 282 en 2011”. El diputado del GEN Gerardo Milman, uno de los autores de los 15 proyectos que se presentaron en comisiones, señaló que esta reforma va a permitir hacer estadísticas con casos “que antes eran invisibles para la Justicia”. Laura Alonso, del PRO, evaluó que la inclusión del femicidio es un reflejo de la desigualdad imperante. “Voy a celebrar el día en que deroguemos esto porque habrán triunfado el respeto por la mujer y las libertades individuales”, dijo. Durante el debate se mencionó la cosificación sexual palpable en la televisión y la tardía incorporación de la posibilidad del ligamiento de trompas de Falopio, recién en 2006, como signos de la opresión sobre el cuerpo de las mujeres. “Y también hay que discutir otra violencia, la de la prohibición del aborto”, arrimó Jorge Cardelli, de Proyecto Sur.
Por otra parte, varios legisladores oficialistas y de la oposición reclamaron fondos para implementar el Plan Nacional integral para la erradicación de la violencia de género, aprobado en 2009. También hubo un reconocimiento de Carlos Comi, diputado de la Coalición Cívica, a las organizaciones sociales que impulsaron el debate. “Ojalá los diarios y la televisión nos den tanto espacio como a los hechos de violencia que ocurren a las mujeres, como el caso de Wanda Taddei”, agregó.
Luego de dos horas de debate, a las 21, hubo quórum. El clima era de tanto acuerdo que el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, consiguió media hora después que se votara el proyecto en general y en particular de una sola vez.

MENORES - INCAPACES DEFENSA LEGAL

Los niños, niñas y adolescentes internados en hospitales psiquiátricos o en institutos de menores de la ciudad de Buenos Aires contarán, a partir del mes próximo, con la asistencia de un equipo de abogados, creado por la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña. Este nuevo cuerpo de letrados, que atenderá a todas aquellas personas menores de edad que requieran asesoramiento jurídico, representará “el punto de vista” de los niños, niñas y adolescentes, a diferencia de la función que tienen los asesores tutelares de menores que “dictaminan según lo que ellos entienden más conveniente para el niño”, según explican en la AGT.

