FEMINICIDIO

Cuatro mujeres fueron aniquiladas por un varón cercano a la familia en La Plata y un femicidio en La Pampa visibilizó la gravedad de que operadores judiciales no tengan formación en género. La repercusión mediática de estos casos reanimó el reclamo de incrementar las penas en los crímenes de odio contra las mujeres y eliminar la figura de avenimiento. Un grupo de legisladoras atendió este reclamo y dará el debate sobre modificar el Código Penal el año próximo.
Las personas y organizaciones involucradas en la lucha contra la violencia de género coinciden en que un femicida debe recibir una pena ejemplar. Y en que prevenir un femicidio implica que la víctima consiga protección judicial efectiva a tiempo y asistencia médica, legal, piscológica y económica (acceso a una vivienda, estudios, trabajo). Este es el marco en que se debe debatir la incorporación del femicidio al Código Penal y fue estipulado el 29 de noviembre en la primera reunión que convocó la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado Sonia Escudero, del Bloque Justicialista 8 de Octubre. Los próximos encuentros se desarrollarán durante el primer semestre de 2012 y el objetivo es discutir unas seis iniciativas sobre la mejor forma de sancionar la violencia machista extrema. Cuatro proyectos son de legisladores nacionales y otros dos de organismos provinciales.
La concurrencia de parlamentarias a la primera reunión fue baja y la mayoría representaba a la Banca de la Mujer. De los siete senadores que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ninguno se sumó al debate. Quienes participaron destacaron igualmente que es importante empezar a discutir la reforma del Código Penal para combatir el femicidio, puesto que ya suman 243 las víctimas fatales de esta violencia. El Observatorio de Femicidios en Argentina 'Adriana Marisel Zambrano', de la Casa del Encuentro, en el marco del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer informó que entre enero y octubre de este año hubo 237 casos. La cifra creció un 10% respecto de 2010. En noviembre y diciembre de este año se produjeron la masacre en La Plata y los femicidios de Carla Figueroa en La Pampa y María Ramos en Salta.
La convocatoria de la senadora Escudero fue una respuesta a estas espeluznantes cifras y a la matanza que conmovió al barrio platense La Loma el 27 de noviembre. Cuatro mujeres fueron masacradas y el único imputado es Osvaldo Emir Martínez (27) por el asesinato de su pareja Bárbara Santos, de 29 años. Las otras víctimas fueron la hija de Bárbara Micaela Galle (11), la madre Susana De Barttole (63) y su amiga Marisol Pereyra (35). Los padres de Micaela y Marisol, Daniel Galle y Miguel Pereyra encabezaron el domingo pasado una protesta en Plaza Moreno para reclamar a la justicia una pena ejemplar. Volverán a marchar el domingo 18.
De acuerdo a la legislación penal vigente, existe la posibilidad de encerrar al femicida hasta unos 25 años, que es la pena máxima en caso de homicidio. Es verdad que puede no considerase el  vínculo que el femicida tenía con la víctima como agravante porque el artículo 80 del Código Penal excluye a ex conyugues, concubinos, ex concubinos, novios, ex novios, tíos, vecinos. Pero por otro lado puede endurecerse la condena si se consideran las circunstancias, es decir que el femicida acuchilló y apaleó a conciencia a Micaela, Bárbara, Marisol y Susana.
En este contexto considerar al femicidio un delito penal requiere una discusión exhaustiva y las organizaciones de derechos humanos que reclaman este debate celebran que las parlamentarias tomaran la posta. Uno de los proyectos presentados en el Congreso pertenece al Centro de la Mujer de Vicente López (Buenos Aires), que tiene más de 20 años de experiencia en la temática. En representación del Centro, la abogada penalista Silvia Paola Viqueira explicó que el objetivo es modificar el artículo 80 para tipificar el delito de femicidio como agravante. 'Nosotros proponemos incluir el delito de femicidio agregando el agravante de género. Creemos que si una mujer es asesinada por el sólo hecho de serlo el castigo debe ser mayor, por eso incluimos un inciso sobre un nuevo tipo penal que es por el solo hecho de ser mujer. También agregamos como sujeto al concubino y a cualquier relación de pareja, ya sea presente o pasada para que no haya una discriminación en función al vínculo', detalló la especialista en temas de violencia familiar.

Por su parte, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) apoya la inclusión de más personas en el agravante sobre la relación entre el agresor y la víctima. La directora ejecutiva de ELA Natalia Gherardi explicó que también es posible contener como agravante el crimen de odio al género u orientación sexual. Cabe señalar que estas dos mejoras de la legislación penal fueron planteadas con anterioridad por la diputada nacional Marcela Rodríguez y sin embargo tuvieron que ocurrir más de 400 muertes brutales entre 2010 y 2011 para que el tema finalmente se incluyera en la agenda del Congreso nacional.
Sobre los proyectos que proponen agravar la pena en casos de femicidio, Gherardi advirtió: 'El problema es la constitucionalidad de la figura penal, esto es la descripción de la conducta que es un delito. Tiene que estar claramente determinada. Actualmente el tipo penal es el que matare a otro. Este delito es claro, hay un perpetrador y una víctima. Si incluimos el que mata a una mujer por el hecho de ser mujer en el marco de una relación desigual de poder tendremos que probarlo. Todo lo que una alega tiene que ser probado ya que es una garantía fundamental del derecho penal. ¿Cómo probás las asimetrías de poder? Creo que el problema es la utilización en el derecho penal de una categoría política y de análisis sociológico. Es un salto muy difícil, si no logramos sostenerlo teóricamente corremos el riesgo de erosionar el reclamo legítimo de que a las mujeres las están matando'. Otra preocupación de la directora de ELA es que la tipificación del femicidio en el Código Penal sea una respuesta fácil al problema fatal de la violencia de género, que básicamente requiere de políticas públicas integrales. Esta inquietud también fue planteada en el documento Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio/Femicidio de CLADEM.

Según estos testimonios hay posturas diferentes sobre crear una figura penal de femicidio, pero las personas e instituciones involucradas en la discusión insisten en darla porque el silencio es el peor de los escenarios. Especialistas en género como Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, señalan justamente que es importante que la tragedia del femicidio se visibilice. 'A veces leyes muy penalizadoras tienen un impacto contrario al deseado, pero eso no nos libera de hablar y discutir su inclusión en el código penal abiertamente. El silencio o una decisión rápida sin una buena discusión pueden llevarnos a un cambio legal que termine siendo peor o nos obligue a arreglar lo hecho. Abramos el debate y demostremos que el feminicidio es algo específico. Las mujeres son asesinadas en mayor número y son sus parejas o ex parejas quienes las matan con saña', precisó.

vIOLENCIA DE GENERO - CONDENA EFECTIVA

En su mano izquierda lleva tatuada la inicial del nombre de su ex marido: Walter Asis (36). Mariela Santa Cruz (38) se lo hizo hace 15 años cuando estaba enamorada de ese hombre alto y morocho, con la que tuvo dos hijos y que ahora esta en la cárcel de Ezeiza. El lunes fue condenado, en un fallo inédito para la Ciudad de Buenos Aires, por el delito de amenazas agravadas por el uso de armas contra Mariela, y amenazas y maltrato físico contra sus hijos. Pasará los próximos dos años y seis meses preso. Ahora, en el barrio Illia, sus vecinos la felicitan porque se animó.
El 5 de julio de 2010 Mariela fue abuela. Cuando llegó del hospital fue a la casa de su mamá. Enseguida, Walter se asomó por una de las cinco ventanas de la casa y apuntándola con un arma, le gritó “¡Te voy a matar, yo no tengo nada que perder”. Mariela hizo la denuncia penal pero luego retiró los cargos.
El 13 de octubre, mientras Mariela trabajaba, su hijo Sebastián de siete años hacía los deberes en su pieza. Walter entró a la habitación de su hijo: –¡Puto, ¿dónde dejaste el lápiz que mamá te compró ayer? Buscalo porque si no te voy a pegar. Te voy a matar!, gritó Walter.
La hermana de Sebastían, Soledad, escuchó su llanto y llamó a su mamá. “Ese día dije ‘hasta acá llegué’. El límite son mis hijos. Mi hija me llamó llorando y salí del trabajo rápido y llamamos a Gendarmería”, dice a Clarín Mariela.
Cuando lo fueron a detener, Walter se refugió en la casa del padre de Mariela “Mi papá me pegó mucho cuando era chica. A mi mamá también le pegaba. Con Walter se entendían, se llevaban muy bien. Cuando Gendarmería le preguntó a mi papá por él, respodió ‘acá no esta’”, dice.
Mariela cuenta que durante cinco años estuvieron bien; Walter ayudaba a sus hijos a hacer los deberes o les revisaba la cabeza para encontrarle piojos. Cayó preso por robo y cuando salió de la cárcel era otra persona: “Adicto al paco y alcohólico”. Walter no trabajaba y se pasaba gran parte del día consunmiendo pasta base. Pasó 10 años tremendos cargados de violencia física y verbal. Lo único que le regalaba a ella eran bombachas: sabía cuántas tenía y si una desaparecía le pegaba. En la casa de Mariela funciona un jardín comunitario: todos los días comen y toman la leche unos 15 chicos. No recibe ninguna ayuda del Gobierno de la Ciudad. También en su casa da talleres para mujeres que sufren violencia doméstica. Trabaja haciendo matenimiento en el Centro de Primera Infancia la Hormiguita Viajera. “Necesito ayuda de profesionales para el apoyo de las chicas. Y comida para el jardín”, cuenta. Mariela, ahora, se conforma con lo cotidiano: volvió a desayunar con sus hijos y a dejar su billetera arriba de la mesa sin temor a que él le robe la plata.

FEMINICIDIO

Un juez bonaerense que aplicó los fundamentos de la ley que previene y sanciona la violencia contra la mujer como agravantes de un homicidio, a pesar de que el fiscal no lo había solicitado, reivindicó el derecho de los familiares de las víctimas a reclamar esa medida.
El juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, que la semana pasada dio impulso al caso de Fátima Catán, quien en agosto de 2010 murió luego de ser quemada en su casa de Villa Fiorito, explicó a la agencia de noticias Télam que le imputó a Mario Santillán, de 32 años, pareja de la víctima, la autoría de "homicidio en el contexto de violencia familiar", sobre la base de la ley 12.569, que rige en territorio bonaerense para esos casos.
Lo hizo luego de que, durante un año y cuatro meses desde que ocurrió el hecho, el fiscal Ramiro Varangot mantuviera la calificación de "averiguación de causales de muerte".
Dijo del fallo: "Es novedoso desde el punto de vista de que adopté esta decisión sobre la base de un pedido del particular damnificado. Con esto se abren nuevas miradas para los familiares que no encuentran respuesta por parte del fiscal", en relación con el planteo del abogado querellante, Gabriel Juricich.
En su fallo, el magistrado expuso que "el particular damnificado es una figura coprotagonista, a la par de la labor del titular de la acción [el fiscal]", y según el artículo 6 del Código Procesal Penal provincial, sus peticiones "habilitarán al juez o al tribunal a abrir o continuar el juicio, a juzgar y a condenar".
Con respecto a su decisión de imputar el delito sin previo requerimiento del fiscal, como prevé el Código Penal, Vitale recordó que, por ejemplo, el artículo 334 bis da al particular damnificado facultades de continuar una causa cuando hay un pedido de sobreseimiento por parte del Ministerio Público.
"En la provincia de Buenos Aires lo que ocurrió es que, con las últimas modificaciones, el particular damnificado puede acusar en un juicio, aunque no lo haga el fiscal y lograr una condena, y también pedir la elevación a juicio. Es una interpretación que yo realizo, pero si pueden pedir eso, ¿cómo no van a poder pedir la imputación de una persona?", planteó.

