T521, la identidad de un aspirante

T521 es el nombre elegido por Nélida para que hablemos sobre su hijo de 39 años. No se trata de un robot ni de un auto. Se trata de una persona con trastornos de aprendizaje que figura desde hace cuatro años con esa cifra en el Registro Laboral Único de Aspirantes con discapacidades para empleo público. Una nómina creada en 2000 pero que hoy sería un agujero negro.
El lunes 4 de julio, Nélida y su hijo concurrieron a la oficina de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para postular a una oferta de empleo. “Buscaban un auxiliar de portería. Él puede hacer eso, trabajó de mecánico, también puede ser ascensorista, tiene registro de conductor”, contó la mujer de 68 años a Tiempo Argentino. El único puesto fue cubierto por otra persona y decenas se quedaron con las ganas. T521, también. Una vez más, desde el 4 de abril de 2007, recibió un “no” a sus necesidades de empleo. Nélida es jubilada y cuida sola de su hijo en una casa de Pompeya, luego de que su marido la abandonara. Su hijo vive medicado, largó los estudios en tercer año de secundaria, afectado por su discapacidad y hace changas cuando algún vecino rompe prejuicios. Agobiada por la situación, Nélida pidió dos entrevistas con Gabriela Michetti, luego de que el gobierno de la Ciudad hiciera caso omiso a su solicitud de audiencia del 11 de mayo de 2009. Ese día, T521 se llamó 3940555, el número que le asignaron a su reclamo en la mesa de entradas de Avenida de Mayo 591. Un número todavía más difícil de recordar.
La escena en COPIDIS se repite a diario con unos 15 aspirantes diarios. Su directora ocupará, desde diciembre, una de las bancas ganadas por el PRO en las últimas elecciones porteñas. Se llama Marina Klemensiewicz y fue directora de comunicaciones de la Fundación PAR. En una entrevista concedida al sitio ECOS de Actualidad, en noviembre de 2009, se refirió a la Ley 1502, sancionada en 2004 por la Legislatura, cuyo objetivo es regular la incorporación, en una proporción no inferior al 5%, de personas con necesidades especiales al sector público local. “De todos modos, nadie controla ni vigila su cumplimiento”, destacó Klemensiewicz. Su oficina tiene el 30% de empleados con discapacidad. Sin embargo, en el último informe de gestión que se presentó, en 2010, las estadísticas marcaron un promedio de 250 llamados, 200 correos electrónicos y más de 100 inscriptos por mes, pero los empleos conseguidos fueron sólo 82 en cuatro años. El resto de las áreas del gobierno de la Ciudad emplea el 2,36%. Muy lejos de lo que marca la ley.
Por el hecho, el abogado Santiago Barilá le ganó un juicio al gobierno porteño en 2009 pero fue necesario que, un año después, se presenten tres personas con discapacidad que estaban inscriptas en los registros para ejecutar el fallo. Estos tres nuevos actores de la causa “Barilá, Santiago c/GCBA s/amparo” fueron patrocinados por la Comisión de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que funciona en la ONG Poder Ciudadano, liderada por Hugo Wortman Jofre, letrado contratado por el Grupo Clarín. La abogada Varina Suleiman, por ese entonces, era profesora.
“La causa tiene sentencia definitiva en estado de ejecución”, contó Suleiman a este diario. El fallo del juez Lozano condena al Estado porteño a que se abstenga de designar personal por fuera del registro, ordena al jefe de gobierno informar lo resuelto a cada uno de los responsables de área de cada repartición, a la Legislatura y a la opinión pública mediante el boletín oficial, en uno de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, por un medio de televisión abierta con sede en la Ciudad y por la emisora radial municipal. En estos últimos medios, el anuncio deberá ser por el término de un día en la franja de 21 a 22 horas. Del fallo sólo se cumplió el punto que obliga a informar a las dependencias ministeriales y la encargada fue la propia Klemensiewicz. Resta que la Ciudad cumpla lo otro en forma espontánea.