La resolución 210/2011 firmada en diciembre pasado por la asesora general tutelar, Laura Musa, contempla que el nuevo equipo de profesionales especializados en derechos de la infancia y adolescencia, en todos los casos, deberá “efectuar la defensa técnica de los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente, con absoluta observancia de la voluntad del niño, niña y adolescente”. Se pondrá en marcha a partir del 1º de febrero, en principio, como una experiencia piloto.
La iniciativa tiene fundamento tanto en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en el país, como en la Ley Nº 26.061 de Protección Integral (sancionada en 2005) y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que establecen –debido a la garantía del debido proceso– “el derecho de los niños y niñas a ser oídos y asistidos jurídicamente por un letrado especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo”.
En diálogo con Página/12, Musa explicó que los asesores tutelares trabajan “en el monitoreo, control e interpelación de políticas públicas para verificar que los derechos de los menores de edad no sean vulnerados”. Aclaró que desde la institución “verifican la legalidad de todo el proceso judicial”.
“Los jueces nos envían, por ejemplo, un expediente de un menor con algún problema familiar o que tiene sus facultades mentales afectadas, para que lo revisemos y, así, evaluemos los pasos a seguir; momento en que nos damos cuenta de que el chico no cuenta con un abogado que lo represente”, explicó Musa.
En la AGT ilustran con ejemplos la diferencia entre la intervención del asesor tutelar (también llamado defensor de menores) y el abogado particular del niño. Ponen el caso de un chico institucionalizado por una situación de desamparo, quien pretende egresar para vivir con su hermana, que ya es mayor de edad. Su abogada lo representó en esa demanda. El asesor tutelar consideró más pertinente que el niño sea entregado en adopción. Al resolver, la jueza hizo lugar al pedido de la abogada del niño.
Hasta ahora “el gobierno porteño contrataba a algunas organizaciones sociales que presentaban a un abogado que atendiera el caso del menor. Esto se burocratizó mucho y, por lo general, los letrados se presentan, pero las audiencias no continúan y no hay un seguimiento personalizado del caso”, afirmó la asesora tutelar.
La titular de la Asesoría señaló que “con esta nueva herramienta de la Justicia se cumplimentará a partir del próximo mes el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos, a expresar su opinión libremente, a contar con asistencia jurídica y a impugnar la legalidad de la privación de su libertad. En definitiva, a ser considerados sujetos de derecho”.
“En el caso de los niños afectados mentalmente, el trabajo del equipo jurídico especializado comenzará con una entrevista del abogado con el niño o adolescente internado y el equipo tratante, para evaluar si se cumple con los requisitos de la Ley de Salud Mental para que se lleve adelante una internación involuntaria, si existe un riesgo inminente certificado por los equipos multidisciplinarios”, dijo a este diario Gabriela Spinelli, abogada y coordinadora del área de Salud Mental y Derechos Humanos de la Asesoría.
Entre los derechos garantizados por la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, “la persona internada en forma involuntaria tiene derecho a designar un abogado y si no lo hiciera, el Estado deberá proporcionarle uno desde el momento de la internación”. Spinelli comentó que “la labor del grupo de abogados concluirá cuando la persona sea externada”.
Por este motivo, Musa cree imprescindible “dotar a los más vulnerados por su salud mental o a menores de edad institucionalizados, de una voz activa en su expediente”. A partir de la designación de un abogado, “el representado generará un vínculo de confianza con su defensor, lo que le permitirá al chico recurrir a él frente a cualquier decisión que lo afecte y a participar, de forma activa, en todo el procedimiento”, concluyó.