Discusión abierta

Consultado sobre si la decisión generó polémica en el ámbito jurídico, aseguró: "La discusión es feroz porque hay jueces muy garantistas que dicen que esto va contra los derechos del imputado".
Según Vitale, el fiscal no solicitó ninguna medida tras su decisión y anticipó que seguramente "se planteará una nueva discusión si el particular damnificado pide la detención" del imputado.
Fátima Catán, que cursaba un embarazo de cinco semanas, fue quemada el 19 de agosto de 2010 en su casa de Murature al 600, Villa Fiorito, donde convivía con Santillán; sufrió lesiones en el 85% del cuerpo y murió al día siguiente.
Según la versión que Santillán dio a la policía poco después del hecho, Fátima estaba limpiando discos compactos con algodón y alcohol, encendió un cigarrillo y se prendió fuego.
El 27 de este mes se hará la reconstrucción del hecho con la presencia del acusado, que ya fue notificado; los bomberos efectuarán un peritaje para intentar determinar cómo sucedieron los hechos.
El juez Vitale explicó a Télam que "en la causa hay once testigos que hablan de la relación violenta que tenía la pareja, y dos de ellos dicen que esa noche se insultaban a los gritos y peleaban".
Los médicos que la atendieron dijeron que la víctima dio dos versiones: que se prendió fuego mientras fumaba al frotarse alcohol en el cuerpo porque le picaba, y que se quemó al manipular una botella de alcohol.

Historias que se repiten

EL CASO TESTIGO
El caso de Wanda Taddei
Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, será juzgado en febrero próximo por el homicidio de su esposa, Wanda Taddei, en febrero del año pasado. El fiscal acusó al músico de haber prendido fuego a la mujer en su casa.
CONMOCIÓN EN GENERAL PICO
Violación y asesinato
El 10 de este mes, en General Pico, La Pampa, Carla Figueroa fue asesinada de diez puñaladas por Marcelo Tomaselli. Ocho días éste antes había salido de la cárcel gracias a que Carla, que lo había acusado de violación, aceptó casarse con él..

VIOLENCIA DE GENERO - ASIMETRIA ENTRE VICTIMA Y VICTIMARIO

El crimen de Carla Figueroa sigue levantando críticas a la figura del avenimiento, por la cual el Código Penal admite la quita de la pena a un acusado de violación si la víctima acepta que se case con ella.

El femicidio de Carla Figueroa, en General Pico, abrió la polémica alrededor de la figura del avenimiento prevista en el Código Penal, por la cual un tribunal puede acceder a perdonar a un violador si la víctima así lo pide, siempre que haya una relación afectiva previa entre ambos y que ella no actúe bajo presión y su consentimiento sea dado de forma libre y plena. Pero diversos especialistas en Derecho, con perspectiva de género, plantean que la esencia misma del fenómeno del abuso sexual es la asimetría entre el victimario y su víctima, lo cual impide cualquier ficción de libertad o de igualdad entre ambos, y reclaman su derogación. En el caso, quedó en evidencia la ausencia de un acompañamiento psicológico ofrecido desde el Estado a la adolescente, como víctima de violencia machista, para reforzar su autonomía. “Sancionar y derogar leyes es sencillo. Lo que es difícil es pensar y sostener políticas públicas en todos los niveles que le permitan a una mujer víctima de violencia fortalecer su autoestima y reforzar su autonomía, para que no vuelva a una relación violenta”, advirtió la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

En diálogo con Página/12, la abogada Perla Prigoshin, titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, se manifestó partidaria de la derogación del avenimiento. “Esta figura es una rémora de cuando los delitos contra la sexualidad de las mujeres eran considerados como delitos contra la honestidad. Se privilegiaba el honor de la familia de la víctima antes que su integridad sexual. Francamente, seguir sosteniendo esta excusa absolutoria frente a un delito contra las mujeres va en contra de la política de derechos humanos del movimiento nacional y popular”, opinó Prigoshin. En un sentido similar se pronunció Susana Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) e integrante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. “El Derecho viene siempre después de los hechos. El avenimiento no sirve. No soluciona nada, por la propia personalidad del victimario y las condiciones de la víctima”, consideró Medina, al ser consultada por este diario. Medina se desempeñó 15 años en el Fuero Penal, como defensora, fiscal y jueza de instrucción. “Se necesita una tarea de educación ciudadana y concientización sobre la violencia de género. Y al mismo tiempo necesitamos un cambio de mentalidad de los operadores de la Justicia en relación con esta problemática. Son minoría todavía los jueces que han incorporado la perspectiva de género, como impulsa la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación. Hay muchas resistencias. El Judicial es el más conservador de los poderes”, advirtió Medina.
Gherardi, directora ejecutiva de ELA, acordó con la necesidad de derogar el avenimiento, pero fue más allá y puso en el centro del debate las opciones que el Estado les está brindando a las víctimas de violencia sexual. “En estos delitos, el Estado da a las víctimas la opción de instar o no la acción penal: es una elección personal, que dependerá de circunstancias personales o decisiones privadas. Luego, avanzado el proceso, a través de la figura del avenimiento, el Estado da nuevamente la opción de no seguir adelante en determinadas circunstancias. Estas están bien explicadas en el Código Penal: no es automático, tiene que pedirlo la víctima, que tiene que ser mayor de edad, tiene que haber una relación preexistente, y el consentimiento debe ser libre. Mi preocupación y el punto que me parece que vale la pena señalar es si es correcto que el Estado se quede conforme con estas dos alternativas. ¿Qué le ofrecieron a Carla Figueroa? Denunciar y luego retirar la denuncia casándose con el señor que la había violado a punta de cuchillo y con el que había tenido un hijo siendo adolescente. En mi opinión, el problema es que durante el proceso, esta joven seguramente no tuvo muchas alternativas para armarse de un modo que le permitiera resolver con autonomía cómo quería seguir. Hay mujeres violadas por sus parejas que les llevan la comida a la cárcel hasta que salen. Y nada cambia. Depende de las herramientas que el Estado le dé a la víctima, para que esa historia sea otra”, observó Gherardi.
En el fallo del Tribunal de Impugnación de La Pampa, que otorgó el 2 de diciembre el avenimiento a Marcelo Tomaselli, se cita un informe del fiscal Alejandro Gilardenghi –que investigó la violación denunciada y ahora tiene en sus manos la pesquisa por el femicidio de Carla–, donde se destaca que la joven no recibió ningún tratamiento psicológico y se encontraba “prácticamente desamparada a nivel emocional sin ningún tipo de protección o resguardo por parte de su círculo familiar y social”.
La diputada Marcela Rodríguez presentó en 2008 y en 2010 un proyecto para eliminar la figura del avenimiento del Código Penal. Pero nunca fue tratado. En los fundamentos de la iniciativa, Rodríguez señala que ninguno de los otros bienes penalmente protegidos, ninguno de los delitos contra la propiedad o la vida admiten tal propuesta de acuerdo de impunidad cuando se cometen con violencia. “La violencia contra bienes públicos no puede ser eximida de responsabilidad criminal. Sin embargo, la violencia contra la integridad sexual de las mujeres en el marco de relaciones afectivas preexistentes sí puede eximirse de responsabilidad criminal, puede avenirse confinando el asunto al ámbito privado, en fin, a una protección de segundo orden, que en los hechos no es otra cosa que desprotección, impunidad y la apertura de una nueva puerta para que el agresor siga amenazando a la víctima, esta vez mediante la coerción para llegar a un avenimiento.”, dice el proyecto.
La vida de Carla Figueroa estuvo signada por la violencia machista desde la cuna. Cuando tenía 8 meses de vida, su papá asesinó a su mamá, y ella desde entonces fue criada por su abuela materna. A los 15 años quedó embarazada de Tomaselli. Mantuvieron una relación afectiva pero en marzo la pareja se separó. Un par de meses después, él la fue a buscar a la salida de su trabajo con la excusa de conversar, la llevó a un descampado y la violó amenazándola con un cuchillo. Cuando el caso ya iba a ser elevado a juicio oral y las pruebas en su contra eran contundentes de acuerdo con la investigación que llevó adelante la fiscal Ivana Hernández, la defensa de Tomaselli propuso el avenimiento y Carla aceptó, a pesar de que había manifestado mucho temor de que su ex pareja recuperara la libertad. Del expediente judicial surge que pudo ser manipulada. El planteo fue rechazado por unanimidad en primera instancia el 4 de octubre por la Audiencia de Juicio de General Pico: tres jueces consideraron que la adolescente de 18 años no estaba en condiciones de dar un consentimiento en forma libre y plena por la violencia sufrida. La pareja apeló el 18 de octubre y el 28 de ese mes se casó. Finalmente, el Tribunal de Impugnación de La Pampa concedió el beneficio a Tomaselli en fallo dividido. Y a los ocho días de recuperar su libertad, el joven asesinó a su flamante esposa.

