“No se nos da la oportunidad de desarrollar nuestras inquietudes o intereses”

Por María Isabel Ferreira Abogada. Defensoría General de la Ciudad.

Nací a mediados de siglo pasado, y a poco me atacó el virus de la polio. De familia obstinada en privilegiar mi recuperación, aceptó que me criara otra familia que me alentó no sólo a continuar severos tratamientos de rehabilitación, sino también a tomar mis propias decisiones y a manejarme de la forma más autónoma posible. Fui a escuelas públicas comunes y después a la UBA pero difícilmente el entorno me visualizaría como mujer, militante social, madre o profesional; apenas me ubicaba en una situación de desventaja física con un alto grado de superación personal, lo que me obligaba a someterme a las múltiples inaccesibilidades que me imponía el entorno, haciendo un doble esfuerzo para vencerlas.
A las personas con discapacidad no se les da la oportunidad de desarrollar sus inquietudes o intereses. Así, poder superar las limitaciones económicas que se derivan de los menores niveles educativos y del tradicional desempleo con que se ha distinguido al sector son las barreras más difíciles de eliminar. Busqué asesoramiento en las ONG dedicadas a la temática y de ninguna recibí alternativa alguna. Enterada de la existencia de la reserva legal del cupo laboral para personas con discapacidad en organismos públicos, recorrí todos los pasillos de la administración pública nacional y local sin resultados. Por ello, inicié una acción de amparo, y tiempo después, fui contratada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, donde estoy a cargo del Área de Derechos de Personas con Discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos enfrenta a un cambio de paradigma y de prácticas en torno a la discapacidad, enfatizando el rol de las mismas personas con discapacidad y sus organizaciones sociales en toda instancia de consulta y decisión en las políticas públicas que se implementen. De no asumirse este compromiso por parte de las mismas personas con discapacidad y la comunidad, como de los funcionarios públicos responsables de ejecutar aquellas políticas públicas, la inclusión social será sólo una expresión de deseos.