FEMINICIDIO

Cuatro mujeres fueron aniquiladas por un varón cercano a la familia en La Plata y un femicidio en La Pampa visibilizó la gravedad de que operadores judiciales no tengan formación en género. La repercusión mediática de estos casos reanimó el reclamo de incrementar las penas en los crímenes de odio contra las mujeres y eliminar la figura de avenimiento. Un grupo de legisladoras atendió este reclamo y dará el debate sobre modificar el Código Penal el año próximo.
Las personas y organizaciones involucradas en la lucha contra la violencia de género coinciden en que un femicida debe recibir una pena ejemplar. Y en que prevenir un femicidio implica que la víctima consiga protección judicial efectiva a tiempo y asistencia médica, legal, piscológica y económica (acceso a una vivienda, estudios, trabajo). Este es el marco en que se debe debatir la incorporación del femicidio al Código Penal y fue estipulado el 29 de noviembre en la primera reunión que convocó la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado Sonia Escudero, del Bloque Justicialista 8 de Octubre. Los próximos encuentros se desarrollarán durante el primer semestre de 2012 y el objetivo es discutir unas seis iniciativas sobre la mejor forma de sancionar la violencia machista extrema. Cuatro proyectos son de legisladores nacionales y otros dos de organismos provinciales.
La concurrencia de parlamentarias a la primera reunión fue baja y la mayoría representaba a la Banca de la Mujer. De los siete senadores que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ninguno se sumó al debate. Quienes participaron destacaron igualmente que es importante empezar a discutir la reforma del Código Penal para combatir el femicidio, puesto que ya suman 243 las víctimas fatales de esta violencia. El Observatorio de Femicidios en Argentina 'Adriana Marisel Zambrano', de la Casa del Encuentro, en el marco del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer informó que entre enero y octubre de este año hubo 237 casos. La cifra creció un 10% respecto de 2010. En noviembre y diciembre de este año se produjeron la masacre en La Plata y los femicidios de Carla Figueroa en La Pampa y María Ramos en Salta.
La convocatoria de la senadora Escudero fue una respuesta a estas espeluznantes cifras y a la matanza que conmovió al barrio platense La Loma el 27 de noviembre. Cuatro mujeres fueron masacradas y el único imputado es Osvaldo Emir Martínez (27) por el asesinato de su pareja Bárbara Santos, de 29 años. Las otras víctimas fueron la hija de Bárbara Micaela Galle (11), la madre Susana De Barttole (63) y su amiga Marisol Pereyra (35). Los padres de Micaela y Marisol, Daniel Galle y Miguel Pereyra encabezaron el domingo pasado una protesta en Plaza Moreno para reclamar a la justicia una pena ejemplar. Volverán a marchar el domingo 18.
De acuerdo a la legislación penal vigente, existe la posibilidad de encerrar al femicida hasta unos 25 años, que es la pena máxima en caso de homicidio. Es verdad que puede no considerase el  vínculo que el femicida tenía con la víctima como agravante porque el artículo 80 del Código Penal excluye a ex conyugues, concubinos, ex concubinos, novios, ex novios, tíos, vecinos. Pero por otro lado puede endurecerse la condena si se consideran las circunstancias, es decir que el femicida acuchilló y apaleó a conciencia a Micaela, Bárbara, Marisol y Susana.
En este contexto considerar al femicidio un delito penal requiere una discusión exhaustiva y las organizaciones de derechos humanos que reclaman este debate celebran que las parlamentarias tomaran la posta. Uno de los proyectos presentados en el Congreso pertenece al Centro de la Mujer de Vicente López (Buenos Aires), que tiene más de 20 años de experiencia en la temática. En representación del Centro, la abogada penalista Silvia Paola Viqueira explicó que el objetivo es modificar el artículo 80 para tipificar el delito de femicidio como agravante. 'Nosotros proponemos incluir el delito de femicidio agregando el agravante de género. Creemos que si una mujer es asesinada por el sólo hecho de serlo el castigo debe ser mayor, por eso incluimos un inciso sobre un nuevo tipo penal que es por el solo hecho de ser mujer. También agregamos como sujeto al concubino y a cualquier relación de pareja, ya sea presente o pasada para que no haya una discriminación en función al vínculo', detalló la especialista en temas de violencia familiar.

Por su parte, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) apoya la inclusión de más personas en el agravante sobre la relación entre el agresor y la víctima. La directora ejecutiva de ELA Natalia Gherardi explicó que también es posible contener como agravante el crimen de odio al género u orientación sexual. Cabe señalar que estas dos mejoras de la legislación penal fueron planteadas con anterioridad por la diputada nacional Marcela Rodríguez y sin embargo tuvieron que ocurrir más de 400 muertes brutales entre 2010 y 2011 para que el tema finalmente se incluyera en la agenda del Congreso nacional.
Sobre los proyectos que proponen agravar la pena en casos de femicidio, Gherardi advirtió: 'El problema es la constitucionalidad de la figura penal, esto es la descripción de la conducta que es un delito. Tiene que estar claramente determinada. Actualmente el tipo penal es el que matare a otro. Este delito es claro, hay un perpetrador y una víctima. Si incluimos el que mata a una mujer por el hecho de ser mujer en el marco de una relación desigual de poder tendremos que probarlo. Todo lo que una alega tiene que ser probado ya que es una garantía fundamental del derecho penal. ¿Cómo probás las asimetrías de poder? Creo que el problema es la utilización en el derecho penal de una categoría política y de análisis sociológico. Es un salto muy difícil, si no logramos sostenerlo teóricamente corremos el riesgo de erosionar el reclamo legítimo de que a las mujeres las están matando'. Otra preocupación de la directora de ELA es que la tipificación del femicidio en el Código Penal sea una respuesta fácil al problema fatal de la violencia de género, que básicamente requiere de políticas públicas integrales. Esta inquietud también fue planteada en el documento Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio/Femicidio de CLADEM.