El consenso social hacia la violencia de género - Por Sandra Chaher

En el relato de los hechos posteriores al cuádruple asesinato de La Plata pasaron inadvertidas las declaraciones del juez de la causa, Guillermo Atencio, realizadas a Radio Mitre en la que habla de los 'motivos' que habría tenido el acusado para asesinar a Bárbara Santos, la víctima que era su novia. El lunes 28 de noviembre, apenas un día y medio después del posible feminicidio, el diario Clarín publicó una nota llamada 'El acusado se declaró inocente y dijo que está ‘shockeado’ por lo ocurrido' en la que a un cable de la Agencia Télam suma dos audios: una entrevista de Todo Noticias al abogado defensor del acusado y otra de Radio Mitre al juez de la causa, Guillermo Atencio.
Transcribimos un fragmento de la entrevista de Radio Mitre:
Juez: 'Osvaldo Martinez tenía la intención, pura y exclusivamente, motivos para dar muerte a Bárbara Santos.
Conductor: Había una relación difícil, esa relación de pareja era complicada, ¿no?
Juez: Complicada. Además el hombre es karateca, tiene alguna característica así, de acuerdo a lo que me informaron los médicos, de violencia.
¿Desde cuándo el hecho de tener una relación complicada, e incluso con características de violencia, con una persona es un motivo para asesinarla? ¿Esto es válido también para las mujeres, o sólo para los varones? Quiénes interpretan las leyes, ¿pueden emitir una opinión de este tipo y seguir juzgando sin ser cuestionadas/os?
No hay motivos para el asesinato, así como no hay motivos para la violencia de género. Es decir: NO HAY EXCUSAS. En cambio, hay explicaciones: los hombres maltratan y asesinan a las mujeres porque las consideran objetos personales. 'La maté porque era mía' no es sólo el título de una película, sino una profunda convicción arraigada en la sociedad patriarcal en la que vivimos.
Y además de muchos varones que se sienten con derecho a quitar la vida, hay muchísimos otros varones y también mujeres que consideran que es correcto utilizar la violencia como estrategia de disciplinamiento de las mujeres. Si una mujer intenta autonomizarse, será castigada, como Eva cuando comió la manzana. El informe El progreso de las mujeres 2011, realizado por ONU Mujer, dice que sobre un total de 41 países, en 17 (41%) una cuarta parte o más de las personas opina que es justificable que un hombre golpee a su esposa. Y algo que aún no fue medido, pero es casi una convicción entre quienes trabajan los temas de violencia, es que la creciente autonomía de las mujeres está aumentando la ferocidad de los feminicidios.
En cuanto a la justicia, es una percepción probada por diversas investigaciones la poca perspectiva de género de las y los operadoras/es del sistema judicial. Con el objetivo de paliar este enorme déficit viene trabajando hace dos años fuertemente en capacitación la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de La Nación. Pero aún falta mucho.
Hace dos años, Stella Maris Martínez –titular de la Defensoría de la Nación- decía durante la presentación de la investigación Discriminación de Género en las decisiones judiciales: justicia penal y violencia de género: 'Se sigue viendo al hombre como el propietario proveedor de la mujer y los hijos, a los que puede usar, abusar y destruir. Esto subyace en toda la sociedad'. Las conclusiones de esa investigación fueron que había falta de seriedad en las investigaciones sobre hechos de violencia de género; prejuicios y estereotipos de género presentes en la valoración de las pruebas recolectadas; y frecuente vulneración de los derechos de las víctimas durante la tramitación del proceso.
Uno de los estereotipos de género detectados por la investigación fue considerar a las agresiones como parte de un conflicto de pareja en el que la mujer tuvo responsabilidad.

Las cosas no cambiaron mucho.

LEY DE IDENTIDAD DE GENERO

Las comisiones de Legislación General y Justicia aprobaron ayer un dictamen para que la ley de identidad de género sea tratada en el recinto. El proyecto resultó del consenso entre las iniciativas presentadas por diferentes bloques parlamentarios, como el Frente para la Victoria, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, entre otros.

La normativa busca reconocer la identidad de género en los documentos y garantizar el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema público de salud. En diálogo con ElArgentino.com, la especialista Carolina Von Opiela accedió a detallar los puntos clave de la iniciativa.

Abogada y docente de la UBA, asesora de organizaciones de la sociedad civil y especialista en temas de diversidad, Von Opiela explica en esta nota la importancia de esta ley para volver a Argentina un país cada vez más igualitario.

ElArgentino.com: ¿Por qué es importante que la identidad de género sea reconocida legalmente? ¿Qué derechos se reconocerían a partir de ese hecho?

Carolina Von Opiela: Porque el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, consustancial a los atributos y a la dignidad humana.

El derecho a la identidad civil de las personas puede pensarse como una llave de acceso a derechos garantizados a partir de la vinculación formal de las personas con los Estados (son múltiples: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales; tales como acceder a la educación, a un empleo registrado, a una tarjeta de crédito, a un régimen de previsión social, a una vivienda digna y adquirir un contrato de locación formal, a salir y entrar del país, a contraer matrimonio, a reconocer y/o adoptar hijos, a elegir y ser elegido para ocupar cargos políticos, a participar en la toma de decisiones y adquirir personalidad jurídica, a ser usuario/a de servicios públicos, entre muchos otros).

A su vez, los documentos de identidad acreditan la condición de “ciudadano/a” y tienen como función servir de vehículo para la protección de los derechos fundamentales de toda persona. Por ello, es común asociar la carencia de documentos con la pobreza, inequidad y exclusión social. La identidad/identificación permite que las personas sean visibles para las políticas públicas diseñadas con el fin de superar la vulneración de DDHH.

EA: ¿Qué le dirías a alguien que dice que esta ley es importante pero no prioritaria en el actual contexto de la sociedad?

Le re-preguntaría: ¿a qué personas comprende como parte de la sociedad?, ¿cuáles son las personas cuya tutela imprimen prioridad sobre otras?, ¿cuál es su motivación para excluir a las personas trans sobre las prioridades de agenda que deben impulsar nuestras instituciones?, y ¿cuáles son sus argumentos para sostener que este colectivo debe seguir postergado?

Luego le diría que esta ley que hoy se debate, contempla: el reconocimiento de la identidad de las personas trans en su registración y documentación personal, así como el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema de Salud; y que ello es una herramienta fundamental para combatir la discriminación y la exclusión social.

EA: ¿Cuál creés que va a ser el principal argumento a rebatir en este debate? ¿Creés que la sociedad se mostrará receptiva frente a esto?

CVO: Confío en la sociedad argentina. Nuestra sociedad está madurando y tiene una mirada mucho más sensible a las diversas realidades en las que vive la otredad. Nuestro país está dando pasos muy interesantes para avanzar conforme a un mejorado estándar jurídico de protección de derechos en la región.

Lo más importante es que el debate ya se echó a andar, está instalado en la opinión pública y canalizado en las instituciones de la democracia.

Claro que soy conciente de que vamos a escuchar opiniones contrarias, con un fuerte arraigo a prejuicios estigmatizantes, patologizadores e incluso intolerantes… Presumo que sólo tendremos que tener paciencia y seguir replicando buenos argumentos jurídicos; y que éstos al ser entendidos junto al sentido común, captarán las voluntades políticas que son precisas. Creo que el desafío será lograr un renovado corrimiento, potenciar el principio de igualdad y replantearnos la percepción que tenemos sobre la recodificación de la sexualidad y la asignación cultural al género.

EA: Argentina es un país más igualitario después de la sanción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿El reconocimiento de la identidad de género iría en el mismo sentido?

CVO: Sin dudas. Si nuestras instituciones reconocen el derecho a la identidad de género de las personas trans: les estarían expresando que las considera con la misma dignidad y derechos que otros/as ciudadanos/as en condiciones de igualdad, para que puedan apartarse definitivamente de la categoría de poblaciones invisibles/invisibilizadas y tengan mejores oportunidades de acceso a sus derechos, lo que contribuye al alcance de una ciudadanía plena.

LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS

Desde 1933, numerosas leyes habían sido dictadas para restringir la actividad económica y ocupacional de los judíos. El 7 de noviembre, un joven judío disparó a un diplomático en la embajada alemana en Paris. Para Goebbels, el tiroteo en París fue una oportunidad para incitar a la población alemana contra los judíos y lanzar un pogromo, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. En la noche del 9 de noviembre, por todo el Reich, los comercios judíos fueron victimas de la S.A. Los cristales fueron rotos y sus contenidos arrojados a la calle. Decenas de sinagogas fueron quemadas y miles de judíos fueron recluidos en campos de concentración. La brutalidad de los sucesos fue el primer paso hacia la Solución Final.

Daniel Goldhagen, refiriéndose a esta noche que " la magnitud de la violencia y la destrucción, la enormidad de aquella noche, fue un verdadero cruce del Rubicón

Esa cacería tuvo su antecedente en la noche del 28 de octubre de 1938, cuando el gobierno alemán nazi mandó secuestrar a unos 20.000 judíos de origen polaco, que fueron deportados en condiciones brutales a Polonia.
En ese contexto, el 7 de noviembre, Herschel Grynszpan, un judío alemán que había huido a Francia, baleó a Ernst vom Rath, secretario de la embajada alemana en París, a quien había pedido ayuda para su familia. Vom Rath murió el 9, y esa misma noche se desató una revuelta contra la población judía de Alemania y Austria, orquestada por el gobierno de Hitler a través del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y coordinada por el Ministerio de Propaganda, a cargo de Joseph Goebbels.
Los ataques dañaron unas 1.570 sinagogas –algunas por completo–, cementerios judíos, más de 7.000 comercios y 29 almacenes de la colectividad. En Viena fueron quemadas casi todas las 94 sinagogas. Más de 30.000 judíos fueron detenidos y confinados en campos de concentración. Muchos fueron golpeados hasta la muerte: se estima que entre 91 y 200 personas fueron linchadas.

TRABAJO ESCLAVO

La Cámara Federal de San Martín delimitó que no existe trabajo esclavo de inmigrantes a menos que se presente un mecanismo ilegal de captación de inmigrantes sistemático.

En la causa “C. S., H. s/inf. 26.364”, la Sala I revocó el procesamiento dispuesto por el a quo respecto de una persona acusada del delito de promoción y facilitación de permanencia ilegal de extranjeros conocido como “trabajo esclavo”.

Contra ese fallo, el demandado recurrió ante la Cámara local aduciendo que la conducta atribuida en el decisorio debía enmarcarse en el artículo 55 de la Ley de Migraciones, ley 25.871, y no en el artículo 117 de la misma ley, puesto que “entendió que la facilitación de la permanencia no fue acompañada por actos tendientes al aseguramiento o protección de la ilegalidad”, según relata la sentencia de Cámara.

Además, argumentó que "la conducta típica en supuestos como el analizado debe verse acompañada no sólo por la existencia de un mecanismo ilegal de captación de inmigrantes mediante acciones concretas -sin el cual no podría ser materializada la mentada empresa ilícita- sino también por actos dirigidos al aseguramiento o protección de la permanencia ilegal de los extranjeros en el país".

A ello agregó que como empleador, a su criterio “la residencia precaria resultaba título suficiente para otorgar trabajo a un extranjero, y en esos casos su conducta se encontraría inmersa en un supuesto de error de comprensión que excluye la culpabilidad”.

En virtud de lo alegado, el Tribunal remarcó que “resulta exigencia de la figura analizada, la presencia de un especial aprovechamiento de la irregularidad migratoria de los trabajadores por parte del autor, encarado de manera general y como “política de empresa” de modo tal que la simple actividad de facilitación, desvinculada e independiente de la ilegalidad del inmigrante, puede no ser ilícita, o constituir una infracción administrativa.”

A su vez, la sentencia recordó que “la conducta típica en supuestos como el analizado debe verse acompañada no sólo por la existencia de un mecanismo ilegal de captación de inmigrantes mediante acciones concretas -sin el cual no podría ser materializada la mentada empresa ilícita- sino también por actos dirigidos al aseguramiento o protección de la permanencia ilegal de los extranjeros en el país”.

