Lobby significa, literalmente, vestíbulo. Es el ambiente donde se desarrolla la previa a la acción principal. En un hotel es el lugar de encuentro para salir a cenar, por ejemplo, y durante la espera obviamente se conversa. Esa situación que parece inofensiva, no lo es tanto cuando se traslada a las esferas políticas, donde las conversaciones se dan entre sectores que tienen en juego intereses definidos. Un ejemplo reciente es el de las empresas de medicina prepaga, que “conversaron” en reiteradas oportunidades con diputados, senadores y medios de comunicación sobre un único tema: la inconveniencia (según su punto de vista) de votar el proyecto de ley que se discute desde 2008 y que regularía la actividad. Los principales puntos de la norma son: controlar los aumentos en las cuotas mensuales, impedir el rechazo de solicitudes por enfermedades preexistentes y prohibir el aumento de las cuotas a los asociados que alcanzan la edad jubilatoria. Después de muchas idas y vueltas, el compromiso es tratarla en la próxima reunión plenaria de Diputados y se convertirá, o no, en ley. Las “charlas” del sector empresario con los legisladores consiguieron que el proyecto lleve más de tres años en el Congreso nacional sin ser votado. Bien puede decirse que el lobby del sector es feroz en las dos vertientes, mediática y legislativa.
En la actualidad, casi cinco millones de argentinos están afiliados, en forma directa o a través de obras sociales sindicales o planes corporativos, a algún servicio de medicina prepaga. Durante 2009, gastaron 12.807 millones de pesos. Ese es el sector social afectado por el proyecto de regulación, pero también el resto de la sociedad, ya que la posibilidad de incorporarse se abriría a quienes hoy no cumplen con los requisitos empresarios.
En la edición del martes 12 de abril, el diario La Nación dedica un editorial al tema y manifiesta su preocupación porque “la iniciativa contiene muchos aspectos perniciosos para la actividad que, en ciertos casos, podría conducir a la bancarrota del sistema”. Es curiosa la similitud de términos entre este editorial y las declaraciones de Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical, una de las prepagas más grandes, quien el año pasado –cuando los senadores se aprestaba a debatir el proyecto– decía que si se sancionaba la ley, “el sector irá a la quiebra. Es como si se obligara a una empresa de seguros a asegurar autos chocados”.
El 7 de abril pasado, el diario Clarín llevó la cuestión a la tapa pero con una lectura caprichosa: “El Gobierno estudia regular las prepagas como reclama Moyano”, decía el título de la nota, mezclando dos cuestiones claramente diferenciadas.
El proyecto de regulación de medicina privada, firmado por Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad (SI) –y apoyado por el oficialismo–, apunta a que las empresas no puedan rechazar solicitudes de afiliación por enfermedades preexistentes, aumentar las cuotas de sus afiliados cuando superan los 65 años o establecer “carencias” para los nuevos afiliados (no cobertura en el tratamiento de determinadas enfermedades).
El reclamo del líder de la CGT, en cambio, se relaciona con la desregulación que permite pasarse de una obra social sindical a otra. El camionero sostiene, con cierta base de razón, que los trabajadores eligen entre las veinte obras sociales que firmaron convenios con prepagas para obtener la cobertura con los aportes de su sueldo o pagando un extra mucho más bajo que la cuota real. Esa situación iría en desmedro del resto de las obras sociales que se quedarían, según Moyano, con los empleados de sueldos más bajos. Y pide, en consecuencia, que se ponga un límite a ese drenaje. Este reclamo se produjo en el marco de otro mayor: el pago de nueve mil millones de pesos que el Fondo de Distribución Solidario adeuda a las obras sociales sindicales.
No hay dudas: la regulación del mercado de prepagas y el reclamo de Moyano son dos cuestiones claramente diferenciadas aunque Clarín quiera presentarlas como una sola, basándose en especulaciones tales como que si se aprueba la ley, y si esa ley crea un ente regulador, ese ente “terminaría cumpliendo con las restricciones que demanda Moyano”. En las mismas páginas, el matutino refleja las quejas de sector empresarial que, en ese caso, eligieron disparar contra las obras sociales –“deberían mejorar sus prestaciones”– y a favor de que los usuarios “se atiendan libremente en el lugar que ellos quieren”.