Según estos testimonios hay posturas diferentes sobre crear una figura penal de femicidio, pero las personas e instituciones involucradas en la discusión insisten en darla porque el silencio es el peor de los escenarios. Especialistas en género como Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, señalan justamente que es importante que la tragedia del femicidio se visibilice. 'A veces leyes muy penalizadoras tienen un impacto contrario al deseado, pero eso no nos libera de hablar y discutir su inclusión en el código penal abiertamente. El silencio o una decisión rápida sin una buena discusión pueden llevarnos a un cambio legal que termine siendo peor o nos obligue a arreglar lo hecho. Abramos el debate y demostremos que el feminicidio es algo específico. Las mujeres son asesinadas en mayor número y son sus parejas o ex parejas quienes las matan con saña', precisó.

vIOLENCIA DE GENERO - CONDENA EFECTIVA

En su mano izquierda lleva tatuada la inicial del nombre de su ex marido: Walter Asis (36). Mariela Santa Cruz (38) se lo hizo hace 15 años cuando estaba enamorada de ese hombre alto y morocho, con la que tuvo dos hijos y que ahora esta en la cárcel de Ezeiza. El lunes fue condenado, en un fallo inédito para la Ciudad de Buenos Aires, por el delito de amenazas agravadas por el uso de armas contra Mariela, y amenazas y maltrato físico contra sus hijos. Pasará los próximos dos años y seis meses preso. Ahora, en el barrio Illia, sus vecinos la felicitan porque se animó.
El 5 de julio de 2010 Mariela fue abuela. Cuando llegó del hospital fue a la casa de su mamá. Enseguida, Walter se asomó por una de las cinco ventanas de la casa y apuntándola con un arma, le gritó “¡Te voy a matar, yo no tengo nada que perder”. Mariela hizo la denuncia penal pero luego retiró los cargos.
El 13 de octubre, mientras Mariela trabajaba, su hijo Sebastián de siete años hacía los deberes en su pieza. Walter entró a la habitación de su hijo: –¡Puto, ¿dónde dejaste el lápiz que mamá te compró ayer? Buscalo porque si no te voy a pegar. Te voy a matar!, gritó Walter.
La hermana de Sebastían, Soledad, escuchó su llanto y llamó a su mamá. “Ese día dije ‘hasta acá llegué’. El límite son mis hijos. Mi hija me llamó llorando y salí del trabajo rápido y llamamos a Gendarmería”, dice a Clarín Mariela.
Cuando lo fueron a detener, Walter se refugió en la casa del padre de Mariela “Mi papá me pegó mucho cuando era chica. A mi mamá también le pegaba. Con Walter se entendían, se llevaban muy bien. Cuando Gendarmería le preguntó a mi papá por él, respodió ‘acá no esta’”, dice.
Mariela cuenta que durante cinco años estuvieron bien; Walter ayudaba a sus hijos a hacer los deberes o les revisaba la cabeza para encontrarle piojos. Cayó preso por robo y cuando salió de la cárcel era otra persona: “Adicto al paco y alcohólico”. Walter no trabajaba y se pasaba gran parte del día consunmiendo pasta base. Pasó 10 años tremendos cargados de violencia física y verbal. Lo único que le regalaba a ella eran bombachas: sabía cuántas tenía y si una desaparecía le pegaba. En la casa de Mariela funciona un jardín comunitario: todos los días comen y toman la leche unos 15 chicos. No recibe ninguna ayuda del Gobierno de la Ciudad. También en su casa da talleres para mujeres que sufren violencia doméstica. Trabaja haciendo matenimiento en el Centro de Primera Infancia la Hormiguita Viajera. “Necesito ayuda de profesionales para el apoyo de las chicas. Y comida para el jardín”, cuenta. Mariela, ahora, se conforma con lo cotidiano: volvió a desayunar con sus hijos y a dejar su billetera arriba de la mesa sin temor a que él le robe la plata.