Los magistrados observaron que “desempeñaban funciones en el establecimiento operarios nacionales y extranjeros regulares e irregulares, no habiéndose evidenciado de sus declaraciones, que el salario percibido variara en virtud del carácter de su residencia o nacionalidad".

En consecuencia, el pasado 18 de octubre la Sala I resolvió “disponer la falta de mérito para procesar o sobreseer en relación al encartado”.

DISCRIMINACION POR ORIENTACION SEXUAL - CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sesión realizada en Bogotá, Colombia, escuchó el caso de la jueza chilena Karen Atala Riffo, a quien el año 2003 la Corte Suprema de su país le arrebató la custodia de sus hijas a raíz de su condición de lesbiana.
La CIDH es la última instancia que dirime controversias de derechos humanos en las Américas, y cuyas decisiones tienen como base los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte Suprema, en su determinación del año 2003, argumentó que ella, a raíz de su orientación sexual, no era una madre adecuada para mantener la crianza de sus hijas, puesto que dicha orientación implicaba un riesgo para las niñas quienes podrían ser objeto de 'discriminación social'. A partir de ello, la Jueza Atala acudió al sistema interamericano de derechos humanos para buscar justicia por lo que consideró una discriminación grave cometida en su contra.
A raíz de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisó el caso y a inicios de 2011, resolvió a favor de la petición de Atala y refirió el Caso a la Corte Interamericana. Esta entidad, por lo tanto, luego de escuchar los alegatos, emitirá su decisión que deberá ser acatada por el Estado chileno.
Las y los abogados de la jueza, durante la audiencia, alegaron que se violó el derecho a la no discriminación por orientación sexual y, junto con ello, el derecho al debido proceso, la intimidad familiar y la protección a la familia. Se hicieron presente Jorge Contesse, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; Macarena Sáez, de Libertades Públicas; y Helena Olea y Catalina Lagos, de Corporación Humanas.
Por su parte, Karen Atala sostuvo que 'al quitarme a mis hijas, he sido destruida en mi identidad y dignidad personal', enfatizando que no haber visto crecer a sus hijas y que la menor de ellas no tenga recuerdos de haber vivido con su mamá, es un dolor que no puede graficar. Agregó que 'haber sido estigmatizada dentro del Poder Judicial como 'la jueza lesbiana' me duele mucho, porque menoscaba mi condición profesional, de madre y de mujer'.
El caso 'Karen Atala e hijas versus el Estado de Chile', es el primero de discriminación por orientación sexual que se presenta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que se espera que siente un importante precedente en la región de las Américas. Para el primer trimestre de 2012 se espera conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Distintas organizaciones del ámbito de los derechos humanos han estado vinculadas al seguimiento de este caso, tanto en Chile como en la región. Por ejemplo, monitorearon estas audiencias: International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), International Women’s Human Rights Law Clinic City University of New York (CUNY), MADRE, etc.
Sin embargo en Chile, a niveles oficiales y específicamente en el ámbito judicial, no se han dado mayores muestras de apertura ni de reconocimiento de la violación cometida contra los derechos humanos de Karen Atala.

IDENTIDAD DE GENERO YA

Por primera vez desde que se realiza la Marcha del Orgullo en Argentina, la manifestación estuvo encabezada por las travestis. “¡Sin demoras! ¡Identidad ahora!”, cantó megáfono en mano la activista Lohana Berkins al partir de Plaza de Mayo. La consigna refiere al proyecto de Identidad de Género, en trámite en el Congreso, que plantea dar a las personas trans un documento acorde con la sexualidad que eligieron y el acceso gratuito a las cirugías de reasignación genital. “Además queremos denunciar los crímenes de odio, ya van doce compañeras asesinadas este año y tenemos más de 500 casos así, sin que se encuentre y juzgue a los culpables”, agregó Claudia Pía Braudacco, titular de la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros, Argentinas (Attta). Los reclamos se combinaron con ferias, caravanas, recitales y una presencia apabullante de jóvenes.

Según explicó Berkins, titular de la Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (Alitt), el martes habrá un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, para avanzar hacia un dictamen sobre los dos proyectos girados al Congreso. “Pedimos que la diversidad sea una política de Estado”, dijo la activista travesti, instalada muy cerca de la pequeña combi verde, que suele alquilar para esta marcha. A diferencias de otras veces, se notaba una inversión en el vehículo, munido de más parlantes, como para no pasar desapercibido al lado de esos grandes acoplados, que parecen discotecas itinerantes.
A un año de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, el panorama de la lucha de diversas organizaciones gay, lésbico, bisexual, trans, intersexual y queer tiene como reclamo urgente un giro en las políticas estatales para incluir plenamente al colectivo travesti. “Otro tema que plantea la ley de Identidad es amparar el caso de los menores de edad, si cuentan con el apoyo de sus padres o sus tutores, para que puedan ser incluidas en la currícula escolar”, comentó Braudacco, encolumnada delante del camión de la Federación Argentina LGBT.
También se reclamó la igualdad ante la ley para los hijos de parejas lesbianas, que nacieron antes la ley sancionada el año pasado (ver aparte). La agenda incluyó el pedido por el aborto libre, seguro y gratuito, como pudo verse en las pancartas de muchas agrupaciones feministas y de izquierda. La feria del Orgullo, sobre las sendas de Plaza de Mayo, tuvo una importante concurrencia adolescente y el folklore de un día de sol: vendedores de cervezas, helado y carritos de chorizos y hamburguesas. Y en una radio abierta, montada en el centro de la plaza.
“Dejen de etiquetar la carne. Vamos a ejercer nuestros géneros, contragéneros, identidades y contraidentidades. Ningún Oso podrá descansar en su cueva hasta que esto pase. ¡Nuestras panzas son políticas!”, gritó el activista y crítico de cine Diego Trerotola. Detrás del escenario, una señora travesti, llena de plumas, llegada en una bicicleta con brillantina en los guardabarros, copó la parada. Como los sadomasoquistas, los osos y los encuerados leather, tuvo sus quince minutos de exposición fotográfica antes de que la marcha partiera por Avenida de Mayo al Congreso.
Con clima de rave, la columna travesti arrancó resguardada por musculosos morochos de traje. ¿Hay más fiesta que reclamo? “De ninguna manera, empezamos hace casi veinte años y éramos 200 nada más. Esta fiesta es política”, dijo César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina.
Como todos los años antes del concierto y del beso colectivo, se aplaudió y abucheó públicamente a una serie personalidades y personajes. Se reconoció a Fernando Noy, Leo García, Víctor Hugo Morales y Liliana Hendell y a figuras del campo de los derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano. También los jueces, la funcionaria Mara Brawer y la mamá de Pepa Gaitán, víctima fatal de la lesbofobia en Córdoba. No quedó afuera la parrillita Transeúntes en el barrio porteño de Barracas, Aristóbulo del Valle 185, un emprendimiento de personas trans.

Luego fueron abucheados el arzobispo platense Héctor Aguer y toda la jerarquía de la Iglesia Católica. También se criticó a las autoridades formoseñas por mantener un código de faltas discriminatorio, a Mauricio Macri y a Eduardo Duhalde. Este último clamó durante la campaña electoral por “revisar” la ley de matrimonio igualitario y someterla a un plebiscito. “El matrimonio es un hombre y una mujer y una mayoría circunstancial no puede modificarlo”, dijo. Ayer no lo silbó la mayoría, lo abuchearon todos.

POR QUE MARCHAN LOS HOMOSEXUALES?

Yanina tiene 16 años, nariz respingada, pelo corto, delicada piel blanca y es lesbiana. Hace pocos meses su mamá descubrió al mirar su Facebook que tenía una foto dándose un beso con una chica, que era su novia. La despertó a los gritos y empujones, le lanzó como una daga: “Monstruo me das asco”. Ella, que no se terminaba de despegar de la pesadez del sueño, no comprendía nada. Lo entendió con los golpes. Esas palabras le retumban hasta hoy: monstruo.

Cada discusión, cada pelea hogareña terminaba con su mamá gritándole que había arruinado a su familia por “torta de mierda”. Incluso, en el día en que tomó un rastrillo, la golpeo en las piernas y le dejó las marcas que aún conserva. Ese mismo pensamiento es el que llevó al padrastro de la novia de Natalia “Pepa” Gaitán a asesinarla en Córdoba, para evitar que esa chica machona avergonzara a su familia.

En tanto, en Montegrande, Iván Pereyra recién ahora a los 19 se anima a intentar terminar el colegio secundario en una escuela de adultos. Una historia de acoso en las aulas lo llevó a abandonarla antes de cumplir los 17. Su altura imponente combinada con sus modos delicados, su voz aflautada, su caminar femenino fue demasiado disruptiva para ser aceptada sin penalidades.

Dibujos en los bancos donde representaban hombres que lo cogían, mensajes en el pizarrón, aislamiento, burlas permanentes cada día. Iván no iba al baño porque le decían “te equivocaste, vos tenés que ir al de mujeres" y lo encerraban y empujaban.

Hace pocos meses, el acoso escolar le costó la vida al riojano Carlos Agüero, un chico de 17 años que trabajaba en el campo. Un grupo de compañeros de colegio empezó a agredirlo porque no parecía lo suficientemente macho y nunca había tenido novia. Ahí dejó de ser persona para sólo ser el “puto”. Tenía tanta vergüenza que llegó a imaginar como un escape colgarse de una soga cerca del lugar donde trabajaba.

El periodista y escritor Osvaldo Bazán sostuvo que los homosexuales fueron tratados como “pecadores” por la religión, “enfermos” por la ciencia, y “delincuentes” por el Estado. El reconocimiento estatal de las uniones entre personas del mismo sexo con la Ley de Matrimonio Igualitario dio un claro mensaje: luego de años de lucha de las organizaciones LGTTBI, la sociedad daba cuenta de que aceptaba la diversidad, aunque el cambio cultural recién empieza.

Pero una madre no le pega a su hija por ser heterosexual, los compañeros no hacen que un alumno abandone la escuela por ser heterosexual y un chico no piensa que es mejor quitarse la vida antes que ser heterosexual. Mientras los chicos gays sigan experimentando la oscuridad, es necesaria la luz del orgullo.

Por eso, miles de personas de todas las orientaciones sexuales marchan hoy desde las 18, como lo hacen hace 20 años (cuando iban sólo un puñado de hombres con máscaras para no ser reconocidos) desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso con un fuerte reclamo “Ley de identidad de género ya”, para que el DNI de las personas trans coincida con su identidad real.

ABORTO DESPENALIZACION

A propósito del inicio de la discusión en ámbitos parlamentarios sobre la despenalización del aborto y de las manifestaciones que en distintas ciudades del país reclamaron sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, una revisión histórica de cómo el acceso al aborto se fue configurando como una de las principales reivindicaciones del movimiento de mujeres allá por los años ‘60, cuando el mundo era otro mundo. Aunque algunas demandas no han perdido actualidad.