Cinco años y poco más. Ese es el tiempo que pasó desde el primer intento por poner reglas claras en el negocio de la medicina privada. No es que en esos 1.625 días y poco más (por los bisiestos y esas cosas del calendario) los diputados y senadores de turno discutieran acaloradamente sobre la cuestión. Para nada. Aquel primer proyecto que intentaba regular la actividad de la medicina prepaga, elaborado en 2006 por Patricia Vaca Narvaja, hoy embajadora en México, nunca se trató. El lobby empresario tenía éxito.
Pasaron dos años hasta que Eduardo Macaluse lo reformuló y presentó con el apoyo del oficialismo y bloques menores, como Buenos Aires Federal. En general, el Grupo A del Congreso, conformado por legisladores de la UCR, Pro, Peronismo Federal y Coalición Cívica, se opone sistemáticamente a las iniciativas apoyadas por el gobierno nacional, pero este proyecto fue la excepción: la Cámara lo votó por unanimidad y en tiempo récord.
Con esa media sanción, la norma pasó a la Cámara de Senadores, donde durmió el sueño de los justos por los siguientes veinte meses en los cajones de la Comisión de Salud del cuerpo. A fines del año pasado, cuando el proyecto estaba a punto de perder estado parlamentario –con lo cual volvería todo a fojas cero y deberían esperarse dos años para volver a presentarlo–, la presión de las ONG de usuarios y consumidores y la difusión del tema por parte del diario Tiempo Argentino –que realizó un detallado seguimiento de la cuestión– llevaron a los senadores a tratar el proyecto.
Fueron meses álgidos en el lobby empresario y algunos legisladores fueron permeables a los argumentos. Claudio Belocopitt, presidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales y titular de Swiss Medical, envió una carta a los 72 senadores en la que sostenía: “Estamos ante la inminencia de un perjuicio abrumador para los afiliados”, y ponía un ejemplo, si se quiere, caprichoso. Decía que en su prepaga un grupo de 12 socios consumirían 24 millones de pesos en el transcurso de un año y que, si hubiera 200 en esas condiciones, “significaría la quiebra inmediata”.
En las reuniones que realizaban en esos días los asesores de la Comisión de Salud del Senado, un asesor del presidente de esa comisión, José Cano (UCR), pretendió modificar el proyecto para que las empresas de medicina prepaga pudieran rechazar afiliaciones por la preexistencia de enfermedades y las habilitaba para aumentar las cuotas a los socios mayores de 65 años. Su argumento central fue que si las prestadoras “aceptan las preexistencias y no suben a jubilados, se funden”. ¿Otra casualidad en la coincidencia de argumentos?
En el ínterin de estas idas y vueltas legislativas, las empresas de medicina prepaga aumentaron sus cuotas cuatro veces: 12 por ciento en diciembre de 2009, 8 por ciento en abril de 2010, 15 por ciento en agosto de 2010 y otro tanto en diciembre pasado. El argumento es que pagan bienes y servicios a valor dólar, pero olvidan que los salarios, incluso los que ellas pagan, son en pesos.
También se supo en este tiempo que las prestadoras retenían a las farmacias el 25 por ciento del descuento que sus socios obtenían en remedios, contra el 17 por ciento como máximo que retiene, por ejemplo, PAMI.
Y desde Cadime (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), integrada por más de 10.000 pymes en las especialidades de Análisis Clínicos, Diagnóstico por Imágenes, Radioterapia y demás practicas ambulatorias, denuncian “la concentración financiera y prestacional en los grandes actores de la medicina prepaga y la relación oligopólica que establecen con los prestadores, fijando el valor de los aranceles”. Y apoya el proyecto porque “la salud no puede estar expuesta al libre juego de la oferta y la demanda”.
El lobby empresario es moneda corriente en el mundo, y en la Argentina. Ahí están como ejemplo la oposición sistemática de los grupos multimedios más poderosos a la Ley de Medios y el freno que las mineras pusieron durante años a la ley de protección de glaciares. En el caso de las empresas de medicina privadas, el lobby no habrá sido tan espectacular, pero fue feroz en el tiempo.
“Es, por lo menos, el tercer proyecto de regulación del sector que corre riesgos de ser absorbido por el lobby empresario –manifestó el ex ministro de Salud de Raúl Alfonsín, Aldo Neri, a Tiempo Argentino–. La presión de las prepagas siempre es fuerte y el problema es que nunca se sabe el nombre del operador. La influencia sobre los legisladores ya se sentía a fines de los ’80, cuando estaba naciendo el sistema.” Veinte años de un lobby sostenido y tres proyectos frenados no son poca cosa.
