ROBAR POR HAMBRE EN LA JUSTICIA ARGENTINA

Sándwich
En 1994, el entonces juez federal Juan José Galeano inició una causa por un detenido que, hambriento tras esperar varias horas para declarar, se comió un pebete de jamón y queso de un empleado del juzgado. Sorteada, la causa recayó en el juez Gustavo Literas, quien cerró el caso por sugerencia del fiscal Julio Castro.
Cabra
En 2004, el juez César Soria, de Catamarca, sobreseyó a dos jóvenes padres que habían hurtado una cabra en Chumbicha, para darles de comer a sus familias. Ambas vivían en la indigencia, por lo que el juez consideró que habían actuado “en estado de necesidad”.
Dos trozos de queso
En 2008, el juez Walter Candela sobreseyó a un joven que trató de llevarse dos porciones de queso de un hipermercado porteño, aplicando el principio de insignificancia. Pero la Cámara del Crimen revocó la sentencia y lo mandó a juicio oral.
Seis barras de chocolate
En 2010, la misma Cámara procesó a un hombre que había intentado llevarse seis barras de chocolate de un quiosco. El juez Eduardo Daffis Niklison lo había sobreseído, pero los camaristas consideraron que había cometido un delito contra la propiedad.

La empleada del juzgado acomoda cuatro sillas en una oficina que no llega a los seis metros cuadrados. Hay menos espacio considerando las tres personas que presenciarán la declaración, el escritorio donde está la computadora y las columnas de expedientes que “decoran” el despacho. No hay ventanas y la de la empleada es una jornada larga. Un día más en un juzgado abarrotado de la Ciudad, escenografía que se repite en Tribunales. La Justicia, no es novedad, colapsó hace rato y mientras no zafa de la crisis de recursos debe hacerle lugar a un caso que ayer encendió la polémica: un indigente fue enviado a juicio oral por robar cuatro quesos en un supermercado.

El fallo de la Sala VII de la Cámara del Crimen porteña se conoció el miércoles. La controvertida decisión fue tomada por Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich, quienes procesaron al hombre por “hurto en grado de tentativa”. El indigente, que tendría antecedentes por robo, se escondió la comida entre la ropa, pero lo vieron y dieron aviso al personal de seguridad.

Mauro Divito, el tercer juez, votó en disidencia basándose en el “principio de insignificancia”. “La conducta del imputado debería considerarse justificada (...) Intentó sustraer cuatro pedazos de queso en circunstancias tales que ello importó un mal menor: pretendía evitar una afectación de su salud por falta de alimentos”, dice Divito. Según la causa, el hombre no comía desde hacía dos días y aunque pedía limosna en la calle, en el momento de la detención no tenía plata para pagar los quesos. Además, el forense que lo revisó indicó que el hombre presentaba un buen estado de salud pero estaba “adelgazado”. Por eso Divito pidió el sobreseimiento.

¿La Justicia debe atender este caso? Los especialistas consultados por Clarín coinciden en que “es más un tema social que penal” y hay salidas alternativas. Sobre todo cuando el escenario para atender la demanda no es el mejor. Según la asociación civil “Unidos por la Justicia”, el sistema judicial está colapsado a nivel nacional. Lo adjudican a la falta de voluntad para optimizar los recursos y a que no se avanza en la digitalización. “En Tribunales los expedientes todavía van en un carrito de un juzgado a otro. Detrás de cada papel hay alguien que está esperando una sentencia”, explica Martín Gershanik, abogado penalista y director de la entidad.

El del indigente podría ser uno de esos expedientes del changuito: “Como en ese caso, muchas veces el derecho penal termina aplicándose en los sectores más vulnerables. Sólo en la Provincia, el 80% de los detenidos espera fecha para juicio, la mayoría de bajos recursos”, ilustra Gershanik.

Para Carlos Bonicatto, Defensor del Pueblo de la Provincia, casos como el del indigente son generados por el estado de necesidad. “Esos temas no deberían ser resueltos por la justicia porque entonces estaríamos penalizando a la pobreza. Más bien es una cuestión social donde el Estado debe asistir a la persona. No se le puede negar un derecho básico como comer”, amplía Bonicatto.

A la misma figura de “necesidad” recurre Fabián Cardoso, abogado penalista y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón: “El Estado debe perseguir todo los delitos, pero en un caso así lo que se pone en juego es un bien para salvar otro bien: la vida de una persona. La situación de la Justicia es crítica. Funciona por el sacrificio de todo los que formamos parte de ella”, apunta. En la misma línea, el abogado penalista Joaquín Da Rocha, opina: “Está el argumento de insignificancia: un juez no se ocupa de las cosas mínimas. Pero además está el estado de necesidad. Entre el bien material, que son los quesos, y el bien que es su vida, él elige su vida porque es un bien mucho más importante. Este hombre robó porque tenía hambre, no robó ni vino ni desodorante, sino para comer”.