 Por Mabel Bellucci *

Hacia 1960, el mundo era otro mundo. Estados Unidos irrumpió de una maraña de tendencias animales como fue la Segunda Guerra Mundial con el fin de perpetuarse como la potencia imperialista del planeta. Así, desde sus entrañas se vivieron luchas contra la opresión colonial, manifestaciones de los negros, estudiantiles, de las mujeres y de los homosexuales junto al movimiento contra la guerra colonialista sobre Vietnam. Dentro de esa coyuntura turbulenta, se acuñó el término “revolución sexual” que invitaba al varón y a la mujer a experimentar los placeres por fuera de la coalición “matrimonio-amor-maternidad”.

En ese contexto, surgió como un conejo de la galera el Movimiento de Liberación de la Mujer (Women’s Liberation Movement, conocido también con la abreviatura Women’s Lib) –encargado de posicionar políticamente la demanda de mujeres organizadas en torno del derecho al aborto–. La historiadora Marysa Navarro recuerda que, recién, en la década del ochenta fue bautizado Feminismo de la Segunda Ola.
Hacia fines de 1963, la aparición de la píldora anticonceptiva, su comercialización y su uso se generalizaron en Estados Unidos. Estaba destinada especialmente a las señoras casadas, amas de casa y con un número suficiente de hijos más que a las solteras tentadas a incursionar en una aventura amorosa. La pastilla representó “el mal menor” ante la complicación del aborto clandestino y la numerosa cadena de partos. No obstante, la anticoncepción oral no fue una consecuencia directa de la revolución sexual predicada por el pensador Wilhelm Reich, sino que hubo un interés biopolítico para su desarrollo.
Con anterioridad, las formas más difundidas para evitar una gestación pasaban por el uso del condón, el coitus interruptus, la abstinencia periódica y el aborto, como solución de emergencia. Sin más vueltas, la ensayista Germaine Greer, en su libro Sexo y destino, lo incluía como parte de la práctica anticonceptiva.
Sin embargo, en ciertas feministas asomó un resquemor a la hora de reivindicar el uso de la píldora cuando se hizo público que los testeos implementados por los laboratorios norteamericanos empleaban cuerpos femeninos como conejillos de Indias. Si bien con la píldora no se atravesaban el peligro de muerte o la amenaza concreta de la cárcel como con el aborto ilegal, igualmente, las mujeres acudían a este método difundido puertas para adentro y, a la vez, clandestino puertas para afuera. Por consiguiente, el aborto era tanto hablado en el orden cotidiano como castigado en el orden público. Asimismo, la pastilla, en sus comienzos, al estar destinada para una minoría con privilegios más la exigencia de un compromiso regular de su uso, atentó contra su aceptación generalizada; tampoco aseguraba evitar el riesgo de una posible fecundación, mientras que el aborto significaba lo opuesto, es decir, una solución de hecho frente al hecho consumado. Así, este último se convierte en el medio más eficaz para concluir con un embarazo no deseado en la medida en que haya certeza de no exponer la vida o de ir presa.
Otro dato para no soslayar: en los años sesenta existían generaciones precedentes de mujeres que habían abortado y que, de alguna manera, lo verbalizaban dentro de su entorno. En líneas generales, era cuasi familiar su acogida. En cambio, la anticoncepción oral carecía de trayectoria. Y como todo lo nuevo, por un lado, generaba incertidumbres y, por el otro, se ignoraban sus efectos potenciales. No olvidemos que aún requería de mejoras técnicas adicionales, que había dificultad en el acceso y la poca información que circulaba no era tranquilizadora.
De un modo u otro, a las mujeres se les presentaba la ocasión de escoger en primera persona entre un método conocido y otro por conocer.

CRITICONAS CON GANAS

Pero la píldora no fue lo único innovador en 1963. Hubo un indicador de que algo nuevo salía del cascarón: fue el surgimiento de la obra La Mística Femenina (The Femenine Mystique), de Betty Friedan. Este texto contribuyó a formatear ese malestar de miles de mujeres de mediana edad, de clase media, casadas y con hijos, en el cumplimiento de los roles claves en el reino del hogar. A pesar de ello, Friedan no pudo registrar otras incomodidades también devenidas de la esfera íntima, es decir, los límites a una maternidad no deseada. Tanto la anticoncepción como el aborto no asomaron en su contrapunto entre una realidad idealizada y la vida de sus pares. Quizás, resultaba prematuro escupir tantas verdades sin freno alguno.
Ahora bien, la generación de las casadas a las que Friedan les hablaba se cruzó con las mujeres que luchaban contra la guerra imperial, más el colegiado que hacía lo suyo.
Con la precipitación de las urgencias políticas por la radicalidad de la población negra que bregaba por sus derechos civiles, las integrantes del Women’s Lib entendieron su propia discriminación al profundizar el fenómeno del racismo. A ello se sumó la resistencia contra la guerra en Vietnam que impulsó a jóvenes a usurpar las calles de Nueva York, Chicago, Washington y California, bajo la emblemática consigna “Hagamos el amor, no la guerra”, tal como lo recuerda Marysa Navarro. En cuanto al mundo universitario, estudiantes junto con docentes encarnaban las voces provocadoras. Así, el Movimiento de Liberación de la Mujer quedó configurado en numerosas corrientes.
Entre tanto, las activistas de izquierda cristalizaban un feminismo más heterodoxo y plural por el cruce de clase y etnia que distinguía el salto de las transformaciones que estalló entre los estratos más bajos de la sociedad estadounidense: los negros, los latinoamericanos, los indios y los blancos pobres. Hasta que llegó el momento en que las militantes formadas en las calles y en las universidades y relacionadas con las formas clásicas del debate político, se corrieron de las filas partidarias para generar sus cuartos propios, y dar paso a un enfoque de autonomía sexual. Dentro de esa mirada antipatriarcal, la reapropiación del cuerpo y de la sexualidad femenina desde todos sus rincones ocupó un espacio destacado. Al punto de que la exigencia del aborto voluntario mantuvo su lugar central en la lista de reivindicaciones de estas activistas. Por caso, en los diversos manifiestos feministas que proliferaban en la época, siempre estuvo presente.
La escritora Mildred Adams Kenyon en su artículo “El nuevo feminismo” comentaba que tanto para la prensa amarilla como para la del establishment, Nueva York era la capital del aborto. En esa misma dirección, la escritora María Rosa Oliver, en su texto La Salida, de 1970, relataba haber presenciado una movilización feminista que marchaba por las calles de esa ciudad, bajo el lema “500 dólares el aborto equivale a su prohibición”. Además, denunciaba que en Harlem, dentro de la comunidad puertorriqueña, aumentaba el número de muertes por abortos baratos e inseguros. Mientras la ensayista María Arias en su obra La Liberación de la Mujer, de 1973, identificaba al colectivo New York Radical Women como la punta de lanza en la cuestión del aborto legal. Pero si las activistas no lograban su objetivo, guardaban un plan B bajo la manga. Para Arias se planeaba ya en esos años, cual relato de ciencia ficción, un anticipo de lo que es hoy “Women on Waves”: “fondear un barcohospital en aguas extraterritoriales con médicos y enfermeras voluntarios”.
De esta manera, hacia los años setenta, el Movimiento de Liberación de la Mujer, con una complejidad que fue acrecentándose, percibió un rasgo unificador de convergencia que fue “la política del cuerpo”. Fueron ellas las que tornaron al aborto no como un hecho personal y privado sino como uno político y público. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa puede leerse en ese lema provocativo de la época “un hijo, si quiero y cuando quiera” que no sea la reapropiación de su sexualidad y de su función reproductora?, pregunta ingeniosa, por cierto, que se hicieron Georges Duby y Michelle Perrot en Historia de las Mujeres.

* Activista feminista queer. Integrante de la Campaña Nacional por Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Un derecho que tiene amplio respaldo en la sociedad

Una encuesta revela que el 56 por ciento considera que el Estado debe garantizar los abortos en los servicios de salud. El estudio fue realizado en el área metropolitana por Ibarómetro. Por primera vez, hoy el Congreso debate un proyecto de despenalización.
Por Mariana Carbajal

Un amplio apoyo a la despenalización y legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación muestra una encuesta realizada en la última semana por la consultora Ibarómetro en el Area Metropolitana de Buenos Aires para indagar sobre las opiniones de la población acerca del tema, a cuyos resultados accedió Página/12 en forma exclusiva. El 57 por ciento de los consultados sostuvo que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre es un derecho de la mujer, mientras que apenas un 25 por ciento se manifiesta en desacuerdo. Del estudio surge que no sólo la mayoría de los consultados –56 por ciento– adhiere a la despenalización del aborto, sino que además considera que el Estado debería garantizar las intervenciones en los servicios de salud. “Los resultados que arroja esta encuesta son coherentes con todos los estudios de opinión pública que venimos realizando y que muestran que la gran mayoría de la población adhiere a la idea de que el Estado debe respetar y garantizar los derechos de igualdad de los ciudadanos”, destacó en dialogo con Página/12 Doris Capurro, presidenta de Ibarómetro. Otro sondeo de opinión hecho en septiembre a nivel nacional revela que un tercio de los argentinos conoce a alguien que se ha hecho un aborto (ver aparte).

Los datos de las encuestas se conocen cuando la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados tiene previsto empezar a analizar en una reunión citada para hoy a las 15.30 una serie de iniciativas sobre aborto. Entre ellas, el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que lleva la firma de 50 diputados y diputadas de un amplio arco político, que despenaliza y legaliza el aborto en el primer trimestre de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si hay graves malformaciones fetales. Según adelantó ayer a Página/12 el diputado Juan Carlos Vega, presidente de Legislación Penal, en la reunión “van a ser puestos a consideración” la propuesta de la Campaña y un proyecto de su autoría. El primero avanza con una amplia reforma legal. El segundo no modifica nada: el proyecto de Vega se limita a reglamentar la atención de los abortos no punibles previstos en el Código Penal desde 1921. Las otras iniciativas en danza –cuatro más, precisó Vega– son complementarias de esas dos (ver aparte).

Un derecho de la mujer

La encuesta de Ibarómetro fue realizada el jueves último, en forma telefónica, en una muestra estratificada por población de 400 personas mayores de 18 años, en hogares particulares con teléfono fijo, del Area Metropolitana de Buenos Aires.
El sondeo de opinión arrojó los siguientes resultados:

• Casi seis de cada diez personas creen que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer, mientras que sólo cuatro de cada diez se manifiesta en desacuerdo.
• El 52 por ciento se pronuncia en contra de que la mujer que aborta tenga que ir presa. Unicamente el 31 por ciento de los consultados considera que el aborto debe ser castigado con prisión.
• Un 56 por ciento considera que el Estado debería garantizar los abortos en los servicios de salud.
• La encuesta registra una moderada relación entre las posturas ante el tema y la edad: los jóvenes se inclinan en mayor medida por la despenalización, mientras que los que más se oponen son los adultos mayores.