Finalmente el Senado aprobó la norma a fines del año pasado, a pesar de Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta y afín a Carlos Menem, quien durante el debate acusó al proyecto de “estatizar el sistema de salud privado” y relativizó la cuestión al asegurar que “se está mirando una parte del problema porque las prepagas son optativas y la obligación real con la salud es del Estado”.
Con algunas modificaciones (se excluyen las mutuales, cooperativas y obras sociales que funcionan como prepagas y se designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación), el proyecto volvió a Diputados y las presiones cambiaron de recinto. A fines de marzo, José Piva –de Medifé y la obra social Acción Social Empresaria (ASE)–, lobbista desde los ’80, caminó los pasillos de Diputados para “aclararles algunos puntos” a quienes, consideró, “no estaban informados”. Los memoriosos aseguran que ya en 2008 había “tirado algunas líneas” para detener la ley.
Consultado por Veintitrés, el director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales (Cimara), Federico Díaz Maté, explicó las razones por las que el sector se opone al proyecto de ley: “El artículo 10 del texto permite el libre ingreso de las personas, lo cual va a llevar a un inevitable aumento de los costos que si no es trasladado a las cuotas desfinanciará al sistema. Además establece un mecanismo de control de precios porque dice que la autoridad de aplicación establecerá las cuotas que va a tener que abonar una persona enferma: una enfermedad de hoy puede transformarse en varias enfermedades mañana y los tratamientos podrán mejorar, pero no sabremos qué costo van a tener”.
Básicamente, de eso se trata la medicina prepaga: como indica el nombre del sistema, el afiliado paga anticipadamente por la atención que necesitaría en caso de enfermarse en el futuro. Con las restricciones que ponen las empresas en la actualidad, la mayoría de esos afiliados son personas jóvenes o de mediana edad, de sueldos medios a altos, y fundamentalmente, no presentan problemas de salud. Es decir: las empresas cobran durante años cuotas que promedian los quinientos pesos por persona para brindar una atención que va de dos a tres sesiones clínicas al año, con suerte un análisis de sangre y una radiografía de tórax y, en el caso de mujeres, los análisis ginecológicos anuales (PAP, colposcopía y mamografía en las mayores de 35 años).
El miércoles 13 de abril, la Cámara baja votó el tratamiento preferencial del proyecto: en la próxima reunión plenaria del cuerpo se discutirá con o sin despacho de la Comisión de Salud. El resultado de esa votación demostrará el éxito o el fracaso del último embate del lobby empresario.
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Opinión
“Las empresas tratarán que no salga”
Por Eduardo Macaluse, Diputado nacional por Solidaridad e Igualdad (SI)
Las leyes que tocan a grandes corporaciones siempre son dificultosas y, obviamente, hay intereses en juego, pero va a salir. La corporación puede ejercer presión, debe haber llamados, el problema es si el que está en la banca la resiste o no. Nuestro objetivo es proteger al usuario y las empresas van a tratar de que no salga, pero es una regulación razonable. No hay motivos ni para que ellos se preocupen ni para que nosotros dejemos de sacarla.
El proyecto volvió a Diputados en diciembre, podríamos haberla tratado en la última sesión de ese mes pero ya estamos en abril y todavía no lo hicimos. En una ley de este tipo necesitamos un consenso muy fuerte, es mejor esperar y votarla con consenso que apurar las cosas. El miércoles 13 se aprobó el tratamiento preferencial con los dos tercios de la Cámara, lo cual significa que va a ser tratada, con o sin despacho de la Comisión de Salud, en la próxima sesión. Eso demuestra que hay una voluntad política.
No estoy de acuerdo con la modificación que se hizo en el Senado para sacar del ámbito de la ley a las mutuales y cooperativas, como el Hospital Alemán o el Italiano, porque si bien son entidades sin fines de lucro, participan activamente en el sector con mucho poder y necesitan regulación. Pero prefiero un marco regulatorio con déficit que la falta de un marco, como sucede en la actualidad. Es parte del trabajo de consenso, no siempre conforma plenamente a todos. Algo hay que ceder y en este caso, cedo yo.
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