“La gran mayoría adhiere a la idea de que el Estado debe garantizar los derechos de igualdad de los ciudadanos. Se sabe que en la Argentina muere un centenar de mujeres por año por abortos inseguros. Las que mueren en general son las mujeres más pobres, menos educadas, que no acceden a los servicios sanitarios básicos y están más alejadas de una atención médica calificada”, evaluó Capurro, presidenta de Ibarómetro, al analizar los datos obtenidos.
Capurro indicó que los estudios de opinión pública realizados por Ibarómetro anteriormente sobre el mismo tema y este último “concluyen que el acuerdo con la despenalización del aborto se ubica entre el 50 y el 60 por ciento de la población”. El acuerdo crece en los grandes centros urbanos, a medida que aumenta el nivel educativo y económico social de los entrevistados, puntualizó.
La consultora explicó que el diseño de la encuesta apunta a saber qué opinan los entrevistados sobre la despenalización del aborto, es decir, cuál debe ser la posición del Estado frente al tema, y no a determinar cuál es la actitud personal de los encuestados en relación con esa práctica. “Es importante aclarar que la manifestación de acuerdo con que una mujer no sea penada por la ley y no vaya presa por haberse realizado un aborto no significa que ella misma esté de acuerdo con abortar o, en el caso de los hombres, con que vayan a acompañar la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo”, señaló Capurro. Otro tema, no abordado en este último relevamiento pero que sí Ibarómetro estudió en anteriores, es que “la mayoría se inclina por flexibilizar también la aprobación del aborto, desde un punto de vista ético o religioso, en casos de violación, peligro de vida de la mujer, incompatibilidades del feto con la vida extrauterina, problemas de salud física y psíquica de la mujer”, enumeró Capurro. Estas posturas coinciden con los datos que revelan la encuesta de Catholic for Choice de Estados Unidos, realizada en septiembre en el país, sobre la que se informa por separado. “La opinión pública se encuentra lejana a la rígida y tradicional polarización del debate ideológico sobre el aborto: ‘pro vida’ versus ‘pro elección’”, consideró Capurro. Y agregó que en estudios realizados en otros países de América latina también “se evidencia una demanda de mayor apertura en las decisiones de política pública vinculada con esta temática y de flexibilización de los marcos regulatorios sobre el aborto vigentes”.

Una decisión de la mujer

Grado de acuerdo con que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo es un derecho de la mujer.

El papel del Estado

Grado de acuerdo con la propuesta de que los abortos sean garantizados por el Estado en los servicios de salud.

Rechazo a la detención

Grado de acuerdo con que una mujer que se hace un aborto vaya presa.

ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO

La Cámara de Diputados de la Nación tratará un proyecto de ley en el que se discutirán medidas para prevenir y sancionar las acciones de violencia o acoso sexual en el ámbito laboral.

La iniciativa será presentada por Héctor Recalde ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, cuya titular es Victoria Donda, donde se propondrán medidas para la “prevención y sanción de la violencia laboral y el acoso sexual laboral”.

El proyecto contempla que los trabajadores puedan denunciar el contrato de trabajo dentro del cual se sienten objeto de alguna de estas prácticas, a la vez que podrán atacar “los estatutos especiales o convenios que lo rijan” estando protegidos de “ver modificadas sus condiciones de trabajo ni ser despedidos por denunciar ser víctima”.

En su texto, la norma expresa respecto de la víctima de violencia laboral o acoso sexual que “tiene derecho a obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil”.

Por su parte, “el empleador que haya sido notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual es solidariamente responsable, salvo que acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación”, según observa la iniciativa.

Finalmente, la regulación que presentará el diputado contempla “implementar una campaña de difusión y capacitación para que en toda relación laboral, sea ésta pública o privada, el empleador mantenga, en los lugares de trabajo, las condiciones adecuadas para evitar situaciones de violencia laboral o acoso sexual”.

ESMA - JUSTICIA JUSTICIA PERSEGUIRAS

El TOF 5 condenó a doce de los 18 acusados a prisión perpetua. Hubo dos absoluciones. Culpó a los represores por el homicidio de Walsh y de los secuestros y asesinatos del grupo de la Iglesia Santa Cruz.

Lilia Ferreyra empezó la mañana revisando papeles, buscando. Finalmente agarró el original de la copia mecanografiada de la Carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La mujer entró a la sala Auditorium de los Tribunales de Comodoro Py con las hojas guardadas en la cartera, la letra, guardándolo a él, extendiendo en ese espacio así sacralizado su presencia: “El juicio para mí tiene un sentimiento más íntimo”, dijo. “La sensación de que es una respuesta tardía al alegato que Rodolfo escribió en la Carta a la Junta Militar, por eso lo traje: es la respuesta que la Justicia le da a este escrito que tengo en mis manos 34 años más tarde.”

El presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, leyó finalmente, después de dos años de juicio oral y de esperas, de pruebas, testimonios y desgarros, la sentencia del histórico primer juicio a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal condenó a 12 de los 18 represores a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados y homicidios. Entre ellos, quedaron los nombres más emblemáticos y algunos de lo de mayor peso dentro de la estructura militar: Jorge el “Tigre” Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina; Antonio Pernías, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Oscar Montes y Alfredo Astiz, que cuando escuchó la sentencia dejó de esconder la cara, sacó pecho y una escarapela de algún lado para ponérsela en la solapa seguido fijamente por una de las cámaras de la sala. Las 12 perpetuas incluyeron las acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Y 6 de las 12 condenas a perpetua sumaron la acusación por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio de Rodolfo Walsh, en una decisión que implica por primera vez una definición jurídica sobre el asesinato a partir de los testimonios que se recogieron en el juicio y dieron cuenta de la presencia de su cuerpo muerto en la ESMA, pese a la desaparición de sus restos. Acosta, Pernías, Astiz, Radice, Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea fueron acusados por su caso.
El fallo aplaudido en el final por sobrevivientes y familiares que se congregaron en dos de las salas de Tribunales, en la calle, en un festival organizado por HIJOS, contuvo otras definiciones importantes. Los jueces Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli condenaron a la pena de prisión perpetua a Oscar Montes por el crimen de María Cristina Lennie, en una resolución que por sus características también es una bisagra: Lennie tomó una pastilla de cianuro en el momento del secuestro. El caso considerado hasta ahora como un supuesto suicidio había entrado al juicio por privación ilegal de la libertad y tormentos. La querella del CELS pidió, en su alegato, un cambio para imputar a los acusados por su homicidio, al considerar que cuando “ella opta por el suicidio no lo hace libremente ni por propia decisión, sino que lo hace forzada por las circunstancias que genera en forma dolosa e ilegal el imputado”, un argumento que terminó plasmado en la sentencia.
La perpetua alcanzó también a Miguel Donda, en su caso por el homicidio de Raymundo Villaflor: una decisión que admite el cambio de calificación en el mismo sentido de Walsh: pese a la ausencia del cuerpo el Tribunal reconoció en el fallo el asesinato a partir de los testimonios de quienes lo vieron muerto en el centro clandestino de los marinos.
Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. El médico Carlos Capdevilla recibió la pena a 20 años de prisión por 14 privaciones ilegales y tormentos agravados. Juan Antonio Azic, el apropiador de Victoria Donda, fue condenado a 18 años por 3 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados, entre ellos el de Carlos Lordkipanidse, a quien torturó con su hijo sobre la panza. Y hubo dos absoluciones: Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, alias Dante, acusado por las víctimas como el jefe del operativo de Rodolfo Walsh. Rolón estaba imputado como parte de la patota del operativo en la Santa Cruz. Anoche no se conocían las razones por las que el tribunal decidió absolverlo, pero seguirá detenido porque está procesado por otros casos de la megacausa. El caso de García Velazco es uno de los más cuestionados por los sobrevivientes. “Dante” tenía un hermano mellizo que está muerto y a quién él le imputa la participación en el operativo de Walsh como parte de su coartada y de la lógica de invisibilización de los represores. Quienes lo conocieron y volvieron a verlo ayer por la mañana cuando pronunció sus últimas palabras estaban furiosos, convencidos de que esa coartada podría permitirle liberarse a los ojos de los jueces. Como Rolón, tampoco saldrá en libertad: continuará detenido por otros procesamientos pendientes.
Finalmente, la sentencia avanzó sobre pedidos planteados por la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña y dio lugar a otros pedidos que plantearon en los alegatos las querellas integradas por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Cels, que sumó a Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Kaos, Patricia Walsh y Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora, en representación de las monjas francesas y el grupo de la Santa Cruz. Algunas de las respuestas fueron tomadas como verdaderas sorpresas. El tribunal ordenó que se abra una investigación sobre el rol que mantuvo durante la dictadura Ramón Arrosa, el primer jefe de la Armada de la democracia. Arrosa, que hizo su carrera de ascenso durante la dictadura, declaró en el juicio como testigo y dijo aquello de que la infiltración de Astiz en el Grupo de la Santa Cruz había sido “exitosa” y que el problema de la Armada había sido no darle cobertura y enviarlo nuevamente a trabajar esta vez a París, donde lo descubrieron los sobrevivientes. Una declaración que en su momento enfureció hasta a sus camaradas de armas, que le reprocharon haberse lavado las manos. Otra decisión fue separar las acusaciones por violencia sexual en la ESMA y derivarlas al juzgado federal numero 12, donde Sergio Torres abrió una causa situándolos como delitos de lesa humanidad. Lo mismo ordenó respecto de los niños secuestrados con sus padres y el funcionamiento de la maternidad clandestina de la ESMA. El tribunal ordenó una medida de protección sobre el Campo de Deportes de la ex ESMA, que aún sigue usando la Marina y sobre el que existen sospechas de que se utilizó para la incineración o entierro de cuerpos.
Otro dato, quizá más inesperado, fue un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación promueva ante los organismos de Justicia internacional la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de Genocidio.

La espera

La sentencia se había anunciado para las seis de la tarde, pero se escuchó recién dos interminables horas más tarde. La demora alentó todo tipo de rumores. En los pasillos, los empleados del Tribunal organizaban las filas para acreditaciones que rebalsaban capacidades y presencias. Entre los invitados de los acusados apareció Cecilia Pando, que terminó en un momento en medio de un pasillo espalda con espalda con Myriam Lewin. Un empleado sudaba buscando formas para hacer entrar como acreditados a los cronistas de prensa que llegaron de todo los lugares. Otro decía que todo estaba bien, que iba a ver una sentencia justa. Los jueces, sin embargo, no aparecían. En la sala alguien llegaba con el dato de que no se ponían de acuerdo, que habría solo cuatro perpetuas.
El Tribunal tenía antecedentes que despertaban cierta inquietud desde el comienzo del juicio. Con sólo un integrante distinto, había absuelto a tres de los cinco acusados en el último juicio a los ex jefes de Area. Además, hace cuatro años, no pudo garantizar la seguridad del ex prefecto Héctor Febres, que murió aparentemente envenenado en prisión antes de escuchar la sentencia.
A las ocho de la noche, todos los que tenían que estar estaban ahí. Las Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, Rosa Roisinblit, Nora Cortiñas y Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y su segundo, Luis Alem; el diputado Julio Piumato, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Cecilia de Vincenti, la hija de Azucena Villaflor. Ana María, Mabel y Esther, las hijas de Esther Careaga del grupo de la Santa Cruz. Lilia Ferreyra y Jorge Pinedo, el ex marido de Patricia Walsh. Los sobrevivientes: Graciela Daleo, Carlos Lordkipanidse. Las sobrinas de Léonie Duquet que llegaron por primera vez a Argentina desde Francia para escuchar la sentencia. Su prima, sor Geneviève Jeanningros, vestida de religiosa, acompañada por el embajador de Francia Jean Pierre Asvazadourian. “Mucho de emoción”, decía Geneviève. “Tengo admiración por la Argentina, de su valentía de hacer estos juicios, de una democracia que puede estar fundada sobre la justicia: estuve el año pasado y presencié la manifestación del 24 de marzo, vi todos esos jóvenes que para mí es una inmensa esperanza para la Argentina y todos los 30 mil desaparecidos son como sus semillas, para el día de hoy, de mañana”.
Algo de eso apareció en la sala en ese momento. Adolfo Mango, de la Santa Cruz, y María Adela Antokoletz, que estuvieron día a día ocupando las sillas de los interminables días de audiencia, repartieron unas imágenes con las fotos de los doce de la Santa Cruz. Con la cara de Walsh. Las imágenes eran como estampas. A las 20.07, cuando entraron los marinos esposados a la sala, los familiares miraban detrás de un vidrio. Con los puños en alto, la V de la victoria en las manos y las manos alzadas con las estampas hicieron de fondo de los flashes. Cuando todo terminó, y el tribunal dijo lo que dijo, la sala volvió a cantar su himno: 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre.

NUNCA ES TARDE

UN TALLER PARA SALIR DEL CLOSET EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA ADULTOS DEL PAMI

Nunca es tarde

Centradas hasta hoy en sus luchas contra la discriminación del Estado y la cultura, nuestras organizaciones activistas no llevan anotada en su agenda, todavía, la discriminación de las personas de la comunidad a causa de la edad. Aquello que la sociología denomina viejismo o edaísmo. Mientras que en España, por ejemplo, el Casal Lambda tiene su Grupo Otoño, a cargo del dirigente histórico Armand de Fluviá, en la Argentina la vejez de los propios, que llega tras años de injuria y de closet, carece de una “oficina de atención al cliente”.

Muchos ancianos necesitarán cuidados para su salud, y vivir con HIV/sida tampoco es exclusividad de los jóvenes. Lambda baraja la posibilidad de crear un voluntariado que recoja las inquietudes y urgencias de los más viejos, e insiste en la importancia de residencias geriátricas donde no se sientan excluidos o deban esconderse: “Probablemente sea la presente generación, que se enfrenta a este hecho, la que creará la imagen de lo que es envejecer siendo gay o lesbiana, y llenar así la falta de referentes”, dice el activista Josep Anton Rius.
Habrá que ayudar a menudo a los viejos a concebir, si se quiere compensar el vacío de la biológica o la viudez, otra forma de familia donde la sangre protectora pueda ser, si no las largas parejas, la amistad y solidaridad entre pares y el reconocimiento intergeneracional.
El sociólogo argentino Fernando Rada-Schultze, que viene analizando en sus trabajos de campo la distancia no reconocida entre activismo argentino y adultos de la tercera edad, cree que aquellos atributos que los jóvenes suelen adjudicar a los viejos, y a menudo los viejos a sí mismos –la debilidad, la inutilidad, la apatía–, tiene su correlato en las dificultades que encuentran las organizaciones para identificarse con las poblaciones de la tercera edad: “Hay una suerte de incompatibilidad entre activismo y vejez. Y no tiene sólo que ver con la invisibilidad en la que se refugiaron los viejos. Muchas veces, los viejos que entran a una organización abandonan pronto el activismo, porque no se sienten contenidos. Y los que aún son militantes casi nunca se reconocen como viejos”.
Los cambios políticos, como el matrimonio igualitario, no son simultáneos con los cambios culturales, advierte Rada-Schultze, y los viejos que sufrieron peores épocas de oprobio temen todavía resignar la máscara, hacerse visibles y orgullosos, porque sienten que la homofobia y la violencia sobreviven a las leyes: “Habrá que insistir en emponderar el envejecimiento, persuadir a los mayores para que se vean a sí como sujetos activos y deseantes, que fortalezcan su segunda familia, el grupo de amigos”.
En el marco del programa Universidad para Adultos/as Mayores Integrados (Upami) de la Obra Social PAMI, Rada-Schultze abrió hace unos meses el taller “Nunca es tarde para salir del closet: sobre el envejecimiento de Gays, Lesbianas, Trans y Bisexuales (GLTB)”, que se dicta los días jueves de 14.30 a 16 en el aula 122 de la Facultad de Psicología de la UBA.

EL LUGAR DEL PATRIARCADO

La categoría niña o niño extraviado es de carácter polisémico, pues da cuenta de diferentes situaciones que la definen. Los y las adolescentes que dejan su hogar por propia voluntad y diferentes motivos, niños y niñas que se encontrarían con uno de sus padres, desconociéndose su paradero y viéndose impedido el contacto del otro progenitor, guardador o tutor. A ello se suma que en la mayoría de los casos se toma conocimiento mediante las denuncias policiales y/o judiciales una situación que implica –desde el inicio– una judicialización del abordaje aun sin mediar presunción de que el niño o la niña pueda ser víctima de un delito.

Barbara Ines Espinola

* Licenciada en Trabajo Social, coordinadora del Equipo Social y especialista en género de Rnipme.

VIOLENCIA A MUJERES JOVENES - CUANDO NO ES UNA TRAVESURA

Siete de cada diez adolescentes que se van de su casa son mujeres. La mayoría de las veces porque sufren violencia física o simbólica de sus padres o madres. El machismo hace que sean controladas o coartadas mucho más que sus hermanos varones y que busquen el escape como salida. Desde los medios se suelen minimizar estas historias como fugas similares a una travesura que debe ser castigada, aunque en realidad están poniendo en acto mecanismos de autoprotección.
Por Luciana Peker

En los primeros nueve meses del año el Estado recibió 2300 denuncias de menores de edad perdidos: el 83 por ciento de esos casos era de adolescentes –de entre 13 y 18 años– y el 70 por ciento de esa franja etaria lo componían mujeres. “Es un porcentaje mayoritario. Las razones para esta diferencia de género tiene que ver con violencia física. Por ejemplo, en un caso verificamos que la abuela golpeaba a la mamá y la nena, frente a ese círculo de violencia, se fue porque no quería ser partícipe. También hay violencia simbólica (límites arbitrarios puesto sobre las hijas mujeres y no sobre los varones como no permitirles salir o tener una sexualidad activa), abusos de poder de los padres sobre las hijas y, frente a esto, las chicas abandonan voluntariamente el hogar”, relata Cristina Fernández, coordinadora nacional del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.

¿Es marcada la diferencia de chicas víctimas de violencia con relación a los chicos víctimas?

–Cualquier adolescente que se va de la casa es porque sufre, pero hay un 70 por ciento de mujeres y un 30 por ciento de varones. Esto nos está diciendo algo. Cuando no las dejan tener su proyecto de vida ellas eligen irse de la casa y muchos jueces las devuelven a sus casas sin escucharlas. El patriarcado es más viejo que el capitalismo y requiere un trabajo con una mirada de género.

Los medios, sin embargo, cuando aparece una chica que no fue raptada o víctima de trata lo toman como una travesura...

–Algunos medios ponen una carga de amarillismo cuando, en realidad, es un mecanismo de salud mental de las chicas. Obviamente, su lugar no puede ser la calle. Hay que ver –con los organismos de protección de derechos– como se revinculan con la familia o si tienen que ir a una familia de abrigo –cercana a ellas– que pueda garantizar sus derechos.

Casi siempre se dice “No pasaba nada, se había ido con el novio”...

–Se le pone esa carga cuando el primer derecho de niños, niñas y adolescentes es el derecho de la intimidad. Una constante es que una adolescente, pobre y mujer, si tiene una carga de connotación sexual es “manchada” y después es complejo devolverla a su vida cuando vuelven a su escuela, a su barrio, a su medio.

¿Cómo manejan la divulgación de las fotos para buscar a menores de edad?

–Los chicos no aparecen por difusión de foto sino cuando se hace lo que se tiene que hacer.

También existe la desaparición de chicas por trata.

–Las chicas que son víctimas de trata llegan por engaños: les ofrecen un trabajo y finalmente son explotadas sexualmente.
Más información: Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas 08001222442 / las 24 horas, los 365 días del año /
email: juschicos@jus.gob.ar web: www.jus.gov.ar/juschicos/

FEMINICIDIOS - INFORME

Un estudio revela que matan a una mujer cada 30 horas en el país

 Una ONG de Rosario realizó una estadística basada en femicidios publicados en los diarios. Hubo 23 asesinatos de mujeres por mes. En la provincia de Buenos Aires se produjeron 65 hechos, en Santa Fe, 21. Tenían entre 14 y 44 años.

El Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales de la Mujer (Indeso-Mujer), de Rosario, contabilizó en lo que va del año –hasta septiembre inclusive– 207 casos de homicios de mujeres, con un promedio de 23 por mes, inferior a los 24,66 de 2010, año en que se registraron 296 crímenes de este tipo. La mayoría de las víctimas tenía entre 14 y 44 años.
“El feminicidio constituye la forma más extrema de violencia basada en el género y el dominio masculino. Es una forma de poder, de dominación y control que los varones ejercen hacia las mujeres”, explicó a la agencia de noticias Télam la presidenta de Indeso-Mujer, Noemí Chiarotti.
De los 207 casos relevados este año, 153 fueron clasificados como “feminicidio íntimo”, cuando el homicida tiene o ha tenido una relación íntima, familiar o de convivencia con la víctima. Este dato confirma que pese a las cifras, este tipo de crímenes se producen en el marco de cierto vínculo entre la mujer y el victimario.
Pero también hay “feminicidio no íntimo”, cuando el autor no ha tenido vínculo con la víctima, y “feminicidio social”, cuando “las mujeres mueren a causa de actitudes sociales misóginas, por ejemplo, como consecuencia de abortos ilegales”.
El “mapa del feminicidio”, elaborado por el Indeso-Mujer, revela que la provincia de Buenos Aires registra 65 casos en lo que va de 2011, Santa Fe 21, Córdoba 16, Santiago del Estero 15, Misiones 14, Salta 12, la Ciudad de Buenos Aires 11, Mendoza 9, Entre Ríos 8, Tucumán 7, Corrientes 6 y Chaco 5.
En tanto, hubo cuatro casos en San Juan y en Jujuy, dos en Neuquén, San Luis y Santa Cruz; uno en Formosa, Chubut, Catamarca y La Pampa, y ninguno en Río Negro, La Rioja y Tierra del Fuego.
En cuanto al método de los hechos, 54 mujeres fueron atacadas con arma blanca y 62 con armas de fuego, 57 murieron golpeadas, estranguladas o ahorcadas; 19 incineradas, ocho por aborto inseguro y, según el estudio, no hay datos concluyentes sobre siete casos.
El mes de enero aparece con la mayor cantidad de casos, 33, seguido de mayo con 26 y marzo con 25. Luego figuran abril y agosto, con 23 cada uno; febrero con 22, julio con 21, junio con 19 y septiembre con 15.
“Se está matando a una mujer casi por día. ¿Qué pasaría si todos los días mataran a un hombre? Seguro ya habrían hecho algo. Tenemos una Ley Nacional de Violencia contra la Mujer (26.485), pero no se cumple”, aseveró Chiarotti.
El Indeso-Mujer elabora sus estadísticas con la información de 200 diarios de todo el país.
“Por eso esto no es la total verdad, sino el piso. Es la punta del iceberg, sabemos que muchos casos no son publicados por los medios de comunicación, por lo que suponemos que existen muchos más, pero no se conocen”, argumentó la especialista.
La dirigente propuso que se creen registros de homicidios contra mujeres en los hospitales públicos y clínicas privadas.
“Una mujer ingresa a un hospital en grave estado por un paliza que le dio su marido, y muere por estallido del bazo. Pero cuando anotan la causa de su muerte, no dicen que fue por una agresión, sino por el bazo. ¿Cuántos casos similares habrá en el país, que son por feminicidio, pero que no aparecen así en las estadísticas y tampoco son publicados por los diarios?”, se preguntó la coordinadora de Indeso-Mujer, una asociación civil fundada en 1984 . <

“Cuando el dedo señala a la Luna, los tontos miran el dedo”.

En cierto imaginario, el ex presidente argentino Néstor Kirchner fue instalado en el podio de los posibles violentos. En el mismo imaginario, al ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez le correspondería el cuadro de honor de los evidentemente pacíficos. Hay esquemas culturales consolidados como vigas de hormigón que refuerzan esa imagen en la mentalidad de algunas personas.

Se acaba de comprobar, por declaraciones del propio Tabaré, que fue exactamente al revés, pero esos esquemas suelen ser tan antisísmicos e inconmovibles ante la realidad que producen respuestas del tipo de “por algo habrá sido”. En la dictadura fue bastante común este argumento que se negaba a dar cuenta de la realidad.
No importa si Tabaré fue el que se dispuso para la guerra y el que pidió la intervención del gobierno del presidente norteamericano George Bush. El argumento es: “Si Tabaré hizo eso, por algo habrá sido”. La sospecha siempre va a recaer en el que no se encuadra en ese prejuicio cultural. Y por supuesto que en la construcción de esos prejuicios interviene una clase de periodismo que suele acusar de “militantes” a los periodistas que tampoco se encuadran en sus esquemas.
Néstor Kirchner era bastante inencuadrable, por lo cual encajaba con facilidad en esas categorías prejuiciosas. Tabaré, en cambio, es previsible, institucional, amigable y hasta rutinario, o sea, encaja en otra de esas categorías, pero en este caso, de las ejemplares.
Tabaré puede decir, con ese tono amigable, que convocó a sus fuerzas armadas para una guerra por un conflicto vecinal con Gualeguaychú, Argentina. Lo dice en un tono tan mediocre y tan plano que pareciera que contara una anécdota de la infancia. Kirchner hubiera contado a los gritos y puteando que estaba haciendo lo posible para solucionar el conflicto en forma pacífica. Pero como grita y putea, el violento sería Kirchner.
Hay un viejo dicho del Mayo Francés, que decía: “Cuando el dedo señala a la Luna, los tontos miran el dedo”.
Pero no importa. Para los que piensan así, el pacifista tiene que tener esa pátina de mediocridad y previsibilidad que los tranquiliza. Un tipo sanguíneo o apasionado en política los intranquiliza, los descoloca, porque están formados en una matriz cultural refractaria a los cambios. Los cambios tienen que quedarse en los discursos. Por la inacción o por testimonial, se tolera el discurso del cambio, pero horroriza la acción.
Cuando un conflicto entre dos partes se complica tanto y las lógicas de las partes más comprometidas toman una inercia que lo complica aún más, lo que se necesita para evitar la violencia es gran audacia y convicciones muy fuertes para poder romper con esa fuerza de arrastre. No hay pacifista previsible porque en las situaciones en las que actúa un pacifista, lo único previsible es la guerra.
Ser pacifista sólo cuando no hay peligro de guerra, es lo mismo que hacer grandes discursos sobre cambios en la sociedad y después no animarse a cumplirlos para no confrontar con los poderes de hecho que producen las injusticias. Si confrontara, perdería su imagen de pacifista para esa mirada particular. El que confronta no parece pacifista. Y justamente es al revés, aunque no lo parezca.
El pacifista es el que confronta, el que va contra la corriente, el que discute contra la mayoría de los que presentan argumentos y más argumentos ensartados en un sentido común de la violencia. A veces puede parecer loco y hasta energúmeno y en cambio sus críticos aparecerán como personas serias y confiables.
Kirchner tenía antecedentes: no quiso reprimir nunca la protesta social, entre ellas, la de Gualeguaychú y fue el primer presidente que prohibió asistir con armas de fuego a los efectivos que debían custodiar marchas o movilizaciones. Pero era temperamental y apasionado y, como se sabe, los tontos se quedan mirando el dedo cuando les están señalando la Luna.

PROSTITUCION - PROHIBICION DE AVISOS

La política argentina de prohibición de los avisos de prostitución acaba de recibir un empuje internacional con una recomendación del Grupo de Trabajo de Trata de Personas de las Naciones Unidas en la misma línea para todos los países. A menos de cuatro meses de la sanción del decreto 936, la Oficina de Monitoreo ya levantó actas a 9 diarios infractores, de los cuales solo uno, Clarín, no acató la intimación.
El pasado 5 de julio, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 936, de prohibición de los avisos que promueven la prostitución en los medios de comunicación de todo el país. La medida fue creada en el marco del cumplimiento de la ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y la 26485 De Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales, es decir que, a la vez que se pretende enfrentar el delito de la trata de personas se busca también combatir la violencia simbólica que estos avisos transmiten.
Menos de cuatro meses después, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, encargada de implementar las medidas sancionatorias del decreto en todo el territorio nacional, está monitoreando 47 diarios de todo el país y sobre 9 de ellos ya labró infracciones. Para los próximos meses se espera la incorporación de revistas y de otros soportes en la medición (radio, televisión e internet).
Esta medida del Poder Ejecutivo –que junto a la combinación de las Leyes de Violencia de Género y a la Ley de Medios constituye un bagaje de implementación de políticas públicas de comunicación y género- acaba de recibir un fuerte impulso internacional por parte del Grupo de Trabajo de Trata de Personas de las Naciones Unidas que, la semana pasada en Austria y como iniciativa de la delegación argentina, sugirió que los países integrantes de la ONU adopten políticas similares como herramienta en la lucha contra la trata de personas.
Primeros resultados
La evaluación que hacen en la Oficina de Monitoreo sobre el funcionamiento del decreto en estos primeros meses es muy buena. Consideran que el primer impacto fue positivo, con medios que dejaron de publicar avisos después de la firma del decreto. Y también valoran positivamente algo que apareció casi como una burla al decreto: la mudanza de los avisos a nuevos rubros y la utilización de un lenguaje más sutil que en vez de hablar del ofrecimiento de relaciones sexuales se refiere eufemísticamente a masajes. Si bien estos avisos, llamados 'lícitos engañosos' en la jerga de la Oficina, presentan más dificultades a la hora de comprobar que estén promocionando la prostitución, son menos lescivos de la imagen pública de las mujeres, uno de los aspectos que trata de resguardar el decreto.
El decreto prohíbe tres tipos de avisos: los que promueven la oferta sexual; los que solicitan, tácita o explícitamente, mujeres para el comercio sexual; y los que, promoviendo actividades lícitas, en verdad sirvan a los fines de promoción del comercio sexual, es decir los 'lícitos engañosos',  la variante en la que se transformaron la mayoría de los avisos de los otros dos rubros a partir del decreto. La Oficina de Monitoreo actualmente está labrando infracciones sobre los dos primeros rubros, que serían los más explícitos.
De los 47 diarios nacionales y provinciales monitoreados en esta primera etapa, se halló que la mitad no publica por ahora este tipo de avisos, algunos lo habían dejado de hacer desde antes por políticas de autorregulación y muchos dejaron de hacerlo a partir del decreto. Y de la otra mitad, la mayoría tiene 'lícitos engañosos', sobre los cuales la Oficina aún no realizó intimaciones. Sí recibieron notificaciones en cambio 9 medios cuyos avisos se encuadran en el rubro uno y dos. Seis de esos medios dejaron de publicar luego de la primera notificación y dos -El Tribuno de Salta y El Litoral de Santa Fe- después de que se les hubiera realizado el acta infractora. El diario Clarín es el único de los notificados hasta ahora que no suspendió la publicación y cuya próxima notificación implicará la aplicación de sanciones monetarias.
Sobre los avisos en si mismos, si bien no hay estudios cuantitativos, en la Oficina calculan que entre el 85% y 90% promocionan a mujeres, entre el 5% y el 10% a travestis, y hay un porcentaje pequeñísimo de varones que se ofrecen sexualmente. La mayor cantidad de publica entre martes y miércoles, lo cual podría relacionarse con hábitos de rutinas sexuales patriarcales arraigados por los cuales en el ámbito familiar se tienen relaciones los fines de semana y a mitad de semana el varón debería descargar el 'deseo irrefrenable' y lo hace con una mujer que se prostituye. También en el tono de los avisos se detectan hábitos sexuales que responden a la misma concepción de la sexualidad: textos como 'tu nena obediente' o 'nena tucumana instalada en Salta' dan cuenta de hábitos de dominación y sujeción por parte de los varones hacia las mujeres.
Los rebeldes
Además del diario Clarín, que se resiste a dejar de publicar los avisos, el diario Río Negro –que también los sigue publicando y recién acaba de ser notificado por la Oficina- presentó un amparo judicial por considerar que el decreto es 'inconstitucional, lesivo de la libertad de expresión y discriminatorio del libre ejercicio de una actividad lícita' tres días después de la firma del decreto 936.
El amparo fue rechazado en septiembre por la jueza María Alejandra Biotti y actualmente está en la justicia ordinaria porque la jueza no dirimió la cuestión de fondo planteada por el diario.
El Río Negro también apeló en septiembre la resolución dictada por la Secretaria de Comunicación Pública en la que establece que para la contratación de publicidad oficial es requisito cumplir con el decreto 936.